Corte interamericana de derechos humanos


Derechos de las niñas, artículo 19 de la Convención Americana



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5. Derechos de las niñas, artículo 19 de la Convención Americana


  1. La Comisión alegó que el Estado “tenía un deber reforzado de proteger los derechos humanos de Laura Berenice Ramos y Esmeralda Herrera Monreal, por dos factores, su minoría de edad y la obligación de adoptar medidas especiales de cuidado, prevención y garantía”. Sin embargo, según la Comisión, “las instancias estatales encargadas de hacer cumplir la ley no actuaron para prevenir que acontezcan hechos como los que aquí se analiza ni para individualizar y sancionar a los responsables” y “las agencias estatales encargadas específicamente de la protección a la infancia no intervinieron de modo alguno ni en la prevención de estos hechos ni en proponer alguna clase de solución para el caso”.

  2. Para los representantes, las niñas Herrera y Ramos “fueron asesinadas ocho años después de que se tuviera registro de los primeros homicidios de niñas y mujeres en Ciudad Juárez. El Estado tenía la obligación de adoptar medidas especiales de protección para garantizar su vida, libertad e integridad personales”. Manifestaron que el Estado “falló en adoptar medidas para prevenir la violencia comunitaria y para asegurar el pleno goce de los derechos fundamentales de la niñez”.

  3. El Estado afirmó que “cumple con su obligación de protección a los niños con la adopción de medidas acordes con su situación especial de vulnerabilidad”. Además, sostuvo que no tendría responsabilidad internacional puesto que “no existió participación directa de agentes estatales en los homicidios […], además de que no se demostró que la minoría de edad de las víctimas hubiera sido un factor relevante”, y por ha implementado “medidas especiales para asegurar la plena vigencia de los derechos del niño”.

  4. Como ya se ha establecido con anterioridad, en la época de los hechos, las autoridades públicas tenían conocimiento de un contexto de desapariciones, violencia y homicidios contra mujeres jóvenes y niñas (supra párr. 129).

  5. El experto independiente de las Naciones Unidas para el estudio de la violencia contra los niños ha afirmado que “[l]a violencia contra los niños se presenta bajo diversas formas y depende de una amplia gama de factores, desde las características personales de la víctima y el agresor hasta sus entornos culturales y físicos”. El grado de desarrollo económico, el nivel social, la edad, el sexo y el género son algunos de los muchos factores relacionados con el riesgo de la violencia letal. Asimismo, ha manifestado que “la violencia sexual afecta principalmente a los que han alcanzado la pubertad o la adolescencia”, siendo las niñas las más expuestas a sufrir este tipo de violencia416.

  6. Esta Corte ha establecido que los niños y niñas tienen derechos especiales a los que corresponden deberes específicos por parte de la familia, la sociedad y el Estado. Además, su condición exige una protección especial que debe ser entendida como un derecho adicional y complementario a los demás derechos que la Convención reconoce a toda persona417. La prevalencia del interés superior del niño debe ser entendida como la necesidad de satisfacción de todos los derechos de la infancia y la adolescencia, que obliga al Estado e irradia efectos en la interpretación de todos los demás derechos de la Convención cuando el caso se refiera a menores de edad418. Asimismo, el Estado debe prestar especial atención a las necesidades y los derechos de las presuntas víctimas en consideración a su condición de niñas, como mujeres que pertenecen a un grupo en una situación vulnerable419.

  7. En el presente caso, la Corte considera que el Estado tenía la obligación de adoptar todas las medidas positivas que fueran necesarias para garantizar los derechos de las niñas desaparecidas. En concreto, el Estado tenía el deber de asegurar que fueran encontradas a la mayor brevedad, una vez los familiares reportaron su ausencia, especialmente debido a que el Estado tenía conocimiento de la existencia de un contexto específico en el que niñas estaban siendo desaparecidas.

  8. A pesar de la existencia de legislación para la protección de la niñez420, así como de determinadas políticas estatales421, la Corte resalta que de la prueba aportada por el Estado no consta que, en el caso concreto, esas medidas se hayan traducido en medidas efectivas para iniciar una pronta búsqueda, activar todos los recursos para movilizar a las diferentes instituciones y desplegar mecanismos internos para obtener información que permitiera localizar a las niñas con rapidez y, una vez encontrados los cuerpos, realizar las investigaciones, procesar y sancionar a los responsables de forma eficaz y expedita. En definitiva, el Estado no demostró tener mecanismos de reacción o políticas públicas que dotaran a las instituciones involucradas de los mecanismos necesarios para garantizar los derechos de las niñas.

