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Corte Interamericana de Derechos Humanos



Caso Ximenes Lopes vs. Brasil

Sentencia de 4 de julio de 2006


En el caso Ximenes Lopes,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces:
Sergio García Ramírez, Presidente;

Alirio Abreu Burelli, Vicepresidente;

Antônio Augusto Cançado Trindade, Juez;

Cecilia Medina Quiroga, Jueza;

Manuel E. Ventura Robles, Juez, y

Diego García-Sayán; Juez


presentes, además,
Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, y

Emilia Segares Rodríguez, Secretaria Adjunta;


de acuerdo con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la Convención”) y con los artículos 29, 31, 53.2, 56 y 58 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), dicta la siguiente Sentencia.


I

Introducción de la Causa


1. El 1 de octubre de 2004, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 61 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) sometió ante la Corte una demanda contra la República Federativa del Brasil (en adelante “el Estado” o “el Brasil”), la cual se originó en la denuncia No. 12.237, recibida en la Secretaría de la Comisión el 22 de noviembre de 1999.


2. La Comisión presentó la demanda en este caso con el objeto de que la Corte decidiera si el Estado es responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 8 (Derecho a las Garantías Judiciales) y 25 (Derecho a la Protección Judicial) de la Convención Americana, en relación con la obligación establecida en el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio del señor Damião Ximenes Lopes (en adelante “el señor Damião Ximenes Lopes”, “el señor Ximenes Lopes” o “la presunta víctima”), por las supuestas condiciones inhumanas y degradantes de la hospitalización del señor Damião Ximenes Lopes, una persona con discapacidad mental; los alegados golpes y ataques contra la integridad personal de que se indica fue víctima por parte de los funcionarios de la Casa de Reposo Guararapes (en adelante “la Casa de Reposo Guararapes” o “el hospital”); su muerte mientras se encontraba allí sometido a tratamiento psiquiátrico; así como la supuesta falta de investigación y garantías judiciales que caracterizan su caso y lo mantienen en la impunidad. La presunta víctima fue internada el 1 de octubre de 1999 para recibir tratamiento psiquiátrico en la Casa de Reposo Guararapes, la cual era un centro de atención psiquiátrica privado, que operaba dentro del marco del sistema público de salud del Brasil, llamado Sistema Único de Salud (en adelante “el Sistema Único de Salud” o “el SUS”), en el Municipio de Sobral, estado del Ceará. El señor Ximenes Lopes falleció el 4 de octubre de 1999 dentro de la Casa de Reposo Guararapes, al final de tres días de internación.
3. Agregó la Comisión que los hechos del presente caso se ven agravados por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas con discapacidad mental, así como por la especial obligación del Estado de brindar protección a las personas que se encuentran bajo el cuidado de centros de salud que funcionan dentro del Sistema Único de Salud del Estado. Consecuentemente, la Comisión solicitó a la Corte que ordene al Estado que adopte determinadas medidas de reparación indicadas en la demanda y que reintegre las costas y gastos.

II

Competencia


4. La Corte es competente, en los términos del artículo 62.3 de la Convención, para conocer el presente caso, en razón de que el Brasil es Estado Parte en la Convención Americana desde el 25 de septiembre de 1992 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 10 de diciembre de 1998.



III

Procedimiento ante la Comisión

5. El 22 de noviembre de 1999 la señora Irene Ximenes Lopes Miranda (en adelante “la peticionaria”) presentó una petición ante la Comisión Interamericana contra el Brasil, en la cual denunció los hechos ocurridos en perjuicio de su hermano, el señor Damião Ximenes Lopes.


