Corte interamericana de derechos humanos



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V. Violencia de género

En relación con la definición del fenómeno de asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez desde

1993, la Corte indicó que se utilizaría la expresión “homicidio de mujer por razones de género”, “también

conocido como feminicidio” (párr. 143), y que, para los efectos de ese caso “no [era] necesario ni posible

pronunciarse de manera definitiva sobre cuáles homicidios de mujeres en Ciudad Juárez constituyen

homicidios de mujeres por razones de género, más allá de los homicidios de las tres víctimas del

presente caso. Por esta razón, se referirá a los casos de Ciudad Juárez como homicidios de mujeres,

aunque entienda que algunos o muchos de éstos puedan haber sido cometidos por razones de género y

que la mayoría han ocurrido dentro de un contexto de violencia contra la mujer” (párr. 144).

En su sentencia, la Corte pasa a examinar si la violencia que sufrieron las tres víctimas en el

caso constituía “violencia contra la mujer”, de conformidad con lo establecido en la Convención

Americana y la Convención de Belém do Pará (párr. 224). En este sentido, la Corte acudió a su

jurisprudencia5 para indicar que (i) para la interpretación del derecho a la integridad personal consagrado

en la Convención Americana, en relación con los aspectos específicos de violencia contra la mujer, debe

acudirse a la Convención de Belém do Pará6 y a la Convención sobre Eliminación de todas las Formas

de Discriminación contra la Mujer (en adelante “la CEDAW”, por su siglas en inglés), siendo que estos

instrumentos complementan el corpus iuris internacional en materia de protección de la integridad

personal de las mujeres (párr. 225); y (ii) no toda violación de un derecho humano de una mujer implica

necesariamente una violación de las disposiciones de la Convención de Belém do Pará (párr. 227).

La Corte concluyó que efectivamente la violencia ejercida en contra de las tres víctimas en el

caso era “violencia contra la mujer”, en los términos establecidos en la Convención Americana y la

Convención de Belém do Pará (párr. 231), principalmente debido a tres razones: (1) el reconocimiento

del Estado (si bien dicho reconocimiento no se materializó frente a la Corte sino frente al Comité que

monitorea el cumplimiento de la CEDAW) de que los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez están influenciados por una cultura de discriminación contra la mujer (véanse párrs. 132 y 129); (2) las

conclusiones arribadas por varios organismos internacionales de monitoreo de los derechos humanos,

tales como la CIDH, el Comité que monitorea el cumplimiento de la CEDAW, y Amnistía Internacional en

el sentido de que muchos de los homicidios de las mujeres en Ciudad Juárez son manifestaciones de

violencia basada en el género (véase párr. 133); y que (3) las víctimas eran mujeres quienes “muy

probablemente” sufrieron actos de violencia sexual de algún tipo antes de su muerte (párrs. 230, 124-

127, 164).


VI. Estereotipos de género

A lo largo de su sentencia, la Corte hace varias precisiones sobre los estereotipos de género,

que van desde definirla hasta explicar cómo éstos influyen negativamente en la investigación de los

homicidios de mujeres. En este sentido, la Corte sostuvo que:

· el estereotipo de género es una “pre-concepción de atributos o características poseídas o papeles

que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente” (párr. 401);

· puede asociarse la subordinación de la mujer a prácticas basadas en estereotipos de género que

dominan y persisten en la sociedad, situación que se agrava cuando los estereotipos se reflejan –ya

sea de manera implícita o explícita- en políticas y prácticas, en particular aquellas desplegadas por

parte de la policía judicial “como ocurrió en el presente caso” (párr. 401); y por lo tanto,

· “la creación y uso de estereotipos se convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia

de género en contra de la mujer.” (párr. 401);

· los comentarios de los funcionarios de que “las víctimas se habrían ido con su novio o que tendrían

una vida reprochable y la utilización de preguntas en torno a la preferencia sexual de las víctimas”

constituyen estereotipos (párr. 208); y

· el hecho de que algunas autoridades hubieran afirmado que las víctimas eran “voladas” o que se

habían ido con sus novios aunado a la inacción estatal en la primera etapa de la investigación

permite concluir que dicha indiferencia “por sus consecuencias respecto a la impunidad del caso,

reproduce la violencia que se pretende atacar, sin perjuicio de que constituye en sí misma una

discriminación en el acceso a la justicia” (párr. 400).


