Corte interamericana de derechos humanos



Descargar 1.16 Mb.
Página7/29
Fecha de conversión26.03.2018
Tamaño1.16 Mb.
Vistas477
Descargas0
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   29

2. Hechos del caso




2.1. Desapariciones de las víctimas


  1. Laura Berenice Ramos Monárrez tenía 17 años de edad y era estudiante del quinto semestre de la preparatoria. La última noticia que se conocía de ella era una llamada que hizo a una amiga el sábado 22 de septiembre de 2001 para avisar que estaba lista para ir a una fiesta169. La denuncia instaurada señalaba que desapareció el martes 25 de septiembre de 2001, sin que se ofrezcan más detalles170.

  2. Claudia Ivette González tenía 20 años de edad y trabajaba en una empresa maquiladora. Según una amiga cercana, “casi siempre salía con el tiempo limitado ya que le ayudaba a su hermana con el cuidado de su menor hija, motivo por el cual llegaba a veces tarde”171 al trabajo. El 10 de octubre de 2001 llegó dos minutos tarde a la maquila, por lo que le fue impedida la entrada172. Ese mismo día desapareció173.

  3. Esmeralda Herrera Monreal tenía 15 años de edad y contaba con “grado de instrucción tercero de secundaria”174. Desapareció el lunes 29 de octubre del 2001, luego de salir de la casa en la que trabajaba como empleada doméstica175.

  4. Según los representantes, las jóvenes Ramos, González y Herrera eran de “origen humilde”.


2.2. Las primeras 72 horas


  1. Los alegatos de la Comisión y de los representantes en este punto presentan inconsistencias, ya que se refieren en unas instancias a que las autoridades manifestaron a los familiares que debían esperar 72 horas respecto a una o dos víctimas y en otras instancias señalan que fue respecto de las tres víctimas. Asimismo, algunos alegatos se refieren a que no se levantaba la denuncia antes de transcurridas las 72 horas y otros a que no se iniciaban investigaciones hasta después de 72 horas.

  2. El Estado controvirtió lo anterior e indicó que “este señalamiento [no] está probado y es incorrecto”, toda vez que se “levantó el reporte de desaparición de las jóvenes en el momento en que sus familiares acudieron a denunciarlo”. Además, señaló de manera general y sin mencionar fechas específicas que “las autoridades […] ordenaron la búsqueda y localización inmediata de las mujeres desaparecidas”, “tomando en cuenta la información proporcionada por los familiares”.

  3. La Corte constata que la joven Ramos desapareció el 22 de septiembre de 2001 y, según lo alegado por la Comisión y los representantes el 25 de septiembre la madre interpuso la denuncia ante las autoridades, lo cual no fue controvertido por el Estado. Ese día se levantó el informe de desaparición.

  4. La joven González desapareció el 10 de octubre de 2001. Los representantes alegaron que el 11 de octubre sus familiares y amigos cercanos fueron a interponer la denuncia176. La Comisión y el Estado señalaron que el 12 de octubre se reportó la desaparición. La fecha del registro de persona desaparecida es del 12 de octubre de 2001177.

  5. La joven Herrera desapareció el 29 de octubre de 2001. Al día siguiente se hizo la denuncia178 y el reporte de desaparición tiene fecha de ese mismo día179.

  6. Salvo el caso de la madre de la joven González, no consta en el expediente prueba con relación a que los familiares hubieran acudido a las autoridades antes de la fecha que se señala como el día que se presentó la denuncia. Ni la Comisión ni los representantes controvirtieron la validez de los registros de desaparición aportados por el Estado. Por todo esto la Corte concluye que el reporte de desaparición fue emitido el mismo día en que fue puesta la denuncia en los casos de las jóvenes Herrera y Ramos, mientras que en el caso de la joven González la Corte no cuenta con suficiente prueba para determinar si los familiares acudieron a las autoridades por primera vez el 11 o el 12 de octubre, pero en todo caso no transcurrieron 72 horas desde el momento en que acudieron a las autoridades hasta que se emitió el reporte de desaparición.

