Corte interamericana de derechos humanos



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VOTO RAZONADO

JUEZ MANUEL E. VENTURA ROBLES

I

INTRODUCCIÓN
1. He concurrido con mi voto a la adopción de esta sentencia de interpretación de la Sentencia sobre fondo, reparaciones y costas en el caso del Penal Castro Castro vs. Perú (en adelante “el Estado”), por dos razones fundamentales: primero, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte” o “la Corte Interamericana”) admitió la solicitud de interpretación formulada por el Estado; y segundo, porque me pareció conveniente extenderme en las razones por las cuales voté a favor de la sentencia que el Perú solicita interpretar.
2. Cabe señalar, además, que la solicitud de interpretación de sentencia presentada por el Estado ha despertado en mí una serie de reflexiones, que corresponden tanto a asuntos de índole jurídico como metajurídicos, que deseo compartir con los principales actores del sistema interamericano que son, además de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”), órganos de protección convencionales, los Estados Partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y las organizaciones no gubernamentales que litigan ante la Corte, así como las víctimas que acceden al sistema.

II

LA PROBLEMÁTICA PRESENTADA POR EL ESTADO

3. El Estado ha comunicado a la Corte, mediante su solicitud de interpretación de sentencia, no un asunto de índole jurídico sino de índole metajurídico: la percepción entre la población peruana, que por muchos años sufrió la violencia del terrorismo, de que la sentencia de la Corte favorece a infractores o presuntos infractores de la legislación interna antiterrorista, a quienes la sentencia denomina víctimas y los hace acreedores de una reparación. Y esto lo haría moralmente inaceptable para muchos peruanos. Tanto el Estado, como muchos de sus nacionales, quisieran que la Corte hubiera hecho de una manera explícita y fuerte una condena al terrorismo y hubiera abundado en consideraciones sobre este fenómeno penal, social y político, así como dispuesto otro tipo de reparaciones.



III

LA SOLICITUD DE AUDIENCIA PÚBLICA PARA SUSTENTAR EL PEDIDO DE INTERPRETACIÓN DE SENTENCIA PRESENTADA POR EL ESTADO
4. En su solicitud de interpretación de sentencia, el Estado ha solicitado la realización de una audiencia pública para sustentar oralmente sus principales argumentos. Contra mi criterio, la mayoría de los señores y señoras Jueces estimó que para responder la solicitud de interpretación no era necesaria la audiencia. En mi opinión, si el Estado deseaba hacer públicamente determinadas manifestaciones sobre la sentencia, fueran cuales fueran los motivos para hacerlo, aceptar la solicitud de audiencia pública era, por lo menos, un acto de cortesía diplomática que, en el contexto de particular complejidad en el que ocurrieron los hechos del caso, había que tener con el Estado Parte, que de buena fe hizo un planteamiento serio a la Corte dentro de un proceso judicial en el que aparece como demandado. Además, la experiencia ha sido que siempre en las audiencias públicas la Corte recaba información de suma importancia, de una fuente directa, que ayuda, por lo menos, a comprender mejor la posición del solicitante, inclusive cuando de la lectura de los textos escritos el juzgador considere que no tiene dudas jurídicas. Ya la Corte ha realizado en otras oportunidades audiencias públicas sobre interpretaciones de sentencias149.

IV

EL ASPECTO JURÍDICO DE LA SOLICITUD DE

INTERPRETACIÓN DE SENTENCIA

5. La problemática que presenta el Estado peruano, que no debe ignorarse por no ser propiamente técnico-jurídica, se origina en los principios mismos de la razón de ser de los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos, en este caso el sistema interamericano, que fueron aprobados por los propios Estados, que es la protección de los derechos fundamentales del ser humano frente a las violaciones de los Estados, por lo que la esencia misma del sistema es la subsidiariedad. Los órganos del sistema no suplantan al Estado en su obligación primaria y fundamental de proteger y garantizar los derechos humanos de su población, sino que dan esa protección una vez que el Estado no lo ha hecho, como es su obligación primaria. En este caso, desde que ocurrieron los hechos en el año 1992 hasta la fecha de la sentencia 2006, habían transcurrido catorce años.


