Corte interamericana de derechos humanos



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las reparaciones, la Corte dispuso que:

· El Estado debe conducir eficazmente el proceso penal y, de ser el caso, procesar y sancionar a las

personas responsables de la desaparición, maltratos y privación de la vida de las tres víctimas,

conforme a las siguientes directrices: (i) remover los obstáculos de jure o de facto que impidan la

debida investigación de los hechos y el desarrollo de los procesos judiciales; (ii) incluir una

perspectiva de género en la investigación; (iii) asegurarse que los órganos de investigación y

judiciales cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios para desempeñar las tareas de manera adecuada, independiente e imparcial; y (iv) la divulgación pública de los resultados de los

procesos.

· El Estado debe continuar implementando programas de educación y capacitación dirigidos a

funcionarios/as públicos/as en: derechos humanos y género; inclusión de la perspectiva de género

en la conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con discriminación y

violencia contra mujeres por razones de género; y superación de estereotipos sobre el rol social de

las mujeres.

· El Estado debe brindar atención médica, psicológica o psiquiátrica gratuita, de forma inmediata,

adecuada y efectiva, a través de instituciones estatales de salud especializadas, a las y los familiares

de las víctimas si así lo desearan.

· El Estado deberá, dentro de un plazo razonable: (i) investigar a las y los funcionarios acusados de

irregularidades y aplicar las sanciones correspondientes; (ii) investigar y sancionar a las personas

responsables de los hostigamientos de las y los familiares; (iii) continuar con la estandarización de

protocolos y manuales, entre otros, para investigar los delitos relacionados con desapariciones,

violencia sexual y homicidios de mujeres, conforme al Protocolo de Estambul, el Manual sobre la

Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de

Naciones Unidas y los estándares internacionales, con base en una perspectiva de género; (iv)

adecuar el Protocolo Alba8, o implementar un nuevo protocolo análogo que siga las directrices

señaladas por la Corte en su sentencia (párr. 602.19); y (v) realizar un programa de educación

destinado a la población del estado de Chihuahua, para la superación de estereotipos sobre el papel

social de las mujeres.

· El Estado deberá en el plazo de seis meses: (i) publicar ciertos párrafos de la sentencia (párr.

602.15) en el Diario Oficial de la Federación, y en dos diarios de amplia circulación (uno a nivel

nacional y otro a nivel estadal) y la sentencia completa en una página oficial del Estado; y (ii) crear

una página electrónica que se actualice de manera permanente y contenga la información personal

necesaria de todas las mujeres o niñas que desaparecieron en Chihuahua desde 1993 y que

continúan desaparecidas y que permita dar información anónima sobre el paradero de mujeres o

niñas desaparecidas.

· El Estado deberá en el plazo de un año: (i) realizar un acto público de reconocimiento de

responsabilidad internacional; (ii) levantar un monumento en memoria de las mujeres víctimas de

homicidio por razones de género en Ciudad Juárez; (iii) crear o actualizar una base de datos que

contenga la información personal de mujeres y niñas desaparecidas, información personal y genética

de las y los familiares de las personas desaparecidas y la información genética de los cuerpos de

cualquier mujer o niña no identificada que haya sido privada de su vida en el estado de Chihuahua;

(iv) pagar las cantidades por concepto de indemnizaciones y compensaciones por daños materiales

e inmateriales y el reintegro de costas y gastos; y, finalmente (v) rendir a la Corte un informe sobre

las medidas para darle cumplimiento a la sentencia.