6. El 14 de diciembre de 1999 la Comisión inició la tramitación de la petición bajo el No. 12.237, y solicitó que el Estado informara sobre “cualquier elemento de juicio que permit[iera] a la Comisión verificar si, en el caso […], fueron o no agotados los recursos de la jurisdicción interna”, para lo que la Comisión concedió al Estado un plazo de 90 días.
7. El 9 de octubre de 2002, durante su 116º Período Ordinario de Sesiones, la Comisión, en consideración de la posición de la peticionaria y la falta de respuesta por parte del Estado, aprobó el Informe de Admisibilidad No. 38/02. Dicho informe fue transmitido a la peticionaria y al Estado el 25 de octubre de 2002.
8. El 8 de mayo de 2003 la Comisión se puso a disposición de las partes en el marco del procedimiento de solución amistosa.
9. El 17 de octubre de 2003 la Comisión recibió una comunicación de la peticionaria en el cual informó que se tuviera al Centro por la Justicia Global como co-peticionario en el caso (en adelante “los peticionarios”).
10. El 8 de octubre de 2003, durante su 118º Período Ordinario de Sesiones, la Comisión aprobó el Informe de Fondo No. 43/03, mediante el cual concluyó, inter alia, que el Estado es responsable de la violación de los derechos consagrados en los artículos 5 (Derecho a la Integridad Personal), 4 (Derecho a la Vida), 25 (Protección Judicial) y 8 (Garantías Judiciales) de la Convención Americana, en conexión con el artículo 1.1 de dicho tratado, por la hospitalización del señor Damião Ximenes Lopes en condiciones inhumanas y degradantes, por las violaciones a su integridad personal, y por su asesinato; y por las violaciones a la obligación de investigar, al derecho a un recurso efectivo y a las garantías judiciales relacionadas con la investigación de los hechos. La Comisión recomendó al Estado la adopción de una serie de medidas para subsanar las mencionadas violaciones.
11. El 31 de diciembre de 2003 la Comisión Interamericana transmitió el Informe de Fondo No. 43/03 al Estado y fijó un plazo de dos meses para que informara sobre las medidas adoptadas para cumplir con las recomendaciones formuladas en el mismo. Ese mismo día la Comisión notificó a los peticionarios la adopción del informe y su transmisión al Estado y les solicitó a éstos que informaran su posición respecto de someter el caso ante la Corte Interamericana.
12. El 8 de marzo de 2004 la Comisión recibió una comunicación de los peticionarios, en la cual expresaron que era “extremamente importante el envío del caso a la Corte Interamericana[,…] una vez que el Estado a pesar de pocas y eventuales acciones pertinentes al caso, no cumplió con las tres recomendaciones de esa Honorable Comisión, en el informe dirigido al Estado el 31 de diciembre de 2003”.
13. Los días 17 de marzo y 18 de junio de 2004 el Estado solicitó a la Comisión la concesión de prórrogas para “implementar las recomendaciones” del Informe de Fondo No. 43/03. Dichas prórrogas fueron otorgadas. En ambas ocasiones el Estado aceptó en forma expresa e irrevocable que la concesión de las prórrogas suspendía el plazo establecido en el artículo 51.1 de la Convención para elevar el caso a la Corte.
14. El 23 de septiembre de 2004 el Estado presentó un informe parcial sobre la implementación de las recomendaciones de la Comisión y el 29 de septiembre siguiente, doce días después de vencido el plazo otorgado, el Estado presentó otra comunicación que contenía la contestación al Informe de Fondo emitido por la Comisión.
15. El 30 de septiembre de 2004 la Comisión decidió someter el presente caso a la Corte.
IV

Procedimiento ante la Corte

16. El 1 de octubre de 2004 la Comisión presentó la demanda ante la Corte, adjuntó prueba documental y ofreció prueba testimonial y pericial. La Comisión designó delegados a José Zalaquett y Santiago A. Canton, y como asesores legales a Ignacio Álvarez, Ariel Dulitzky, Víctor Madrigal Borloz y Lillly Ching1. El 29 de octubre de 2004 la Comisión remitió la demanda en idioma portugués.


