Corte interamericana de derechos humanos


Alegatos de los Representantes



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Alegatos de los Representantes

119. Los representantes no solicitaron compensación pecuniaria alguna para el señor Caesar, debido a que una compensación de esta índole, que normalmente podría ser una reparación apropiada, le sería de escasa utilidad en sus condiciones actuales recluido en una cárcel de máxima seguridad. Los representantes sostuvieron que en los casos en los cuales la violación ha sido cometida y no es posible la plena restitución, la mitigación de la pena es el remedio apropiado para una persona privada de libertad que cumple una sentencia. Por tanto, un remedio adecuado para la violación de los derechos del señor Caesar sería que se le libere ahora de su sentencia y que el resto de la misma sea condonada. Además, como consecuencia de haber violado el artículo 2 de la Convención Americana el Estado está obligado a tomar las medidas necesarias para remediar la incongruencia entre su ley y la Convención Americana. Finalmente, los representantes no solicitaron el pago de costas ante la Corte, por haber actuado pro bono.



Consideraciones de la Corte
120. De conformidad con el análisis realizado en los capítulos precedentes, la Corte ha declarado, con base en los hechos del caso, la violación de los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de la misma; del artículo 2 de la Convención en relación con los artículos 5.1 y 5.2 del mismo instrumento; y del artículo 25 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1 y 2 de la misma. La Corte ha establecido, en varias ocasiones, que toda violación de una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente46. A tales efectos, el artículo 63.1 de la Convención Americana establece que:
[c]uando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en [la] Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.
121. Tal como lo ha señalado la Corte, el artículo 63.1 de la Convención Americana refleja una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre la responsabilidad de los Estados. De esta manera, al producirse un hecho ilícito imputable a un Estado, surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de la norma internacional de que se trata, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la violación47.
122. La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum), la cual consiste en el restablecimiento de la situación anterior a la violación. De no ser esto posible, como en el presente caso, cabe al tribunal internacional determinar una serie de medidas para que, además de garantizar el respeto de los derechos conculcados, se reparen las consecuencias que produjeron las infracciones y se establezca el pago de una indemnización como compensación por los daños ocasionados48. La obligación de reparar, que se regula en todos los aspectos (alcance, naturaleza, modalidades y determinación de los beneficiarios) por el Derecho Internacional, no puede ser modificada o incumplida por el Estado obligado, invocando disposiciones de su derecho interno49.
123. Las reparaciones, como el término lo indica, consisten en las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Su naturaleza y su monto dependen del daño ocasionado en los planos tanto material como inmaterial. Las reparaciones no pueden implicar ni enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima o sus sucesores50.
124. A la luz de los criterios anteriores, la Corte procede a analizar las pretensiones presentadas por la Comisión y por los representantes respecto de las reparaciones, con el objeto de disponer las medidas tendientes a reparar los daños en el presente caso.

*

  1. Daños inmateriales


125. El daño inmaterial puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas y a sus allegados, el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de la víctima o su familia. No siendo posible asignar al daño inmaterial un preciso equivalente monetario, sólo puede, para los fines de las reparación integral a las víctimas, ser objeto de compensación, y ello de dos maneras. En primer lugar, mediante el pago de una cantidad de dinero o la entrega de bienes o servicios apreciables en dinero, que el Tribunal determine en aplicación razonable del arbitrio judicial y en términos de equidad. Y, en segundo lugar, mediante la realización de actos u obras de alcance o repercusión públicos, tales como la transmisión de un mensaje de reprobación oficial a las violaciones de los derechos humanos de que se trata y de compromiso con los esfuerzos tendientes a que no vuelvan a ocurrir y que tengan como efecto, entre otros, el reconocimiento de la dignidad de la víctima51. El primer aspecto de la reparación de los daños inmateriales se analizará en esta sección y el segundo en la siguiente.
126. La jurisprudencia internacional ha establecido reiteradamente que la sentencia constituye, per se, una forma de reparación. No obstante, tomando en cuenta las circunstancias del presente caso y sus consecuencias de orden no material o no pecuniario que ha sufrido la víctima, la Corte estima pertinente que los daños inmateriales deben ser reparados, conforme a equidad, mediante el pago de una compensación52.
127. Para establecer una compensación por el daño inmaterial padecido por la víctima, la Corte toma en cuenta las circunstancias agravantes de la imposición de la pena corporal con el “gato de nueve colas”, específicamente la angustia, el profundo miedo y la humillación padecidas por el señor Caesar antes y durante la flagelación. Además, la Corte ha observado que la demora en ejecutar la sentencia de flagelación incrementó la angustia de la víctima mientras esperaba a ser castigado. Como consecuencia del castigo corporal, el señor Caesar continua padeciendo dolor en sus hombros y también ha padecido, inter alia, de síntomas de depresión, miedo y ansiedad lo suficientemente graves como para que el perito Robert Ferris le diagnosticara, al menos, un transtorno de adaptación. Por último, desde su encarcelamiento, la víctima ha padecido serios problemas de salud que no han sido tratados adecuadamente por las autoridades (supra párrs. 49.18, 49.19, 49.21, 49.31, 49.32 y 89).
128. Tomando en cuenta todos los elementos del presente caso la Corte estima pertinente fijar, en equidad, la suma de US$ 50.000,00 (cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América) como indemnización por concepto de daño inmaterial a favor del señor Caesar. La Corte hace notar que no se presentaron solicitudes específicas en relación con los familiares del señor Caesar.

