Corte interamericana de derechos humanos


Medidas de satisfacción y garantías de no repetición



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4. Medidas de satisfacción y garantías de no repetición


  1. En este apartado el Tribunal determinará las medidas que buscan reparar el daño inmaterial y que no tienen naturaleza pecuniaria, y dispondrá medidas de alcance o repercusión pública.


4.1. Medidas de satisfacción


  1. La Comisión señaló que la gravedad y naturaleza de los hechos en el presente caso exigen que el Estado adopte medidas destinadas a la dignificación de la memoria de las víctimas, por lo que solicitó a la Corte que ordene al Estado que: i) publique a través de medios de comunicación escrita, radio y televisión, la sentencia que eventualmente pronuncie el Tribunal; ii) realice un reconocimiento público de su responsabilidad internacional por el daño causado y por las graves violaciones ocurridas, de la forma digna y significativa que los objetivos de la reparación exigen, en consulta con las madres de las víctimas y sus representantes, y iii) establezca, en consulta con los familiares de las víctimas, un lugar o monumento en memoria de las mismas.

  2. Los representantes concordaron con la Comisión y solicitaron además que i) la publicación de los extractos de la sentencia que dicte la Corte se realice en cuando menos dos diarios de circulación nacional, dos de circulación estatal en Chihuahua, dos de circulación internacional y en el Diario Oficial de la Federación; ii) en cuanto al reconocimiento público de responsabilidad, los representantes consideraron que el Estado debería incluir a los tres órdenes de gobierno y añadieron que debería estar presente el Presidente de la República, el Gobernador del estado de Chihuahua, el Procurador General de la República, el Procurador General de Justicia de Chihuahua, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en presencia de las familias de las víctimas, las organizaciones civiles que han acompañado la denuncia internacional del feminicidio, y la misma deberá transmitirse por medios impresos, radio y televisión; iii) que un memorial se establezca en el predio donde fueron encontradas las víctimas y otro en la Ciudad de México, y iv) que el día 6 de noviembre de cada año se conmemore como “Día nacional en memoria de las víctimas del feminicidio”.

  3. El Estado ofreció: i) el reconocimiento público de responsabilidad; ii) la difusión pública en medios masivos de comunicación del reconocimiento de responsabilidad, y iii) la realización de un evento público en el que se ofrezcan disculpas a los familiares de las víctimas por las irregularidades reconocidas por el Estado durante la integración inicial de las investigaciones de los homicidios y los daños sufridos por los familiares de las víctimas.


4.1.1. Publicación de la Sentencia

  1. Como lo ha dispuesto la Corte en otros casos453, como medida de satisfacción, el Estado deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación, en un diario de amplia circulación nacional y en un diario de amplia circulación en el estado de Chihuahua, por una sola vez, los párrafos 113 a 136, 146 a 168, 171 a 181, 185 a 195, 198 a 209 y 212 a 221 de la Sentencia y los puntos resolutivos de la misma, sin las notas al pie de página correspondientes. Adicionalmente, como ha sido ordenado por el Tribunal en ocasiones anteriores454, la presente Sentencia se deberá publicar íntegramente en una página electrónica oficial del Estado, tanto federal como del estado de Chihuahua. Para realizar las publicaciones en los diarios y en Internet se fija el plazo de seis meses, a partir de la notificación de la presente Sentencia.


4.1.2. Acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional

  1. La Corte determinó que el reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado constituye una contribución positiva al desarrollo de este proceso y a la vigencia de los principios que inspiran la Convención Americana (supra párr. 26). No obstante, como en otros casos455, para que surta sus efectos plenos, el Tribunal estima que el Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, en relación con los hechos del presente caso, en honor a la memoria de las jóvenes González, Herrera y Ramos. En dicho acto el Estado deberá hacer referencia a las violaciones de derechos humanos declaradas en la presente Sentencia, hayan sido estas reconocidas por el Estado o no. El acto deberá llevarse a cabo mediante una ceremonia pública y ser transmitido a través de radio y televisión, tanto local como federal. El Estado deberá asegurar la participación de los familiares de las jóvenes González, Herrera y Ramos, identificados en el párrafo 9 supra, que así lo deseen, e invitar al evento a las organizaciones que representaron a los familiares en las instancias nacionales e internacionales. La realización y demás particularidades de dicha ceremonia pública deben consultarse previa y debidamente con los familiares de las tres víctimas. En caso de disenso entre los familiares de las víctimas o entre los familiares y el Estado, la Corte resolverá. Para cumplir con esta obligación el Estado cuenta con un plazo de un año a partir de la notificación de la presente Sentencia.

  2. En cuanto a las autoridades estatales que deberán estar presentes o participar en dicho acto, el Tribunal, como lo ha hecho en otros casos, señala que deberán ser de alto rango. Corresponderá al Estado definir a quienes se encomienda tal tarea.


4.1.3. Memoria de las víctimas de homicidio por razones de género

  1. A criterio del Tribunal, en el presente caso es pertinente que el Estado levante un monumento en memoria de las mujeres víctimas de homicidio por razones de género en Ciudad Juárez, entre ellas las víctimas de este caso, como forma de dignificarlas y como recuerdo del contexto de violencia que padecieron y que el Estado se compromete a evitar en el futuro. El monumento se develará en la misma ceremonia en la que el Estado reconozca públicamente su responsabilidad internacional (supra párr. 469) y deberá ser construido en el campo algodonero en el que fueron encontradas las víctimas de este caso.

  2. En vista de que el monumento se refiere a más personas que las consideradas víctimas en este caso, la decisión del tipo de monumento corresponderá a las autoridades públicas, quienes consultarán el parecer de las organizaciones de la sociedad civil a través de un procedimiento público y abierto, en el que se incluirá a las organizaciones que representaron a las víctimas del presente caso.


4.1.4. Día nacional en memoria de las víctimas

  1. La Corte considera suficiente, para efectos de satisfacción de las víctimas, la publicación de la Sentencia (supra párr. 469), el reconocimiento público de responsabilidad (supra párr. 470), y el monumento que se construirá en memoria de las víctimas (supra párr. 472). Por consiguiente, no estima necesario conceder la solicitud de que el día 6 de noviembre de cada año se conmemore como “Día nacional en memoria de las víctimas del feminicidio”, sin perjuicio de que una medida como esta pueda ser discutida por los canales pertinentes en el ámbito interno.


