Corte interamericana de derechos humanos


VOTO CONCURRENTE DEL JUEZ SERGIO GARCÍA RAMÍREZ



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VOTO CONCURRENTE DEL JUEZ SERGIO GARCÍA RAMÍREZ


A LA SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA

DE DERECHOS HUMANOS

EN EL CASO CAESAR VS. TRINIDAD Y TOBAGO

(11 DE MARZO DE 2005)

1. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la que agrego este Voto razonado, emitida el 11 de marzo de 2005 en el proceso sobre el Caso Caesar vs. Trinidad y Tobago, suscita diversas cuestiones vinculadas con temas relevantes. Entre aquéllas figuran: extensión y vigencia de los deberes asumidos por el Estado parte en un convenio internacional; legitimidad de ciertas penas a la luz de las normas nacionales e internacionales acerca de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; algunos extremos del debido proceso legal, señaladamente la observancia del “plazo razonable”; condiciones de detención de individuos procesados o sentenciados; y proporcionalidad entre el delito cometido y la sanción prevista en la ley y aplicada por el tribunal.


2. Todos esos temas, con la salvedad del mencionado en último término, fueron abarcados por la Corte Interamericana en la consideración del presente caso y en los puntos resolutivos de la sentencia respectiva. Por supuesto, también fue examinada la competencia del Tribunal para conocer este asunto, no obstante la denuncia de la Convención Americana por el Estado, que no compareció en el proceso, y la posible argumentación adversa a la competencia de la Corte Interamericana en función de la reserva –o limitación en el reconocimiento de la competencia-- formulada por aquél al tiempo de ratificar la Convención.


I. COMPETENCIA DE LA CORTE

3. En lo que concierne a la denuncia, conviene tomar en cuenta que los hechos sub judice ocurrieron cuando el Estado era parte en la Convención Americana. Por lo tanto quedan sujetos a la competencia ratione temporis de la Corte. Aun cuando el Estado no concurrió al juicio, la Corte impulsó de oficio el procedimiento. La normativa vigente confiere al Tribunal esta potestad, que constituye, al mismo tiempo, una obligación del órgano jurisdiccional.


