Corte interamericana de derechos humanos



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VI

PUNTOS RESOLUTIVOS

71. Por las razones expuestas,



LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

de conformidad con el artículo 67 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los artículos 29.3 y 59 del Reglamento,



Decide:

Por unanimidad,

1. Declarar admisible la demanda de interpretación de la Sentencia de fondo, reparaciones y costas en el Caso del Penal Miguel Castro Castro interpuesta por el Estado.
2. Determinar el sentido y alcance de lo dispuesto en la Sentencia de fondo, reparaciones y costas en los términos de los párrafos 36 a 57 de la presente Sentencia de interpretación.
3. Declarar admisible la demanda de interpretación de la Sentencia de fondo, reparaciones y costas en el Caso del Penal Miguel Castro Castro interpuesta por los representantes.
4. Determinar el sentido y alcance de lo dispuesto en la Sentencia sobre fondo, reparaciones y costas, en los términos de los párrafos 62 a 70 de la presente Sentencia de interpretación.
5. Requerir a la Secretaría del Tribunal que notifique la presente Sentencia al Estado, a la Comisión Interamericana, a los representantes y a la interviniente común de los representantes de las víctimas y sus familiares.
Los Jueces Sergio García Ramírez, Antônio A. Cançado Trindade y Manuel E. Ventura Robles hicieron conocer a la Corte sus Votos Razonados, los cuales acompañan a la presente Sentencia.
Redactada en español e inglés, haciendo fe el texto en español, en San José, Costa Rica, el 2 de agosto de 2008.

Sergio García Ramírez

Presidente

Antônio Augusto Cançado Trindade Cecilia Medina Quiroga


Manuel Ventura Robles Leonardo A. Franco

Pablo Saavedra Alessandri

Secretario

Comuníquese y ejecútese,

Sergio García Ramírez

Presidente

Pablo Saavedra Alessandri

Secretario
VOTO RAZONADO DEL JUEZ SERGIO GARCÍA RAMÍREZ

A LA SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, DEL 2 DE AGOSTO DE 2008,

SOBRE INTERPRETACIÓN DE LA SENTENCIA DE FONDO Y REPARACIONES

EN EL CASO DEL PENAL MIGUEL CASTRO CASTRO (PERÚ)

1. Formulo algunas consideraciones personales en torno a la sentencia de interpretación emitida por la Corte Interamericana con respecto al caso del Penal Castro Castro. Dicha sentencia fue adoptada por unanimidad de votos de los integrantes de este tribunal. En ella --objeto de amplia y libre deliberación-- no figura ningún voto discrepante. La unanimidad abarca todos los puntos resolutivos.


