Corte interamericana de derechos humanos


Deber de investigar efectivamente los hechos, conforme a los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención, derivado de la obligación de garantía de los derechos a la vida, integridad personal y libert



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4.2.2. Deber de investigar efectivamente los hechos, conforme a los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención, derivado de la obligación de garantía de los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal

  1. De la obligación general de garantía de los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal deriva la obligación de investigar los casos de violaciones de esos derechos; es decir, del artículo 1.1 de la Convención en conjunto con el derecho sustantivo que debe ser amparado, protegido o garantizado297. Asimismo, México debe observar lo dispuesto en el artículo 7.b y 7.c de la Convención Belém do Pará, que obliga a actuar con la debida diligencia298 y a adoptar la normativa necesaria para investigar y sancionar la violencia contra la mujer.

  2. En su sentencia de fondo emitida en el caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, la Corte estableció que, conforme al deber de garantía:

[e]l Estado está […] obligado a investigar toda situación en la que se hayan violado los derechos humanos protegidos por la Convención. Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción. Lo mismo es válido cuando se tolere que los particulares o grupos de ellos actúen libre o impunemente en menoscabo de los derechos humanos reconocidos en la Convención299.

  1. El deber de investigar es una obligación de medio y no de resultado, que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa300. La obligación del Estado de investigar debe cumplirse diligentemente para evitar la impunidad y que este tipo de hechos vuelvan a repetirse. En este sentido, la Corte recuerda que la impunidad fomenta la repetición de las violaciones de derechos humanos301.

  2. A la luz de ese deber, una vez que las autoridades estatales tengan conocimiento del hecho, deben iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, captura, enjuiciamiento y eventual castigo de todos los autores de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales302.

  3. De otra parte, la Corte ha advertido que esta obligación se mantiene “cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aún los particulares, pues, si sus hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado”303.

  4. En tal sentido, en el marco de la obligación de proteger el derecho a la vida, la Corte Europea de Derechos Humanos ha desarrollado la teoría de la “obligación procesal” de efectuar una investigación oficial efectiva en casos de violaciones a aquél derecho304. La Corte Interamericana también ha aplicado esta teoría en diversos casos305.

  5. La Corte considera que el deber de investigar efectivamente, siguiendo los estándares establecidos por el Tribunal (supra párrs. 287 a 291) tiene alcances adicionales cuando se trata de una mujer que sufre una muerte, maltrato o afectación a su libertad personal en el marco de un contexto general de violencia contra las mujeres. En similar sentido, la Corte Europea ha dicho que cuando un ataque es motivado por razones de raza, es particularmente importante que la investigación sea realizada con vigor e imparcialidad, teniendo en cuenta la necesidad de reiterar continuamente la condena de racismo por parte de la sociedad y para mantener la confianza de las minorías en la habilidad de las autoridades de protegerlas de la amenaza de violencia racial306. El criterio anterior es totalmente aplicable al analizarse los alcances del deber de debida diligencia en la investigación de casos de violencia por razón de género.

  6. Para determinar si la obligación procesal de proteger los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal por la vía de una investigación seria de lo ocurrido se ha cumplido a cabalidad en este caso, es preciso examinar las diversas acciones tomadas por el Estado con posterioridad al hallazgo de los cuerpos sin vida, así como los procedimientos a nivel interno destinados a dilucidar los hechos ocurridos y a identificar a los responsables de las violaciones cometidas en perjucio de las víctimas.

  7. El Tribunal analizará la controversia entre las partes sobre alegadas irregularidades relacionadas con 1) la custodia de la escena del crimen, recolección y manejo de evidencias, elaboración de las autopsias y en la identificación y entrega de los restos de las víctimas; 2) actuación seguida contra presuntos responsables y alegada fabricación de culpables; 3) demora injustificada e inexistencia de avances sustanciales en las investigaciones; 4) fragmentación de las investigaciones; 5) falta de sanción a los funcionarios públicos involucrados con irregularidades, y 6) negación de acceso al expediente y demoras o negación de copias del mismo.