6. Además, el litigio ante el sistema interamericano es totalmente diferente al litigio penal que se desarrolla en el sistema interno de los Estados: en el segundo, intervienen el Estado como parte acusador contra un individuo supuestamente responsable de violar la legislación interna, por lo que el propósito principal del proceso es determinar y, en su caso, declarar la responsabilidad penal del victimario. En cambio, en la jurisdicción internacional el individuo se convierte en una supuesta víctima de la violación por el Estado de alguno de los derechos protegidos por la Convención Americana u otro tratado internacional aplicable. Y si se comprueba la violación, de acuerdo con el artículo 63 de la Convención Americana, debe restituírsele el derecho conculcado y, en su caso, si procede, el pago de una justa indemnización. En este sentido, el Tribunal ha señalado:
La Corte considera fundamental reiterar, como lo ha hecho al resolver otros casos, que no es un tribunal penal en el que pueda analizarse la responsabilidad penal de los individuos150.
7. Es decir, creo que la percepción equivocada de una parte de la población peruana de lo que es un proceso ante la Corte Interamericana, radica en que cree que éste es un tribunal penal internacional que determina responsabilidades penales individuales, que es una instancia superior que conoce el mismo proceso que se desarrolló en el derecho interno y, dentro de él, no solo absuelve a presuntos terroristas, sino que además ordena el pago de una indemnización a su favor.
8. Debe señalarse, una vez más, que la Corte Interamericana es un tribunal de control de legalidad convencional en relación con los actos u omisiones de los Estados Partes en la Convención Americana, que son los únicos que pueden ser declarados internacionalmente responsables por faltas a la Convención. Es un proceso diferente al proceso interno, en el que las partes, el objeto del mismo y la legislación aplicable son diferentes. En uno se aplica el derecho penal interno y en el otro el derecho internacional de los derechos humanos, ya que uno se realiza en sede de un tribunal penal interno o nacional, y en otro se realiza un proceso en sede de un tribunal internacional.
9. De aquí nace la confusión entre algunas personas legas en Derecho, las que suponen que la Corte Interamericana ha determinado erróneamente responsabilidades penales, que a todas luces son obvias para ellos y que, además, como si fuera poco, todavía ordena pagarles una indemnización a los supuestos culpables. Debe quedar claro entre la opinión pública, y es responsabilidad de los Estados Partes en la Convención hacerlo saber, la naturaleza diferente de ambos procesos. O sea, aclarar que si el caso llegó a la Corte Interamericana, es porque el Estado no subsanó las violaciones mediante sus propios tribunales.
10. Sin embargo, a mi entender, una cosa es solicitar la interpretación de una sentencia, cualquiera que ésta sea, y otra pretender que se defina a través de la interpretación las modalidades de cumplimiento de la sentencia, lo que es materia de la supervisión del cumplimiento de aquella. Algunas de las inquietudes del Estado pudieran ser objeto de consideración por el Tribunal en esa etapa del proceso. En este sentido, el Tribunal ha señalado:
[…] la Corte considera que dicho planteamiento no constituye una cuestión acerca del sentido y alcance de la Sentencia, sino se refiere a los medios que el Estado deberá emplear para dar acatamiento a ésta. Por no corresponder a un supuesto de interpretación de la Sentencia bajo las normas aplicables, el referido planteamiento debe ser declarado inadmisible y, en cuanto sea oportuno y pertinente, podrá ser analizado en la etapa de supervisión de cumplimiento de la Sentencia151.
11. La otra posibilidad, de que la Corte se hubiera explayado en sus consideraciones sobre el terrorismo, lo que ha hecho en otras sentencias, será considerado dentro del apartado siguiente.