17. El 3 de noviembre de 2004 la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”), previo examen preliminar de la demanda realizado por el Presidente de la Corte (en adelante “el Presidente”), notificó ésta junto con sus anexos al Estado y le informó sobre los plazos para contestarla y designar su representación en el proceso.
18. El 3 de noviembre de 2004, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.1.e del Reglamento, la Secretaría notificó la demanda al Centro por la Justicia Global, designado en la demanda como representante de la presunta víctima y sus familiares2 (en adelante “los representantes”) y se le informó que contaba con un plazo de dos meses para presentar su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”).
19. El 3 de diciembre de 2004 el Estado comunicó la designación de la señora Virgínia Charpinel Junger Cestari como Agente y señaló que se reservaba la prerrogativa de indicar oportunamente a otros representantes para actuar en el referido caso3.
20. El 14 de enero de 2005 los representantes presentaron su escrito de solicitudes y argumentos, al cual acompañaron prueba documental y ofrecieron prueba testimonial y pericial. Los representantes indicaron que el Estado no cumplió con las obligaciones relativas a la garantía de los derechos tutelados en los artículos 4 (Derecho a la Vida) y 5 (Derecho a la Integridad Personal), en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de ese tratado, en perjuicio del señor Damião Ximenes Lopes. Igualmente, señalaron que el Estado había violado los derechos consagrados en los artículos 8 (Derecho a las Garantías Judiciales) y 25 (Derecho a la Protección Judicial) de la Convención, y con la obligación establecida en el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de ese tratado, en perjuicio de Damião Ximenes Lopes y sus familiares. Además, solicitaron a la Corte que ordenara el pago de daños materiales e inmateriales, y que ordenara medidas de no repetición, así como que reintegre las costas y gastos.
21. El 8 de marzo de 2005 el Estado presentó el escrito mediante el cual interpuso una excepción preliminar, la contestación de demanda y sus observaciones al escrito de solicitudes y argumentos (en adelante “escrito de contestación de la demanda”), a lo cual adjuntó prueba documental y ofreció prueba testimonial y pericial.
22. El 29 de marzo de 2005 el Estado designó a los señores Murilo Vieira Komniski, Renata Lúcia de Toledo Pelizón, Carolina Campos de Melo y Cristina Timponi Cambiaghi como agentes alternos.
23. El 6 de mayo de 2005 los representantes y la Comisión presentaron sus alegatos escritos a la excepción preliminar interpuesta por el Estado. Los representantes indicaron que la excepción interpuesta por el Estado es absolutamente extemporánea y no debe ser conocida por la Corte. Por su parte, la Comisión señaló que “[…] no existe razón alguna para reabrir la cuestión de la admisibilidad y [que la Corte] rechace de plano la excepción interpuesta por el Estado; o alternativamente, […] que la decisión sobre la admisibilidad emitida por la Comisión en el presente caso es conforme con las normas convencionales aplicables, y por lo tanto, no es de recibo la excepción planteada por el Estado”.
24. El 22 de septiembre de 2005 el Presidente dictó una Resolución mediante la cual requirió que el señor Milton Freire Pereira, propuesto como testigo por los representantes; y los señores José Jackson Coelho Sampaio, Pedro Gabriel Godinho Delgado, Braz Geraldo Peixoto, Jurandir Freire Costa, Domingos Sávio do Nascimento Alves, Benilton Bezerra Júnior y Luís Fernando Farah Tófoli, propuestos como testigos por el Estado, prestaran testimonios a través de declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávit). También requirió que los señores Eric Rosenthal y João Baptista Breda, propuestos como peritos por la Comisión, y el señor Dalmo de Abreu Dallari, propuesto como perito por los representantes, aportaran dictámenes a través de declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávit). El Presidente otorgó a las partes plazo hasta el 24 de octubre de 2005 para presentar todas las declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávit). Además, en la referida Resolución, el Presidente convocó a la Comisión, a los representantes y al Estado a una audiencia pública que se celebraría en la sede de la Corte Interamericana a partir del 30 de noviembre de 2005, para escuchar sus alegatos finales orales sobre la excepción preliminar y eventuales fondo, reparaciones y costas, así como los testimonios de la señora Irene Ximenes Lopes Miranda y el señor Francisco das Chagas Melo, propuestos por la Comisión; del señor João Alfredo Teles, propuesto por los representantes; y de los señores Luiz Odorico Monteiro de Andrade y Emilio de Medeiros Viana, propuestos por el Estado; así como el peritaje de la señora Lídia Dias Costa, propuesta por los representantes. Por último, la Corte informó a las partes que contaban con plazo improrrogable hasta el 9 de enero de 2006 para presentar sus alegatos finales escritos en relación con la excepción preliminar y eventuales fondo, reparaciones y costas.
25. El 13 de octubre de 2005 el Estado comunicó que designaba al señor Milton Nunes Toledo Junior, como nuevo agente, en sustitución de la señora Virgínia Charpinel Junger Cestari.
26. El 24 de octubre de 2005 la Comisión presentó el peritaje rendido ante notario público por el señor Eric Rosenthal. El 27 de octubre de 2005 la Comisión informó que desistía de la presentación del peritaje del señor João Batista Breda.