4.2.2.1. Alegadas irregularidades en la custodia de la escena del crimen, recolección y manejo de evidencias, elaboración de las autopsias y en la identificación y entrega de los restos de las víctimas

  1. Tal como ha sido señalado (supra párr. 20), el Estado alude a dos etapas de las investigaciones, la primera entre 2001 y 2003 y la segunda entre 2004 y 2009. El Estado reconoció su responsabilidad por algunas irregularidades en la primera etapa, pero alegó que en la segunda etapa se corrigieron estas deficiencias y se impulsó el “Programa de Identidad Humana” con la participación del EAAF.

  2. La Corte observa que el 1 de mayo de 2005 la Procuraduría de Chihuahua contrató al EAAF con el fin de asesorar en la “identificación de restos de mujeres no identificadas en las ciudades de Juárez y Chihuahua”, así como también “la revisión de casos en los que los familiares de las víctimas expresan dudas sobre la identidad de los restos que han recibido”307. Teniendo en cuenta las conclusiones elaboradas por el EAAF respecto al presente caso, la prueba obrante en el expediente y el reconocimiento de responsabilidad del Estado, el Tribunal se referirá a las irregularidades que se presentaron en: a) el hallazgo de los cuerpos, la custodia de la escena del crimen, y en la recolección y manejo de evidencias; b) la práctica de autopsias, y c) la práctica de pruebas de ADN, identificación y entrega de los restos.

a) Irregularidades en la elaboración del informe de hallazgo de los cuerpos, preservación de la escena del crimen y en la recolección y manejo de evidencias

  1. La Comisión alegó que “el acta de levantamiento de los cadáveres no señala los métodos utilizados para recolectar y preservar la evidencia” y que las autoridades “asociaron algunos elementos de evidencia […] con determinados cadáveres […] en razón de su cercanía con los cuerpos siendo que todo esto se encontró en un espacio amplio”. Los representantes alegaron que las autoridades no rastrearon debidamente el lugar. Agregaron que del conjunto “de objetos y evidencias observados en el lugar, no hubo mayores resultados que la tipificación sanguínea de algunos, sin que posteriormente se confrontaran con otros elementos y con los cuerpos”. Asimismo, la Comisión y los representantes sostuvieron que no se hizo “constancia o identificación del lugar donde quedaron resguardadas las evidencias”, ni de los funcionarios a cargo de las mismas. Los representantes agregaron que “[n]o hay un orden ni una secuencia para marcar las evidencias encontradas”, lo cual resultó “en contradicciones e inconsistencias en los resultados de los dictámenes periciales”.

  2. Entre las irregularidades reconocidas por el Estado durante la primera etapa de las investigaciones se encuentran “[l]a inapropiada preservación del lugar del hallazgo”, la no adopción de “medidas necesarias” para que la escena del crimen “no fuera contaminada”, “el procesamiento no exhaustivo de las evidencias recabadas” y la no realización de “diligencias periciales sobre los indicios probatorios”.

  3. Este Tribunal ha establecido que la eficiente determinación de la verdad en el marco de la obligación de investigar una muerte, debe mostrarse desde las primeras diligencias con toda acuciosidad308. En este sentido, la Corte ha especificado los principios rectores que es preciso observar en una investigación cuando se está frente a una muerte violenta. Las autoridades estatales que conducen una investigación de este tipo deben intentar como mínimo, inter alia: i) identificar a la víctima; ii) recuperar y preservar el material probatorio relacionado con la muerte, con el fin de ayudar en cualquier potencial investigación penal de los responsables; iii) identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones en relación con la muerte que se investiga; iv) determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así como cualquier patrón o práctica que pueda haber causado la muerte, y v) distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio. Además, es necesario investigar exhaustivamente la escena del crimen, se deben realizar autopsias y análisis de restos humanos, en forma rigurosa, por profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados309.