4.2. Garantías de no repetición



4.2.1. Sobre la solicitud de una política integral, coordinada y de largo plazo para garantizar que los casos de violencia contra las mujeres sean prevenidos e investigados, los responsables procesados y sancionados, y las víctimas reparadas

  1. La Comisión consideró que la Corte debía ordenar al Estado adoptar una “política integral y coordinada, respaldada con recursos adecuados, para garantizar que los casos de violencia contra las mujeres sean adecuadamente prevenidos, investigados, sancionados y sus víctimas reparadas”.

  2. Los representantes solicitaron la creación de un programa de largo plazo que contara con los recursos necesarios y la articulación de los diversos actores sociales, en coordinación con las instituciones del Estado, con objetivos, metas, indicadores definidos que permitan evaluar periódicamente los avances y permitan hacer del conocimiento de la comunidad el trabajo realizado para conocer la verdad de los hechos. Consideraron también que es necesaria una evaluación de los marcos normativos que previenen y sancionan la violencia contra las mujeres, así como de las políticas y modelos de atención a víctimas de violencia de género, y en particular de las familias de mujeres víctimas de homicidio, conforme a los parámetros internacionales de atención a las víctimas. Finalmente, solicitaron que el Estado elabore un programa permanente y transversal con mecanismos de evaluación constante e indicadores de obstáculos y avances para erradicar la discriminación por género dentro de la administración pública.

  3. El Estado alegó que “ha implementado una política integral y coordinada, respaldada con recursos públicos adecuados, para garantizar que los casos específicos de violencia contra las mujeres sean adecuadamente prevenidos, investigados, sancionados y reparados por quien sea responsable”.

  4. La Corte observa que el Estado hizo un recuento de todos los actos jurídicos, instituciones y acciones emprendidas desde 2001 a la fecha, tanto a nivel federal como local, para prevenir e investigar los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, así como de los apoyos gubernamentales otorgados a las víctimas.

  5. En cuanto a políticas de investigación respecto a estos crímenes, el Estado explicó cómo, a lo largo de los últimos años, han funcionado diversos tipos de Fiscalías, tanto a nivel federal y estatal como de carácter mixto. Estas políticas de investigación se explican con mayor profundidad al analizar la solicitud de reparaciones relacionadas con la atracción de casos al fuero federal (infra párrs. 515 a 518).

  6. Por otra parte, el Estado adoptó en 2006 y 2007 diversas leyes y reformas legislativas que tienen como objetivo mejorar el sistema penal, el acceso a la justicia y la prevención y sanción a la violencia contra la mujer en el estado de Chihuahua: i) el nuevo Código Penal del estado de Chihuahua456; ii) el nuevo Código de Procedimientos Penales del estado de Chihuahua457; iii) la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia458; iv) la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación459, y v) la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado de Chihuahua460.

  7. El Estado adoptó en 2006 la Ley de Atención y Protección a Víctimas u Ofendidos del Delito del estado de Chihuahua y facultó a la Subprocuraduría de Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Delito para realizar tareas en derechos humanos, acceso a la justicia y reparación para las víctimas461. Asimismo, el Estado se refirió a las reformas de 2006 y 2007 del Ministerio Público del estado de Chihuahua y a sus siguientes órganos internos: i) la Agencia Estatal de Investigación; ii) el Centro de Estudios Penales y Forenses; iii) la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, y iv) la Dirección de Atención a Víctimas de Violencia de Género y Violencia Familiar462.

  8. Respecto a la seguridad pública, México señaló que el estado de Chihuahua creó en el año 2005 el programa “Chihuahua Seguro”. Entre las acciones seguidas en dicho programa se encuentran: i) el combate a la impunidad; ii) la creación en 2005 de la Fiscalía Especial de Delitos contra Mujeres en Ciudad Juárez, para una mejor atención de víctimas y número telefónico de denuncia ciudadana; iii) la capacitación de las corporaciones municipales, especialmente en derechos humanos, equidad, género; y iv) otras medidas para atender casos de violencia contra las mujeres en el ámbito familiar463. El Estado aludió a una Red de Atención a Víctimas del Delito en Chihuahua, en coordinación con la CNDH464.

  9. Del mismo modo, el Estado señaló que el Instituto Chihuahuense de la Mujer (en adelante “el ICHIMU”) fue creado en agosto de 2002, para “impulsar la igualdad de oportunidades en la educación, capacitación, salud, empleo, desarrollo, así como potenciar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres y fomentar la cultura de la no violencia para eliminar todas las formas de discriminación” y, conforme al decreto de creación del ICHIMU, para implementar las políticas públicas que promuevan el desarrollo integral de las mujeres y su participación plena en la vida económica, social, política, familiar y cultural465. El Estado indicó que el ICHIMU trabaja en dos vertientes: la institucionalización de la perspectiva de género y la prevención de la violencia hacia las mujeres.

  10. Dentro del marco de la planeación y programación en el estado de Chihuahua, la Corte observa que fue presentada información en torno a cinco instrumentos que se reseñan a continuación: i) el Plan Estatal de Desarrollo 2004-2010 de Chihuahua (en adelante “el PEDCH”); ii) Programa para Mejorar la Condición de la Mujer; iii) Programa Integral para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; iv) el Programa de Atención a Víctimas del Delito, y v) el Programa Integral de Seguridad Pública entre 2003 y 2004.

  11. El PEDCH considera las siguientes estrategias: i) impulsar espacios de participación y decisión para las mujeres, garantizando su colaboración en iniciativas que permitan avanzar en la equidad de género; ii) reforzar la sensibilización sobre la perspectiva de género en los ámbitos social y gubernamental; iii) enfatizar la procuración e impartición de justicia en la defensa y protección de la mujer y la familia; iv) impulsar reformas jurídicas que protejan a la mujer en situación de violencia; v) incrementar las acciones institucionales de formación e información en el cuidado de la salud de la mujer, y vi) promover la organización y desarrollo de proyectos productivos, que permitan diversificar fuentes de empleo e ingreso de las mujeres, en especial los de mujeres indígenas y los ubicados en zonas rurales y localidades urbanas marginadas466.

  12. Conforme al Estado, el Programa para Mejorar la Condición de la Mujer, coordinado por el Consejo Estatal de Población del estado de Chihuahua, tiene como objetivo fortalecer de manera interinstitucional las acciones y los esfuerzos encaminados al desarrollo integral de la mujer que generen condiciones e información que les permita ejercer a plenitud sus libertades y derechos.

