Corte interamericana de derechos humanos



Descargar 1.16 Mb.
Página17/29
Fecha de conversión26.03.2018
Tamaño1.16 Mb.
Vistas476
Descargas0
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   29

5. Rehabilitación


  1. La Comisión manifestó que “México debe adoptar medidas de rehabilitación para los familiares de las víctimas”, las cuales deben incluir “medidas de rehabilitación psicológica y médica.”

  2. Los representantes solicitaron “que el Estado [m]exicano brinde la asistencia médica y psicológica desde dos instituciones de carácter federal para garantizar un servicio de calidad o […] que garantice la remuneración de los especialistas que atiendan a las familias hasta que […] se concluya con los […] tratamientos”. Lo anterior debido a que “las violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de [las tres víctimas] han tenido repercusiones de fuerte impacto en sus […] madres [,] al haber sufrido ellas […] otras violaciones a los derechos fundamentales”. Además, afirmaron que “las familias de la víctimas” han padecido “problemas físicos y psicológicos”.

  3. El Estado afirmó que brindó atención médica y psicológica a los familiares de las víctimas a través de “[l]a Dirección de Atención a Víctimas del Delito, dependiente de la PGJCH”, del “Instituto Chihuahuense de la Mujer”, de “[l]a Secretaría de Fomento Social del Estado de Chihuahua […]” y del “Centro de prevención y atención a mujeres y familias en situación de violencia”.

  4. La Corte observa que el Estado presentó diversas listas elaboradas por organismos estatales523 referentes a la supuesta atención médica y psicológica proporcionada a los familiares de las víctimas. También observa que la testigo Camberos Revilla afirmó que las tres madres recibieron tratamiento médico y que el Estado ofreció tratamiento psicológico a las señoras González y Monreal, aunque esta última se rehusó a recibirlo524. La testigo Galindo afirmó que la Secretaría de Fomento Social del estado de Chihuahua apoyó con medicinas y servicio médico a los familiares de las jóvenes Ramos y González525. Conforme a la declaración de la testigo Castro Romero, la señora González y la señora Monreal participaron en terapias grupales denominadas “Del Dolor a la Esperanza”526. También consta que en la audiencia pública la señora González afirmó que el Estado le proporcionó asistencia médica527.

  5. Si bien este Tribunal valora la asistencia médica y psicológica que el Estado ha brindado a algunas de las víctimas, el Estado no demostró que cada uno de los familiares hubiesen recibido o sigan recibiendo algún tratamiento psicológico, psiquiátrico o médico, y no acreditó la calidad de las terapias o las consultas y el progreso obtenido por los pacientes a la fecha.

  6. Por lo tanto, la Corte, como medida de rehabilitación, ordena al Estado que brinde atención médica, psicológica o psiquiátrica gratuita, de forma inmediata, adecuada y efectiva, a través de instituciones estatales de salud especializadas, a todos los familiares considerados víctimas por este Tribunal en el caso sub judice, si éstos así lo desean. El Estado deberá asegurar que los profesionales de las instituciones de salud especializadas que sean asignados para el tratamiento de las víctimas valoren debidamente las condiciones psicológicas y físicas de cada víctima y tengan la experiencia y formación suficiente para tratar tanto los problemas de salud físicos que padezcan los familiares como los traumas psicológicos ocasionados como resultado de la violencia de género, la falta de respuesta estatal y la impunidad. Asimismo, el tratamiento debe prestarse por el tiempo que sea necesario e incluir el suministro de todos los medicamentos que eventualmente requieran528.


6. Indemnizaciones


  1. El Estado informó que como resultado del reconocimiento de violaciones parciales al derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares, ha otorgado, a través de sus autoridades locales y federales, una serie de apoyos para reparar dichas violaciones529. Asimismo, el Estado solicitó a la Corte que “analice los datos que se exponen sobre los apoyos materiales otorgados a los familiares de [las tres víctimas] a fin de determinar que se ha cumplido con la obligación internacional de indemnizar a las víctimas por el reconocimiento de responsabilidad en la violación parcial de los derechos […] mencionados”.