  7. En cuanto a la alegada espera de 72 horas para iniciar las investigaciones, el Tribunal constata que en los tres casos, el mismo día en el que se hizo el “Registro de Personas Desaparecidas”180, el Programa de Atención a Víctimas de los Delitos dirigió un oficio al Jefe de la Policía Judicial181. Dichos oficios tenían por objeto informar que se puso en conocimiento de esa oficina la desaparición de las tres víctimas, razón por la cual se solicitaba al personal de dicha dependencia la práctica de “investigaciones tendientes a lograr el esclarecimiento de los hechos”182.

  8. Durante la audiencia pública ante la Corte, las madres de las tres víctimas manifestaron que en el primer contacto con las autoridades se les manifestó que debían transcurrir 72 horas para dar como desaparecidas a sus hijas183, lo cual fue reiterado en otras declaraciones184.

  9. Según los representantes, la prueba de la demora en el inicio de las investigaciones se encuentra en las “Fichas 103-F” del informe especial de la CNDH de 2003. Sin embargo, dichas fichas no hacen alusión a que las autoridades hayan hecho una afirmación en tal sentido185.

  10. Las declaraciones periciales confirman que las madres informaron a su psiquiatra o psicóloga respectiva, sobre una supuesta negativa del Estado a iniciar una posible averiguación antes de las 72 horas186. Adicionalmente, la testigo Delgadillo Pérez, refiriéndose a todas las desapariciones del campo algodonero, indicó que las investigaciones en “[v]arios de los expedientes no se iniciaron en el momento en que las familias lo denunciaron, sino una vez que transcurrieron 72 horas”, señalando específicamente el caso de la joven Herrera y concluyendo que “[s]e perdieron las primeras horas que eran fundamentales para la búsqueda”187. En el mismo sentido la perita Jusidman Rapoport indicó que, a la fecha, “para las autoridades es necesario que transcurran 72 horas para iniciar la búsqueda de mujeres reportadas como desaparecidas”188. Esto también fue indicado en el informe del EAAF para el caso de la joven Herrera189. La Corte nota que aunque estas declaraciones proporcionan indicios sobre una supuesta demora de 72 horas para iniciar la búsqueda de personas desaparecidas, los peritos no indicaron la fuente de sus conclusiones a partir de las cuales sea posible valorar su afirmación. Además, las declaraciones de los peritos no brindan fechas específicas, por lo cual la Corte no puede concluir si, según ellos, la espera de 72 horas existía en el año 2001.

  11. Para resolver la cuestión, la Corte tiene en consideración que en este aspecto la carga de la prueba corresponde al Estado, ya que éste es el que sostiene que sus autoridades procedieron con las investigaciones, lo cual es susceptible de prueba. Distinta es la situación de la Comisión y los representantes, quienes alegan un hecho negativo, es decir, la ausencia de investigación en las primeras 72 horas. Además, se toma en cuenta que los medios de prueba están a disposición del Estado, por lo que su defensa no puede descansar sobre la imposibilidad de los demandantes de allegar pruebas que no pueden obtenerse sin su cooperación190.

  12. Al respecto, la Corte observa que la prueba remitida por el Estado indica que en las primeras 72 horas únicamente se registraron las desapariciones y los testimonios de quienes las interpusieron, se emitió un oficio del Programa de Atención a Víctimas de los Delitos y se recibieron testimonios de apenas tres personas, una en cada caso, aparte de las declaraciones adoptadas al momento de la presentación de denuncia191. Es decir, más allá de diligencias rutinarias y formales, el Estado no presentó alegatos ni prueba sobre acciones tomadas en el período referido para movilizar al aparato investigador en la búsqueda real y efectiva de las víctimas.