  9. Consecuentemente, este Tribunal encuentra que el Estado violó el derecho consagrado en el artículo 19 de la Convención, en relación con los artículos 1.1 y 2 de dicho tratado, en perjuicio de las niñas Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez.


6. Derecho a la integridad personal de los familiares de las víctimas


  1. Este Tribunal ha determinado que no subsiste controversia en torno a las alegadas violaciones al derecho consagrado en el artículo 5.1 de la Convención en perjuicio de los familiares de las víctimas, por las violaciones aceptadas por el Estado en la “primera etapa” de las investigaciones (supra párr. 20). Sin perjuicio de lo anterior, considera oportuno precisar la entidad y alcance de tales violaciones. Además, se determinará si hubo o no violación del artículo 5 de la Convención por hechos distintos a los reconocidos por el Estado. En este sentido, la Corte analizará la afectación a la integridad psíquica y moral de los familiares de las víctimas por los hechos acaecidos a éstas, las investigaciones llevadas a cabo para determinar lo ocurrido y el trato que las autoridades dieron a los familiares y a los restos de las víctimas. Posteriormente, se analizarán las alegadas violaciones por actos de hostigamiento, amenazas e intimidaciones a los familiares de las víctimas.


6.1. Sufrimiento de los familiares por lo ocurrido con las víctimas y por la búsqueda de la verdad


  1. La Comisión alegó que las madres de las víctimas fueron afectadas en su integridad psíquica y moral como consecuencia directa de la repentina desaparición de sus hijas, del desconocimiento de su paradero durante un periodo considerable de tiempo y de la falta de investigación de lo ocurrido, así como por el tratamiento que recibieron por parte de las autoridades, desde actitudes indiferentes hasta hostiles.

  2. Los representantes alegaron que “[l]a desaparición, la tortura, el asesinato, la destrucción de sus restos y la falta de respuestas apropiadas, oportunas y eficaces por parte de las autoridades para esclarecer las circunstancias de la muerte de [las víctimas], han provocado en los familiares daños considerables a su salud física y mental, a su calidad y proyecto de vida, a su sensación de bienestar y han vulnerado de manera importante su[s] sentimiento[s] de dignidad, de seguridad y de pertenencia a una comunidad donde los derechos de las víctimas son reconocidos y respetados, marcando un límite a sus expectativas de vida”.

  3. La Corte ha declarado en otras oportunidades que los familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos pueden ser, a su vez, víctimas422.

  4. En el caso de la joven Ramos, su madre declaró ante este Tribunal que:

tuvieron que pasar cinco meses para que me pudieran mostrar el cuerpo de mi hija, y no era cuerpo, eran huesos […] y siempre me decían que tenía que llevar un médico o un dentista y los llevaba y nunca nos permitieron ver el cuerpo tampoco.

[…]


Necesitaba saber si mi hija estaba viva [o] muerta [y] necesitaba reconocer ese cuerpo, por lo que le dije a la fiscal suplente que si yo reconocía el cuerpo me lo entregaba como regalo de cumpleaños, y me dijo que era muy cruel, pero que sí. El 20 de marzo logré entrar a reconocer los huesos, y me dijeron que podía hacer lo que quisiera con ellos423.

[…]


[Las investigaciones realizadas por la autoridades] fueron nulas, aunque yo les llevaba líneas precisas de investigación, nunca me hicieron caso, trataban de darnos mínimas ayudas que no reestablecía[n] el dolor que llevaba dentro, todo lo que tenía que luchar para seguir investigando […].

[N]o es [sólo el] daño de que mi hija se perdió, nos dañaron a toda la familia, mis hijos Claudia Ivonne y Jorge Daniel, ellos necesitan mucho apoyo psicológico porque les quitaron también una parte, […] ya no estamos completos, […] yo no necesito que me den una palmada de pobrecita, yo necesitaba que buscaran a mi hija, que me entregaran a mi hija, que me entregaran el reconocimiento de que era mi hija o no. Ahora les exijo […] retribúyanme toda mi vida, porque mi vida ya no es la misma, eso es lo que yo les pido a estas personas que yo sé que tienen el poder para poder hacer que ellos paguen todo el daño, todo lo que nos han hecho424.