  4. Además, los estándares internacionales señalan que, en relación con la escena del crimen, los investigadores deben, como mínimo, fotografiar dicha escena, cualquier otra evidencia física y el cuerpo como se encontró y después de moverlo; todas las muestras de sangre, cabello, fibras, hilos u otras pistas deben ser recogidas y conservadas; examinar el área en busca de huellas de zapatos o cualquier otra que tenga naturaleza de evidencia, y hacer un informe detallando cualquier observación de la escena, las acciones de los investigadores y la disposición de toda la evidencia coleccionada310. El Protocolo de Minnesota establece, entre otras obligaciones, que al investigar una escena del crimen se debe cerrar la zona contigua al cadáver, y prohibir, salvo para el investigador y su equipo, el ingreso a la misma311.

  5. En el presente caso, el 6 de noviembre de 2001 se hizo el levantamiento de los cadáveres de las tres víctimas. La información en el expediente ante la Corte indica que una llamada de un “trabajador de la construcción que cruzaba el terreno a pie para recortar distancia”312 alertó sobre la existencia de los cuerpos. Sin embargo, esa información, ni ninguna otra relacionada con las circunstancias del hallazgo, fue hecha constar en el informe judicial respectivo. Tan solo consta que el agente del Ministerio Público inició la investigación a raíz de una llamada telefónica del radio operador de la Policía Judicial del Estado313.

  6. En la fe ministerial de 6 de noviembre fueron reseñadas un total de 26 evidencias e indicios314. Sin embargo, estas no son, a excepción de una, las evidencias que figuran en las tres actas de levantamiento de cadáver315, cada una de las cuales señala evidencias distintas sin que se observe la ubicación de las mismas, la relación entre ellas y su relación con la fe ministerial. Otras evidencias fueron encontradas el 7 de noviembre de 2001, al hacer el levantamiento de los otros cinco cadáveres (supra párr. 209). Sin embargo, el listado de las evidencias recogidas el 7 de noviembre es igual al elaborado el 6 de noviembre316. Además, en las actas de levantamiento de los otros cinco cadáveres también constan otras evidencias distintas a las anteriores317, sin que se demuestre en el expediente la ubicación de las mismas, la relación entre ellas y con la fe ministerial.

  7. Con posterioridad a la recolección de evidencias efectuadas el 6 y 7 de noviembre, los familiares de las víctimas hicieron dos rastreos entre el 24 y 25 de febrero del 2002 para recabar prueba adicional en el lugar del hallazgo de los cuerpos. Encontraron un número significativo de evidencias. El inventario de las evidencias recolectadas incluye prendas de vestir, nueve piezas de calzado y once objetos diversos entre los que se encontraba una placa de vehículo fronterizo y un permiso municipal provisional. También se incluían cabellos, restos hemáticos, vestimenta de las posibles víctimas, trozos de plástico, envases diversos, muestras de tierra, restos óseos, entre otros. No se señala quiénes eran los funcionarios responsables de estas muestras, a dónde fueron enviadas y en qué condiciones fueron conservadas318. Algunas de estas evidencias permanecieron más de seis años sin ser analizadas. En efecto, el 22 de noviembre de 2007, en el marco de la organización de cajas con evidencia respecto a casos tramitados en Ciudad Juárez, fue encontrada una caja con muestras de cabello y huesos de las víctimas, sin indicación alguna respecto a por qué dicha evidencia se encontraba en ese lugar y sin indicación sobre procedimientos establecidos para proteger dichas evidencias, es decir, sin debida cadena de custodia319.

  8. Sobre este punto, el Manual de Naciones Unidas indica que la debida diligencia en una investigación médico-legal de una muerte exige el mantenimiento de la cadena de custodia de todo elemento de prueba forense320. Ello consiste en llevar un registro escrito preciso, complementado, según corresponda, por fotografías y demás elementos gráficos, para documentar la historia del elemento de prueba a medida que pasa por las manos de diversos investigadores encargados del caso. La cadena de custodia puede extenderse más allá del juicio y la condena del autor, dado que las pruebas antiguas, debidamente preservadas, podrían servir para el sobreseimiento de una persona condenada erróneamente. La excepción la constituyen los restos de víctimas positivamente identificadas que pueden ser devueltos a sus familias para su debida sepultura, con la reserva de que no pueden ser cremados y que pueden ser exhumados para nuevas autopsias321.