  13. Además, la Corte resalta que el Estado no presentó copia de la totalidad del expediente penal en estos casos, tal como le fue solicitado (supra párr. 9). Por tal motivo, el Tribunal cuenta con un margen de discreción para dar por establecidos cierto tipo de hechos según la ponderación que pueda efectuarse con el resto del acervo probatorio. Por esto la Corte concluye que, aunque no se puede dar por probado que efectivamente las autoridades le dijeron a las madres de las víctimas que tenían que esperar 72 horas luego de su desaparición para que empezaran las investigaciones, el Estado no ha demostrado qué gestiones concretas realizó y cómo buscó efectivamente a las víctimas durante el período mencionado.


2.3. Alegada falta de búsqueda de las víctimas antes del hallazgo de sus restos


  1. La Comisión alegó que “[l]a actuación de las autoridades estatales frente a [las] denuncias de desaparición se limitó a la realización de gestiones formales y administrativas, sin medidas concretas, tendientes a encontrar a la brevedad a las víctimas, con vida”.

  2. Los representantes señalaron que las tres madres “tuvieron que iniciar sus propias acciones de búsqueda” ante la “falta de acciones eficientes por parte de las autoridades”, como pegar volantes en las calles, acudir a medios de comunicación y hacer rastreos.

  3. El Estado controvirtió lo anterior y señaló que las autoridades “ordenaron la búsqueda y localización inmediata de las mujeres desaparecidas”, “tomando en cuenta la información proporcionada por los familiares”. Asimismo, alegó que realizó diversas acciones para dar con el paradero de las víctimas.

  4. Tal como fue señalado, el día en el que se levantaron los registros de desaparición de las víctimas fue solicitado a la Policía Judicial que se adelantaran investigaciones. Sin embargo, no fue aportada alguna respuesta a tal solicitud y el Estado no brindó detalles sobre el seguimiento que se dio a la misma.

  5. Por otra parte, aún cuando conste evidencia de que las autoridades elaboraron un cartel con información respecto a la desaparición de cada una de las víctimas192, dichos carteles no indican la fecha en la que fueron emitidos y el Estado no precisó en qué momento y cómo los hizo circular. Según la madre de la joven Herrera, fue ella “quien se encargó de difundirlo y pegarlo en varios puntos de la Ciudad”193. La madre de la joven González señaló que luego de interponer la denuncia de desaparición, comenzaron “con rastreos y a poner fotos de ella como volantes, […] y preguntando, buscando en la Cruz Roja, en los hospitales”194, y la madre de la joven Ramos dijo que ella buscó a su hija en todos los lugares “habidos y por haber”195. Esto coincide con lo declarado por la testigo Delgadillo Pérez, quien señaló que “[s]on las familias las que ante la desesperación y falta de apoyo institucional, se mueven por la ciudad tratando de encontrar a sus hijas”196.

  6. En relación con la joven Ramos, las autoridades recibieron, además de la declaración rendida cuando se denunció su desaparición197, declaraciones de dos familiares198 y tres amigas de su escuela199. De estos testimonios la Corte observa que se desprenden ciertos posibles indicios que pudieron haber ayudado en la búsqueda de la joven Ramos, como por ejemplo, información sobre un muchacho con quien ella hablaba frecuentemente por teléfono200, lugares que frecuentaba201, sus planes para la noche de su desaparición202, sobre un muchacho que trabajaba con ella y otras personas que pudiesen tener información,203 así como de un hombre, con quien, según lo declarado, la joven Ramos no quería salir204.

  7. Asimismo, la madre de la joven Ramos declaró en el año 2003 sobre varias llamadas que recibió en los días posteriores a la desaparición de su hija, y que en una de ellas “logr[ó] escuchar que [su] hija Laura discutía con una persona” y que por esta razón se trasladó “a la Procuraduría General de Justicia del Estado para que rastrearan la llamada” y le dijeron que no la podían rastrear205. Adicionalmente, según la señora Monárrez, no se llevaron a cabo diligencias de averiguación en la escuela donde estudiaba su hija, otras entrevistas a sus amigas y conocidos, o en algunos sitios que frecuentaba, con el propósito de encontrarla206. Asimismo, no se realizaron gestiones en relación con las llamadas telefónicas que la joven Ramos había efectuado y recibido en su celular207.