  1. En el caso de la madre de la joven Herrera, en su declaración ante la Corte relató:

La actitud de las autoridades ha sido muy mala […] nunca se han dignado ni siquiera [en] llamarnos, en […] ocho años, [para] decirme [cómo] van las investigaciones […] de todo me tengo que enterar por los medios de comunicación.

[…]


El proceso de identificación de mi hija se hace hasta los cuatro años que yo pido una exhumación y un ADN […]. Ese proceso fue muy difícil para mí y para mi familia, porque volvimos a vivir un funeral, una exhumación, yo en varias ocasiones [intenté] quitarme la vida porque para mí la vida no tenía sentido, porque yo no veía justicia […]. Mis hijos más pequeños intentaron quitarse la vida, estuvieron internados. Mi hija que era una niña de once años en ese entonces, […] dibujaba pesquisas y las pegaba por toda la casa […] porque las autoridades nunca me elaboraron una pesquisa.

[…]


Yo me pasaba las noches imaginándome lo que a mi hija le hicieron, cómo me la violaban, cómo me la torturaban. Era una cosa horrible, que yo no podía dormir, por estar imaginando. De igual manera, por estar esperándola, yo tenía la esperanza y la ilusión de que mi hija iba a aparecer, que algún día que yo llegara de mi trabajo me iban a decir, así como me decían Esmeralda no aparece, […] Esmeralda aquí está. Esmeralda ya apareció.

  1. La madre de la joven González declaró ante la Corte que:

[Y]o me afecté mucho, yo me enfermé, mi hermana se puso mala también, y también tuve un hijo malo de cáncer, a él le afectó cuando encontramos el cadáver, a los dos meses […] falleció […] en nada me ha[n] ayudado [las autoridades] ni siquiera tienen avances […]. No […] nos han respetado […] porque no han hallado a los culpables, y sigue habiendo muchas muchachitas desaparecidas […]. No confío ya en ellos […]. Tengo hijas y tengo miedo que me vuelva a pasar porque la autoridad no hace nada […].

[para] que nos dieran información […] íbamos a diario y […] a veces […] tenían la puerta cerrada y no nos atendían, [nada más que nuestra fuerza eran los periodistas. […] Nos hicieron a mi hija y a mí la primera vez prueba de ADN y pasaron como tres meses y vinieron a hacer otra prueba de ADN. La mandaron otra vez de México y yo les dije: “pues si ya habían hecho una ¿dónde está?”. [Respondieron] “No señora pues que se perdió, que se echó a perder” […].



Lo más difícil es la impotencia, [el] coraje por mis hijas que me quedan, eso es lo que ya no quiero que me pase425.

  1. Del acervo probatorio se desprende que tras la desaparición de las tres víctimas, los familiares tuvieron que emprender diferentes actuaciones para buscar a las desaparecidas ante la inactividad de las autoridades, las cuales al mismo tiempo emitían juicios reprochables en contra de las jóvenes, causando con ello sufrimiento a los familiares. Así, los informes periciales indicaron que los juicios emitidos por las autoridades, en el sentido de que la culpabilidad de las desapariciones radicaba en la conducta de las jóvenes, “producen confusión y angustia en los familiares, especialmente en aquellos en [los] que les consta que la vida de sus hijas no concuerda con estas versiones”426. Asimismo, “[l]as madres insisten en el agravio experimentado por la negligencia de las autoridades y la inhumanidad con que han sido tratadas, subrayando […] el padecimiento agravado por ese maltrato, por desalentar la denuncia que tal vez hubiera permitido encontrarlas con vida y por la falta de información durante todo el proceso”427.