  13. Además, según el Estado, el Programa Integral para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, coordinado por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de Chihuahua (en adelante “el DIF”), promueve una cultura de no violencia, en particular contra las mujeres, y una cultura de denuncia de actos violentos cometidos contra mujeres, niñas, niños y adultos mayores, incluyendo acciones dirigidas a los pueblos indígenas. Dentro de las acciones del DIF, el Estado destacó diversos programas, foros, jornadas de información, talleres y acciones467. El Programa de Atención a Víctimas del Delito es aplicado desde 1998 por la FEIHM (supra párr. 270), pero fue reestructurado a principios de 2004468, y el Estado indicó que fue constituido para “crear un vínculo directo de asistencia para la localización y apoyo entre las víctimas, sus familiares y las instituciones estatales competentes”. Finalmente, el Estado indicó que el Programa Integral de Seguridad Pública tuvo como objetivo la coordinación de las fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno en el estado de Chihuahua.

  14. En cuanto a la competencia federal, la Subcomisión de Coordinación y Enlace para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez (en adelante “la SCEPEVM”) fue creada el 6 de junio de 2003 para “analizar la situación de violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez y proponer una política pública integral, con líneas de acción en distintos ámbitos a favor de las niñas y mujeres de Ciudad Juárez” 469.

  15. El 22 de julio de 2003 la SCEPEVM anunció en Ciudad Juárez el Programa de Acciones de Colaboración del Gobierno Federal para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de Ciudad Juárez (“Programa de las 40 acciones”). El Programa de las 40 acciones “fue diseñado para atender las múltiples causas vinculadas a los homicidios y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez”, y “basa sus acciones en las tres principales áreas de acción que derivan de las diversas recomendaciones recibidas: Procuración de Justicia y Prevención del Delito, Promoción Social y Derechos Humanos de la Mujer” 470.

  16. La Corte observa que el Programa de las 40 acciones se basó en tres principios fundamentales: i) coordinación, ii) participación social, y iii) la transparencia, y tenía tres ejes estratégicos: i) procuración de justicia y prevención del delito, con 15 acciones; ii) promoción social, con 14 acciones; y iii) derechos humanos de la mujer, con 11 acciones471.

  17. Al Programa de las 40 acciones le dio seguimiento la Comisión para Ciudad Juárez (supra párr. 127), creada el 18 de febrero de 2004 como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, dependiente del Ejecutivo federal. La Comisión para Ciudad Juárez empezó a operar a finales del 2003472. La actividad de la Comisión para Ciudad Juárez se concentraba en cuatro líneas de acción: i) atención directa a víctimas, ii) verdad y justicia; iii) políticas públicas con perspectiva de género, y iv) fortalecimiento del tejido social473. La Comisión para Juárez contaba con dos oficinas, una en Ciudad Juárez y una en la Ciudad de México, para el cumplimiento de sus funciones474. La Corte observa que la Comisión para Juárez fue sustituida en junio de 2009 por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres para atender la problemática de la violencia contra las mujeres a nivel nacional475.

  18. Existe un fondo de apoyo económico que funciona en Ciudad Juárez, el cual será explicado posteriormente al valorar las indemnizaciones entregadas en el presente caso (infra párr. 556). Por otro lado, a nivel federal, el INMUJERES recibió en el 2008 un presupuesto de poco más de $529.000.000,00 (quinientos veintinueve millones de pesos mexicanos), de los cuales $290.000.000,00 (doscientos noventa millones de pesos mexicanos) se destinaron a estados y municipios para fortalecer las instancias de la mujer y organismos de la sociedad civil que trabajan en el tema. Entre las instancias, el Estado se refirió al Fondo de Apoyo a los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres en las Entidades Federativas para la Atención de las Mujeres Víctimas de Violencia de Género, que tuvo un presupuesto de $112.300.000,00 (ciento doce millones trescientos mil pesos mexicanos) que se suministró a los estados de manera equitativa para fortalecer las iniciativas locales en materia de combate a la violencia de género476. Los representantes y la Comisión no contradijeron dichas cifras.

  19. A través del INMUJERES, entre otras actividades y acciones, el Estado ha impartido diversos talleres y capacitaciones a funcionarios públicos, además de que ha fortalecido centros de atención y refugio para mujeres y centros de atención a hombres violentos, incluyendo centros en Ciudad Juárez 477. El INMUJERES, creado en 2001, entre otras actividades, i) diseñó políticas públicas de erradicación en medios de comunicación de mensajes discriminatorios o violentos contra las mujeres o con estereotipos de género; ii) emitió publicidad para prevenir la violencia contra las mujeres en estaciones de radio y canales de televisión en Chihuahua; iii) realizó campañas de erradicación de violencia de género; iv) canalizó a víctimas con instituciones de apoyo a través del servicio de atención de violencia de género; v) financió el proyecto del Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer A.C., denominado “Por los derechos de las Mujeres Víctimas del Feminicidio en Juárez”; vi) financió en 2003, en coordinación con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) para elaborar un diagnóstico sobre la incidencia de violencia de género en Ciudad Juárez, Chihuahua y en cinco entidades federativas más, y vii) elaboró el “Diagnóstico Geo-Socio-Económico de Ciudad Juárez y su Sociedad”. Los representantes y la Comisión no contradijeron la existencia y alcances de estos proyectos y acciones.

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  1. La Corte observa que en sus escritos ni la Comisión ni los representantes objetaron la existencia o validez de los organismos y programas referidos por el Estado anteriormente, así como las valoraciones que el Estado hizo de cada uno de ellos. Tampoco la Comisión o los representantes argumentaron suficientemente cuáles son las deficiencias prácticas de las acciones desarrolladas por el Estado hasta la fecha, ni precisaron en qué forma las medidas adoptadas por el Estado, en su conjunto, no pueden ser considerarlas como una “política integral y coordinada”. Al respecto, el Tribunal recuerda que conforme al artículo 34.1 del Reglamento, es deber de la Comisión expresar en la demanda sus pretensiones de reparaciones y costas, así como sus fundamentos de derecho y sus conclusiones pertinentes. Este deber de motivación y fundamentación no se cumple con solicitudes genéricas a las que no se adjunta prueba o argumentación, de hechos o derecho, que permita analizar su finalidad, razonabilidad y alcance. Lo mismo es aplicable a los representantes.