27. El 27 de octubre de 2005 el Estado remitió las declaraciones con firma autenticada por notario público de los señores José Jackson Coelho de Sampaio, Braz Geraldo Peixoto, Domingos Sávio do Nascimento Alves y Luís Fernando Farah de Tofóli. Además, informó que el señor Emílio de Medeiros Viana tenía impedimento legal para prestar testimonio, una vez que la legislación interna brasileña "prohibe a los magistrados emitir opinión sobre el proceso que esté bajo su responsabilidad" y remitió una declaración con firma reconocida por notario público rendida por el referido señor. En consecuencia, el Estado solicitó la sustitución del señor Emílio de Medeiros Viana por el señor Gabriel Godinho Delgado, para que el último comparezca como testigo en la mencionada audiencia pública. Por último, el Estado informó que desistía de presentar las declaraciones de los señores Jurandir Freire Costa y Benilton Bezerra Júnior.
28. El 28 de octubre de 2005 los representantes presentaron la declaración con firma autenticada por notario público rendida por el señor Milton Freire Pereira.
29. El 9 de noviembre de 2005 la Comisión presentó sus observaciones a las declaraciones de testigos y peritaje remitidas por el Estado y los representantes, así como respecto a la solicitud de sustitución de un testigo por parte del Estado. La Comisión observó que la declaración del señor José Jackson Coelho Sampaio “no es en realidad un testimonio […], sino que corresponde en realidad a un informe pericial” y que “él no fue convocado como perito por el Tribunal”. De esta forma, la Comisión estimó que las conclusiones u opiniones del señor Coelho Sampaio no deben ser considerados como prueba y que el Tribunal no debe considerar los otros elementos de su declaración como prueba suficiente para acreditar, por sí misma, hecho alguno en el proceso. En lo relativo a la sustitución del testigo propuesta por el Estado, la Comisión consideró que aunque el testigo Emílio de Medeiros Viana no comparecerá a la audiencia pública, el Estado ya presentó su declaración por escrito, así que “lo que ha habido es un cambio en la modalidad de declaración del testigo […] por lo que no procedería sustituirlo”. No presentó observaciones respecto a las declaraciones de Braz Geraldo Peixoto, Domingos Sávio do Nascimento Alves, Luís Fernando Farah Tófoli y Milton Freire Pereira, pero mencionó que se reservaba el derecho de efectuar observaciones en oportunidades procesales futuras.
30. El 9 de noviembre de 2005 los representantes presentaron sus observaciones a las declaraciones de los testigos y peritaje remitidas por las Comisión y por el Estado. Los representantes indicaron, en cuanto a la solicitud del Estado de que la Corte admita como prueba la declaración del señor Emílio de Medeiros Viana, que la misma no debe ser acogida una vez que ese señor se encuentra impedido por las normativas del derecho interno de prestar testimonio sobre el caso. Asimismo, los representantes objetaron la sustitución del testigo de Medeiros Viana por Pedro Gabriel Godinho Delgado propuesta por el Estado, por considerar que no tiene justificativa y produce un desequilibrio procesal entre las partes que les podría causar perjuicios. Los representantes hicieron algunas observaciones a las declaraciones rendidas por los señores José Jackson Coelho Sampaio, Domingos Sávio do Nascimento, Alves Braz Geraldo Peixoto y Luís Fernando Farah de Tófoli. El 11 de noviembre de 2005 los representantes presentaron el dictamen del señor Dalmo de Abreu Dallari.
31. El 18 de noviembre de 2005 el Estado designó al señor Sérgio Ramos de Matos Brito como agente alterno del Estado y solicitó que la Corte se pronunciara en la audiencia pública sobre la excepción preliminar de no agotamiento de los recursos internos interpuesta por el Estado (supra párr. 21).
32. El 24 de noviembre de 2005 la Corte dictó una Resolución, mediante la cual convocó el señor Pedro Gabriel Godinho Delgado, propuesto por el Estado, para que compareciera como testigo en la audiencia pública convocada para el 30 de noviembre de 2005 (supra párr. 24).
33. El 29 de noviembre de 2005 la Corte dictó una Resolución, mediante la cual resolvió encargar a su Presidente, Juez Sergio García Ramírez, a su Vicepresidente, Juez Alirio Abreu Burelli, al Juez Antônio Augusto Cançado Trindade, a la Jueza Cecilia Medina Quiroga y al Juez Manuel E. Ventura Robles, para que asistieran a la audiencia pública convocada en el presente caso (supra párr. 24).
34. Los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2005 se celebró la audiencia pública en la cual comparecieron ante la Corte: a) por la Comisión Interamericana: los señores Florentín Meléndez, Ignacio J. Álvarez, Víctor Madrigal Borlotz, Leonardo Jun Ferreira Hidaka, y la señora Lilly Ching; b) por los representantes: los señores James Louis Cavallaro y Fernando Delgado, y las señoras Renata Verônica Côrtes de Lira y Deborah Popowski; c) por el Estado: los señores Milton Nunes de Toledo Junior, Francisco Soares Alvim Neto, Christiano Sávio Barros Figuerôa, Alfredo Schechtmann y Alexandre Pinto Moreira, y las señoras Maria Luiza Ribeiro Viotti, Carolina Campos de Melo, Renata Lucia de Toledo Pelizon y Márcia Adorno Ramos. La audiencia pública se dividió en dos partes. En la primera parte de la audiencia pública el Estado, la Comisión y los representantes se refirieron a la excepción preliminar interpuesta por el Estado.