  8. En relación con la joven González, además de la declaración rendida cuando se denunció la desaparición208, se tomaron las declaraciones de cinco amigos209, un compañero de trabajo en la maquiladora210, su ex pareja sentimental211 y dos jefes de seguridad de la empresa212. De estos testimonios se desprenden ciertos posibles indicios que pudieran haber ayudado en la búsqueda de la joven González, como por ejemplo, información sobre un muchacho con quien ella salía213, sobre una pareja que al parecer la observaba mucho cada vez que pasaba214 y un muchacho de la maquila que la molestaba215.

  9. Por otra parte, la Comisión alegó que se había comunicado a las autoridades que dos semanas antes de su desaparición la joven González había sido hostigada por dos policías. Si bien es cierto que la prueba presentada por la Comisión corresponde a una nota de prensa emitida en 2005 -donde la madre de la joven González no precisa el momento en que informó de dichos hechos a las autoridades- y que las demás declaraciones al respecto fueron efectuadas en 2007 y 2009216, el Estado no controvirtió ni los hechos ni la fecha en la que se alega fueron informadas las autoridades. Además, no presentó la totalidad del expediente penal. Por esta razón, el Tribunal da por establecido que se comunicó dicha información a las autoridades antes del 6 de noviembre de 2001, es decir, antes del hallazgo de su cuerpo217. No se desprende del expediente que los investigadores hayan adelantado línea de investigación en torno a dicha información, con el propósito de encontrar a la joven González con vida.

  10. Una declarante señaló que un muchacho le dijo a ella y a la hermana de la joven González que “él se había dado cuenta, no dijo cómo, que Claudia Ivette estaba desaparecid[a]”218. Tampoco consta que el Estado haya señalado alguna investigación respecto a este indicio.

  11. Según la Comisión, entre el reporte de la desaparición de la joven González y el hallazgo de sus restos el único contacto de las autoridades con la familia de ésta fueron dos llamadas efectuadas por la Fiscalía Especial, en las que se indagó si tenían novedades. El Estado no controvirtió lo anterior ni presentó prueba en contrario.

  12. En el caso de la joven Herrera, según el Estado, la madre informó ante un agente de la policía que su hija conocía a un joven que trabajaba en una imprenta y que “le insistía en que fuera a comer con él” y que dicho joven no había ido a trabajar el día en que desapareció la víctima. Las autoridades posteriormente recibieron la declaración de este joven, quien reconoció haber saludado a la joven Herrera, pero negó haberla invitado a comer219. No consta en el expediente que el Estado haya adelantado alguna otra gestión encaminada a encontrar con vida a la joven Herrera.

  13. A pesar de que el Estado alegó haber empezado la búsqueda de las víctimas de inmediato, según lo que consta en el expediente, lo único que se hizo antes del hallazgo de los restos fue elaborar los registros de desaparición, los carteles de búsqueda, la toma de declaraciones y el envío del oficio a la Policía Judicial. No consta en el expediente que las autoridades hayan hecho circular los carteles de búsqueda ni que efectuaran una indagación más profunda sobre hechos razonablemente relevantes que se derivaban de las más de 20 declaraciones tomadas220.

  14. Además, la Corte considera que es posible enmarcar estos hechos dentro de un contexto general documentado en el expediente. En efecto, en enero de 2006 la Relatora de Naciones Unidas sobre Violencia contra la Mujer indicó que “[a]l parecer, la policía municipal de Ciudad Juárez no emprende acciones de búsqueda ni adopta ninguna otra medida preventiva por sistema en el momento de recibir una denuncia de desaparición de una mujer. Inexplicablemente, la policía suele esperar a que se confirme la comisión de un delito”221.