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  1. El Tribunal valora los esfuerzos del Estado mexicano para adecuar formalmente su legislación, otros actos jurídicos e instituciones y para realizar diversas acciones orientadas a combatir la violencia por razón de género, tanto en el estado de Chihuahua como a nivel federal, así como su esfuerzo por adecuar su sistema judicial en materia penal a nivel local y federal. Estos avances constituyen indicadores estructurales relacionados con la adopción de normas que, en principio, tienen como objetivo enfrentar la violencia y discriminación contra la mujer en un contexto como el que ha sido probado en el presente caso.

  2. Sin embargo, la Corte no cuenta con información suficiente y actualizada para poder evaluar si a través de dichos actos jurídicos, instituciones y acciones: i) se ha generado una efectiva prevención e investigación de los casos de violencia contra la mujer y homicidios por razones de género; ii) los responsables han sido procesados y sancionados, y iii) las víctimas han sido reparadas; todo ello en el marco del contexto que ha sido probado en el presente caso. Así, por ejemplo, ninguna de las partes ofreció información precisa sobre la ocurrencia de crímenes similares a los del presente caso entre los años 2006 a 2009478. En particular, el Tribunal no puede pronunciarse sobre la existencia de una política integral para superar la situación de violencia contra la mujer, discriminación e impunidad, sin información sobre las fallas estructurales que atraviesan estas políticas, los problemas en sus procesos de implementación y sus resultados sobre el goce efectivo de derechos por parte de las víctimas de dicha violencia. Además, la Corte no cuenta con indicadores de resultado respecto a cómo las políticas implementadas por el Estado puedan constituir reparaciones con perspectiva de género, en tanto: i) cuestionen y estén en capacidad de modificar, a través de medidas especiales el status quo que causa y mantiene la violencia contra la mujer y los homicidios por razones de género; ii) hayan constituido claramente un avance en la superación de las desigualdades jurídicas, políticas y sociales, formales o de facto, que sean injustificadas por causar, fomentar o reproducir los factores de discriminación por razón de género, y iii) sensibilicen a los funcionarios públicos y la sociedad sobre el impacto de los factores de discriminación contra las mujeres en los ámbitos público y privado.

  3. Esta insuficiencia de argumentación por parte de la Comisión, los representantes y el Estado, impide al Tribunal pronunciarse respecto a si las políticas públicas actualmente desarrolladas constituyen realmente una garantía de no repetición en cuanto a lo ocurrido en el presente caso.


4.2.2. Estandarización de los protocolos, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y de impartición de justicia, para combatir desapariciones y homicidios de mujeres y los distintos tipos de violencia contra las mujeres

  1. La Comisión solicitó, en general, que la Corte ordene al Estado que fortalezca su capacidad institucional para combatir el patrón de impunidad frente a casos de violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez a través de investigaciones penales efectivas, a las que se les dé un seguimiento judicial constante, garantizando así la adecuada sanción y reparación.

  2. Los representantes señalaron que las prácticas de procuración e impartición de justicia deben modificarse desde sus raíces y deben incluir todas las etapas de investigación, preservación de pruebas y evidencias, de resguardo del lugar de los hechos, de levantamiento de los cuerpos, de la cadena de custodia, etc. Solicitaron, además, que se estandarizara y armonizara el sistema de justicia penal estatal o de prevención e investigación del delito con las necesidades de respeto de los derechos humanos de las mujeres, principalmente protocolos y manuales de investigación.

  3. Respecto al Nuevo Código Penal del estado de Chihuahua, vigente desde 2007, el Estado señaló que se reformaron: i) los delitos de homicidio doloso y secuestro en perjuicio de mujeres o menores de edad, de forma que si existe concurso de delitos, aún cuando ello exceda la pena de prisión de 60 años, deberá imponerse la pena por cada delito; ii) el delito de homicidio simple, de forma que si la víctima del delito es una mujer o un menor de edad se aplica una pena de 30 a 60 años en vez de una pena de 8 a 20 años de prisión, además de la pena que se acumule por cada delito adicional aunque se exceda la pena máxima de prisión de 60 años, y iii) el delito de lesiones, de forma que si se causa lesión a un ascendiente, descendiente, hermano, cónyuge, concubina o concubino, pareja, adoptante o adoptado, aumenta en una tercera parte la pena que corresponda. Finalmente, indicó que dicho código castiga los actos de violencia familiar en términos de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia479.

  4. Respecto al nuevo Código de Procedimientos Penales del estado de Chihuahua, vigente desde 2006, el Estado señaló que el mismo: “establece que no se aplicarán los criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal tratándose de delitos contra la libertad y seguridad sexuales, o de violencia familiar, por afectar gravemente el interés público”. Asimismo, dicho código prevé que en los casos de delitos sexuales y de violencia familiar, la víctima cuente “con asistencia integral por parte de las unidades especializadas de la Procuraduría General de Justicia del estado de Chihuahua, quienes intervendrán con la debida diligencia, aplicando los protocolos emitidos”. Finalmente, informó que se contempla la medida cautelar de separación inmediata del probable delincuente del domicilio cuando se trate de agresiones a mujeres480.

  5. El Estado adjuntó como prueba modelos de protocolos481 y al respecto señaló que “para cada tipo de delito se sigue un protocolo específico. En el caso de los homicidios de mujeres, se cuenta con los protocolos relativos a los delitos de orden sexual, lesiones, criminalística de campo, atención a víctimas, atención en crisis de módulo, química forense, medicina forense, homicidio, suicidio y muerte accidental”. Afirmó que la PGJCH ha difundido ampliamente el contenido de la Declaración sobre Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y de la Convención Belém do Pará.

  6. La Corte ha ordenado en otros casos normalizar, conforme a los estándares internacionales, los parámetros para investigar, realizar el análisis forense y juzgar482. El Tribunal estima que en el presente caso el Estado debe, en un plazo razonable, continuar con la estandarización de todos sus protocolos, manuales, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y de impartición de justicia, utilizados para investigar todos los delitos que se relacionen con desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres, conforme al Protocolo de Estambul, el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas y los estándares internacionales de búsqueda de personas desaparecidas, con base en una perspectiva de género. Al respecto, se deberá rendir un informe anual durante tres años.