  9. El Tribunal concluye que en el presente caso se presentaron irregularidades relacionadas con: i) la falta de precisión de las circunstancias del hallazgo de los cadáveres; ii) la poca rigurosidad en la inspección y salvaguarda de la escena del crimen practicada por las autoridades; iii) el indebido manejo de algunas de las evidencias recolectadas, y iv) los métodos utilizados no fueron acordes para preservar la cadena de custodia.

  10. Además, la Corte observa que este caso no es el único en el que se han denunciado negligencias en la recolección de evidencias (supra párr. 150). En efecto, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con los Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez indicó que entre 1993 y 2005 frecuentemente “los dictámenes periciales, fundamentalmente los de criminalística de campo, no correspond[ían] en su contenido a las constancias ministeriales practicadas en el lugar de los hechos por el agente del Ministerio Público respectivo”322. Además, se cometían muchos errores en la preservación de la escena del crimen323, destrucción de evidencias324 e irregularidades en la preservación y análisis de evidencia325.

b) Irregularidades en la realización de autopsias

  1. Los representantes alegaron que las conclusiones respecto de la causa de muerte de las víctimas, no son claras y no ofrecen certeza. Igualmente, destacaron que las autoridades no ordenaron los exámenes correspondientes y que tomaron muestras de órganos para realizar exámenes, pero se desconocen los resultados de los mismos y la ubicación de la muestra.

  2. El Estado reconoció “[e]l impropio proceso de identificación de los cuerpos y de determinación de la causa de muerte”.

  3. La Corte resalta que las autopsias tienen como objetivo recolectar, como mínimo, información para identificar a la persona muerta, la hora, fecha, causa y forma de la muerte. Estas deben respetar ciertas formalidades básicas, como indicar la fecha y hora de inicio y finalización, así como el lugar donde se realiza y el nombre del funcionario que la ejecuta. Asimismo, se debe, inter alia, fotografiar adecuadamente el cuerpo; tomar radiografías del cadáver, de su bolsa o envoltorio y después de desvestirlo, documentar toda lesión. Se debe documentar la ausencia, soltura o daño de los dientes, así como cualquier trabajo dental, y examinar cuidadosamente las áreas genital y para-genital en búsqueda de señales de abuso sexual. En casos de sospecha de violencia o abuso sexual, se debe preservar líquido oral, vaginal y rectal, y vello externo y púbico de la víctima326. Asimismo, el Manual de Naciones Unidas indica que en los protocolos de autopsia se debe anotar la posición del cuerpo y sus condiciones, incluyendo si está tibio o frío, ligero o rígido; proteger las manos del cadáver; registrar la temperatura del ambiente y recoger cualquier insecto327.

  4. En el presente caso, un perito del EAAF que analizó la autopsia de la joven Herrera señaló que ésta no era completa, que se omitieron tanto las anotaciones respecto a lesiones en el sistema óseo y falta de piel, como la realización de estudios para determinar otros indicios. No se describieron el período de la putrefacción, la macroscopía de los órganos internos, ni se realizó el tiempo craneano, es decir no hay apertura del mismo328. Las autopsias no anexaron fotografías ni radiografías que se han debido tomar, ni hicieron referencia a ellas329. Similares conclusiones se pueden establecer respecto a las demás autopsias a partir de la prueba disponible ante la Corte330. Tampoco documentaron la realización de exámenes específicos en búsqueda de evidencias de abuso sexual, lo cual resulta particularmente grave debido al contexto probado en el presente caso y a las características que presentaban los cuerpos al momento de su hallazgo (supra párr. 212).