2.4. Alegados estereotipos proyectados por los funcionarios hacia los familiares de las víctimas


  1. La Comisión alegó que “cuando se denunció cada desaparición, los familiares recibieron comentarios por parte de agentes estatales sobre la conducta de sus hijas que consideran influenciaron la inacción estatal posterior”.

  2. Los representantes señalaron que “las autoridades minimizaban los hechos o desacreditaban” las denuncias de los familiares de las víctimas “bajo el pretexto de que eran muchachitas que ‘andaban con el novio’ o ‘andaban de voladas’”.

  3. La madre de la joven Herrera declaró que, al interponer la denuncia, las autoridades le dijeron que su hija “no está desaparecida, anda con el novio o anda con los amigos de vaga”222, “que si le pasaba eso era porque ella se lo buscaba, porque una niña buena, una mujer buena, está en su casa”223.

  4. La madre de la joven González indicó que cuando acudieron a presentar el reporte de desaparición, un funcionario habría dicho a una amiga de su hija que “seguro se había ido con el novio, porque las muchachas eran muy ‘voladas’ y se les aventaban a los hombres”224. La madre también señaló que cuando fueron a poner la denuncia le dijeron que “a lo mejor se fue con el novio, que a lo mejor al rato regresaba”225.

  5. Por su parte, la madre de la joven Ramos indicó que los agentes policiales le dijeron que ella tenía que buscar a su hija porque “todas las niñas que se pierden, todas […] se van con el novio o quieren vivir su vida solas”226. Agregó que en una ocasión solicitó a los agentes policiales para que la acompañaran a un salón de baile a buscar a su hija y que ellos le habrían dicho “no señora, es muy tarde, nosotros ya tenemos que ir a descansar y usted espere el momento en que le toque para buscar a Laura”, y palmeando su espalda habrían manifestado: “vaya usted para que se relaje, tómese unas heladas a nuestra salud, porque nosotros no podemos acompañarla”227.

  6. El Estado no controvirtió estas declaraciones de las madres de las víctimas.

  7. De otra parte, el testimonio de la señora Delgadillo Pérez, respecto al desempeño de las autoridades en el presente caso, indica que “[s]e determina[ba] la responsabilidad o no de la víctima, de acuerdo al rol social que a juicio del investigador tenía en la sociedad. Esto quiere decir que si la mujer asesinada le gustaba divertirse, salir a bailar, tenía amigos y una vida social, es considerada en parte, como responsable por lo que sucedió”228. Según la testigo “[e]n ese entonces la autoridad estigmatizaba a las víctimas de desaparición por el hecho de ser mujeres”, siendo el pretexto que “andaban con el novio” o “andaban de locas”, “[s]e llegó también a culpar a las madres por permitir que sus hijas anduvieran solas o que salieran por la noche”229.

  8. La Corte resalta que el testimonio de la señora Delgadillo Pérez, así como las declaraciones de las madres y familiares de las víctimas, concuerdan con el contexto descrito por diversas instancias nacionales e internacionales, en el cual funcionarios y autoridades “minimizaban el problema” y denotaban “ausencia de interés y vocación por atender y remediar una problemática social grave” (supra párr. 154).

  9. Los representantes relacionan los comentarios efectuados por los funcionarios que atendieron los casos con una política que, al momento de los hechos, distinguiría entre “desapariciones de alto riesgo” y otras que no lo eran.

  10. Amnistía Internacional señaló que “en el año 2001 la PGJECH había puesto en práctica el criterio de ‘desapariciones de alto riesgo’, basado únicamente en el comportamiento de la víctima. Si la mujer desaparecida era una persona con una rutina estable, ésta podría ser candidata para este tipo de búsqueda. Este criterio resultó altamente discriminatorio y poco funcional ya que para el año 2003, solo existía un caso de desaparición considerado como de alto riesgo”230.