  2. Por otra parte, los familiares sufrieron en su salud mental y emocional por la falta de diligencia en la determinación de la identidad de los restos encontrados y la falta de información sobre las actuaciones realizadas por parte de las autoridades. Así, “[l]a no identificación de los cuerpos [por el lapso de varios años] ha impedido a las familias vivir los ritos que acompañan la muerte y el entierro de su ser querido, alterando bruscamente su proceso de duelo. No han podido sanar las heridas, obligadas a vivir con un dolor permanente que se reaviva cada vez que las noticias anuncian el hallazgo de nuevos cadáveres”428.

  3. La falta de investigaciones tendientes a hallar la verdad, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables “agrava la experiencia de impotencia, desamparo e indefensión de estas familias”429.

  4. El Estado reconoció que “las irregularidades admitidas por la autoridad al inicio de las investigaciones de los [tres] homicidios […], afectaron directamente a los familiares […]. En tal virtud, el Estado reconoce y acepta que el derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares se vio vulnerado”.

  5. El Estado especificó el alcance de su allanamiento en los siguientes términos:

i) al momento en que los cuerpos fueron localizados, las autoridades no tomaron las precauciones suficientes para resguardar el lugar de los hechos y los demás elementos que se encontraron en el mismo, elementos que constituyen evidencias materiales de los homicidios. Esta negligencia obstaculizó e indujo a errores en las investigaciones iniciales de los homicidios, lo que provocó un sufrimiento adicional en los familiares de las víctimas;

ii) los errores y negligencias en la integración de los expedientes contribuyeron de igual forma al retraso en las investigaciones para encontrar a los responsables de los homicidios. Esta cuestión afectó a los familiares al no tener certeza sobre la seriedad, imparcialidad y exhaustividad de las investigaciones por los homicidios de las victimas;

iii) el reinicio de las investigaciones de los homicidios se debió en parte a la necesidad de identificar a las víctimas, en virtud de que los familiares habían expresado duda razonable sobre los exámenes de identificación realizados, reconociendo “el sufrimiento de las madres […] al tener que identificar los cuerpos de sus hijas, cuando estos se encontraban en un alto grado de descomposición que los hacía prácticamente irreconocibles”;

iv) el Estado es consciente del sufrimiento que causa a los familiares de las víctimas el hecho de que no se haya identificado hasta el momento a los responsables de los homicidios de las jóvenes González, Herrera y Ramos, y



v) que al inicio de las investigaciones los familiares no fueron informados puntualmente de las indagatorias y de las diligencias que las autoridades llevaban a cabo para identificar y ubicar a los responsables. Reprobó las actitudes insensibles mostradas por los funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del estado de Chihuahua con los familiares. Reprochó la insensibilidad de las autoridades al entregar los cuerpos de las jóvenes González, Herrera y Ramos a sus familiares y lamentó las declaraciones emitidas por funcionarios públicos en relación con los homicidios de las jóvenes González, Herrera y Ramos, que lastimaron la integridad psíquica y moral de sus familiares.

  1. En virtud de lo expuesto, la Corte concluye que la violación de la integridad personal de los familiares de las víctimas se ha configurado por las circunstancias sufridas durante todo el proceso desde que las jóvenes Esmeralda Herrera Monreal, Claudia Ivette González y Laura Berenice Ramos Monárrez desaparecieron, así como por el contexto general en el que ocurrieron los hechos. La irregular y deficiente actuación de las autoridades del Estado a la hora de buscar el paradero de las víctimas una vez reportada su desaparición, la mala diligencia en la determinación de la identidad de los restos, de las circunstancias y causas de las muertes, el retraso en la entrega de los cadáveres, la ausencia de información sobre el desarrollo de las investigaciones y el trato dado a los familiares durante todo el proceso de búsqueda de verdad ha provocado en ellos un gran sufrimiento y angustia. Todo ello, a criterio del Tribunal, configura un trato degradante, contrario al artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1, en perjuicio de Irma Monreal Jaime, Benigno Herrera Monreal, Adrián Herrera Monreal, Juan Antonio Herrera Monreal, Cecilia Herrera Monreal, Zulema Montijo Monreal, Erick Montijo Monreal, Juana Ballín Castro, Irma Josefina González Rodríguez, Mayela Banda González, Gema Iris González, Karla Arizbeth Hernández Banda, Jacqueline Hernández, Carlos Hernández Llamas, Benita Monárrez Salgado, Claudia Ivonne Ramos Monárrez, Daniel Ramos Monárrez, Ramón Antonio Aragón Monárrez, Claudia Dayana Bermúdez Ramos, Itzel Arely Bermúdez Ramos, Paola Alexandra Bermúdez Ramos, Atziri Geraldine Bermúdez Ramos.