4.2.3. Implementación de un programa de búsqueda y localización de mujeres desaparecidas en el estado de Chihuahua

  1. Los representantes solicitaron revisar, rediseñar y reestructurar el “Operativo Alba” con “la participación de expertos internacionales en la materia que permitan […] establecer un programa de investigación y documentación de respuesta inmediata [que cuente con] los recursos financieros correspondientes para su adecuado funcionamiento”. Argumentaron, además, que “los operativos de ‘reacción inmediata’ [vigentes] no constituyen una medida efectiva para atender de inmediato un reporte de desaparición o extravío y sobre todo que no constituyen acciones adecuadas y efectivas que impidan la realización de conductas criminales en contra de las mujeres y las niñas de Ciudad Juárez”, debido principalmente a que “los criterios para clasificar las desapariciones como de ‘Alto Riesgo’ no son claros ni objetivos y revisten criterios discriminatorios” o, incluso, debido a que funcionarios niegan implementar las medidas urgentes sin una justificación plausible.

  2. La Corte observa que el 22 de julio de 2003 el Estado implementó el Operativo Alba con el “objetivo [de] establecer una vigilancia extraordinaria sobre la ya existente en las zonas de alto riesgo para mujeres y en donde hubo hallazgos […] de víctimas de homicidios”. Posteriormente, el 12 de mayo de 2005 se puso en marcha el Protocolo de Atención, Reacción y Coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales en caso de extravío de mujeres y niñas en el Municipio de Juárez o “Protocolo Alba”, donde se estableció, por acuerdo y consenso de las instituciones participantes, un mecanismo de atención, reacción y coordinación entre autoridades de los tres ámbitos de gobierno en caso de extravío de mujeres y niñas en Ciudad Juárez. Para octubre de 2006 el protocolo se había “activado en 8 ocasiones, [desde su creación] de las cuales ha permitido ubicar a 7 mujeres y 2 niños en situación de desaparición o extravío”483.

  3. El Tribunal valora positivamente la creación del “Operativo Alba” y del “Protocolo Alba” como una forma de brindar mayor atención a la desaparición de mujeres en Ciudad Juárez. Sin embargo, observa que dichos programas de búsqueda únicamente se ponen en marcha cuando se presenta una desaparición de “alto riesgo”, criterio que según diversos informes, sólo se satisfacía cuando se presentaban reportes con “características específicas”484 a saber: “existe certeza de que [las mujeres] no tenían motivos para abandonar el hogar”, se trata de una niña485, “la joven [tuviera] una rutina estable”486 y que el reporte “tuviera características vinculadas con los homicidios ‘seriales’”487.

  4. La Corte considera que el Protocolo Alba, o cualquier otro dispositivo análogo en Chihuahua, debe seguir, entre otros, los siguientes parámetros: i) implementar búsquedas de oficio y sin dilación alguna, cuando se presenten casos de desaparición, como una medida tendiente a proteger la vida, libertad personal y la integridad personal de la persona desaparecida; ii) establecer un trabajo coordinado entre diferentes cuerpos de seguridad para dar con el paradero de la persona; iii) eliminar cualquier obstáculo de hecho o de derecho que le reste efectividad a la búsqueda o que haga imposible su inicio como exigir investigaciones o procedimientos preliminares; iv) asignar los recursos humanos, económicos, logísticos, científicos o de cualquier índole que sean necesarios para el éxito de la búsqueda; v) confrontar el reporte de desaparición con la base de datos de personas desaparecidas referida en la sección 4.2.4 infra, y vi) priorizar las búsquedas en áreas donde razonablemente sea más probable encontrar a la persona desaparecida sin descartar arbitrariamente otras posibilidades o áreas de búsqueda. Todo lo anterior deberá ser aún más urgente y riguroso cuando la desaparecida sea un niña. Al respecto, se deberá rendir un informe anual durante tres años.

  5. De otra parte, la Comisión para Ciudad Juárez informó que en marzo de 2005 creó la página electrónica www.mujeresdesaparecidascdjuarez.gob.mx donde se encuentran datos de algunas mujeres, jóvenes y niñas desaparecidas en Ciudad Juárez488. La Corte nota que la página ha dejado de actualizarse desde diciembre de 2006.

  6. Al respecto, y teniendo en cuenta que una red informática en la que cualquier persona pueda suministrar información sobre una mujer o niña desaparecida puede ser útil para localizarla, la Corte, como lo ha dispuesto en otras ocasiones489, ordena la creación de una página electrónica que contendrá la información personal necesaria de todas las mujeres, jóvenes y niñas que desaparecieron en Chihuahua desde 1993 y que continúan desaparecidas. Dicha página electrónica deberá permitir que cualquier individuo se comunique por cualquier medio con las autoridades, inclusive de manera anónima, a efectos de proporcionar información relevante sobre el paradero de la mujer o niña desaparecida o, en su caso, de sus restos. La información contenida en la página electrónica deberá actualizarse permanentemente.


      1. Confrontación de información genética de cuerpos no identificados de mujeres o niñas privadas de la vida en Chihuahua con personas desaparecidas a nivel nacional

  1. Los representantes solicitaron que se cree una base de datos a nivel nacional para facilitar la identificación de las personas reportadas como desaparecidas. También afirmaron que es necesario implementar una base de datos nacional que permita confrontar la información de personas desaparecidas con información de personas que han sido encontradas sin vida y que se han registrado como no identificadas.

  2. El Estado específicamente no se pronunció al respecto. Sin embargo, hizo referencia al denominado “Programa de Identidad Humana”, cuando propuso a los familiares de las víctimas que participaran en el EAAF con la finalidad de confirmar la identidad de los cuerpos encontrados en el campo algodonero.

  3. Si bien el Tribunal observa que el Estado creó un registro de datos de mujeres desaparecidas en el Municipio de Juárez y un banco de datos en genética forense490, la Corte no tiene elementos probatorios que le permitan concluir que el Estado creó una base de datos de personas desaparecidas a nivel nacional. Por otro lado, si bien la Corte observa que existe un banco de datos en genética forense con información genética de algunos familiares de víctimas de homicidio por razón de género y de algunos cuerpos encontrados491, al Tribunal no le consta que el Estado hubiese confrontado la información de mujeres desaparecidas a nivel nacional, así como la información genética de familiares de esas personas desaparecidas con la información genética extraída de los cuerpos de cualquier mujer o niña privada de la vida y no identificada en Chihuahua. Tampoco obra en el expediente información que permita a la Corte determinar la suficiencia de los datos contenidos en las referidas bases, así como la eficacia y los resultados que dichas bases de datos han tenido dentro de la investigación de las desapariciones y homicidios de mujeres en Ciudad Juárez.