2. Las presentes consideraciones obedecen a mi propósito de corresponder a inquietudes y planteamientos presentados a la Corte en el contexto de un caso que ha generado debates y suscitado opiniones diversas. Esos planteamientos, de diversas fuentes, merecen atención. Evito, como ha sido mi costumbre, manifestaciones que pudieran resultar desatentas o conflictivas y expresiones retóricas, inadecuadas en el pronunciamiento de un juzgador, que debe cuidar tanto el fondo de sus opiniones como la forma de expresarlas en sede jurisdiccional. El propósito de explicar mi parecer sobre la sentencia de interpretación me ha llevado a extenderme en el examen de algunos puntos y probablemente he incurrido en reiteraciones o en énfasis que pudieran parecer innecesarios. No lo son, sin embargo. Derivan del deseo de analizar con detenimiento las opiniones que se nos han manifestado, reconociendo la importancia que revisten.
3. Presidí la Corte para los efectos de esta interpretación, porque tuve a mi cargo esa función cuando se emitió la sentencia de fondo. Sugerí que se eligiese a otro juez para presidir las sesiones relacionadas con la interpretación. Mi solicitud consta por escrito en el expediente de este caso. Los integrantes de la Corte estimaron pertinente que yo presidiera esas sesiones. Atendí su petición. No sobra decir que quien preside la Corte --en cualquiera de las etapas de un asunto sujeto a juicio-- no pretende ni podría pretender “conducir” la opinión de sus colegas, cuya libertad debe ser el primero en respetar y apreciar escrupulosamente. Por lo tanto, no respondo por los puntos de vista coincidentes ni censuro los discrepantes. Me limito a exponer el mío.
4. Estoy consciente de la responsabilidad que implica el ejercicio de una función jurisdiccional, que posee especial trascendencia cuando tiene alcance internacional. De ahí la necesidad de actuar con cuidado y prudencia en todos los extremos del enjuiciamiento: tanto la tramitación y las decisiones instrumentales del proceso, como la sentencia y las manifestaciones de los juzgadores en el ejercicio de su función. No sólo se trata de hacer justicia, sino de evitar, en la medida de lo posible, consecuencias indeseadas ajenas al fondo de la sentencia y a su alcance jurídico. Considero que la Corte Interamericana ha procurado sujetarse a esos requerimientos de justicia y pulcritud.
5. Los integrantes de un tribunal no pueden ignorar las circunstancias en las que se producen los hechos sobre los que se pronuncian, aunque aquéllas sean, en sí mismas, ajenas al litigio sometido al órgano jurisdiccional. Los juzgadores no actúan en una campana al vacío, ajenos a las preocupaciones de la sociedad. Deben ser respetuosos de los sentimientos y razonamientos de quienes intervienen en un proceso, e incluso de quienes no participan formalmente en éste pero se hallan atentos a su origen, a su curso y a sus resultados. La Corte dice en la sentencia de interpretación que “resulta amplia y públicamente conocido el sufrimiento causado a la sociedad peruana”. Ahora bien, esta recepción natural de los datos que informan o circundan las causas judiciales, no podría modificar la competencia del tribunal, restarle o agregarle atribuciones que no le han sido expresamente conferidas ni desviar el rumbo de su encargo institucional. Si lo hiciera comprometería su independencia, imparcialidad y competencia. En suma, faltaría a su obligación.
6. Estoy consciente de las cuestiones que se hallan en el origen de los hechos analizados en la sentencia de fondo, así como de los que surgen con motivo de la interpretación. Son problemas graves que han conmovido a la sociedad. Sobre ellos hay manifestaciones diversas e incluso encontradas. Merecen consideración profunda y decisiones puntuales, que deben ser adoptadas en el cauce de las facultades y responsabilidades de las instancias llamadas a atenderlas. La jurisdicción internacional de los derechos humanos interviene precisamente en los términos de sus facultades y responsabilidades, como lo hace la nacional en el ámbito de su propia competencia. Ninguna de ellas podría actuar de otro modo.
7. Se ha llamado la atención de la Corte sobre las circunstancias que prevalecían cuando ocurrieron los hechos sujetos a juicio en la instancia internacional. Los correspondientes planteamientos destacan las características de la conducta asumida por personas que luego figurarían como víctimas en el enjuiciamiento internacional, y ponen el acento en los sufrimientos de muchos ciudadanos que enfrentaron las graves consecuencias de la violencia. Reclaman para éstos el tratamiento de víctimas, máxime cuando se trataba de personas inocentes que padecieron los efectos del conflicto y merecen solidaridad y aprecio.