*


B) Otras Formas de Reparación

(Medidas de Satisfacción y Garantías de no Repetición)

129. En este apartado el Tribunal determinará aquellas medidas de satisfacción que buscan reparar el daño inmaterial que no tienen alcance pecuniario, así como también dispondrá medidas de alcance o repercusión pública53.


130. La Corte ha declarado que la imposición de penas corporales por flagelación es absolutamente incompatible con la Convención. El carácter aberrante de dicha pena ha llevado a la Corte a declarar que el señor Caesar fue sometido a tortura, así como a otros tratos inhumanos y degradantes debido a las condiciones de su detención (supra párrs. 70, 73 y 101).
131. Asimismo, después de examinar la prueba presentada en el presente caso, es claro que los problemas físicos y psicológicos del señor Caesar aún persisten y no han sido tratados adecuadamente (supra párr. 49.32). Consecuentemente, la Corte considera apropiado ordenar, como lo ha hecho en otros casos54, que el Estado debe proveer al señor Winston Caesar, a partir de la notificación de la presente Sentencia, por el tiempo que sea necesario, sin cargo alguno, por medio de los servicios nacionales de salud, un adecuado tratamiento médico y psicológico, incluida la provisión de medicamentos, según las prescripciones de especialistas debidamente calificados.
132. Por haber declarado que la Ley de Penas Corporales es incompatible con los términos del artículo 5.1 y 5.2 de la Convención (supra párr. 73 y 94), la Corte requiere al Estado que adopte, dentro de un plazo razonable, las medidas legislativas o de otra índole necesarias para derogar la Ley de Penas Corporales.
133. La Corte ha establecido que “la sección 6 de la Constitución de la República de Trinidad y Tobago, que data de 1976, establece que ninguna norma anterior a la entrada en vigencia de ésta, puede ser objeto de impugnación constitucional en cuanto a sus Secciones 4 y 5 […]. La Ley de Delitos contra la Persona es incompatible con la Convención Americana y, por lo tanto, cualquier disposición que determine su inimpugnabilidad, también lo es en virtud de que Trinidad y Tobago, al ser parte de la Convención en el momento de los hechos, no puede invocar las disposiciones de su derecho interno para justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales”55. En el mismo sentido, al imposibilitar que la Ley de Penas Corporales sea impugnada, la “cláusula de exclusión” contenida en la Sección 6 de la Constitución de Trinidad y Tobago es incompatible con la Convención. En consecuencia, la Corte considera pertinente ordenar que el Estado enmiende, dentro de un plazo razonable, la mencionada Sección 6 de la Constitución de Trinidad y Tobago, en cuanto imposibilite a las personas el acceso a un recurso efectivo ante un tribunal competente para la protección violaciones de sus derechos humanos.
134. En relación con los párrafos precedentes, la Comisión y los representantes también alegaron que el sistema penitenciario del Estado mantiene a las personas privadas de libertad en condiciones que no respetan sus derechos a la integridad física y mental y a recibir un trato humano. Al respecto, la Corte declaró que las condiciones de detención a las cuales ha sido sometido el señor Caesar son contrarias al artículo 5.2 de la Convención y son representativas del sistema carcelario de Trinidad y Tobago (supra párrs. 49.22 y 100). Por estas razones, la Corte considera oportuno requerir al Estado, como lo hizo en el caso Hilaire, Constantine, Benjamin y otros56 y como una garantía de no repetición, que adopte, dentro de un plazo razonable, las medidas necesarias para que las condiciones de las cárceles se adecuen a las normas internacionales de derechos humanos en este tema.