  4. La Corte estima que la racionalidad de crear una base de datos de mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional y la actualización y confrontación de la información genética proveniente de familiares de personas desaparecidas y de cuerpos no identificados responde a la posibilidad de que los cuerpos de algunas mujeres o niñas encontradas en Chihuahua pertenezcan a personas desaparecidas en otras entidades federativas, incluso, otros países. Por ello, como lo ha dispuesto en otros casos492, la Corte ordena: i) la creación o actualización de una base de datos que contenga la información personal disponible de mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional; ii) la creación o actualización de una base de datos con la información personal que sea necesaria, principalmente genética y muestras celulares, de los familiares de las personas desaparecidas que consientan –o que así lo ordene un juez- para que el Estado almacene dicha información personal únicamente con objeto de localizar a la persona desaparecida, y iii) la creación o actualización de una base de datos con la información genética y muestras celulares proveniente de los cuerpos de cualquier mujer o niña no identificada que fuera privada de la vida en el estado de Chihuahua. El Estado en todo momento deberá proteger los datos personales contenidos en dichas bases de datos.


4.2.5. Creación de una figura legislativa para atraer los casos del fuero común al fuero federal cuando se presenten condiciones de impunidad o se acrediten irregularidades de fondo en las averiguaciones previas

  1. Los representantes señalaron que es necesario contar con un mecanismo legal contenido en las leyes nacionales para facilitar y encuadrar la atracción de los casos del fuero común al fuero federal, debido a que en este caso “uno de los principales problemas que permitieron y permiten aún las violaciones a los derechos humanos de las víctimas de violencia contra las mujeres y feminicidio es la imposibilidad de que la Federación intervenga, revise y en su caso corrija las irregularidades y deficiencias de los expedientes integrados en el fuero común”. Indicaron que si bien a nivel federal se creó en el 2004 la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de Ciudad Juárez, ésta nunca tuvo facultades legales para proponer o para corregir las actuaciones de los funcionarios del fuero común. Asimismo, especificaron que aunque se hubiera creado en 2004 la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con los Homicidios de Mujeres en el Municipio de Ciudad Juárez, ésta sólo revisó las averiguaciones previas que se tenían en el fuero común en lo que respecta a negligencias y responsabilidades de funcionarios que en ellas habían participado, sin revisar, proponer, coadyuvar o corregir deficiencias que había encontrado puesto que su mandato no lo facultaba para ello.

  2. El Estado informó que el 29 de agosto de 2003 fue creada la Agencia Mixta del Ministerio Público en el Municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, para la Investigación de Homicidios de Mujeres y de los Delitos Conexos (en adelante “la Agencia Mixta”), mediante un convenio de colaboración entre la PGR y la PGCH. Conforme a la prueba aportada por las partes, el objeto de la Agencia Mixta era perseguir los delitos dentro de un marco de plena colaboración y coordinación entre las dos procuradurías e instrumentar acciones conjuntas en las investigaciones encaminadas a esclarecer los homicidios de mujeres en dicho municipio. La Fiscalía Especial Federal para Juárez coordinaba y supervisaba la representación del Ministerio Público de la Federación que conformaba la Agencia Mixta493.

  3. El 30 de enero de 2004 se creó la Fiscalía Especial a nivel federal. Conforme lo alegado por el Estado, la Fiscalía Especial Federal para Juárez dependía de la PGR y “era competente para dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones de los delitos relacionados con homicidios de mujeres del municipio de Juárez, Chihuahua, en ejercicio de la facultad de atracción en aquéllos que tuvieran conexión con algún delito federal”. Dicha afirmación no fue controvertida por la Comisión o los representantes. Entre las funciones de la Fiscalía Especial se encontraba la de “revisar […] e investigar cada uno de los expedientes que contienen información sobre homicidios y desapariciones de mujeres, e investigar con responsabilidad los casos en que encuentren pruebas de negligencia, ineficiencia o tolerancia por parte de servidores públicos, a fin de evitar la impunidad y sancionar a aquéllos que hayan dejado de cumplir con su deber”494. La Corte observa que la Fiscalía Especial desarrolló cuatro programas específicos dentro de su plan de trabajo: i) sistematización de la información sobre homicidios de mujeres y delitos relacionados; ii) atención a delitos relacionados con homicidios; iii) atención a denuncias de mujeres desaparecidas, y iv) atención a víctimas495.

  4. La Fiscalía Especial concluyó su actuación en el 2006 al haber sido abrogado el acuerdo de creación de 2004496. La PGR entregó el 16 de febrero de 2006 a la CNDH el informe final de la Fiscalía Especial. La CNDH afirmó que “no se reportó en el informe final ningún avance significativo a los 3 reportes anteriores, de los que incluso esta Comisión Nacional dio cuenta puntual en su Informe de evaluación del 23 de agosto de 2005”497.

  5. La Fiscalía Especial fue sustituida posteriormente en dos ocasiones: el 16 de febrero de 2006 por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres, adscrita a la Oficina del Procurador General de la República, con el objeto de atender delitos relacionados con actos de violencia contra las mujeres en el país498; y el 31 de enero de 2008 por la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, adscrita también a la Oficina del Procurador General de la República, para investigar y perseguir delitos federales relacionados con hechos de violencia contra las mujeres, así como los de trata de personas499.

  6. A nivel local, en agosto de 2005 el estado de Chihuahua modificó el objeto de creación de la FEIHM, ya que según el Estado “antes se concentraba exclusivamente en los homicidios que tuviesen un móvil sexual”, incluyendo desde esa fecha “todos los casos de homicidios dolosos en los que las víctimas fuesen mujeres”500.

  7. La Corte observa que la actividad de la Fiscalía Especial estuvo limitada a sistematizar la información de los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez y sólo a investigar los delitos que pertenecieran al fuero federal501. El Tribunal tampoco tiene información actualizada sobre el funcionamiento y efectividad de la renovada FEIHM.

  8. Los representantes no sustentaron su solicitud de reparación en argumentos claros, pertinentes y suficientes sobre los problemas de acceso a la justicia que se derivarían del derecho interno aplicable a la figura de atracción al fuero federal. Tampoco argumentaron sobre la prueba específica en torno a las políticas diseñadas por el Estado para solucionar la problemática sobre la materia durante los últimos años. Ello le impide al Tribunal pronunciarse sobre esta solicitud de reparación.