1 El 15 de diciembre de 2007 el entonces Presidente de la Corte, Juez Sergio García Ramírez, de nacionalidad mexicana, cedió la Presidencia a la Jueza Cecilia Medina Quiroga e informó al Tribunal de su inhibitoria para conocer del presente caso. El Juez García Ramírez expuso las razones que sustentaron su inhibición, las cuales fueron aceptadas por el Tribunal. El 21 de diciembre de 2007 se comunicó esta decisión al Estado y se le informó que podría designar un juez ad hoc para que participara en la consideración del presente caso. El 29 de febrero de 2008, luego de dos prórrogas, el Estado designó a la señora Verónica Martínez Solares como jueza ad hoc. El 18 de septiembre de 2008 los representantes de las presuntas víctimas objetaron dicha designación señalando que la señora Martínez Solares “no re[unía] uno de los requisitos que establece el artículo 52 de la [Convención Americana] para ser juez de la Corte Interamericana”. El 30 de octubre de 2008 la Corte emitió una Resolución en la que señaló que la señora Martínez Solares “no cumpl[ía] con los requisitos para participar como Jueza ad hoc en el presente caso”. En dicha Resolución la Corte otorgó un plazo al Estado para que designara un nuevo juez ad hoc. El 3 de diciembre de 2008 el Estado designó en tal calidad a la señora Rosa María Álvarez González. De otra parte, por razones de fuerza mayor, el Juez Leonardo A. Franco no participó en la deliberación y firma de la presente Sentencia.

2 Conforme a lo dispuesto en el artículo 72.2 del Reglamento de la Corte Interamericana vigente, cuyas últimas reformas entraron en vigor a partir del 24 de marzo de 2009, “[l]os casos en curso se continuarán tramitando conforme a este Reglamento, con la excepción de aquellos casos en que se haya convocado a audiencia al momento de entrada en vigor del presente Reglamento, los cuales seguirán tramitándose conforme a las disposiciones del Reglamento anterior”. De ese modo, el Reglamento de la Corte mencionado en la presente Sentencia corresponde al instrumento aprobado por el Tribunal en su XLIX Período Ordinario de Sesiones, celebrado del 16 al 25 de noviembre de 2000, y reformado parcialmente por la Corte en su LXI Período Ordinario de Sesiones, celebrado del 20 de noviembre al 4 de diciembre de 2003.

3 El 14 de diciembre de 2007 las mencionadas organizaciones comunicaron al Tribunal, de conformidad con el artículo 23.2 del Reglamento de la Corte, la designación de la señora Sonia Torres Hernández como interviniente común (expediente de fondo, tomo V, folio 1936).

4 Cfr. González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Resolución de la Corte de 19 de enero de 2009, punto resolutivo segundo.

5 Cfr. González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México, supra nota Error: Reference source not found, punto resolutivo cuarto.

6 Cfr. González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Resolución de la Presidenta de la Corte de 18 de marzo de 2009.

7 Cfr. González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Resolución de la Corte de 3 de abril de 2009, punto resolutivo primero.

8 A esta audiencia comparecieron: a) por la Comisión Interamericana: Florentín Meléndez, Comisionado; Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta; Juan Pablo Albán Alencastro, asesor; Rosa Celorio, asesora, y Fiorella Melzi, asesora; b) por las presuntas víctimas: Alfredo Limas Hernández, representante; Andrea de la Barreda Montpellier, representante; Andrea Medina Rosas, representante; Ariel E. Dulitzky, asesor; David Peña Rodríguez, representante; Emilio Ginés Santidrián, asesor; Héctor Faúndez Ledesma, asesor; Héctor Pérez Rivera, asesor; Ivonne I. Mendoza Salazar, representante; María del Carmen Herrera García, asesora; María Edith López Hernández, asesora; Karla Micheel Salas Ramírez, representante, y Sonia Josefina Torres Hernández, interviniente común, y c) por el Estado: Alejandro Negrín Muñoz, Agente, Director General de Derechos Humanos y Democracia de la Cancillería mexicana; Mario Leal Campos, asesor, Embajador de México en Chile; Patricia González Rodríguez, Agente Alterna, Procuradora General de Justicia del estado de Chihuahua; Mario Alberto Prado Rodríguez, asesor, Coordinador de Asesores del Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; Mauricio Elpidio Montes de Oca Durán, asesor, Director General Adjunto de Investigación y Atención a Casos de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; Víctor Manuel Uribe Aviña, asesor, Consultor Jurídico Adjunto de la Cancillería; Arturo Licón Baeza, asesor, Subprocurador de Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Delito del estado de Chihuahua; Pablo Navarrete Gutiérrez, asesor, Coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres; Carlos Garduño Salinas, asesor, Director de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República; Fernando Tiscareño Luján, asesor, Asesor del Secretario General de Gobierno del estado de Chihuahua; Rodolfo Leyva Martínez, asesor, funcionario de la Subprocuraduría de Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Delito del estado de Chihuahua; José Ignacio Martín del Campo Covarrubias, asesor, Director del Área de Litigio Internacional en materia de Derechos Humanos de la Cancillería; Ximena Mariscal de Alba, asesora, Subdirectora del Área de Litigio Internacional en materia de Derechos Humanos de la Cancillería; David Ricardo Uribe González, asesor, Jefe de Departamento del Área de Litigio Internacional en materia de Derechos Humanos de la Cancillería; Luis Manuel Jardón Piña, asesor, Jefe de Departamento de Litigios de la Consultoría Jurídica de la Cancillería, y Carlos Giménez Zamudio, asesor, Encargado del Área de Política Interna, Prensa y Derechos Humanos de la Embajada de México en Chile.