VII. Derechos a la vida, integridad personal y libertad personal de las víctimas y derecho al

acceso a la justicia de las y los familiares de las víctimas7

1. Obligación de respeto

Siendo que la obligación de respeto de los derechos y libertades reconocidos en la

Convención Americana implica la restricción al ejercicio del poder estatal, y que no había prueba de

la participación directa de agentes estatales en la comisión de los crímenes, la Corte indicó que no

podía atribuir responsabilidad internacional al Estado por la violación del deber de respeto de los

derechos a la vida, integridad personal y libertad personal de las tres víctimas (párr. 242).



2. Obligación de garantía

2.1. Deber de prevenir

A los efectos de analizar si el Estado había cumplido con el deber de prevenir que las

víctimas hubieran sido secuestradas, afectadas en su integridad personal y privadas de sus vidas, la

Corte, haciendo un desarrollo de su jurisprudencia en relación con el deber de prevención, citando a

la CIDH en su informe adoptado en el conocido caso de Maria da Penha, entre otros informes, y

tomando en cuenta la obligación que se desprende del artículo 7.b de la Convención de Belém do

Pará de aplicar la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia (párrs. 252-

257), indicó que los Estados deben adoptar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia

en casos de violencia contra las mujeres. Estas medidas incluyen (i) contar con un adecuado marco

jurídico de protección, incluyendo políticas de prevención y prácticas para actuar eficazmente ante

las denuncias; y (ii) adoptar una estrategia de prevención integral, que permita prevenir los factores

de riesgo y fortalecer las instituciones para dar una respuesta efectiva a los casos de violencia contra la mujer (párr. 258). En este sentido, la Corte afirmó que en caso de violencia contra la mujer, la

obligación de los Estados se encuentra reforzada por la Convención de Belém do Pará (párr. 258).

La Corte observó que “informes nacionales e internacionales coinciden en que la prevención

de los casos de homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, así como la respuesta frente a ellos, ha

sido ineficaz e insuficiente” (párr. 273). Al respecto, la Corte afirmó que a pesar que el Estado “tenía

pleno conocimiento” del riesgo que corrían las mujeres, “no demostró haber adoptado medidas

efectivas de prevención antes de noviembre de 2001 que redujeran los factores de riesgo para las

mujeres”; siendo que la creación de la Fiscalía Especial para la Investigación de Homicidios de

Mujeres en Ciudad Juárez de la Procuraduría de Justicia de Chihuahua y la adopción de nueva

legislación no eran medidas suficientes y efectivas para cumplir con tal propósito (párr. 279).

Sin embargo, conforme con su jurisprudencia, la Corte indicó que un Estado no puede ser

responsable por cualquier violación de derechos humanos cometida entre particulares. Es por ello,

que la Corte, para analizar el deber de prevención, diferenció entre dos momentos: (1) antes de la

desaparición de las víctimas y (2) antes de la localización de sus cuerpos sin vida (párrs. 280-281).

En relación con el primer momento, la Corte indicó que si bien el Estado tenía conocimiento

de una situación de riesgo para las mujeres en Ciudad Juárez no había sido establecido que tenía

conocimiento de un riesgo real e inmediato para las tres víctimas del caso concreto. Sin perjuicio de

ello, la Corte afirmó que “no puede sino hacer presente que la ausencia de una política general que

se hubiera iniciado por lo menos en 1998 –cuando la CNDH advirtió del patrón de violencia contra la

mujer en Ciudad Juárez-, es una falta del Estado en el cumplimiento general de su obligación de

prevención” (párr. 282).

Respecto del segundo momento, la Corte hizo las siguientes precisiones:

· El Estado tenía conocimiento de que existía un riesgo real e inmediato de que las víctimas fueran

agredidas sexualmente y asesinadas;

· la debida diligencia frente a las denuncias de la desaparición de las tres víctimas se convierte en

una obligación de carácter estricto, que aunque obligación “de medio”, al ser más estricta “exige la

realización exhaustiva de actividades de búsqueda”, que incluyan al menos (i) la actuación pronta e

inmediata de las autoridades desde las primeras horas de presentada la denuncia; (ii) la adopción de

medidas oportunas y necesarias para determinar su paradero; (iii) la existencia de procedimientos

adecuados para las denuncias; y (iv) la aplicación de la presunción por parte de las autoridades de

que la persona desaparecida se encuentra privada de libertad y sigue con vida hasta que se

esclarezca su situación (párr. 283);