8. Quien sufre los efectos de una conducta injusta, cualquiera que sea su origen, es víctima de un abuso que debe ser sancionado. Hay vías legítimas para ello, en la doble escena nacional e internacional, a través de procesos seguidos con arreglo a las normas correspondientes. Otro tanto cabe decir sobre el empleo de medios adecuados para enfrentar amenazas o actos de violencia, con instrumentos y procedimientos legítimos y dentro del orden jurídico propio de una sociedad democrática.
9. En varias oportunidades, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre la obligación del Estado de proteger a la sociedad frente a la criminalidad. Son muchos los precedentes en opiniones consultivas y sentencias de casos contenciosos. Es obvio que el Estado debe brindar esa protección y que para ello ha de contar con medios idóneos de policía y justicia penal. Proveer seguridad a las personas es una “razón fundacional” del Estado. Concurre a explicar y justificar el establecimiento mismo de la sociedad política.
10. La Corte Interamericana no ha desconocido esa obligación del poder público ni puesto en duda la pertinencia --más aún: la absoluta necesidad-- de que la asuma con eficacia y energía, conforme a la normativa y a los procedimientos característicos del Estado de Derecho. La misma determinación consta en el corpus juris interamericano. De ello ofrece testimonio, por ejemplo, la Convención Interamericana contra el Terrorismo.
11. Establecido lo anterior, que constituye una premisa para el examen y la comprensión de los pronunciamientos de la Corte, corresponde recordar cuál es el alcance de los derechos acogidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como la competencia específica que los Estados han conferido a ese tribunal, con exclusión de cualquier otra; competencia que vincula las actuaciones y decisiones de la Corte y de sus integrantes.
12. Los Estados partes en la Convención Americana han proclamado y asumido el deber de reconocer y garantizar esos derechos en favor de todas las personas, sin distinción, independientemente de que sean o no responsables de hechos delictuosos. Este es un principio fundamental del Derecho internacional de los derechos humanos. Los mismos Estados -- que integran la garantía colectiva en esta materia-- facultaron a la Corte Interamericana única y exclusivamente para conocer y resolver demandas sobre hechos, atribuidos a los Estados, que violen los derechos y libertades protegidos por ese tratado internacional. Esa es su competencia contenciosa. No otra. Al ejercer la tutela judicial de los derechos humanos, la Corte debe atenerse a las disposiciones de la Convención, del mismo modo que los tribunales internos deben observar las normas del orden penal.
13. Dentro de ese marco indispensable y riguroso, cuyo desbordamiento entrañaría una infracción, la Corte Interamericana emite decisiones acerca de los hechos violatorios de la Convención que implican responsabilidad internacional del Estado, no sobre transgresiones de normas diferentes que acarrean responsabilidad de otros sujetos. Esto explica que la Corte que dicta condena por violaciones a derechos humanos, no lo haga también en relación con acciones de terrorismo, que se hallan fuera de su competencia, ni se extienda en el análisis de aquéllas, que significaría un juicio penal extraño a sus atribuciones. No sobra mencionar que el propio Estado reconoció que “no es competencia de la Corte pronunciarse sobre conductas que son ajenas y distintas a la responsabilidad internacional del Estado, como la de SL” (Sendero Luminoso).
14. Por eso mismo, cuando la Corte Interamericana se refiere a “víctimas” de hechos ilícitos, sólo puede aludir a quienes han sido objeto de conductas violatorias de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Hace las calificaciones que puede y debe hacer, sin incurrir en otras que no puede ni debe hacer y que se hallan a cargo de instancias diferentes, a las que es preciso dirigirse para que tomen las decisiones que les competen. Ciertamente son víctimas, en sentido amplio y general, cualesquiera personas que sufren la pérdida o el menoscabo de un bien jurídico --vida, integridad, libertad, patrimonio-- como consecuencia de una conducta ilícita. Si ésta corresponde a una violación de la Convención Americana, la calificación de víctima y la sanción respectiva incumben a la Corte Interamericana. Si se refiere a una violación de la ley penal, la calificación y la sanción competen a otros tribunales.
15. El Estado observa que la Corte alude a determinadas personas como integrantes de “grupos armados”, en tanto que la Comisión de Verdad y Reconciliación los estima miembros de un “movimiento subversivo terrorista responsable de graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad”. La Corte no ha variado, en modo alguno, los señalamientos de la Comisión de Verdad y Reconciliación. Deja a salvo la calificación formulada por ésta. Los términos que la Corte utiliza --en el ámbito de su propia competencia y para los fines del proceso seguido ante ella-- no pretenden “recalificar” lo que aquella Comisión ha apreciado conforme a su encomienda institucional.