9 Dicho escrito fue presentado por Simona Cusack, Rebecca J. Cook, Viviana Krsticevic y Vanessa Coria el 4 de diciembre de 2008.

10 Dicho escrito fue presentado por Eric Sottas y Philip Grant el 16 de abril de 2009. El 28 de abril de 2009 el Consejo General de la Abogacía Española y la Fundación del Consejo General de la Abogacía General se adhirieron a este escrito.

11 Dicho escrito fue presentado por Miguel Ángel Antemate Mendoza, Selene Cruz Alcalá, Rafael Caballero Hernández, Carlos Alejandro Martiarena Leonar y Alma Elena Rueda Rodríguez el 23 de abril de 2009.

12 Dicho escrito fue presentado por Raymundo Gil Rendón y varios de sus alumnos el 24 de abril de 2007.

13 Dicho escrito fue presentado por Viviana Waisman y Paloma Soria Montañez el 27 de abril de 2008.

14 Dicho escrito fue también preparado por: Cáritas Diocesana de Ciudad Juárez, Pastoral Obrera, Programa Compañeros, Ciudadanos por una mejor Administración Pública, Casa Amiga Centro de Crisis, y a titulo personal por Clara Eugenia Rojas Blanco, Elizabeth Loera y Diana Itzel Gonzáles. El mismo fue presentado por Imelda Marrufo Nava el 15 de mayo de 2009.

15 Dicho escrito fue presentado por César A. Rodríguez Garavito el 1 de junio de 2009.

16 Dicho escrito fue presentado por José Antonio Ibáñez Aguirre el 10 de julio de 2009.

17 Dicho escrito fue presentado por Clive Baldwin el 8 de junio de 2009.

18 Dicho escrito fue respaldado por: Amnesty International, Thomas Antkowiak, Tamar Birckhead, Mary Boyce, Break the Circle, Arturo Carrillo, Center for Constitutional Rights, Center for Gender & Refugee Studies, Center for Justice & Accountability, Centro de Derechos Humanos Universidad Diego Portales, Columbia Law School Human Rights Clinic, Cornell Law School International Human Rights Clinic, Bridget J. Crawford, The Domestic Violence and Civil Protection Order Clinic of The University of Cincinnati, Margaret Drew, Martin Geer, Human Rights and Genocide Clinic, Benjamín N. Cardozo School of Law, Human Rights Advocates, Deena Hurwitz, Immigration Clinic at The University of Maryland School of Law, The Immigration Justice Clinic, IMPACT Personal Safety, The International Human Rights Clinic at Willamette University College of Law, International Mental Disability Law Reform Project of New York Law School, The International Women’s Human Rights Clinic at Georgetown Law, Latinojustice PRLDEF, Legal Services Clinic at Western New England College School of Law, Leitner Center for International Law and Justice at Fordham Law School, Bert B. Lockwood, Allard K. Lowenstein International Human Rights Clinic, Yale Law School, Beth Lyon, Thomas M. McDonnell, The National Association of Women Lawyers, Los Angeles Chapter of The National Lawyers Guild, The National Organization for Women, Noah Novogrodsky, Jamie O´Connell, Sarah Paoletti, Jo M. Pasqualucci, Naomi Roht-Arriaza, Darren Rosenblum, Susan Deller Ross, Seton Hall University School of Law Center for Social Justice, Gwynne Skinner, Kathleen Staudt, Jeffrey Stempel, Maureen A. Sweeney, Jonathan Todres, The Urban Morgan Institute for Human Rights, U.S. Human Rights Network, Penny M. Venetis, Deborah Weissman, Richard J. Wilson, The Women’s Law Project, Women Lawyers Association of Los Angeles, and World Organization for Human Rights USA. El mismo fue presentado por David S. Ettinger y Mary-Christine Sungaila el 17 de julio de 2009.