· el Estado no demostró haber adoptado las medidas razonables o haber actuado con la debida

diligencia de acuerdo con las circunstancias del caso, para encontrar a las víctimas con vida, ya que

dejó “perder horas valiosas” al no haber actuado inmediatamente; y tomando en consideración las

actitudes y las declaraciones de los funcionarios que daban a entender que las denuncias no debían

ser tratadas con urgencia e inmediatez (párr. 284);

· el incumplimiento del deber de garantía en este caso es particularmente serio debido al contexto

de particular vulnerabilidad para las mujeres -conocido por el Estado- y a las obligaciones reforzadas

impuestas en casos de violencia contra la mujer por el artículo 7.b de la Convención de Belém do

Pará (párr. 284);

· el Estado no demostró haber adoptado normas o medidas necesarias (de acuerdo con el artículo

2 de la Convención Americana y al artículo 7.c de la Convención de Belém do Pará), que permitieran

a las autoridades ofrecer una respuesta inmediata y eficaz ante las denuncias y prevenir la violencia

contra la mujer (párr. 285); y

· el Estado no demostró haber adoptado normas o medidas para que las y los funcionarios

responsables de recibir las denuncias tuvieran “la capacidad y la sensibilidad para entender la

gravedad del fenómeno de la violencia contra la mujer y la voluntad para actuar de inmediato” (párr.

285).


2.2 Deber de investigar

La Corte acudió nuevamente a su jurisprudencia que desarrolla la teoría de la “obligación

procesal” de proteger de manera efectiva el derecho a la vida, según la cual el Estado debe realizar

una investigación adecuada cuando se está ante violaciones de dicho derecho. Adicionalmente, la

Corte indicó que el deber de investigar efectivamente “tiene alcances adicionales cuando se trata de

una mujer que sufre una muerte, maltrato o afectación a su libertad personal en el marco de un

contexto general de violencia contra las mujeres” (párrs. 292-293). Para ello, la Corte acudió a la

jurisprudencia de la Corte Europea que releva la especial importancia de llevar a cabo una

investigación imparcial cuando se trata de un ataque “motivado por razones de raza”, en virtud de

sus implicaciones en cuanto al mensaje social de condenar el racismo y mantener la confianza de las

minorías en la habilidad del Estado de protegerlas de la amenaza de la violencia racial. Al respecto,

la Corte indicó que dicho criterio “es totalmente aplicable al analizarse los alcances del deber de

debida diligencia en la investigación de casos de violencia por razón de género” (párr. 293).

Luego de haber examinado las acciones estatales tras el hallazgo de los cuerpos sin vida de

las tres víctimas, y tomando en cuenta el reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado,

la Corte determinó que “se presentaron irregularidades relacionadas con: i) [la] falta de información

en el reporte sobre el hallazgo de los cadáveres, ii) [la] inadecuada preservación de la escena del

crimen, iii) [la] falta de rigor en la recolección de evidencias y en la cadena de custodia, iv) [las]

contradicciones e insuficiencias de las autopsias, y v) [las] irregularidades e insuficiencias en la

identificación de los cuerpos, así como en la entrega irregular de los mismos” (párr. 333).

La Corte también se pronunció sobre el alegato de que en el proceso de investigación de los

crímenes, se habían fabricado culpables (los señores García y González), a quienes se les habría

detenido de manera arbitraria y se les habría torturado para obtener confesiones. Al respecto, la

Corte indicó que si bien no eran víctimas para los efectos del caso, la información respecto a las

irregularidades en la investigación que evidenciaban estos hechos era fundamental para valorar el

acceso a la justicia de las y los familiares de las tres víctimas (párr. 343). En este sentido, la Corte

indicó que aceptaba el reconocimiento de responsabilidad estatal en el sentido de que la

investigación contra los señores García y González significó que no se continuaran agotando otras

líneas de investigación, y que la investigación se tuviera que reiniciar cuatro años después de

ocurridos los hechos. Todo lo cual, en términos de la Corte “generó un impacto grave en la eficacia

de la [investigación], más aún por el tipo de crimen cometido, donde la valoración de evidencias se

hace aún más difícil con el transcurso del tiempo” (párr. 346).