V

EL ASPECTO METAJURÍDICO DE LA SOLICITUD DE

INTERPRETACIÓN DE LA SENTENCIA

12. He dejado el tratamiento de la solicitud del Estado sobre que la Corte no se extendiera más en sus consideraciones sobre el fenómeno del terrorismo, lo que ha hecho en otros casos sometidos a su decisión por la Comisión Interamericana en relación con varios Estados152, o a la posibilidad de que se hubiera dictado un “obiter dictum” sobre la materia en el texto de la sentencia, que tiene su razón de ser en las condiciones de trabajo de la Corte, que para resolver casos de la envergadura que tiene el presente y muchos otros, dispone de cuatro sesiones de dos semanas de duración cada una de ellas.


13. En una sesión de dos semanas la Corte dicta usualmente cuatro o cinco sentencias, celebra audiencias públicas, emite resoluciones sobre medidas provisionales y tramitación de casos y otros asuntos importantes, lo que la obliga a trabajar contra el reloj en jornadas de trabajo que terminan por agotar a los Jueces y al personal de Secretaría. Y en esas ocho semanas cada año, la Corte delibera, fundamentalmente, porque la lectura de los expedientes y la preparación de las sentencias entre los jueces relatores y equipos abogados y pasantes de la Secretaría se hace fuera de sesiones, cuando las actividades a las que cada Juez se dedica se lo permiten. Si otras fueran las condiciones de trabajo para los Jueces, sería posible dictar sentencias a las que se pudiera dedicar más tiempo y extenderse en consideraciones que los Estados Partes consideran importantes. Es obligación de los Estados Partes garantizar que la Corte pueda sesionar el tiempo suficiente para la consideración apropiada de los casos153.
14. Con los reglamentos reformados, de la Corte y de la Comisión, que entraron en vigencia en el año 2001, se ha más que duplicado el número de casos sometidos a consideración de la Corte por la Comisión, y la Organización de los Estados Americanos (OEA) financia las mismas ocho semanas de sesiones al año, lo que ha llevado a que la Corte reciba en audiencia pública solamente los testimonios y peritazgos más importantes, ordenando la recepción de los restantes mediante declaraciones juradas (affidavits), y reducido el tiempo de deliberación en todos los casos contenciosos.
Toda esta situación incide en la problemática presentada por el Perú en su solicitud de interpretación de sentencia fundamentada en el artículo 67 de la Convención, por lo que en la sección siguiente me referiré a posibles soluciones a ella.

VI

REFLEXIÓN SOBRE EL SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA SU PERFECCIONAMIENTO Y FORTALECIMIENTO

15. La única solución que existe para mejorar el Sistema Interamericano para la Protección de los Derechos Humanos, es continuar con el proceso de reflexión para su perfeccionamiento y mejoramiento que la Asamblea General ha ordenado realizar, año con año, a su Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos. Lo que ha sucedido es que desde 1996 que la Asamblea dispuso realizar esta actividad por primera vez, con motivo de las reuniones pertinentes sobre esta materia que se realizaron en la Casa Amarilla en el año 2001, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, se tomaron acuerdos por consenso entre todas las partes involucradas, Estados Partes, Corte y Comisión, cuyas consecuencias fueron de la mayor importancia: las reformas a los Reglamentos de la Corte y de la Comisión, el paso adelante más importante desde la Conferencia Especializada Interamericana celebrada en Costa Rica en 1969.