16. Una sentencia de la Corte Interamericana debe instalarse sobre la prueba de los hechos violatorios de la Convención, de los que deriva la responsabilidad del Estado. Aun cuando el reconocimiento de los hechos y de su responsabilidad internacional por parte del Estado demandado no determina, por sí solo, el juicio de la Corte, es obvio que constituye un elemento de convicción relevante. En el asunto que ahora nos ocupa, hubo reconocimiento del Estado, explícito y reiterado, con respecto a hechos constitutivos de violaciones a la Convención Americana.
17. En la solicitud de interpretación de la sentencia de fondo, el Estado reiteró que “reconoce los hechos que motivaron la sanción al Estado peruano por violaciones graves a los derechos humanos por los hechos acaecidos en may de 1992 e inclusive durante los meses que siguieron (…)”. En la contestación a la demanda de la Comisión Interamericana, el Estado ya había mencionado: “Es innegable ocultar los hechos sucedidos y su magnitud”. Entonces manifestó que “las condiciones no sólo de descontrol sino de también los niveles de resistencia que muy probablemente se pudieron haber presentado (en el Penal, provocaron) la respuesta desmedida de los agentes estatales”.
18. En la audiencia pública sobre este caso, el representante del Estado observó que “en el escrito de contestación de la demanda, el Estado peruano está reconociendo ya esos hechos por la evidencia de los mismos y porque desde el momento mismo de haber acaecido (…) fueron sujetos de una amplia difusión en los medios de comunicación”. En los alegatos finales escritos, el Estado reiteró el reconocimiento de su responsabilidad parcial “en los hechos acaecidos entre el 6 y el 9 de mayo de 1992”. Agregó que “los hechos materia del presente proceso formaron parte de la estrategia del gobierno de turno para afrontar, violando derechos humanos, el conflicto interno”. Esas expresiones, citadas literalmente, son del Estado, no de la Corte.
19. En todos los casos --que son cada vez más numerosos-- en que un Estado admite hechos, se allana a pretensiones y reconoce responsabilidad internacional, la Corte ha destacado que esta actitud, ética y jurídicamente plausible, contribuye al fortalecimiento del sistema de protección de los derechos humanos y presta un importante servicio a la administración de justicia internacional. En este sentido, el tribunal recibió y estimó el reconocimiento formulado por el Estado, en los términos en que éste lo expuso y confirmó.
21. En su demanda de interpretación, el Estado solicita un pronunciamiento de la Corte acerca de la responsabilidad de grupos no estatales por violación de derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Para ello, invoca el “carácter sistémico, dinámico y evolutivo del derecho internacional de los derechos humanos”. Desde luego, este no es un punto de interpretación de la sentencia de fondo, en sentido estricto, que no se ha referido a esta materia porque se halla fuera de la competencia contenciosa que la Corte ejerció para conocer y resolver el caso del Penal Castro Castro. Evidentemente, quien incurre en delitos que implican violación de derechos humanos, debe responder por su conducta y recibir las sanciones que procedan. Por lo que toca al caso que nos ocupa, el punto en cuestión no es la responsabilidad penal de personas que infringen la ley penal, sino la definición del órgano llamado a conocer de esas infracciones y aplicar las penas respectivas.
22. Por otra parte, el propio Estado sugiere el análisis de esta materia por la vía de la opinión consultiva, puesto que invoca expresamente el artículo 64 de la Convención Americana. Este es el marco normativo de las opiniones consultivas, no de los casos contenciosos. Ahora estamos ante un asunto planteado, tramitado y resuelto por la vía contenciosa. La Corte no puede modificar la materia sujeta a su conocimiento, la vía por la que actúa y la naturaleza de sus decisiones. Sería diferente el planteamiento --que no se hizo y que pudieron formular el Estado o la Comisión Interamericana, entre otros sujetos legitimados para ello-- en torno a la interpretación, en su caso, de un tratado sobre derechos humanos aplicable a países americanos.
23. También es preciso tomar en cuenta que la Corte debe atenerse a los hechos invocados en la demanda presentada por la Comisión Interamericana. No está facultada para incorporar, motu proprio, otros hechos y emprender el examen de responsabilidades diferentes de las que pudieran corresponder al Estado demandado. Si lo hiciera, variaría el alcance subjetivo y material de su competencia, sin base normativa para ello. Por lo demás, la jurisprudencia del tribunal ha reiterado constantemente que los únicos hechos sobre los que versa una causa contenciosa y de los que ha de ocuparse la sentencia son los que plantea la demanda: la jurisdicción contenciosa tiene este objeto y este límite.