En relación con la alegada demora injustificada en la investigación, la Corte indicó que las

falencias a nivel de investigación que se dieron en la primera etapa (las cuales han sido aceptadas

por el Estado), “difícilmente podrían ser subsanadas por las tardías e insuficientes diligencias

probatorias que el Estado ha desarrolllado a partir del año 2006. Prueba de ello son los ocho años

que han trascurrido desde que sucedieron los hechos sin que la investigación pase de su fase

preliminar” (párr. 352).

Por otro lado, la Corte observó que el Ministerio Público no tomó decisiones que relacionaran

la investigación con los patrones de desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez. Así, la Corte

afirmó que era inadmisible que no existiera por parte del Estado una mínima valoración judicial de los

efectos del contexto generalizado de violencia de género en la zona (párrs. 369-370). Al respecto, la

Corte acudió a su jurisprudencia en el Caso de la Masacre de la Rochela para indicar que la falta de

consideración de patrones sistemáticos en los que se enmarcan ciertas violaciones a los derechos

humanos puede generar ineficacia en las investigaciones de éstos (párr. 366).

En relación con la alegada falta de investigación y sanción de las y los funcionarios públicos

involucrados en las irregularidades del caso, la Corte concluyó que no se había investigado a

“ninguno de los funcionarios supuestamente responsables por las negligencias” en el caso, en

particular durante la primera etapa de la investigación (párr 378). Al respecto, la Corte resaltó la

importancia de las sanciones a funcionarios/as para combatir la impunidad y evitar que los factores

que inciden en el contexto de violencia contra la mujer persistan o se agraven (párr. 377).

En conclusión, la Corte indica que en relación con el deber de investigar acepta el

reconocimiento de responsabilidad estatal por las irregularidades cometidas durante la primera etapa

de las investigaciones. Sin embargo afirma que en la segunda etapa no se han subsanado

totalmente las falencias, lo cual vulnera el derecho de acceso a la justicia, a una protección judicial

eficaz y el derecho de las y los familiares y de la sociedad de conocer la verdad de lo ocurrido.

Asimismo, la Corte sostuvo que el Estado no demostró haber adoptado normas o implementado las

medidas necesarias, conforme al artículo 2 de la Convención Americana y al artículo 7.c de la

Convención de Belém do Pará, que permitieran a las autoridades llevar a cabo una investigación con

debida diligencia (párr. 388).

En virtud de lo anterior, la Corte indicó que el Estado incumplió su deber de investigar –a

través de una investigación seria y adecuada-, y con ello su deber de garantizar los derechos a la

vida, integridad personal y libertad personal de las tres víctimas en relación con los artículos 1.1 y 2

de la misma y con el artículo 7.b y 7.c de la Convención Belém do Pará. Por las mismas razones, la

Corte concluyó que el Estado violó los derechos de acceso a la justicia y protección judicial en

relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma y 7.b y 7.c de la Convención de Belém do Para, en

perjuicio de las y los familiares de las tres víctimas (párr. 389).
2.3 Deber de no discriminar

Luego de analizar los estereotipos de género y cómo estos influenciaron en la impunidad de

los crímenes (tal y como se indicó supra), la Corte concluyó que en el caso en concreto la violencia

contra la mujer constituyó una forma de discriminación, razón por la cual, el Estado violó el deber de

no discriminación contenido en el artículo 1.1 de la Convención Americana, en relación con el deber

de garantía del derecho a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal en perjuicio de las

tres víctimas; y en relación con el acceso a la justicia en perjuicio de las y los familiares de las

víctimas (párr. 402).


VIII. Derecho de las niñas

Considerando que dos de las tres víctimas eran menores de 18 años al momento de los hechos,

y la jurisprudencia constante de la Corte en el sentido de señalar que los Estados tienen un deber

reforzado de protección cuando las víctimas son niños/as, la Corte sostuvo que en el presente caso el

Estado tenía la obligación de adoptar todas las medidas positivas que fueran necesarias para garantizar

los derechos de las niñas desaparecidas (párr. 409). En el caso concreto, la Corte indicó que a pesar de

la legislación y políticas estatales específicas que habían sido adoptadas por el Estado para la protección

de la niñez, éstas no se habían traducido en medidas efectivas para iniciar una pronta búsqueda, e

investigar, procesar y sancionar a las personas responsables de una manera eficaz y expedita (párr.