4.2.6. Prohibición a todo funcionario de discriminar por razón de género

  1. Los representantes solicitaron la prohibición expresa y sancionada a todo funcionario presente o futuro dentro de los tres niveles de gobierno que declarare o actuare despreciando o minimizando las violaciones a los derechos de las mujeres, en particular la negación o minimización de la existencia de violencia contra las mujeres dentro del contexto de homicidios por motivos de género en Ciudad Juárez. Señalaron que en distintos momentos históricos, el Estado mexicano ha insistido en reducir, desvirtuar y minimizar las causas y efectos de los homicidios y desapariciones de cientos de mujeres en esa ciudad, y agregaron que la actitud de las autoridades ha sido notoriamente discriminatoria.

  2. El Estado informó sobre la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, publicada en el 2006, que tiene por objeto regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten al Estado mexicano hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres. La ley creó el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, instalado en el 2007 y, dentro del marco de aplicación de la misma, se puso en marcha el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2008-2012502. Por su parte, el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2008-2012 fue presentado en el 2008 dentro del marco del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012503 y el Estado indicó que “contribuye al logro de los objetivos, estrategias y prioridades nacionales en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres”. Este programa lo dirige el INMUJERES. La ley ha sido replicada en el estado de Chihuahua desde el 2007 al publicar la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del estado de Chihuahua504.

  3. Por su parte, el Estado alegó que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en 2007, establece “las bases para la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres de cualquier edad en el ámbito público y privado”, así como los “preceptos rectores para que las mujeres cuenten con acceso a una vida libre de violencia en el ámbito federal y local: igualdad jurídica entre la mujer y el hombre; respeto a la dignidad humana de las mujeres; la no discriminación y libertad de las mujeres”. Añadió que esta ley “identifica los mecanismos para la prevención, protección y asistencia a las mujeres y niñas para erradicar la violencia en su contra y contempla la obligación de los órganos de seguridad pública de los estados, de los municipios y de la federación, así como de los órganos de impartición de justicia, de brindar una atención adecuada y especial a las víctimas mujeres”505. Finalmente, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevé que la protección de sus derechos tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad506.

  4. Asimismo, México reguló en el estado de Chihuahua un tipo delictivo de discriminación y una sanción administrativa para funcionarios públicos que discriminen conforme a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos507.

  5. Los representantes no argumentaron en torno a los vacíos e insuficiencias que tendrían este tipo de normas, programas y acciones, razón por la cual el Tribunal no cuenta con elementos para pronunciarse sobre su solicitud.


4.2.7. Ley para regular los apoyos para las víctimas de homicidios por razones de género

  1. Los representantes solicitaron al Tribunal “la creación de una [l]ey que regule […] objetivamente los apoyos específicos para las víctimas del feminicidio, así como los estándares mínimos para el seguimiento y evaluación de dichos apoyos”. Dicha solicitud la justificaron en virtud de que los apoyos, de carácter social o de compensación general, implementados por el Estado a la fecha, no pueden estar al arbitrio de los funcionarios en turno, y porque los apoyos no se fijaron ni establecieron con base en criterios internacionales de reparación del daño sino bajo criterios políticos y de gobierno.

  2. El Estado no se pronunció al respecto específicamente. Sin embargo, la Corte observa que al brindar el Estado los apoyos a los que este Tribunal se referirá más adelante, les dio el carácter de indemnizaciones adicionales a las que ofreció en su escrito de contestación de demanda (infra párr. 550), e incluso afirmó que el contacto de las autoridades mantenido con los familiares de las víctimas debía tomarse “como una muestra de la buena fe del Estado para reparar las consecuencias de las irregularidades aceptadas por las autoridades en un primer momento de las investigaciones sobre los homicidios de las tres mujeres”.

  3. La Corte observa que la titular de la Comisión para Ciudad Juárez reconoció que al crearse el Fondo de Auxilio Económico a Familiares de las Víctimas de Homicidio de Mujeres en el 2005 (infra párr. 557) no se le consideró como una forma de reparación del daño; el tipo de auxilio se brindó en consideración de las conductas delictivas del homicida y no de las responsabilidades del Estado; y los apoyos estaban condicionados a la promoción de juicios civiles o familiares508.

  4. El Tribunal considera que no puede confundirse la prestación de los servicios sociales que el Estado brinda a los individuos con las reparaciones a las que tienen derecho las víctimas de violaciones de derechos humanos, en razón del daño específico generado por la violación. En tal sentido, el Tribunal no considerará como parte de las reparaciones que el Estado alega haber realizado, los apoyos gubernamentales que no hayan sido dirigidos específicamente a reparar la falta de prevención, impunidad y discriminación atribuibles al Estado en el presente caso.

  5. Por otra parte, la Corte considera que no puede indicar al Estado cómo regular los apoyos que brinde a las personas como parte de un programa de asistencia social, por lo que se abstiene de pronunciarse respecto a esta solicitud de los representantes.


4.2.8. Capacitación con perspectiva de género a funcionarios públicos y población en general del Estado de Chihuahua

  1. La Comisión solicitó al Tribunal que ordene al Estado realizar programas de capacitación para funcionarios públicos en todas las ramas de la administración de la justicia y la policía, y políticas integrales de prevención. Asimismo, solicitó se ordene la implementación de políticas públicas y programas institucionales destinados a superar los estereotipos sobre el rol de las mujeres en la sociedad de Ciudad Juárez y promover la erradicación de patrones socioculturales discriminatorios que impiden el acceso pleno de las mujeres a la justicia.

  2. Los representantes reconocieron que, si bien el Estado ha hecho esfuerzos importantes en materia de capacitación a funcionarios públicos, sobretodo a aquéllos cuya labor impacta directamente en los casos de desapariciones y homicidios de mujeres, dichos esfuerzos no han sido del todo satisfactorios, al no haberse desarrollado una perspectiva transversal de género y no incorporar la perspectiva de género en toda la actividad desarrollada por las autoridades del Estado. Agregaron que los funcionarios que comparecieron a la audiencia, si bien han sido capacitados, “no entienden de qué se tratan los contenidos de las Convenciones […] respecto de los derechos" de las víctimas.