  2. Los representantes señalaron que “el único apoyo extraordinario entregado a las familias de las víctimas […] es el denominado ‘Fondo de Auxilio Económico a Familiares de las Víctimas de Homicidio de Mujeres’, creado en el 2005 ex profeso para indemnizar a las familias víctimas del feminicidio de Ciudad Juárez”, y que “dichas cantidades son las que reconocen las familias de las víctimas como indemnización o pago extraordinario por concepto de reparación de daño material, sin que hayan estado [de] acuerdo en los requisitos, procedimientos y condiciones para su entrega, pues se les pedía antes de la entrega que ‘aceptaran’ los restos de sus hijas y [que] ‘desistieran’ de buscar confronta genética que demostrara claramente su correspondencia filial”.

  3. Los representantes reconocieron la entrega por parte del Estado de los siguientes recursos provenientes del Fondo de Auxilio Económico a Familiares de las Víctimas de Homicidio de Mujeres (en adelante “el Fondo de Apoyos”), a las siguientes personas:

    Familiar

    Monto

    Esmeralda Herrera Monreal

    Irma Monreal Jaime

    $136,656.00 pesos

    Benigno Herrera Monreal

    $34,164.00 pesos

    Adrián Herrera Monreal

    $34,164.00 pesos

    Juan Antonio Herrera Monreal

    $34,164.00 pesos

    Cecilia Herrera Monreal

    $34,164.00 pesos

    Claudia Ivette González

    Irma Josefina González Rodríguez

    $273,312.00 pesos

    Laura Berenice Ramos Monárrez

    Benita Monárrez Salgado

    $136,656.00 pesos

    Daniel Ramos Canales530

    $136,656.00 pesos

  4. Los representantes también indicaron de forma general que los apoyos otorgados por el Estado “incluye[n] apoyos en especie y apoyos de carácter social que han sido otorgados algunos a petición expresa de los familiares de las víctimas y otros que forman parte de programas de apoyo social que actualmente presta el Gobierno del Estado de Chihuahua y el Gobierno Federa[l] a favor de las víctimas de violencia contra las mujeres y feminicidio de Ciudad Juárez”. Asimismo, afirmaron que incluyen “otros programas sociales que están a disposición y para el beneficio de la sociedad en general pretendiendo acreditar que todos ellos forman parte de una reparación material integral otorgada a las víctimas”. Finalmente, señalaron que “algunos apoyos fueron destinados a las familias como parte de un financiamiento para proyectos productivos con participación de los gobiernos estatal y federal […] sin mencionar que esos apoyos forman parte de una política pública del Gobierno Federal de apoyo a personas que deseen emprender un negocio y que se encuentran en una situación económica desfavorable”.

  5. La Corte observa que entre los apoyos probados que el Estado otorgó a las víctimas se encuentran: i) los recursos del Fondo de Apoyos que representan el 50% o más, dependiendo del caso, del valor total de los apoyos que alega el Estado haber otorgado a los familiares de las víctimas531; ii) apoyos para vivienda con recursos provenientes del Instituto de la Vivienda del estado de Chihuahua (IVI) para la señora González y el señor Adrián Herrera Monreal, que según el Estado ascienden a la cantidad de de $114.200,00 (ciento catorce mil doscientos pesos mexicanos), respectivamente532, y apoyo consistente en un contrato de compraventa celebrado con el IVI por el que la señora Monárrez adquirió el inmueble por la cantidad de un $1,00 (un peso mexicano)533; iii) apoyos para proyectos productivos provenientes de un programa coordinado por el Gobierno federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) por la cantidad de $ 60.000,00 (sesenta mil pesos mexicanos) y de $83.000,00 (ochenta y tres mil pesos mexicanos) entregados a la señora Monárrez y a la señora Monreal, respectivamente534, y iv) diversos apoyos consistentes en despensas, otros donativos en especie y dinero en efectivo535.