410). En este sentido, la Corte determinó que el Estado había violado el derecho contemplado en el

artículo 19 de la Convención Americana en relación con las obligaciones contenidas en los artículos 1.1 y

2 de dicho tratado, en perjuicio de Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez (párr.

411).
IX. Derecho a la integridad personal de las y los familiares de las tres víctimas

La Corte determinó que el trato dado por las autoridades a las y los familiares de las víctimas

constituía un trato degradante por el sufrimiento y la angustia causada, lo cual contraría lo establecido en

el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana en relación con la obligación general de respeto y

garantía de los derechos establecida en el artículo 1.1 de dicho tratado, en particular por (i) la irregular y

deficiente actuación de las autoridades en buscar a las víctimas; (ii) la mala diligencia en la

determinación de la identidad de los restos, y de las circunstancias y causas de las muertes; (iii) el

retraso en la entrega de los cuerpos; (iv) la ausencia de información sobre el desarrollo de las

investigaciones; y (v) el trato dado a las y los familiares durante todo el proceso de búsqueda de verdad.

(párrs. 424-440).


X. Derecho a la dignidad y la honra

En relación con el alegato de las y los representantes relacionadas con la violación del derecho a

la dignidad y la honra en perjuicio de las víctimas y sus madres, la Corte indicó que el trato que las

madres recibieron como consecuencia de la búsqueda de sus hijas y el reclamo de justicia fueron

analizadas en el marco del derecho la integridad personal, razón por la cual declaró improcedente la

violación del artículo 11 de la Convención (párr. 445).



XI. Puntos Resolutivos de la Sentencia (párr. 602)

En conclusión, en relación con la determinación de responsabilidad internacional del



Estado por violaciones a los derechos humanos de las tres víctimas y sus familiares, la Corte declaró

que:


· El Estado no es responsable por violaciones al derecho a la vida, a la integridad personal, a la

libertad personal en relación con su obligación de respeto contenida en el artículo 1.1 de la

Convención Americana.

· El Estado es responsable por violaciones al derecho a la vida, a la integridad personal (de

conformidad con lo establecido en el artículo 5.1 y 5.2) y a la libertad personal, en relación con la

obligación de garantía contenida en el artículo 1.1 de la Convención Americana y la obligación de

adoptar disposiciones de derecho interno establecida en el artículo 2 de dicho tratado. Asimismo, el

Estado incumplió con las obligaciones contempladas en el artículo 7.b y 7.c de la Convención de

Belém do Pará, en perjuicio de las víctimas.

· El Estado incumplió con su deber de investigar -y con ello su deber de garantizar- los derechos a la

vida, integridad personal (de conformidad con lo establecido en el artículo 5.1 y 5.2) y libertad

personal, en relación con las obligaciones generales de garantía establecidas en los artículos 1.1 y 2

de la Convención Americana y con el artículo 7.b y 7.c de la Convención Belém do Pará, en perjuicio

de las víctimas. En igual sentido -continúa indicando la Corte- el Estado violó los derechos de acceso

a la justicia y protección judicial, en relación con las obligaciones generales de garantía establecidas

en los artículo 1.1 y 2 de la Convención Americana y con el artículo 7.b y 7.c de la Convención

Belém do Pará, en perjuicio de las y los familiares de las víctimas.

· El Estado violó el deber de no discriminación contenido en el artículo 1.1 de la Convención

Americana, en relación con el deber de garantía de los derechos a la vida, integridad personal (de

conformidad con lo establecido en el artículo 5.1 y 5.2) y libertad personal, en perjuicio de las

víctimas; así como en relación con el acceso a la justicia y protección judicial, en perjuicio de los y

las familiares de las víctimas.

· El Estado violó los derechos de la niñez, en relación con las obligaciones contenidas en los 1.1 y 2

de la Convención Americana, en perjuicio de las niñas Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice

Ramos Monárrez.

· El Estado violó el derecho a la integridad personal, consagrado en el artículo 5.1 y 5.2 de la

Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, por los sufrimientos causados a

las y los familiares de las víctimas.

· El Estado violó el derecho a la integridad personal, consagrado en el artículo 5.1 y 5.2 de la

Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, por los actos de hostigamiento

que sufrieron varios/as de las y los familiares de las víctimas (véanse los párrs. 425 a 440).

· El Estado no violó el derecho a la protección de la honra y de la dignidad, el cual había sido alegado

por las y los representantes de las víctimas.

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