6.2. Amenazas, intimidación y hostigamientos sufridos por los familiares


  1. La Comisión alegó que “las madres de Claudia Ivette, Esmeralda y Laura Berenice […] han sido víctimas de hostigamiento, malos tratos e intimidación por autoridades y agentes estatales de manera continua desde la denuncia de las desapariciones hasta la actualidad”. Para la Comisión, “la búsqueda de justicia en este caso conllevó a que las madres y algunos miembros de sus familias sean víctimas de hostigamientos y amenazas en diferentes momentos a partir de que ocurrieron las desapariciones de sus hijas, poniéndose en riesgo sus vidas e integridad”.

  2. Los representantes afirmaron que “ante la demanda de justicia y de investigación por parte de las madres de Esmeralda, Laura, Claudia y sus familias, la respuesta del Estado mexicano fue la intimidación, hostigamiento, formas sistemáticas de disuasión, hasta la violencia en su contra: directa, hacia sus hijos o contra sus defensoras”.

  3. El Estado destacó que “durante las investigaciones por la desaparición, la ubicación de los restos y las indagatorias para encontrar a los responsables de los homicidios de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, no se encuentran elementos que demuestren actos de desprecio público, persecución o discriminación en agravio de los familiares de estas tres mujeres”. El Estado aseguró que “no se encuentran elementos que permitan demostrar acusaciones falsas o amenazas cometidas por agentes del Estado en contra de los familiares de las tres víctimas. Por el contrario, el Estado ha informado a la Corte que los familiares de las jóvenes González, Herrera y Ramos cuentan con todos los recursos contemplados en la legislación nacional para denunciar posibles acusaciones o amenazas. No obstante, los familiares no han acudido a reportar estas actuaciones con lo que las autoridades no cuentan con elementos para investigar las mismas y sancionar a los responsables.

  4. La señora Monárrez declaró ante el Tribunal lo siguiente:

[por haber tomado el hueso de mi hija] empezaron seguimientos, carros, identificados tanto por mí como por mi hija Claudia Ivonne, que nos seguían a todas partes, vehículos oficiales de la PGR.

[…]


yo tuve que salir de mi país porque en alguna ocasión trataron de arrollarnos a mis dos hijos menores y a mí, y tuve que pedir asilo en los Estados Unidos porque después de que no buscaron a mi hija yo formé una organización que se llamó Integración de Madres por Juárez […]

[E]stábamos siendo perseguidos, inclusive a mi hija Claudia Ivonne, ella se había quedado en México cuando yo me fui a pedir asilo. Tuvimos que llevar un proceso muy duro. Tuvimos que estar detenidos. Yo duré tres semanas con mi niño de cinco años, que ahorita él tiene un problema. Él no puede ver a las autoridades. Él no puede ver a un uniformado porque les tiene pánico. Mi hija Claudia se quedó en México porque no podían ayudarnos a todos a la vez. Se quedó con mis nietas. Trataron de sacarle a una de mis niñas de siete años de la escuela. A [Claudia] le pusieron una pistola en la cabeza y le dijeron que se callara, que […] no siguiera diciendo nada porque si no [se] la iban a quebrar […]

[Las autoridades llevaron a cabo actos de hostigamiento] porque a mí no me pudieron comprar nunca, aún con todas las cosas que me hacían para tener miedo, […] por eso me fui. […]

Tuve que pedir a mucha gente que me ayudara. Tuve que vender comida en la calle. Tuvimos que dormir en la calle. Tuvimos que estar en un lugar con los indigentes de la calle. Creo que mi familia no merecía esto. Creo que las autoridades son tan culpables de haberme hecho que yo tuviera que emigrar para proteger la vida de mis hijos y la mía propia […]. [M]e fui el 4 de septiembre de 2006 y mi hija […] el año pasado, que fue cuando ya no pudo soportar más. […].

[Las hostilidades se dieron] desde un principio que mi hija desapareció, desde ahí yo me sentí atada de pies y manos430.