  11. En similar sentido la CNDH en el 2003 indicó que “[l]a Procuraduría del estado adoptó hace tres años el criterio de desapariciones de ‘alto riesgo’, basado en que la joven antes de desaparecer tenía una rutina estable o [no] había manifestado su voluntad de abandonar a su familia”231. Asimismo, el CEDAW en el 2003 criticó la clasificación entre las consideradas de “alto riesgo” y las que no lo son232.

  12. De otra parte, la Corte constata que el formato en el que los familiares denunciaban la desaparición requería información sobre las “preferencias sexuales” de las víctimas233.

  13. El Tribunal considera que en el presente caso, los comentarios efectuados por funcionarios en el sentido de que las víctimas se habrían ido con su novio o que tendrían una vida reprochable y la utilización de preguntas en torno a la preferencia sexual de las víctimas constituyen estereotipos. De otra parte, tanto las actitudes como las declaraciones de los funcionarios demuestran que existía, por lo menos, indiferencia hacia los familiares de las víctimas y sus denuncias.


2.5. Hallazgo de los cuerpos


  1. El 6 de noviembre de 2001 se encontraron los cuerpos de tres mujeres en un campo algodonero234. Estas tres mujeres fueron posteriormente identificadas como las jóvenes Ramos, González y Herrera. El 7 de noviembre de 2001, en un lugar cercano dentro del mismo campo algodonero, fueron encontrados los cuerpos de otras cinco mujeres235, quienes no son consideradas presuntas víctimas en el presente caso, por los motivos expuestos en la Resolución del Tribunal de 19 de enero de 2009236.

  2. La Comisión y los representantes manifestaron que los cuerpos de las jóvenes Herrera, González y Ramos fueron objeto de un particular ensañamiento por parte de los perpetradores de los homicidios. Los representantes añadieron que “[l]a forma en que fueron encontrados los cuerpos [de las tres víctimas] sugiere que fueron violadas y abusadas con extrema crueldad”.

  3. El Estado alegó que el certificado de autopsia concluyó que “los fenómenos cadavéricos iniciales ya no eran apreciables en [los] cuerpo[s] por el transcurso del tiempo y por la acción ambiental sobre [los] mismo[s] (contractura muscular post-mortem y livideces cadavéricas), lo que implicaba que el grado de descomposición era tan elevado que inhibía científicamente un análisis pormenorizado y, por lo tanto, el establecimiento de la causa de muerte”. México enfatizó que el “estado de descomposición de los cuerpos (cuestión de orden natural [que] no [le es] atribuible”) impidió “determinar la causa de la muerte”. Asimismo, señaló que la “primera acción de la Procuraduría General de Justicia fue determinar la naturaleza de las muertes, tomando en consideración las condiciones en que fueron encontrados los cuerpos”.

  4. De la prueba aportada se desprende que el 6 de noviembre de 2001, día en que fueron encontrados los cadáveres de las tres presuntas víctimas, se dictó acta de levantamiento de los cuerpos237 y fe ministerial de lugar y de cadáveres238, y además se les practicó las correspondientes autopsias, cuyos certificados se expidieron el 9 de noviembre de ese mismo año239. De estos documentos consta la siguiente información:

    1. respecto de Esmeralda Herrera Monreal, vestía blusa desgarrada240 en el lado superior derecho y brassier, ambas prendas levantadas por encima de la región pectoral, así como calcetines blancos desgarrados. El estado de conservación del cuerpo era incompleto, encontrándose en una posición decúbito dorsal, con su extremidad cefálica en dirección al oriente, sus extremidades inferiores en dirección opuesta y flexionadas, mientras que sus extremidades superiores se encontraban unidas entre sí en la región lumbar, con un cordón negro el cual daba dos vueltas en cada muñeca, con dos nudos en la muñeca derecha y tres en la mano izquierda. El cordón rodeaba el cuerpo en su totalidad por la región abdominal. Al retirarse el cordón se apreciaron marcas equimóticas alrededor de las muñecas. La piel presentaba coloración de violácea a negruzca. El cráneo y el cuello se presentaron descarnados, así como la región clavicular derecha, hombro derecho, tercio superior de brazo derecho y la región pectoral derecha. El cráneo presentaba algunos cabellos adheridos. Ausencia de región mamaria derecha. Ausencia parcial de partes del pezón de la región mamaria izquierda. Ambas manos presentaban desprendimiento de la piel a este nivel en forma de guante. El cadáver presentaba fauna cadavérica. Bajo el cráneo, sobre el piso de tierra, se encontró una mancha rojiza. Se estableció causa de la muerte indeterminada y el tiempo de la muerte de 8 a 12 días;