  6. La Corte observa que diversos apoyos otorgados por el Instituto Chihuahuense de la Mujer no se encuentran probados. Si bien el Estado los relacionó y existen diversos testimonios de autoridades de haber sido otorgados, dentro del acervo probatorio no existen comprobantes que permitan a este Tribunal corroborar que fueron recibidos por los familiares de las víctimas536.

  7. En el año de 2004, la PGR celebró un contrato de mandato con una institución de crédito para administrar el Fondo de Auxilio Económico a los Familiares de las Víctimas de Homicidio de Mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua (en adelante “el Fondo de Apoyos”). En su primera sesión ordinaria del 29 de junio de 2005, el Consejo Asesor emitió los “Lineamientos generales a los que habrá de sujetarse la administración, aplicación y entrega de los recursos que, en vía de auxilio económico, se otorgarán a familiares de las víctimas de homicidio de mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua”537.

  8. La Corte observa que conforme los lineamientos del Fondo de Apoyos, “el auxilio económico que se otorgará a los familiares de las víctimas con cargo al Fondo, en términos de la legislación aplicable, no constituye indemnización o reparación del daño”538. Asimismo, esta Corte observa que el día 11 de noviembre de 2005 el mandatario del referido fondo entregó un cheque a las personas referidas, haciéndoles declarar lo siguiente:

agrega, bajo protesta de decir verdad, haber recibido los restos de su hija quien en vida se llamara [nombre de cada una de las tres víctimas], por lo que no solicitará ante las autoridades competentes ningún estudio de ADN o diligencia diversa al respecto, toda vez que los restos humanos que se les entregaron en su oportunidad corresponden indubitablemente a los de la hija539.

  1. El Tribunal sostiene que de ninguna manera podría considerar estos recursos como una forma de reparación por daño material a las víctimas, ya que el propio Estado reconoció que los mismos no pueden ser considerados como una forma de reparación y porque fueron otorgados bajo la condición de que los familiares desconocieran su derecho de acceso a la justicia y conocimiento de la verdad. En virtud del principio nemo auditur propriam turpitudinem allegans (nadie puede alegar a su favor su propia torpeza o dolo), el cual ha sido recogido por el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y la jurisprudencia de la Corte540, el Estado no puede invocar en su beneficio un convenio celebrado con las víctimas que incumple con la Convención para justificar que las ha reparado.

  2. En cuanto a los apoyos para vivienda con recursos provenientes del IVI, consistentes en dos “pies de casa” y a los apoyos para proyectos productivos provenientes de un programa coordinado por el Gobierno federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), la Corte se remite a lo expuesto en el párrafo 529 y, consiguientemente, no las considera parte de la indemnización debida a las víctimas541.

  3. Finalmente, en lo referente al apoyo consistente en un contrato de compraventa celebrado con el IVI por el que la señora Monárrez adquirió el inmueble referido en el párr. 554, así como a diversos apoyos consistentes en despensas, otros donativos en especie y dinero en efectivo, la Corte los tomará en cuenta para efectos del cálculo de las indemnizaciones.