19 Dicho escrito fue presentado por Leah Hoctor el 17 de julio de 2009.

20 Dicho escrito fue presentado por Widney Brown el 13 de julio de 2009.

21 Dicho escrito fue presentado el 21 de septiembre de 2009 por Clara Sandoval y estudiantes del Centro de Derechos Humanos y la Facultad de Derecho de la Universidad de Essex, Carla Ferstman y Marta Valiñas de Redress, Javier Ciurlizza y Catalina Díaz del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), Ruth Rubio Marín del Instituto Universitario Europeo, y a título personal por Mariclaire Acosta, Ximena Andión Ibañez y Gail Aguilar Castañón.

22 Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195, párr. 67.

23 El artículo 53.2 del Reglamento dispone que:

Si el demandado comunicare a la Corte su allanamiento a las pretensiones de la parte demandante y a las de los representantes de las presuntas víctimas, sus familiares o representantes, la Corte, oído el parecer de las partes en el caso, resolverá sobre la procedencia del allanamiento y sus efectos jurídicos. En este supuesto, la Corte procederá a determinar, cuando fuere el caso, las reparaciones y costas correspondientes.

Por su parte, el artículo 55 del Reglamento establece que:

La Corte, teniendo en cuenta las responsabilidades que le incumben de proteger los derechos humanos, podrá decidir que prosiga el examen del caso, aun en presencia de los supuestos señalados en los artículos precedentes.



24 Cfr. Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Serie C No. 177, párr. 24, y Caso Ticona Estrada Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 191, párr. 21.

25 Cfr. Caso Trujillo Oroza Vs. Bolivia. Fondo. Sentencia de 26 de enero de 2000. Serie C No. 64, párr. 42; Caso Albán Cornejo y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2007. Serie C No.171. párr 24, y Caso Kimel Vs. Argentina, supra nota Error: Reference source not found, párr. 25.

26 Cfr. Caso Carpio Nicolle y otros Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2004. Serie C No. 117, párr. 84; Caso Albán Cornejo y otros Vs. Ecuador, supra nota Error: Reference source not found, párr. 24, y Caso Kimel Vs. Argentina, supra nota Error: Reference source not found, párr. 25.

27 Cfr. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Competencia. Sentencia de 24 de septiembre de 1999. Serie C No. 54, párr. 38, y Caso Blake Vs. Guatemala. Interpretación de la Sentencia de Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de octubre de 1999. Serie C No. 57, párr. 21.

28 Cfr. Caso Las Palmeras Vs. Colombia. Excepciones Preliminares. Sentencia de 4 de febrero de 2000. Serie C No. 67, párr. 34.

29 Cfr. “Otros tratados” objeto de la función consultiva de la Corte (art. 64 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión consultiva OC-1/82 de 24 de septiembre de 1982. Serie A No. 1, párrs. 43 a 48; Restricciones a la Pena de Muerte (arts. 4.2 y 4.4 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-3/83 de 8 de septiembre de 1983. Serie A No. 3, párrs. 47 a 50; Propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la naturalización. Opinión Consultiva OC-4/84 de 19 de enero de 1984. Serie A No. 4, párrs. 20 a 24, y, entre otros, Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 1, párr. 30.

30Cfr. Caso Gómez Palomino Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 136, párr. 110; Caso Ticona Estrada y otros Vs. Bolivia, supra nota Error: Reference source not found, párr. 85, y Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de Septiembre de 2009. Serie C No. 202, párr. 61.