  5. La Corte constata que estas negligencias no son aisladas sino que forman parte de un contexto en Ciudad Juárez, según el cual “[e]n gran parte de los expedientes analizados no se apreció que se haya solicitado, ni que corra agregado en actuaciones, dictamen pericial alguno para la búsqueda de fibras en las ropas de las víctimas, a efecto de una posterior confronta[ción]; lo anterior, incluso, en los restos humanos u osamentas de víctimas no identificados”331. Según un informe de Amnistía Internacional de 2003 las autopsias no se llevaban a cabo “conforme a los estándares necesarios para contribuir al esclarecimiento de los crímenes”332, ni tampoco se exponen los medios utilizados para llevar a conclusiones, como por ejemplo, la estatura, tipo de muerte o la posible hora o fecha de muerte333. Asimismo, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con los Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez hace referencia a que “se detectó que en algunos casos[,] dichos dictámenes establecen fechas en las que está plenamente acreditado que las víctimas todavía se hallaban con vida”334. Además, la testigo Doretti afirmo que muchos expedientes de homicidio “no contenían información sobre la ubicación final de los restos después de su paso por el [Servicio Médico Forense], incluyendo tanto aquellos que fueron entregados a sus familiares, como los que fueron inhumados como restos no [i]dentificados en panteones municipales o depositados” en dicho servicio335.

c) Alegadas irregularidades en la identificación y entrega de los cuerpos

  1. La Comisión y los representantes aludieron a contradicciones e inconsistencias en los resultados de identificación de los restos. El Estado “reconoc[ió] la falta de una determinación científica e irrefutable de la identidad de las tres víctimas en un primer momento”. La Corte analizará a continuación irregularidades en a) la asignación de los nombres a los cuerpos encontrados, b) la entrega incompleta de los cuerpos sin que existiese una identificación positiva, y c) las controversias relativas a los análisis de ADN.

c.1) Inicial asignación arbitraria de nombres a los cuerpos

  1. La Comisión y los representantes alegaron que la asignación inicial de los nombres en los cuerpos fue arbitraria. Los representantes, además, indicaron que al momento en que se “dictó auto de formal prisión en contra de dos inculpados, cada uno de los cuerpos tenía nombre y apellido, a pesar de que […] no hubieran aparecido nuevas evidencias o pruebas científicas que llevaran a esa conclusión”.

  2. Sobre la relevancia de una identificación de las víctimas según las reglas de debida diligencia, el perito Castresana Fernández señaló lo siguiente:

Iniciada la investigación, cuando es necesaria la identificación de la víctima, los procedimientos adecuados -técnico forenses-, cobran relevancia como quiera que de acuerdo a las condiciones de hallazgo de los cadáveres o restos humanos, no es posible muchas veces realizar identificación en forma visual -directa o por fotografía-, o por las prendas de vestir y efectos que llevaba la víctima. En estos casos, la identificación por medios científicos como los sistemas antropométrico, dactilar, geométrico de Matheios, biométricos, ADN, antropología forense, odontología forense, etc[.], requieren de laboratorios especializados con la acreditación y el reconocimiento internacional que garanticen la fiabilidad de los procedimientos y la idoneidad de los profesionales que realicen las pruebas336.

  1. Respecto a la asignación arbitraria de nombres, el testigo Máynez Grijalva declaró que “la identidad de los cuerpos dada por el Procurador se desprendió de la confesión de los detenidos”337. Asimismo, el EAAF señaló que se solicitó que “cuatro de las ocho osamentas recuperadas[, incluyendo las tres víctimas, fueran] comparadas […] sólo con una desaparecida”338. El EAAF agregó que “[l]os oficios en los que se realiza esta solicitud y el expediente consultado no especifican la razón por la que ciertos cuerpos se comparan específicamente […] sólo con ciertas mujeres desaparecidas a uno y dos días del hallazgo” 339.