  1. El 9 de julio de 2007 Claudia Ivonne Ramos Monárrez, hermana de la joven Ramos, declaró ante el Ministerio Público que:

el día dos de mayo de [2006] present[é] una denuncia sobre unos vehículos y personas que anduvieron en mi casa preguntando donde vivía yo y con quien vivía y que hac[í]a y anduvieron investigando mi vida […]. [L]a denuncia se hizo ante la Procuradura y ella giró ordenes expresas a [una] funcionaria [quien] me tom[ó] declaración y todo se hac[í]a en secrecía […] [hasta] la fecha no se ha investigado nada; [además] […] hace dos meses […] solicité por escrito una copia de la denuncia que [inter]puse y me d[i] cuenta que no era una denuncia[,] [sino que] me tomaron mi declaración como testimonio y lo anexaron al expediente […] de mi hermana Berenice Ramos […] [por lo que] vuelvo a solicitar se investigue[, por qué] estuvieron los judiciales y carros oficiales enfrente de mi domicilio431.

  1. La familia Ramos Monárrez solicitó asilo a las autoridades estadounidenses. El Juez que decidió sobre la solicitud de asilo político basó su decisión, inter alia, en la declaración de varios testigos, quienes mencionaron que:

Hay varios grupos que han hablando en contra el femicidio. Dichos grupos han realizado protestas y marchas. Uno de estos grupos fue ‘Integración de Madres por Juárez’, la cual fue fundada por la Sra. Monarrez Salgado. [La declarante] intenta asistir a una reunión de la organización. Antes de llegar, unos hombres armados asaltan a los asistentes, por lo que la reunión se cancela432;

[…]


Prevalece, claramente, un clima de miedo e intimidación en contra de la gente que habla en contra de los asesinatos y la falta de investigación relacionada con los homicidios de las jóvenes mujeres en Ciudad Juárez [...]. La Sra. Monarrez Salgada se convirtió en una de los familiares de las victimas de femicidio que más se hace oír a la hora de solicitar que la policía investigue estos crímenes […]. [Ha] públicamente cuestionado la competencia de la policía, su nivel de compromiso para resolver crímenes y ha discutido abiertamente la posible participación directa de la policía en el encubrimiento de los femicidios. […] Ha participado en varias entrevistas nacionales e internacionales a través de distintas radios, canales de televisión y periódicos. […] Los funcionarios del gobierno y la gente directamente vinculada al él, están detrás de las amenazas y actos de intimidación, dado su interés en silenciar el apoyo a los homicidios y las críticas respecto del manejo de los casos de femicidio por parte del gobierno433;

  1. Por último, el mismo juez consideró los testimonios de la familia Ramos Monarrez, los cuales calificó como “consistentes y bien fundamentados por la prueba documentada”434. En lo que respecta a las declaraciones de la señora Monarrez señaló que:

A través de los medios de comunicación, la Sra. Monárrez Salgado acusó públicamente a los funcionarios del gobierno de México, incluyendo el Gobernador y el Fiscal General del estado mexicano de Chihuahua, de ser cómplices de la muerte de su hija y la subsiguiente deficiente investigación. […]

Después de identificar el cuerpo de su hija, la Sra. Monárrez Salgado empezó a recibir llamadas amenazantes. Las personas que la llamaron le dijeron que si continuaba hablando, la iban a matar o le iban a hacer desaparecer a sus hijos. Las llamadas telefónicas fueron continuas, sin embargo, se intensificaron después de que la Corte Interamericana admitió el caso de los Asesinatos del Campo Algodonero;

Un día mientras caminaba hacia un funeral, la Sra. Monárrez Salgado notó que la seguía una camioneta. La camioneta aceleró y se dirigió rápidamente hacia ella. Ella pudo quitarse del camino. La camioneta dio vuelta a la manzana e intentó atropellarla nuevamente. La Sra. Monárrez Salgado pudo evitar el segundo ataque, por lo que la camioneta se alejó. Luego se dirigió al funeral;

Al volver del funeral, se encontró con que alguien había entrado a su casa y había revisado sus expedientes relacionados con la muerte de su hija. Faltaban algunos documentos. Unas semanas después, alguien intentó entrar a su casa por segunda vez.