24. Paso a otro aspecto de la demanda de interpretación, que también suscita diversas opiniones y que debe ser atendido por la Corte Interamericana, como ha ocurrido. Me refiero a la petición de reconsiderar decisiones contenidas en la sentencia cuya interpretación se solicita. El Estado manifestó que desea la modificación de algunos extremos de la sentencia y que para ello formuló la petición que estamos analizando. En efecto, señaló que “la piedra angular de nuestro argumento (…) busca un cambio en la modalidad de cumplimiento de algunos puntos resolutivos”. Ahora bien, las modalidades de cumplimiento no constituyen acuerdos externos a la sentencia, sino forman parte de ella. En torno a esta materia, es pertinente volver a las atribuciones de la Corte Interamericana, a la naturaleza de la sentencia emitida por ésta, al carácter y alcance de un planteamiento de interpretación y a la jurisprudencia uniforme del tribunal sobre todos y cada uno de estos asuntos.
25. La Corte Interamericana no tiene atribuciones para modificar sus sentencias, atendiendo impugnaciones presentadas por la partes. La Convención no le confiere esta facultad, ni ha creado la posibilidad de que reforme las sentencias a través de un procedimiento que pudiera equipararse a la reconsideración, la apelación o la casación. Si lo hiciera, excedería sus atribuciones.
26. Lo que la Corte puede hacer con respecto a sentencias emitidas y notificadas, es interpretarlas a solicitud de las partes en el proceso. Esta es una cuestión diferente de la impugnación de una sentencia y su eventual modificación. Pero interpretar no es alterar los términos de la sentencia. No es sentenciar de nuevo, sino sólo aclarar o precisar el sentido y alcance de las decisiones adoptadas, que permanecen firmes. El ejercicio de la facultad de interpretación supone oscuridad o imprecisión en el texto de un pronunciamiento, pero no retroceso en el examen de una materia que ya ha sido analizada y resuelta, ni retiro de la firmeza que corresponde a una sentencia de fondo.
27. En el presente caso no es necesario que la Corte desarrolle mayores explicaciones acerca del sentido de las palabras empleadas o del significado de las decisiones adoptadas, que no son oscuras o imprecisas, sino claras y explícitas. Seguramente por eso la solicitud de interpretación ha mencionado el deseo de que la Corte “cambie” --no apenas interprete-- ciertos aspectos de la sentencia. En fin de cuentas, la Corte se atuvo --como lo expresó-- “al carácter y al alcance del requerimiento de interpretación conforme al ordenamiento interamericano, que no supone nueva presentación de hechos ni consideraciones jurídicas sobre éstos, adicionales a los formulados por las partes en la contienda de fondo y analizados por el Tribunal para los fines de la Sentencia correspondiente”.
28. Se ha pedido que la Corte considere determinadas implicaciones de algunos puntos de la sentencia en lo que toca al reconocimiento público de responsabilidad, la difusión de la sentencia, el pago de indemnizaciones a diversas personas y la inscripción de nombres en el monumento conocido como “El ojo que llora”.
29. En el enjuiciamiento internacional el Estado admitió hechos que se le imputan y aceptó la responsabilidad internacional que le incumbe. Ahora se trata de que ese reconocimiento trascienda al plano interno, como es característico del sistema de protección internacional de los derechos humanos. La Corte no ha individualizado quiénes deben hacer el reconocimiento, ni ha pormenorizado en qué medios específicos, programas y horarios debieran difundirse partes de la sentencia. Los señalamientos generales y especiales en torno a estos puntos deben asociarse a la obtención del objetivo que se persigue con esas medidas, vinculado a la tutela actual y futura de los derechos humanos. Existe, pues, una conexión de aquéllas con el propósito al que pretenden servir y con la forma razonable de alcanzarlo.
30. Otro tanto se puede decir acerca de la inscripción de nombres en una plaza o monumento concebido para ese fin. Cuando la Comisión y la interviniente común solicitaron una medida de ese carácter, el Estado señaló que “ya se ha erigido en un lugar público de la capital un monumento (denominado el Ojo que Llora) a favor de todas las victimas del conflicto”; se trata de “un lugar público de la capital de la República y que es materia de continuos actos de recuerdo y conmemoración”. La Corte tomó nota de la sugerencia expresa. Luego se formularon aclaraciones sobre la disponibilidad de ese lugar. Considerando estas circunstancias, la sentencia de interpretación menciona la posibilidad de que los nombres consten en un monumento o en la denominación de una plaza dentro de la circunscripción territorial en que se halla “El ojo que llora”. Esta referencia atañe al sitio de inscripción de los nombres, no a la medida en sí misma.