    2. en cuanto a Claudia Ivette González, vestía blusa blanca de tirantes y brassier de color claro. Su estado de conservación era incompleto. Se encontraba en una posición decúbito lateral derecho, con la extremidad cefálica apuntando hacia el oriente, de las extremidades superiores la derecha por debajo del tórax y la izquierda semi flexionada y separada del cuerpo. La extremidad inferior derecha extendida y hacia el lado opuesto de la extremidad cefálica y la izquierda flexionada a la altura del pliegue de la rodilla. Presencia de vegetación propia del lugar. Cráneo descarnado con escasa presencia de cuero cabelludo. Ausencia de tejido en cuello y tórax. Se establece causa de la muerte indeterminada y el tiempo de la muerte de 4 a 5 semanas, y

    3. en relación con el cuerpo de Laura Berenice Ramos Monárrez, vestía blusa blanca de tirantes de cuello en V y brassier color negro colocados ambos por encima de la región mamaria y se observaba en el pezón derecho herida plana de 5 mm que cercenó la punta del mismo. El estado de conservación del cuerpo era incompleto. Se encontraba en posición decúbito dorsal con la extremidad cefálica apuntando hacia el sur, las extremidades inferiores en dirección contraria y las superiores extendidas por encima de la extremidad cefálica. Presentaba acartonamiento en la piel. El cráneo descarnado en su parte posterior. Cabello escaso con cortes irregulares. Se encontraba cubierto de vegetación propia del lugar. Se establece causa de la muerte indeterminada y el tiempo de la muerte de 4 a 6 semanas241.

  5. El 2 de febrero de 2002 los peritos de campo que realizaron el levantamiento de los cadáveres en noviembre de 2001 emitieron un dictamen criminalístico242 en el que indicaron, inter alia, que “es posible establecer que la[s] agresi[ones] fueron perpetradas en el lugar del levantamiento”. Agregaron que pese a que no fue posible mediante autopsia de ley determinar que hubo violación sexual, “debido a las condiciones de semi desnudez en las que se […] encontra[ron], es posible establecer con alto grado de probabilidad que se trata de […] crímen[es] de índole sexual”.

  6. Específicamente, respecto de la joven Herrera, concluyeron que “[p]or el grado de dificultad que se apreciaba en el amarre que presentaba […] de la cintura a sus extremidades superiores, [era] posible establecer que […] llegó maniatada al lugar de los hechos”; que en relación a la ausencia de tejido blando desde el tórax hasta la extremidad cefálica era “posible establecer que […] presentaba alguna lesión en dichas regiones, que le causar[on] la muerte”, y que era “factible suponer que la causa del deceso fuera por estrangulamiento”.

  7. En cuanto a la joven Ramos, los peritos concluyeron que en base a los hematomas que se apreciaron en diferentes tejidos óseos era “posible establecer que […] fue severamente golpeada antes de su deceso”.

  8. En relación con dictamenes criminalísticos realizados por peritos de campo, el 9 de julio de 2003 el Director de Medicina Forense hizo de conocimiento del Juzgado Séptimo Penal que “un perito en criminalística de campo no se encuentra capacitado para determinar cuestiones estrictamente médicas, como lo es determinar la causa de la muerte de cada uno de los cadáveres que se mencionan en las diferentes fojas del expediente […], así como tampoco es posible que […] determine la data estimada del fallecimiento de cada uno, esto corresponde al área de medicina legal”243.