  1. De igual manera la señora Claudia Ivonne Ramos Monárrez y el señor Jorge Daniel Ramos Monárrez, declararon ante el juez de inmigración determinados hechos de hostigamiento que les condujeron a sentirse amenazados y a ver peligrar su vida, por lo que solicitaron asilo a las autoridades estadounidenses, el cual les fue otorgado435.

  2. El Juez otorgó el asilo al constatar que “en el transcurso de ocho años, la familia Monárrez Salgado ha tenido que enfrentar actos de hostigamiento, amenazas y atentados en contra de sus vidas que llegaron al nivel de persecución. Cada miembro de la familia sufrió incidentes, llegando a ser una seria amenaza en contra de sus vidas y por lo tanto, ello constituiría acoso. Sin embargo, es claro que han sufrido acoso cuando se tiene en cuenta el efecto acumulativo de los años de intimidación, hostigamiento y ataques físicos”436.

  3. La prueba pericial aportada en el proceso ante la Corte ha determinado, en cuanto a los familiares de la joven Ramos, que sufren miedo sostenido por los peligros y las amenazas diversas que han padecido, reflejados en hechos que han puesto en peligro su seguridad y su integridad en espacio público, sin que las autoridades hayan dado atención expedita y adecuada a sus demandas. También han padecido sensaciones de soledad y aislamiento por la desconfianza creciente en las autoridades437.

  4. Del expediente del presente caso se desprenden ciertos datos en referencia a la existencia de un patrón de conductas estatales hacia familiares de mujeres víctimas de violencia en Ciudad Juárez que consistían en tratos despectivos e irrespetuosos y hasta agresivos cuando intentaban obtener información sobre las investigaciones438, que además generaban en la mayoría de los casos desconfianza y temor, por lo que no denunciaban los hechos. En algunos casos los familiares manifestaron que se les dijo que dejaran de realizar averiguaciones o llevar a cabo otras actividades en procura de justicia439. Asimismo, se ha reportado que “el hostigamiento y las amenazas a las familiares de las víctimas, a sus representantes y a las organizaciones de la sociedad civil, se ha recrudecido en la misma medida en que la presión nacional e internacional se han acrecentado”, haciéndolos responsables por esa dimensión nacional e internacional que ha tomado la situación440.

  5. Con base en lo anterior, la Corte considera que del acervo probatorio se desprende que la señora Monárrez sufrió diversos actos de hostigamiento desde la desaparición de su hija hasta que abandonó su país para irse como asilada a Estados Unidos, circunstancias que también sufrieron sus tres hijos y nietos.

  6. En lo que respecta a la familia Herrera, el 5 de abril de 2006, la señora Monreal Jaime declaró ante la Fiscalía que a su hijo Adrián Herrera Monreal, “lo interceptaron en su vehículo, llegaron dos patrullas de la Policía Municipal y dos camionetas de la Policía Judicial, lo bajaron, lo golpearon y se llevaron su vehículo. [O]cho meses después apareció el auto desmantelado en un terreno de la Policía Judicial”441. Esta declaración es consistente con la vertida ante esta Corte en la audiencia pública442 y con la prueba pericial aportada443.

  7. Por otro lado, no consta cuestionamiento específico por parte del Estado en contra de estos hechos alegados, ni el mismo ha aportado prueba que desvirtúe la existencia de éstos. Por ende, el Tribunal tiene por establecido la existencia de actos de hostigamiento contra el señor Adrián Herrera Monreal.

  8. Por lo que respecta a la familia González, ni los representantes ni la Comisión precisan hechos concretos que reflejen los alegados hostigamientos y amenazas, ni construyeron una argumentación con fundamentos probatorios que le permita realizar a la Corte una conclusión sobre el alegato.

  9. En virtud de lo expuesto, la Corte concluye que los actos de hostigamiento que sufrieron los familiares configura una violación al derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Adrián Herrera Monreal, Benita Monárrez Salgado, Claudia Ivonne Ramos Monárrez, Daniel Ramos Monárrez, Ramón Antonio Aragón Monárrez, Claudia Dayana Bermúdez Ramos, Itzel Arely Bermúdez Ramos, Paola Alexandra Bermúdez Ramos y Atziri Geraldine Bermúdez Ramos.

VIII


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