31. Por lo que hace a la forma de efectuar el pago de indemnizaciones, la Corte ha seguido el criterio adoptado en su jurisprudencia constante cuando se trata de entregar sumas de dinero a adultos. No puede formular anticipaciones, que serían especulaciones o conjeturas, acerca del destino que los destinatarios individuales de la indemnización pudieran dar a las sumas percibidas. Desde luego, estos recursos, como cualesquiera otros, deberán tener un destino lícito. La Corte Interamericana carece de las atribuciones y de los instrumentos para vigilar ese destino e impedir la aplicación de bienes a objetivos ilegítimos. Las funciones supervisoras sobre la legitimidad de movimientos económicos, en general, se hallan en el ámbito de las potestades y posibilidades del Estado, conforme a sus facultades constitucionales y con observancia de las garantías correspondientes.
32. En cuanto a la existencia de adeudos de los destinatarios de las indemnizaciones frente a terceros, sean personas de derecho público o privado, la decisión de la Corte no excluye ni podría excluir la posibilidad, sujeta al derecho interno, de que los acreedores ejerzan las acciones que la ley les reconozca, en los términos del debido proceso legal. La sentencia no los priva de este derecho. Lo que la Corte pretende evitar, como se desprende de su jurisprudencia --y de la resolución específica del presente caso--, es que se eluda el cumplimiento de una decisión indemnizatoria a través de gravámenes fiscales que priven de la indemnización al destinatario de ésta.
33. Concluyo mi voto con un comentario sobre la solicitud de audiencia pública en este procedimiento, que la mayoría de los integrantes de la Corte --entre ellos yo mismo-- no acogimos. Al respecto, es preciso tomar en cuenta los fundamentos que justifican la celebración de una audiencia para efectos de interpretación de sentencia, no sólo en lo que concierne al presente caso, sino en términos generales, como referencia para el asunto que ahora se analiza.
34. La Corte recibe en audiencia pública, cada vez que es necesario, las pruebas que las partes aporten para el esclarecimiento de una controversia, y escucha a éstas en forma directa. Esta no es la única forma de conocer los extremos del litigio y reunir elementos para resolverlo. Una importante parte del procedimiento jurisdiccional se tramita por escrito. Sólo la segunda etapa se desarrolla con inmediación, publicidad y oralidad, siempre sin perjuicio de que el tribunal reciba peticiones, elementos de prueba y alegaciones por escrito.
35. En el curso de los últimos años, el tribunal ha incrementado considerablemente el número de asuntos atendidos y resueltos, y de audiencias en los períodos ordinarios de sesiones. A ellas se han sumado las celebradas en períodos extraordinarios, fuera de la sede de la Corte, sistema que arraigó en esos mismos años. Además, el tribunal ha establecido una nueva práctica consistente en audiencias especiales sobre el avance en el cumplimiento de sentencias.
36. En suma, la realización de audiencias caracteriza el desempeño de la Corte, aunque no es el único medio del que se vale para el cumplimiento de sus tareas. La opción entre las diversas formas procesales --en lo que se refiere a la sustanciación escrita u oral-- deriva de las disposiciones del reglamento, de las necesidades generales del despacho y de las condiciones de cada asunto sujeto a examen. Se observa una doble e ineludible regla: necesidad y pertinencia. De lo contrario, se incurriría en alguno de dos extremos indeseables: supresión o reducción de las audiencias, por una parte, o innecesaria multiplicación de éstas, por la otra. Cabe decir que la gran mayoría --casi la totalidad-- de las etapas en que se toma conocimiento del fondo de la controversia y de las posibles reparaciones incluye la celebración de audiencias. No sucede lo mismo con la etapa de interpretación de sentencia. Se han realizado menos de cinco audiencias en los últimos dieciocho años, período en que el tribunal consideró más de veinticinco solicitudes. No fue necesario hacerlo porque se disponía de los elementos indispensables –como en el presente caso-- para resolver sobre de la interpretación de las correspondientes sentencias.