4. Por lo que atañe a la restricción en el reconocimiento de la competencia ratione materiae, conviene considerar el criterio sustentado anteriormente por la Corte a este respecto en los Casos Hilaire, Constantine y Benjamín y otros (Trinidad y Tobago). Excepciones preliminares. Sentencias del 1º de septiembre de 2001). En esa oportunidad se desestimó la restricción establecida por el Estado cuando ratificó la Convención y aceptó la competencia contenciosa del Tribunal interamericano. El rechazo obedeció a que la restricción fue formulada en términos a tal punto generales que afectan el objeto y fin del tratado e implican el condicionamiento total de la jurisdicción internacional por los órganos de justicia interna. Si se tuviera en pie una restricción de este carácter sería imposible conocer el alcance de la jurisdicción internacional, cuya actividad se vería sujeta a valoración y admisión de los órganos internos, caso por caso.
5. En el Voto razonado que acompañé a la citada sentencia del 1º de septiembre de 2001 señalé lo que a continuación transcribo y hoy reitero: “coincido con los Jueces que integran la Corte en el señalamiento de que la reserva o declaración formulada por Trinidad y Tobago en el instrumento de ratificación de la Convención (del 3 de abril de 1991, depositado el 28 de mayo del mismo año), a propósito de la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana, tendría el efecto de excluir al Estado del sistema jurisdiccional que en ese mismo instrumento declara aceptar, en cuanto contiene una condición de carácter general que subordina el ejercicio de la jurisdicción, en forma prácticamente absoluta, a las disposiciones del Derecho interno. En efecto, dicha declaración admite la mencionada jurisdicción contenciosa --pieza clave en la efectiva vigencia del sistema interamericano de derechos humanos-- ‘sólo en la medida en que (su ejercicio) sea compatible con las secciones pertinentes de la Constitución de la República de Trinidad y Tobago’.
“Como es fácil advertir, la fórmula utilizada por el Estado no precisa --a diferencia de lo que suele ocurrir en otras declaraciones de la misma naturaleza-- cuáles son, específicamente, los puntos sustraídos al conocimiento y a la resolución de la Corte, que necesariamente aplica la Convención Americana, no las disposiciones del Derecho interno de un Estado. Así las cosas, ese tribunal internacional estaría privado de la posibilidad de ejercer con independencia las atribuciones que le asigna la Convención y debería sujetarse a una modalidad de cotejo casuístico entre las normas de ésta y las del Derecho interno, que a su vez se hallaría sometido a la interpretación de los tribunales nacionales.
“Evidentemente, semejante limitación --establecida, como se ha dicho, en forma general e indeterminada--, no es consecuente con el objeto y fin de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ni corresponde a la naturaleza de la jurisdicción interamericana llamada a tutelar esos derechos.
“Por otra parte, la fórmula que se analiza incluye igualmente algunas expresiones de muy difícil comprensión, que resultan equívocas para el intérprete --y que podrían obstruir íntegramente el quehacer jurisdiccional de la Corte--, como la de que se reconoce la jurisdicción obligatoria del tribunal internacional ‘siempre que una sentencia de (éste) no contravenga, establezca o anule derechos o deberes existentes de ciudadanos particulares¡. Es posible citar algunos ejemplos sobre las implicaciones que podría tener esta expresión oscura. Evidentemente, una sentencia de la Corte podría incidir sobre supuestos ‘deberes de los individuos’ derivados de actos o medidas que el tribunal considere violatorios de la Convención. Las resoluciones del tribunal interamericano también repercutirían sobre ‘derechos de los particulares’ si reconocieran a favor de éstos ciertas consecuencias jurídicas con motivo de las violaciones cometidas: así, el derecho a reparaciones. Por otra parte, no está claro lo que se quiere decir al señalar que las sentencias de la Corte no podrían establecer ‘derechos o deberes existentes’ de ciudadanos particulares.
“En suma, por todo lo expuesto en los párrafos precedentes --en los que se proyecta el criterio que funda las sentencias de la Corte en los casos a los que se refiere este Voto-- no es posible reconocer eficacia a la declaración formulada por el Estado en el instrumento de ratificación del 28 de mayo de 1991, y sustentar en ella la excepción preliminar que se invoca”.
6. Me parece pertinente subrayar que esta desestimación por parte de la Corte de una restricción establecida por un Estado no implica, en modo alguno, que el Tribunal ignore o soslaye cualquier limitación que aquél pudiera fijar. La Corte, instrumento de seguridad y justicia, debe preservar cuidadosamente ambos valores jurídicos. Si impusiera al Estado una competencia que éste ha excluido específicamente, estaría afectando, por lo menos, el principio de seguridad jurídica. La Convención Americana y el desempeño del Tribunal instituido por aquélla se mantienen atentos a las decisiones legítimas de los Estados en el marco de las reservas y restricciones admisibles.
7. El respeto a esta circunstancia --que tampoco implica, por otra parte, negar que pudo haber violaciones a derechos humanos, independientemente de que la Corte se abstenga de pronunciarse sobre ellas-- se ha visto en las decisiones del Tribunal que debieron ponderar los efectos de una reserva o una restricción. El ejemplo más reciente del cumplimiento por la Corte de su deber en este campo aparece en la decisión dictada en el Caso Serrano Cruz. La situación que se analiza ahora no es igual a la existente en ese caso. De ahí las diferentes determinaciones adoptadas. En una hipótesis se restringe la competencia en términos admisibles, aunque quizás no deseables; en la otra, se condiciona totalmente.
8. Constituye motivo de la más viva preocupación desde la perspectiva de la eficacia del sistema interamericano de protección de los derechos humanos la negativa de un Estado a asumir plenamente los compromisos contraídos, de los que deriva la responsabilidad internacional que declara el Tribunal interamericano. Es posible que un Estado se abstenga de suscribir o de ratificar un tratado; lo es que incorpore al reconocimiento de la jurisdicción contenciosa los límites que expresamente autoriza la Convención; y lo es, finalmente, que denuncie ésta. Pero resulta por lo menos inexplicable que habiendo concurrido al Pacto resuelva posteriormente desatender las obligaciones que derivan de éste o sujetarlas a condiciones o modalidades no previstas por el tratado.
9. Es muy deseable que una profunda reflexión sobre estos problemas y acerca de la necesidad de fortalecer el sistema protector de los derechos humanos, conduzca a una reconsideración que contribuya a lograr los altos objetivos que proclaman la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Declaración Americana y el Pacto de San José, conforme a las decisiones adoptadas por los propios Estados que integran la comunidad interamericana.




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