6.1. Daño material



6.1.1. Daño emergente

  1. Los representantes señalaron que, “con motivo de las desapariciones y posteriores muertes de Esmeralda, Claudia Ivette y Laura Berenice, las respectivas familias de cada una de ellas tuvieron que hacer una serie de gastos extraordinarios, […] recalcando que éstos no se limitaron solamente a los gastos funerarios y de inhumación de los cuerpos”. Indicaron que, “desde el momento de las desapariciones de cada una de las víctimas las familias tuvieron que realizar diversos gastos, consistentes en impresi[ones] y copias de volantes […] para publicitar su desaparición”, de igual manera tuvieron que sufragar los “viáticos extraordinarios de varios miembros de las familias […], para ayudar en su localización” y hacer “pagos extraordinarios de teléfono y otros diversos erogados durante las semanas en que estuvieron desaparecidas”. Señalaron que a pesar de que no cuentan con los comprobantes respectivos de los gastos, consideran pertinente que la Corte otorgue una indemnización general por cada semana de desaparición hasta el momento de la localización de los cuerpos de US$ 150,00 (ciento cincuenta dólares de los Estados Unidos de América) distribuidos de la siguiente manera: i) a la joven Herrera, US$ 150,00 (ciento cincuenta dólares de los Estados Unidos de América); ii) a la joven González, US$ 600,00 (seiscientos dólares de los Estados Unidos de América), y iii) a la joven Ramos, US$ 1.050,00 (mil cincuenta dólares de los Estados Unidos de América).

  2. Los representantes reconocieron que el Estado otorgó un apoyo extraordinario por concepto de pago de servicios funerarios en el año 2004 y 2006 para cubrir “una parte de los gastos erogados a la señora Monreal y a la señora González en el año 2001”, estimados en $ 2.600,00 (dos mil seiscientos pesos mexicanos) y $ 6.500,00 (seis mil quinientos pesos mexicanos), respectivamente. Respecto a la señora Monárrez, señalaron que “no hay constancia de que [el] apoyo extraordinario haya sido entregado”.

  3. Sin exhibir comprobantes de los gastos funerarios, los representantes solicitaron fijar por concepto de daño emergente derivado de los gastos funerarios de las familias de las víctimas las sumas de: i) US$ 1.000,00 (mil dólares de los Estados Unidos de America) para la señora Monreal, y compensar los gastos que no fueron debidamente cubiertos por el Estado en el año 2006; ii) US$ 1.000,00 (mil dólares de los Estados Unidos de America) para la señora González, y compensar los gastos que no fueron cubiertos por el Estado en el año 2004, y iii) US$ 1.300,00 (mil trescientos dólares de los Estados Unidos de América) para la señora Monárrez, y compensar los gastos realizados y que no fueron compensados en ningún momento por el Estado.

  4. El Estado presentó una propuesta de reparación frente a cada una de las víctimas y respecto al daño emergente estableció que los gastos erogados por los familiares de las víctimas, como consecuencia de su muerte, se podrían englobar en $ 10.000,00 (diez mil pesos mexicanos) para cada víctima, teniendo en cuenta lo que el concepto “gastos funerarios” equivaldría en Ciudad Juárez. Asimismo, anunció que la Procuraduría General de Justicia del estado de Chihuahua entregó a los familiares de la joven Herrera por el concepto de pago de servicios funerarios en 2006 un total de $ 3.300,00 (tres mil trescientos pesos mexicanos)542, y anteriormente el Instituto Chihuahuense de la Mujer otorgó en el 2004 a la señora Monreal y sus familiares un total de $ 6.500,00 (seis mil quinientos pesos mexicanos) por concepto de apoyo para gastos funerarios543.

  5. Ante la falta de presentación de comprobantes que prueben que los gastos funerarios ascendieron a las cantidades solicitadas por los representantes y teniendo en cuenta que: i) los representantes reconocieron que la señora Monreal y la señora González recibieron $ 2,600.00 (dos mil seiscientos pesos mexicanos) y $ 6,500.00 (seis mil quinientos pesos mexicanos), respectivamente; ii) la falta de prueba del Estado de haber otorgado apoyo alguno por concepto de gastos funerarios a la señora Monárrez, y iii) el reconocimiento del Estado de que en Ciudad Juárez los gastos funerarios equivalen a $10.000,00 (diez mil pesos mexicanos), este Tribunal considera, en equidad, que le sean entregados a la señora Monreal US$ 550,00 (quinientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América), a la señora González US$ 250,00 (doscientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América) y a la señora Monárrez US$ 750,00 (setecientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América) por concepto de gastos funerarios.