38. La audiencia pública sirve al propósito de que las partes ofrezcan al tribunal elementos que informen su criterio para los efectos de la resolución que adoptará, cuando ello sea necesario. Se procura facilitar el acceso a la justicia, permitiendo la exposición pública de los agravios infligidos y de la respuesta probatoria y argumental de la contraparte. Por supuesto, existe una gran diferencia entre una deliberación académica, que es debate entre todos los participantes, y una audiencia judicial, en la que el debate ocurre sólo entre las partes, que dialogan para persuadir al tribunal. En esta hipótesis, el tribunal se coloca deliberadamente fuera del debate y conserva, en el fondo y en la forma --ambos importantes--, la actitud de imparcialidad que caracteriza su desempeño y concurre a establecer su ponderación y respetabilidad, sin constituirse en protagonista de una controversia. Sería absolutamente inadecuado que el tribunal o sus integrantes debatieran con las partes en una audiencia.
39. En este caso hubo audiencia pública en un período extraordinario de sesiones realizado en la ciudad de Guatemala. Ahí conoció la Corte lo que las partes desearon aportar y alegar ante el tribunal, constituido en pleno. El tema contencioso fue planteado con libertad y suficiencia en las condiciones de máxima publicidad y visibilidad que suelen caracterizar los períodos extraordinarios de sesiones. Es posible que surjan diferencias entre las partes sobre la manera de expresar las respectivas posiciones, e incluso acerca de la tramitación que debe efectuar la Corte, pero ningún planteamiento evitó, difirió o alteró la celebración de la audiencia, realizada con absoluta normalidad.
40. Dictada y notificada la sentencia, las partes quedaron en posibilidad de solicitar la interpretación de aquélla, conforme a las normas aplicables a esta materia, esto es, pedir al tribunal --como he manifestado supra-- la aclaración de términos oscuros o ambiguos, el esclarecimiento de frases o palabras, la precisión de conceptos, no así la modificación de la sentencia misma.
41. Hecha la solicitud de interpretación, la Corte pasó a examinar los argumentos y resolver las preguntas recibidas. Para ello consideró la necesidad y pertinencia de convocar a audiencia, tomando en cuenta las características de esta diligencia procesal, que no tiene como objeto abrir un foro para reiterar posiciones ampliamente expresadas en diligencias anteriores del mismo carácter; aportar nuevos elementos para resolver cuestiones de fondo o de reparación ya resueltas; escuchar preguntas y suscitar respuestas, eventualmente muy polémicas, ya desahogadas o innecesarias para los fines del juicio; ni fijar la posición del tribunal o de sus integrantes, en general o en puntos concretos, que se establece por escrito en la resolución colegiada o en los votos individuales.
42. Lo que la Corte debía establecer con la formalidad y objetividad características de un tribunal, era la necesidad de convocar a una audiencia en función de la carencia, insuficiencia o extrema complejidad de los elementos de juicio disponibles para el único y exclusivo fin de esta etapa: interpretar la sentencia. Si esto era impracticable con los elementos disponibles, resultaría indispensable realizar la audiencia, que en ningún caso tendría por objeto revisar asuntos de fondo y modificar la sentencia. Si la interpretación era practicable con dichos elementos --tanto la propia sentencia de fondo como los planteamientos de las partes con respecto a la interpretación-- no sería necesario realizarla. En este supuesto la Corte podría resolver considerando las aportaciones escritas de aquéllas. Por supuesto, me refiero a aportaciones sobre el sentido del texto sujeto a interpretación, no acerca del fondo de la causa, ya analizado extensamente, debatido pormenorizadamente y resuelto claramente.
43. La Corte adoptó la decisión, por mayoría, de prescindir de la audiencia y resolver las solicitudes de interpretación como lo hace la resolución a la que agrego este voto. Para ello tomó en cuenta --y así lo dijo-- “los planteamientos de las partes, que se refieren a puntos de derecho, y las características que aquellos revisten, cuya naturaleza y alcances se desprenden claramente de las demandas formuladas por quienes solicitaron la interpretación”. Es obvio que no se requería una audiencia para reiterar planteamientos expresados por escrito, alentar contiendas en torno a temas contenciosos atendidos o analizar el sentido de palabras bien definidas conforme a su significado ordinario.
44. Como señalé en el inicio de este texto, mi voto se limita a expresar mis propios puntos de vista y de ninguna manera cuestiona otros pareceres y mucho menos el rumbo general de las decisiones de la Corte. Unos y otro merecen el respeto con el que siempre he manifestado, pública y privadamente, mis coincidencias y mis discrepancias. Otra cosa sería impropia de un juzgador y no correspondería a la forma en que invariablemente he expuesto mi parecer.

Sergio García Ramírez

Juez

Pablo Saavedra Alessandri



Secretario




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