  2. El Estado no controvirtió las precisiones de hecho efectuadas por dichos testimonios y documentos, razón por la cuál el Tribunal da por probadas estas irregularidades relacionadas con la asignación arbitraria de identidades.

c.2) Entrega de los cuerpos sin que existiese una identificación positiva

  1. Los estándares internacionales exigen que la entrega de restos ocurra cuando la víctima esté claramente identificada, es decir, una vez que se haya conseguido una identificación positiva. El Protocolo de Minnesota establece que “el cuerpo debe ser identificado por testigos confiables y otros métodos objetivos”340.

  2. En el presente caso, a pesar de haberse ordenado la realización de diversos dictámenes periciales341, incluyendo unos basados en la superposición cráneo-rostro y la realización de pruebas de ADN342, al momento de la entrega de los cuerpos el Estado sólo contaba con las opiniones que algunos familiares emitieron respecto a algunos datos físicos generales y al reconocimiento de vestimenta343.

  3. En efecto, en el caso de la joven González, el 15 de noviembre de 2001 su hermana señaló que la había reconocido por una muestra de cabello, una uña, una bata y una blusa, así como por un relleno dental344. El cuerpo fue entregado a los familiares ese mismo día345. En el caso de la joven Herrera, el 16 de noviembre de 2001 fue reconocida por su hermano y por su padre a través de “la ropa que encontraron” en el lugar del hallazgo de los cadáveres346. Ese mismo día les fue entregado el cuerpo a los familiares347. Sobre este caso el EAAF consideró que al entregarse los restos a los familiares “no se contaba aun con suficientes elementos para establecer una identificación positiva”348. En el caso de la joven Ramos, el 22 de marzo de 2002 su madre señaló que reconoció el cuerpo de su hija por un brassier y unos “huar[a]ches” (sandalias) que le mostraron. Asimismo, indicó que le preguntaron si su hija tenía una fractura en el brazo, a lo que respondió afirmativamente349. Esta identificación fue ratificada por el tío de la víctima al reconocer los rasgos que le fueron descritos y la fractura en el brazo350. Ese mismo día les fue entregado el cuerpo351.

  4. Después de haber entregado los cuerpos a los familiares, la Oficina de Servicios Periciales de Chihuahua emitió dictámenes en materia de craneometría y odontología y determinó “coincidencia en relación oseo-facial” y “características en dientes” al comparar fotografías de las víctimas, su cráneo y su dentadura352.

  5. En relación con la utilización de esta metodología de superposición cráneo-rostro, la prueba pericial obrante en el expediente indica que debe estar complementada con otros dictámenes para llegar a una identificación positiva. El perito Snow precisó que “ningún antropólogo forense responsable utiliza esta técnica como medio de identificación positiva”353. Por ejemplo, en el caso de la joven Herrera, la testigo Doretti precisó que “el análisis de superposición cráneo-foto debería haber sido reforzado por un análisis genético completo previo a la entrega de los restos”. Al respecto, la testigo precisó que esta entrega de los restos generó que un dictamen genético realizado casi un año después, ofreciera resultados inconclusos debido a la poca información genética recuperada354.

  6. Además, el EAAF indicó que en octubre de 2003 se solicitaron nuevos análisis genéticos para los otros casos de campo algodonero. Sin embargo, los restos de las víctimas del presente caso no se analizaron “posiblemente porque ya habían sido entregados a sus familias y las muestras tomadas en septiembre del 2002 se agotaron en los análisis del 2002”355.

  7. La Corte concluye que el reconocimiento efectuado por parte de familiares no era suficiente para una identificación positiva, así como tampoco lo eran las pruebas cráneo-rostro. Además, la Corte constata que la entrega de cuerpos fue realizada antes de que existiera certeza sobre la identidad de los mismos, lo cual generó mayores dificultades en el proceso posterior de identificación a través de muestras de ADN.