  6. Respecto a los gastos extraordinarios, dado que: i) los representantes no señalaron por qué el Tribunal debía ordenar al Estado indemnizar los gastos extraordinarios, diferentes a los funerarios, en que incurrieron los familiares de las víctimas, tomando como base para el cálculo la cantidad de US $150,00 (ciento cincuenta dólares de los Estados Unidos de América) por cada semana de desaparición hasta la fecha de localización de los cuerpos; ii) en la audiencia dos de las madres reconocieron de forma general haber realizado gastos diferentes a los funerarios544, y iii) el Estado no controvirtió esta solicitud de gastos concretamente, sino que se limitó a proponer sólo una indemnización por el concepto de “gastos funerarios”; la Corte decide otorgar, en equidad, por concepto de gastos de búsqueda: i) US $150,00 (ciento cincuenta dólares de los Estados Unidos de América) a la señora Monreal; ii) US $600,00 (seiscientos dólares de los Estados Unidos de América) a la señora González; y, iii) $1.050,00 (mil cincuenta dólares de los Estados Unidos de América) a la señora Monárrez.

  7. Las indemnizaciones fijadas en el párrafo anterior serán entregadas directamente a sus destinatarias.


6.1.2. Lucro cesante o pérdida de ingresos

  1. Los representantes alegaron que un cálculo “más exacto” del lucro cesante exige tener en cuenta cierto tipo de “incremento[s] anual[es]” respecto al “salario diario” y al “salario actualizado” que percibían las víctimas. Asimismo, aludieron a conceptos tales como “factor de integración” y “salario progresivo de los años subsecuentes”. Indicaron que se deberían integrar todos los “factores” que la Corte ha desarrollado en su jurisprudencia y que están relacionados con la “ponderación de la edad al momento de la muerte, los años faltantes para completar la expectativa de vida promedio del país en cuestión” y un “estimado” de los salarios que se pagan por el “tipo de labor realizada por las víctimas”, así como su “preparación y oportunidades profesionales”. Señalaron que no se debería descontar “el 25% por gastos personales que pudiera[n] haber erogado la[s] víctima[s]”, en virtud de que en el caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala, “el Tribunal no descontó esa cantidad”. Finalmente, desarrollaron una fórmula para calcular el lucro cesante mediante la cual calcularon las cantidades debidas a cada víctima por dicho concepto545.

  2. Los representantes argumentaron que la joven Herrera, trabajaba en una “casa como empleada”, percibía un salario mensual de $ 3.000,00 (tres mil pesos mexicanos) y que al momento de su muerte contaba con 15 años de edad. Calcularon, conforme a su fórmula, que el monto total dejado de percibir por la joven Herrera ascendía a $ 15.520.085,59 (quince millones quinientos veinte mil ochenta y cinco pesos mexicanos con 59/100), que equivaldrían, según su criterio, a US$ 958.029,97 (novecientos cincuenta y ocho mil veintinueve dólares de los Estados Unidos de América con 97/100), tomando como referencia el tipo de cambio del 20 de febrero de 2008.

  3. En relación a la joven González, los representantes alegaron que trabajaba en una “maquiladora” y que al momento de su muerte tenía 20 años de edad y ganaba un salario mensual de $ 2.000,00 (dos mil pesos mexicanos). Conforme a su fórmula, señalaron que el monto dejado de percibir ascendía a $ 7.593.561,83 (siete millones quinientos noventa y tres mil quinientos sesenta y un pesos mexicanos con 83/100) equivalentes a US$ 703.107,57 (setecientos tres mil ciento siete dólares de los Estados Unidos de América con 57/100).