  3. El Estado señaló que “está conciente de que parte de las irregularidades cometidas al inicio de la investigación por los homicidios de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez se debieron a la falta de capacitación de los funcionarios públicos que estuvieron involucrados en las mismas”. Sin embargo, el Estado alegó que la Procuraduría General de Justicia del estado de Chihuahua diseñó, a partir de octubre de 2004, en coordinación con las instituciones y universidades locales e internacionales, un programa de capacitación en el que invirtió más de 14 millones de pesos para la especialización en técnicas y procedimientos de investigación y profesionalización en materia pericial. La Corte no cuenta con constancia de la inversión del referido capital. Dicho programa incluye “maestrías con la colaboración de universidades españolas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos”509. A través del Centro de Estudios Penales y Forenses en el 2005, se implementaron más de 122 programas de capacitación que significaron una inversión superior de 12 millones de pesos510. El Tribunal observa que no existe constancia de tal inversión.

  4. En cuanto a temas de capacitación, la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado de Chihuahua da especial importancia, a partir de 2006, a la formación en derechos humanos y equidad de género de los funcionarios que integran el Poder Judicial estadual o de Chihuahua511.

  5. El Estado afirmó que capacitó con perspectiva de género a funcionarios públicos de los estados de la República mexicana, entre ellos al estado de Chihuahua, a través de los Cursos de Formación de Multiplicadores del Subprograma de Equidad de Género512. También mencionó que ofreció capacitación a funcionarios públicos federales dentro del marco del programa de Sensibilización con Perspectiva de Género impartido por el INMUJERES, así como del Subprograma de Equidad de Género a funcionarios públicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal. Asimismo, indicó que en el 2003 y en el 2004 capacitó a personal de la Secretaría de Seguridad Pública en temas básicos y especializados sobre Derechos Humanos y Seguridad Pública. El Estado no exhibió prueba que acreditara cuáles funcionarios públicos fueron capacitados.

  6. El Estado mencionó que bajo el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, dentro de la estrategia 5.4 relativa a “combatir y sancionar con mayor severidad la violencia de género”, el Gobierno Federal pondrá en operación programas de “sensibilización y capacitación dirigidos a policías, médicos, ministerios públicos y jueces, y a todo el personal encargado de las labores de protección y atención a las mujeres que sufren de violencia en todas sus manifestaciones”513.

  7. El Estado igualmente se refirió a los siguientes cursos implementados en 2007: un “Diplomado Internacional Género y Sistema Penal”, en el que asistieron 41 funcionarios públicos514; un “Diplomado de Violencia Familiar y Derechos Humanos”, el cual reunió a 69 integrantes de la Procuraduría515; el curso “Bases y Principios de Alta Especialidad en Derecho Procesal y Género”516; el curso “Violencia Doméstica, un Problema de Todos”, dirigido al personal del centro de justicia alternativa Unidad de Atención Temprana y Unidad Especializada de Delitos Contra la Libertad, Seguridad Sexual y contra la Familia517. En 2008, el Estado aludió al curso “Peritajes Forenses en caso de Violencia de Género”, el cual fue dirigido a psicólogos de la “Dirección de Atención a Victimas”518. Asimismo, existe en el estado de Chihuahua la “Licenciatura en Procuración de Justicia” cuyo programa de estudio contempla la materia “Perspectiva de Género”519.

  8. La Corte observa que la testigo Castro Romero declaró que en los días 14 de octubre y 26 de noviembre de 2005 se llevó a cabo el diplomado “Género y Derechos Humanos”, impartido por la red de instituciones públicas que atienden a mujeres en situación de violencia. Asimismo, hizo referencia al seminario sobre “Derecho Internacional de los Derechos Humanos, estrategias de Litigio” en el cual participaron alrededor de “60 personas, entre ellas la Subprocuradura de la Zona Norte de la PGJE y personal de la FEVIM”520.

  9. Además, el testigo Caballero Rodríguez, agente del Ministerio Público a cargo de las investigaciones en el presente caso, manifestó haber recibido capacitación, entre otros temas, en relación con la Convención Americana y la Convención Belem do Pará521.

  10. La Corte valora positivamente todas las capacitaciones con perspectiva de género que el Estado ha realizado a funcionarios públicos a partir del año 2004, así como el posible destino de cuantiosos recursos destinados para dicha finalidad. Sin embargo, la capacitación, como sistema de formación continua, se debe extender durante un lapso importante para cumplir sus objetivos522. Además, la Corte señala que una capacitación con perspectiva de género implica no solo un aprendizaje de las normas, sino el desarrollo de capacidades para reconocer la discriminación que sufren las mujeres en su vida cotidiana. En particular, las capacitaciones deben generar que todos los funcionarios reconozcan las afectaciones que generan en las mujeres las ideas y valoraciones estereotipadas en lo que respecta al alcance y contenido de los derechos humanos.

  11. En consecuencia, sin perjuicio de la existencia de programas y capacitaciones dirigidas a funcionarios públicos encargados de la impartición de justicia en Ciudad Juárez, así como de cursos en materia de derechos humanos y género, el Tribunal ordena que el Estado continúe implementando programas y cursos permanentes de educación y capacitación en: i) derechos humanos y género; ii) perspectiva de género para la debida diligencia en la conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con discriminación, violencia y homicidios de mujeres por razones de género, y iii) superación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres.

  12. Los programas y cursos estarán destinados a policías, fiscales, jueces, militares, funcionarios encargados de la atención y asistencia legal a víctimas del delito y a cualquier funcionario público, tanto a nivel local como federal, que participe directa o indirectamente en la prevención, investigación, procesamiento, sanción y reparación. Dentro de dichos programas permanentes deberá hacerse una especial mención a la presente Sentencia y a los instrumentos internacionales de derechos humanos, específicamente, a los relativos a violencia por razones de género, entre ellos la Convención Belém do Pará y la CEDAW, tomando en cuenta cómo ciertas normas o prácticas en el derecho interno, sea intencionalmente o por sus resultados, tienen efectos discriminatorios en la vida cotidiana de las mujeres. Los programas deberán también incluir estudios sobre el Protocolo de Estambul y el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas. El Estado deberá informar anualmente, durante tres años, sobre la implementación de los cursos y capacitaciones.

  13. Además, teniendo en cuenta la situación de discriminación en contra de la mujer reconocida por el Estado, es necesario que éste realice un programa de educación destinado a la población en general del estado de Chihuahua, con el fin de superar dicha situación. A tal efecto, el Estado deberá presentar un informe anual por tres años, en el que indique las acciones que se han realizado con tal fin.




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