31 Cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, párrs. 247 y 248.

32 Cfr. Asunto de Viviana Gallardo y otras. Serie A No.G 101/81, párrs. 12.b), 16, 20, 21 y 22, y Caso Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de febrero de 2006. Serie C No. 144, párr. 174.

33 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Excepciones Preliminares, supra nota Error: Reference source not found, párr. 45.

34 Preámbulo de la Convención Belém do Pará.

35 Cfr. “Otros tratados” objeto de la función consultiva de la Corte (art. 64 Convención Americana sobre Derechos Humanos), supra nota Error: Reference source not found, párr. 29.

36 Cfr. Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú. Competencia. Sentencia de 24 de septiembre de 1999. Serie C No. 55, párr. 41, y Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú, supra nota Error: Reference source not found, párr. 42.

37 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Excepciones Preliminares, supra nota Error: Reference source not found, párr. 30.

38Cfr. Comisión Interamericana de Mujeres, VI Asamblea Extraordinaria de Delegadas, Texto Preliminar Inicial y la Última Versión de Proyecto de Texto para la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra La Mujer (Punto 1 del temario), OEA/Ser.L/II.3.6 CIM/doc.9/94, 13 de abril de 1994, p. 16.

39 Cfr. Comisión Interamericana de Mujeres, Informe Preliminar de la Segunda Sesión de la Reunión Intergubernamental de Expertos para Considerar el Anteproyecto de Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, OEA/Ser.L/II.7.5 CIM/Recovi/doc.36/93 corr. 2, 14 de abril de 1994. Ver en particular, Anexo I, Grupo de Trabajo II, Propuestas de reforma presentadas por la delegación de México a los artículos 13 al 16 del capitulo IV del proyecto de Convención, WG-II/doc. 5/93 26 octubre 1993, pp. 12 y 13.

40 Cfr. Comisión Interamericana de Mujeres, Anexo I, Grupo de Trabajo II, Propuestas de reforma presentadas por la delegación de México a los artículos 13 al 16 del capitulo IV del proyecto de Convención, supra nota Error: Reference source not found, p. 13.

41 Cfr. Comisión Interamericana de Mujeres, VI Asamblea Extraordinaria de Delegadas, supra nota Error: Reference source not found, p. 16.

42 Cfr. Comisión Interamericana de Mujeres, VI Asamblea Extraordinaria de Delegadas, Comentarios Recibidos de los Gobiernos al Proyecto de Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Punto 1 del temario), OEA/Ser.L/II.3.6 CIM/doc.4/94, 4 de abril de 1994.

43 Cfr. Comisión Interamericana de Mujeres, VI Asamblea Extraordinaria de Delegadas, Acta Resumida de la Segunda Sesión Plenaria, OEA/Ser.L/II.3.6 CIM/doc.24/94, rev.1, 6 de junio de 1994. Los países que votaron a favor fueron: Ecuador, Bolivia, Trinidad y Tobago, Barbados, República Dominicana, Guatemala, Argentina, Colombia, Nicaragua, Paraguay, Dominica, Venezuela, Chile, St. Kittes y Nevis, Perú, Uruguay. El único país que votó en contra fue Brasil. Se abstuvieron de votar los siguientes países: México, Estados Unidos, Canadá y Jamaica.

44 Caso Ríos y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 194, párr. 280 y Caso Perozo y otros Vs. Venezuela, supra nota Error: Reference source not found, párr. 296.

45 Caso Ríos y otros Vs. Venezuela, supra nota Error: Reference source not found, párr. 279 y Caso Perozo Vs. Venezuela, supra nota Error: Reference source not found, párrs. 295 y 296.

46 Cfr. Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2001. Serie C No. 76, párr. 50; Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2009. Serie C No. 198, párr. 22, y Caso Escher y otros Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de julio de 2009. Serie C No. 199, párr. 55.

47 Cfr. Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala, supra nota Error: Reference source not found, párr. 76; Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2009. Serie C No. 197, párr. 26, y Caso Escher y otros Vs. Brasil, supra nota Error: Reference source not found, párr. 55.


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