  4. Respecto a la joven Ramos, los representantes señalaron que al momento de su desaparición contaba con 17 años de edad, trabajaba en un restaurante como cajera, y percibía un salario mensual de $ 4.600,00 (cuatro mil seiscientos pesos mexicanos). Conforme a su fórmula, señalaron que el monto que dejó de percibir esta víctima ascendía a $ 20.400.026,75 (veinte millones cuatrocientos mil veintiséis pesos mexicanos con 75/100), equivalentes a US $ 1.888.891,36 (un millón ochocientos ochenta y ocho mil ochocientos noventa y un dólares de los Estados Unidos de América con 36/100).

  5. Los representantes informaron en sus alegatos finales que el total dejado de percibir por la joven Herrera en su equivalente en dólares americanos al tipo de cambio del 12 de junio de 2009 es de US$ 772.143,56 (setecientos setenta y dos mil ciento cuarenta y tres dólares de los Estados Unidos de América con 56/100), y el de las jóvenes González y Ramos US$ 566,683.71 (quinientos sesenta y seis mil seiscientos ochenta y tres dólares de los Estados Unidos de América con 71/100) y US$ 1.522.390,00 (un millón quinientos veintidós mil trescientos noventa dólares de los Estados Unidos de América), respectivamente.

  6. Por su parte, el Estado informó que la joven Herrera se dedicaba a la “limpieza doméstica” y que en el Estado de Chihuahua el estándar de ingresos que se percibe por este tipo de servicios es de $ 31.200,00 (treinta y un mil doscientos pesos mexicanos) anuales, es decir, $ 2.600,00 (dos mil seiscientos pesos mexicanos) mensuales. El Estado refirió que la muerte de la joven Herrera ocurrió en noviembre de 2001, en cuya fecha el promedio de esperanza de vida en México para mujeres era de 76.7 años de acuerdo con el Instituto Nacional de Información Estadística y Geografía de México (INEGI)546 y que teniendo en cuenta que la víctima tenía 15 años de edad cuando ocurrió su muerte, el Estado consideró que lo que dejarían de percibir los familiares de la víctima como consecuencia de la muerte de la joven Herrera es de $ 1.903.200,00 (un millón novecientos tres mil doscientos pesos mexicanos).

  7. Respecto a la joven González el Estado alegó que se tiene conocimiento que laboraba en una “empresa maquiladora” y estableció que haciendo un estimado de lo que percibía en el momento de su muerte y de lo que actualmente percibiría por prestar este tipo de servicios laborales, su salario integral aproximado era de $ 31.200,00 (treinta y un mil doscientos pesos mexicanos) anuales. Teniendo en cuenta la esperanza de vida en México y considerando que la víctima tenía 20 años al momento de su muerte, el Estado indicó que lo que dejarían de percibir los familiares de la joven González asciende a $ 1.747.200,00 (un millón setecientos cuarenta y siete mil doscientos pesos mexicanos).

  8. En relación a la joven Ramos el Estado alegó que tenía conocimiento de que “no laboraba” antes de morir. Sin embargo, el Estado consideró en este caso la misma percepción anual que se ha considerado para las dos víctimas anteriores, esto es de $ 31.200,00 (treinta y un mil doscientos pesos mexicanos) anuales. El Estado, teniendo en cuenta la esperanza de vida y que la víctima tenía 17 años cuando ocurrió su muerte, consideró que lo que han dejado de percibir los familiares asciende a $ 1.840.800,00 (un millón ochocientos cuarenta mil ochocientos pesos mexicanos).

  9. La Corte observa que: i) tanto el promedio de esperanza de vida presentado por los representantes como el presentado por el Estado se refieren, en última instancia, a una misma fuente nacional, al haber obtenido los datos del INEGI y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo del Consejo Nacional de Población de México (CONAPO); ii) los promedios de esperanza de vida difieren en 1.2 años, siendo menor el propuesto por el Estado. Sin embargo, conforme a los indicadores básicos de la CONAPO, el promedio de esperanza de vida de mujeres en el estado de Chihuahua en el 2001 era de 76.97; iii) que las edades de las jóvenes Herrera, González y Ramos eran 15, 20 y 17 años de edad al momento de su desaparición, y iv) que tanto el salario mensual de cada una de las víctimas propuesto por los representantes como el salario mensual propuesto por el Estado no tienen sustento probatorio.