35. El mismo 30 de noviembre de 2005 la Corte dictó Sentencia sobre la Excepción Preliminar, en la cual resolvió:


1. Desestimar la excepción preliminar de no agotamiento de los recursos internos interpuesta por el Estado.


  1. Continuar con la celebración de la audiencia pública convocada mediante Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de septiembre de 2005, así como los demás actos procesales relativos al fondo, y eventuales reparaciones y costas en el presente caso.

[…]
36. La Sentencia sobre la Excepción Preliminar fue notificada a las partes y se continuó con la celebración de la segunda parte de la audiencia pública. Al inicio de ésta, el Estado manifestó su reconocimiento de responsabilidad internacional por la violación de los artículos 4 y 5 de la Convención Americana en el presente caso (infra párrs. 63 y 66). Al respecto, tanto la Comisión como los representantes se refirieron al reconocimiento efectuado por el Estado (infra párrs. 64 y 65). Luego la Corte decidió continuar con la audiencia pública para escuchar los testimonios y peritaje de las personas que habían sido convocadas a comparecer ante el Tribunal y escuchar los alegatos finales en relación con el fondo, y las eventuales reparaciones y costas, teniendo en cuenta el reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado. El testigo João Alfredo Teles Melo presentó algunos documentos al rendir su declaración. Asimismo, durante la audiencia pública los representantes y el Estado presentaron algunos documentos.


37. El 23 de diciembre de 2005 la Comisión presentó sus alegatos finales escritos. El 4 de enero de 2006 la Comisión remitió los anexos a dichos alegatos e indicó que éstos corresponden a documentos producidos con posterioridad a la presentación de la demanda y que, por lo tanto, son prueba superviniente, de conformidad con el artículo 44.3 del Reglamento.
38. El 9 de enero de 2006 los representantes y el Estado remitieron sus alegatos finales escritos.
39. El 13 de junio de 2006 la Secretaría requirió a la Comisión, a los representantes y al Estado, siguiendo instrucciones del Presidente, de acuerdo con el artículo 45 del Reglamento, diversos documentos como prueba para mejor resolver.
40. El 22 y 26 de junio de 2006 la Comisión y los representantes, respectivamente, remitieron parte de la prueba para mejor resolver. Los días 26 y 28 de junio de 2006 el Estado presentó parte de la prueba para mejor resolver.

V



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