16. Este proceso de diálogo entre los actores principales del sistema: los órganos de protección, Corte y Comisión, los Estados Partes en la Convención Americana, y la sociedad civil, especialmente aquellas organizaciones no gubernamentales que litigan con frecuencia en el sistema, debe ser retomado con vigor para alcanzar acuerdos en grupos de trabajo que después se eleven al Consejo Permanente y a la Asamblea General.
17. Las siguientes resoluciones de la Asamblea General se refieren a alguno de los puntos que deben ser objeto del diálogo154: AG/RES. 1633 (XXIX-O/99), AG/RES. 1652 (XXIX-O/99), AG/RES. 1701 (XXX-O/00), AG/RES. 1716 (XXX-O/00), AG/RES.1827 (XXXI-0-01), AG/RES.1828 (XXXI-0-01), AG/RES.1833 (XXXI-0-01), AG/RES.1850 (XXXII-0-02), AG/RES.1890 (XXXII-0-02), AG/RES.1918 (XXXIII-0-03), AG/RES.1925 (XXXIII-0-03), AG/RES.2030 (XXXIV-0-04), AG/RES.2043 (XXXIV-0-04), AG/RES.2129 (XXXV-0-05), AG/RES.2075 (XXXV-0-05), AG/RES.2223 (XXXVI-0-06), AG/RES.2220 (XXXVI-0-06), AG/RES. 2291 (XXXVII-O/07), AG/RES. 2292 (XXXVII-O/07), y AG/RES. 2407 (XXXVIII-O/08).
18. A los siguientes temas mencionados anteriormente se pueden sumar otros no menos relevantes. Cabe hacer una lista de temas, no exhaustiva, que puede ser complementada por los participantes interesados.
1. Acceso directo de la víctima a la Corte Interamericana, luego de agotarse el proceso ante la Comisión.
2. Corte y Comisión permanentes.
3. Aplicación del artículo 65 de la Convención por incumplimiento de sentencias.
4. Supervisión de cumplimiento de sentencias por la Corte Interamericana.
5. Naturaleza, clase y montos de las reparaciones.

VII

CONCLUSIONES

1. La Corte Interamericana de Derechos Humanos que, desde que entraron en funcionamiento los Reglamentos de la Corte y de la Comisión en el año 2001, decidió dictar en general en una sola sentencia las excepciones preliminares, el fondo y las reparaciones, y recibir en audiencia pública solamente algunos de los testimonios y peritazgos y los demás mediante declaración jurada (affidavits), mantiene su agenda al día, un logro muy importante por la disminución de la duración del proceso ante el Tribunal, como consecuencia de lo anterior.


2. La consecuencia negativa, de tantas positivas, ha sido la tendencia a reducir la celebración de audiencias públicas en casos de solicitudes de interpretación de sentencia y de medidas provisionales que, cuando se realizan, han sido de gran utilidad para la formación del criterio de los Jueces, precisamente por la inmediatez de los alegatos.
3. En mi opinión, los argumentos de agendas sobrecargadas o de no existir dudas jurídicas, no son suficientes para no atender la solicitud de audiencia pública de un Estado Parte, especialmente sobre un tema al que éste ha dado la mayor importancia.
4. La solución para que la Corte pueda desarrollar más algunos temas en sus sentencias es que tengan más tiempo para sesionar y deliberar los Jueces, tanto en uso de su función contenciosa como consultiva.

Manuel E. Ventura Robles

Juez
Pablo Saavedra Alessandri

Secretario




El Juez Diego García-Sayán se excusó de conocer el presente caso, de conformidad con los artículos 19.2 del Estatuto y 19 del Reglamento de la Corte.


1El Juez Sergio García Ramírez era Presidente del Tribunal al momento de dictar la Sentencia sobre fondo, reparaciones y costas en el presente caso, por lo que para los efectos de esta sentencia mantiene ese cargo. Asimismo, mediante Resolución de 3 de mayo de 2008 la Corte aceptó la solicitud del Juez Alirio Abreu Burelli, basada en razones de fuerza mayor, de declinar su participación en el conocimiento del presente caso. En consecuencia, el Juez Leonardo A. Franco se integró al conocimiento del presente proceso de interpretación de sentencia, de conformidad con el artículo 16.1 del Reglamento.


2 El artículo 23 literales 2 y 3 del Reglamento de la Corte establece que “de existir pluralidad de presuntas víctimas, familiares o representantes debidamente acreditados, deberán designar un interviniente común que será el único autorizado para la presentación de solicitudes, argumentos y pruebas en el curso del proceso, incluidas las audiencias públicas” y en caso “de eventual desacuerdo, la Corte resolverá lo conducente”. En el trámite del presente caso las víctimas estaban reunidas en dos grupos, uno denominado Canto Grande, cuyos representantes fueron quienes interpusieron una de las demandas de interpretación (a quienes el Tribunal se refiere como “los representantes”) y el otro grupo mayoritario de víctimas, representado por la señora Mónica Feria Tinta, quien es la interviniente común de los representantes de las víctimas (a quien el Tribunal se refiere como “la interviniente común” en esta Sentencia).