  10. En virtud de lo anterior, la Corte concluye que el ofrecimiento estatal realizado para compensar por el lucro cesante (supra párr. 573, 574 y 575) es adecuado. Por tanto, lo toma en cuenta y, en equidad, decide fijar las siguientes cantidades que el Estado deberá otorgar:

    Víctima

    Monto

    Esmeralda Herrera Monreal

    US $145.500,00

    Claudia Ivette González

    US $134.000,00

    Laura Berenice Ramos Monárrez

    US $140.500,00

  11. Dichas cantidades serán repartidas conforme al derecho sucesorio vigente en la actualidad en el estado de Chihuahua, México.


6.2. Daño inmaterial


  1. En su jurisprudencia, el Tribunal ha determinado diversas formas en que el daño inmaterial puede ser reparado547.


6.2.1. Daño moral

  1. Los representantes enunciaron en su escrito las afectaciones inmateriales sufridas por las familiares de las víctimas y cuantificaron el daño moral en las siguientes cantidades: i) US$ 120.000,00 (ciento veinte mil dólares de los Estados Unidos de América) para las madres de Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez; ii) US$ 150.000,00 (ciento cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América) para la madre de Claudia Ivette González; iii) US$ 50.000,00 (cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América) para cada uno de los hermanos de las víctimas, y iv) 25.000,00 (veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América) para cada uno del resto de familiares.

  2. El Estado ofreció otorgar como reparación compensatoria por los sufrimientos causados a los familiares de las tres víctimas, en virtud de las irregularidades cometidas por los funcionarios públicos que participaron durante las investigaciones de los tres casos hasta antes del 2004, la cantidad de US $10.000,00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América con 00/100) a cada familiar o su equivalente en pesos mexicanos.

  3. La jurisprudencia internacional ha establecido reiteradamente que una sentencia declaratoria de violación de derechos constituye per se una forma de reparación548. No obstante, la Corte estima pertinente determinar el pago de una compensación por concepto de daños inmateriales a favor de los familiares de las jóvenes Herrera, González y Ramos, considerados víctimas de la violación al artículo 5 de la Convención Americana, en conexión con el artículo 1.1 de la misma.

  4. La Corte concluyó que los familiares experimentaron y siguen experimentando afectaciones en su integridad psíquica y moral debido a tres causas: i) la privación de la libertad, vejámenes y muerte sufridos por las jóvenes Herrera, González y Ramos; ii) las irregularidades en la investigación de las autoridades y la impunidad; y iii) los hostigamientos sufridos por los familiares indicados en el párrafo 440 supra.

  5. Teniendo en cuenta lo anterior, así como lo expuesto en el párrafo 560 supra, y considerando que es razonable el ofrecimiento estatal de pagar US $10.000,00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América) a cada uno de los familiares de las víctimas, la Corte decide partir de esa cantidad y i) incluir a los familiares declarados víctimas en este caso que no estaban considerados en el ofrecimiento estatal; ii) incrementar tal cantidad en US$ 1.000,00 (mil dólares de los Estados Unidos de América) para cada uno de los familiares, como forma de reparación por el daño moral que produjeron las violaciones no reconocidas por el Estado; iii) incrementar la cantidad resultante en US$ 4.000,00 (cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor de las tres madres, puesto que en ellas recayó la búsqueda de justicia; iv) incrementar la cantidad resultante en US$ 1.000,00 (mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor de Adrián Herrera Monreal, Claudia Ivonne y Daniel Ramos Monárrez; Ramón Antonio Aragón Monárrez, y Claudia Dayana, Itzel Arely y Paola Alexandra Bermúdez Ramos por los actos de hostigamiento que padecieron, y iv) incrementar la cantidad resultante en US$ 3.000,00 (tres mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor de la señora Benita Ramos Salgado, por los actos de hostigamiento que padeció.