  8. Con todo, el Tribunal observa que la identificación final de la joven Ramos se logró entre el 18 de octubre de 2005 y el 16 de marzo de 2006, luego de que el EAAF efectúa un segundo examen de ADN a una clavícula que su familia conservaba356. El 15 de marzo de 2006 la madre de la joven Herrera compareció ante el Ministerio Público a fin de expresar su deseo de no continuar con el cotejo de ADN, manifestando su conformidad con la identificación efectuada previamente357. Los familiares de la joven González indicaron su conformidad con la identificación inicial (supra párr. 218).

c.3). Controversias relativas a los análisis de ADN

  1. La Comisión y los representantes alegaron que los resultados de las muestras de ADN “fueron entregados dos años después” y que “no se pud[ieron] obtener perfiles genéticos completos”.

  2. El Estado argumentó que “la tardanza en los resultados de […] ADN […] no obedecía a negligencia por parte de la autoridad ministerial local sino al procedimiento que dichos peritajes requieren”.

  3. En el presente caso se realizaron tres dictámenes genéticos en 2002. En un dictamen de septiembre de 2002 se concluyó que no existía relación genética entre el cuerpo identificado como el de la joven Ramos y su familia358, lo cual contradecía las conclusiones establecidas por los exámenes antropológicos359. En otro análisis genético realizado en octubre de 2002, se determinó que la joven Ramos no presentaba parentesco con dos familias analizadas360 y se determinó “probable relación de parentesco genético [de una osamenta] con la [f]amilia Herrera” 361. En el caso de la joven González, no se pudo confrontar con su familia “debido a la ausencia de perfil genético en [su] osamenta”362.

  4. Sobre estos resultado el EAAF indicó que el hecho de que se haya concluido que dos de los perfiles genéticos de dos osamentas pertenecen a una misma persona exigía “nuevas muestras de los restos para poder ratificar o rectificar el diagnostico”363. Adicionalmente, el EAAF criticó que “no todos los restos fueron comparados contra todos los familiares de las ocho familias”364.

  5. Respecto al caso de la joven Herrera el EAAF señaló que la conclusión de uno de los análisis era “insuficiente […] para establecer una relación genética” 365 y que “[n]o consta en el expediente la cadena de custodia de las muestras de los restos mencionados que se analizan en este primer análisis genético”366.

  6. La Corte constata que existieron irregularidades en la aplicación de las pruebas genéticas y que éstas sólo tuvieron un resultado parcialmente positivo para el caso de la joven Herrera. Para el caso de la joven González no se tuvo ningún resultado, mientras que para el caso de la joven Ramos los resultados contradijeron la identificación ya realizada por los familiares y el dictamen cráneo-foto. En lo que respecta al alegato referente al excesivo tiempo que tomo la realización de las mencionadas pruebas, no se ofreció argumentación sobre prueba que permita concluir sobre demoras irrazonables.

  7. Teniendo en cuenta todo lo anterior, la Corte considera que el presente caso se relaciona con lo verificado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en otros casos similares. Dicha oficina constató la “falta de toma de muestras de ADN a las víctimas, a las desaparecidas y a los respectivos familiares”367. Cuando estos se realizaron, muchos mostraron resultados distintos a las identificaciones iniciales368. En este sentido, los resultados de análisis genéticos obtenidos eran en algunos casos contradictorios entre sí, “un laboratorio por ejemplo, obtiene un resultado positivo entre determinados restos y una determinada familia […], mientras que otro laboratorio obtiene resultados negativos al realizar la misma comparación”. Tampoco se utilizaban soluciones posibles, tales como “junta de peritos para revisar las opiniones divergentes y tratar de proporcionar mayores elementos de análisis”369.

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  1. Teniendo en cuenta lo expuesto, así como el reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado, el Tribunal concluye que se presentaron irregularidades relacionadas con: i) falta de información en el reporte sobre el hallazgo de los cadáveres, ii) inadecuada preservación de la escena del crimen, iii) falta de rigor en la recolección de evidencias y en la cadena de custodia, iv) contradicciones e insuficiencias de las autopsias, y v) irregularidades e insuficiencias en la identificación de los cuerpos, así como en la entrega irregular de los mismos.




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