3 Caso del Penal Miguel Castro Castro. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 3 de mayo de 2008.

4El Juez Oliver Jackman, quien por motivos de fuerza mayor no había participado en la deliberación y firma de la Sentencia de fondo, reparaciones y costas de 25 de noviembre de 2006, falleció el 25 de enero de 2007.


5Cfr. Caso Loayza Tamayo vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Fondo. Resolución de la Corte de 8 de marzo de 1998. Serie C No. 47, párr. 16; Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2008. Serie C No. 176, párr. 10, y Caso Escué Zapata vs. Colombia. Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de mayo de 2008 Serie C No. 178, párr. 10.


6 Cfr. Caso Loayza Tamayo vs. Perú. Interpretación de la Sentencia sobre Reparaciones. Sentencia de 3 de junio de 1999. Serie C No. 53, párr. 15; Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz. Interpretación de la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, supra nota 5, párr. 11; y Caso La Cantuta vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2007. Serie C No. 173, párr. 32.


7 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 134; Caso Zambrano Vélez y otros vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 166, párr. 93; Caso Boyce y otros vs. Barbados. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serie C No. 169, nota al pie 37; y Caso Yvon Neptune vs. Haití. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 mayo de 2008. Serie C No. 180, párr. 37.


8 Cfr. Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52, párr. 89; y Caso Lori Berenson Mejía vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2004. Serie C No. 119, párr. 91.


9 Cfr. Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, CVR, suscrito el 27 de agosto de 203 en la ciudad de Lima, Perú; Tomo VIII, Conclusión General 13, pág. 355 (Anexo E al escrito de demanda de interpretación de sentencia del Estado, expediente de interpretación de sentencia, folio 138).

10 Cfr. Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 8 de marzo de 1998. Serie C No. 37, párr. 173; Caso Vargas Areco vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 155, párr. 153; y Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160, párr. 405.


11 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez. Fondo, supra nota 7, párrs. 174-177; Caso Bueno Alves vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 164, párr. 90; y Caso Escué Zapata vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 165, párrs. 75 y 165.


12. Resumidos en los párrafos 12 y 16 de la presente Sentencia.


13. Resumidos en el párrafo 13 de la presente Sentencia.


14. Pág. 7 del escrito.


15. Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, Informe Final, tomo VIII, partes II-III, Lima, 2003, p. 355.


16. W. Kaufmann, Tragedy and Philosophy, Princeton, University Press, 1992 [reprint], pp. 178, 183 y 190.


17. C. Rocco, Tragedia e Ilustración, Santiago/Barcelona, Edit. Andrés Bello, 1996, pp. 144, 203 y 207.


18. Ibid., pp. 47, 64-65, 184-185, 201, 204-205 y 214.


19. Ibid., p. 201.


20. Ibid., p. 261.


21. Primo Levi, Le devoir de mémoire (1982), Paris, Fayard, 2006, p. 38; y cf. Primo Levi, "Si c'est un homme" (1947), in Oeuvres, Paris, Éd. R. Laffont, 2005, pp. 5-157; M. Belpoliti y R. Gordon (eds.), The Voice of Memory - Interviews (1961-1987) with Primo Levi, N.Y., New Press, 2001, pp. 223 y 255.


22. Cf., e.g., D. Spielmann, L'effet potentiel de la Convention Européenne des Droits de l'Homme entre personnes privées, Bruxelles, Bruylant, 1995, pp. 17-89; A. Clapham, Human Rights Obligations of Non-State Actors, Oxford/Florence, Academy of European Law (European University Institute)/Oxford University Press, 2006, pp. 25-566.


23. Los textos de ambos Votos Razonados encuéntranse reproducidos in: A.A. Cançado Trindade, Derecho Internacional de los Derechos Humanos - Esencia y Trascendencia (Votos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 1991-2006), México, Edit. Porrúa/Universidad Iberoamericana, 2007, pp. 595-613 y 457-465.


24. Plotinus,



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