  6. Asimismo, aunque los representantes no lo hubieren solicitado, el Tribunal considera que es oportuno ordenar al Estado que indemnice a las jóvenes Herrera, Ramos y González por la falta de garantía de sus derechos a la vida, integridad personal y libertad personal. Para fijar la cantidad correspondiente, la Corte tiene en consideración su jurisprudencia en casos similares549; el contexto en el que se produjeron los hechos; la edad de las víctimas y las consiguientes obligaciones especiales del Estado para la protección de la niñez, y la violencia por razones de género que sufrieron las tres víctimas. Consiguientemente, fija en equidad la cantidad de US$ 38.000,00 (treinta y ocho mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor de Claudia Ivette González y US$ 40.000,00 (cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América) para cada una de las niñas Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez. Dichas cantidades serán repartidas conforme al derecho sucesorio vigente en la actualidad en el estado de Chihuahua, México.

  7. Consecuentemente, el Estado deberá entregar las siguientes cantidades:

Víctima

Parentesco

Monto

Esmeralda Herrera Monreal




US$40.000,00

Irma Monreal Jaime

Madre

US$15.000,00

Benigno Herrera Monreal

Hermano

US$11.000,00

Adrián Herrera Monreal

Hermano

US$12.000,00

Juan Antonio Herrera Monreal

Hermano

US$11.000,00

Cecilia Herrera Monreal

Hermana

US$11.000,00

Zulema Montijo Monreal

Hermana

US$11.000,00

Erick Montijo Monreal

Hermano

US$11.000,00

Juana Ballín Castro

Cuñada

US$11.000,00

Claudia Ivette González




US$38.000,00

Irma Josefina González Rodríguez

Madre

US$15.000,00

Mayela Banda González

Hermana

US$11.000,00

Gema Iris González

Hermana

US$11.000,00

Karla Arizbeth Hernández Banda

Sobrina

US$11.000,00

Jacqueline Hernández

Sobrina

US$11.000,00

Carlos Hernández Llamas

Cuñado

US$11.000,00

Laura Berenice Ramos Monárrez




US$40.000,00

Benita Monárrez Salgado

Madre

US$18.000,00

Claudia Ivonne Ramos Monárrez

Hermana

US$12.000,00

Daniel Ramos Monárrez

Hermano

US$12.000,00

Ramón Antonio Aragón Monárrez

Hermano

US$12.000,00

Claudia Dayana Bermúdez Ramos

Sobrina

US$12.000,00

Itzel Arely Bermúdez Ramos

Sobrina

US$12.000,00

Paola Alexandra Bermúdez Ramos

Sobrina

US$12.000,00

Atziri Geraldine Bermúdez Ramos

Sobrina

US$12.000,00


6.2.2. Daño al proyecto de vida de las víctimas

  1. Los representantes alegaron que las jóvenes Herrera, González y Ramos sufrieron daños a su proyecto de vida por diversas causas.

  2. La Comisión y el Estado no realizaron alegatos al respecto.

  3. Además de que los representantes no argumentaron suficientemente por qué los actos del Estado afectaron el proyecto de vida de las jóvenes Herrera, González y Ramos, la Corte sostiene que la reparación por daño al proyecto de vida no procede cuando la víctima falleció, al ser imposible reponer las expectativas de realización que razonablemente toda persona tiene. Por tal razón, el Tribunal se abstiene de realizar mayores consideraciones al respecto.




  1. Compartir con tus amigos:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   29


La base de datos está protegida por derechos de autor ©psicolog.org 2019
enviar mensaje

enter | registro
    Página principal


subir archivos