  9. En la resolución de la Sala Cuarta del Tribunal de Chihuahua emitida el 14 de julio de 2005 se estableció, en referencia al dictamen criminalístico (supra párr. 213), que los “peritos hablan de probabilidad y éstas no son más que suposiciones, conjeturas, las que por su carácter de índole subjetivo […] no son, en este caso, medios adecuados para llegar a la verdad histórica y legal de los verdaderos acontecimientos”244.

  10. El 18 de noviembre de 2005 el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) realizó una segunda autopsia de los restos de la joven Herrera245. Dicho equipo estableció que la autopsia realizada el 6 de noviembre de 2001 (supra párr. 212) no tuvo en cuenta los principios generales en los que debe basarse una correcta necropsia médico legal, por lo que “[a]l carecer de estas normas no se arriba a los objetivos de una autopsia médico legal […]. Inclusive en algún punto de su redacción lleva a […] confusión [y c]arece de la profundidad necesaria para realizar un diagnóstico diferido al no ser completa la necropsia y carecer de estudios complementarios”. El EAAF concluyó que “[d]e la lectura de [la] autopsia no se pueden sacar conclusiones válidas, dad[a] la pobre descripción de los exámenes interno y externo, los cuales, hubiesen permitido establecer una hipótesis fundada de la causa de la muerte”. Respecto de la joven Ramos, la familia sólo contaba con una clavícula, ya que habían incinerado los demás restos, por lo que la entregaron al EAAF para que confirmaran su identidad246. Los restos de la joven González no fueron incluidos en los casos a reexaminar por el EAAF ante la negativa de los familiares247.

  11. A pesar de las deficiencias en las primeras etapas de las investigaciones, especialmente en el procedimiento para la realización de las autopsias -a las que el Tribunal se referirá en detalle más adelante- es posible concluir que Esmeralda Herrera Monreal, al estar maniatada en la espalda, desnuda en la parte inferior del cuerpo, con la camiseta y brassier por encima de la zona pectoral, sin región mamaria derecha y con daños en partes del pezón izquierdo (supra párr. 212), sufrió un ensañamiento tal que le debió causar severos sufrimientos físicos y psíquicos en forma previa a su muerte.

  12. En cuanto a Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González, no es posible para este Tribunal, por las señaladas deficiencias en las primeras etapas de las investigaciones, diferenciar científicamente cuáles signos fueron causados por agresión y cuáles por el paso del tiempo. Por ello, la Corte debe tener en consideración los diversos factores que se dieron respecto a la desaparición de las víctimas. En concreto, que el trato sufrido durante el tiempo que permanecieron secuestradas antes de su muerte con toda probabilidad les causó, al menos, un sufrimiento psicológico agudo, y que muy posiblemente los hechos acaecidos antes de su muerte, al igual que en el caso de la Esmeralda Herrera Monreal, tuvieron un móvil sexual, pues las jóvenes fueron encontradas semi desnudas en la parte inferior del cuerpo y Laura Berenice Ramos Monárrez con la blusa y el brassier levantadas por encima de los senos (supra párr. 212). Lo anterior se une al hecho de que en Ciudad Juárez, al momento de la desaparición de las víctimas, existían numerosos casos análogos al presente en los que las mujeres presentaban signos de “violencia sexual” (supra párrs. 116 y 117).

  13. Las tres víctimas estuvieron privadas de su libertad antes de su muerte. Por las deficiencias en los certificados de autopsia, el Tribunal no puede determinar con certeza cuanto tiempo duró su secuestro.




Compartir con tus amigos:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   29


La base de datos está protegida por derechos de autor ©psicolog.org 2019
enviar mensaje

enter | registro
    Página principal


subir archivos