*

C) Gastos y costas

135. Dado que los representantes no solicitaron ni gastos ni costas ante la Corte, ya que están actuando pro bono, y la Comisión no ha presentado ninguna observación al respecto, la Corte no otorga particulares gastos y costas en el presente caso.




XI

Modalidad de Cumplimiento

136. Para dar cumplimiento a la presente Sentencia, el Estado deberá efectuar el pago de la indemnización (supra párr. 128) dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de esta Sentencia; y debe adoptar las otras medidas de reparación, según los términos de los párrafos 131 a 134.


137. El pago de la indemnización establecida a favor de la víctima será hecha directamente a él. Si la víctima hubiere fallecido o fallezca antes del pago de la correspondiente indemnización, dicha cantidad se distribuirá conforme el derecho nacional aplicable.
138. El Estado puede cumplir sus obligaciones de carácter pecuniario mediante el pago en dólares de los Estados Unidos de América o en una cantidad equivalente en moneda nacional del Estado, utilizando para el cálculo respectivo el tipo de cambio entre ambas monedas que esté vigente en la plaza de Nueva York, Estados Unidos de América, el día anterior al pago.
139. Si por causas atribuibles al beneficiario de la indemnización no fuera posible que la reciba dentro del indicado plazo de un año, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia, el Estado consignará dichos montos a favor del beneficiario en una cuenta o certificado de depósito en una institución bancaria solvente de Trinidad y Tobago, en dólares estadounidenses y en las condiciones financieras más favorables que permitan la legislación y la práctica bancarias. Si al cabo de diez años la indemnización no ha sido reclamada, la cantidad será devuelta al Estado con los intereses devengados.
140. El monto asignado en la presente Sentencia bajo concepto de indemnización del daño inmaterial no podrá ser afectado, reducido o condicionado por motivos fiscales actuales o futuros. En consecuencia, deberá ser entregado a la víctima en forma íntegra conforme a lo establecido en la Sentencia.
141. En caso de que el Estado incurriera en mora, deberá pagar un interés sobre la cantidad adeudada, correspondiente al interés bancario moratorio en Trinidad y Tobago.
142. Conforme a su práctica constante, la Corte se reserva la facultad inherente a sus atribuciones de supervisar el cumplimiento íntegro de la presente Sentencia. El caso se dará por concluido una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en el presente fallo. Dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de esta Sentencia, el Estado deberá rendir a la Corte un primer informe sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a esta Sentencia.


XII

Puntos Resolutivos

143. Por tanto,




LA CORTE





DECLARA,

por unanimidad, que:

1. El Estado violó el derecho consagrado en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Winston Caesar, en los términos de los párrafos 70, 73, 89 y 100 de esta Sentencia.

2. El Estado incumplió su obligación consagrada en el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 5.1 y 5.2 de la misma, en perjuicio del señor Winston Caesar, en los términos del párrafo 94 de esta Sentencia.

3. El Estado no violó el derecho consagrado en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por las razones expuestas en los párrafos 106 a 112 de esta Sentencia.

4. El Estado violó el derecho consagrado en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, en perjuicio del señor Winston Caesar, en los términos del párrafo 113 a 117 de esta Sentencia.

5. Esta Sentencia constituye per se una forma de reparación, en los términos del párrafo 126 de la presente Sentencia.

Y DECIDE:

por unanimidad, que:


1. El Estado debe pagar al señor Winston Caesar, por concepto de daño inmaterial, la cantidad fijada en el párrafo 128 de la presente Sentencia.

2. El Estado debe proveer al señor Winston Caesar, a partir de la notificación de la presente Sentencia, por el tiempo que sea necesario, sin cargo alguno, por medio de los servicios nacionales de salud, un adecuado tratamiento médico y psicológico, incluida la provisión de medicamentos, según las prescripciones de especialistas debidamente calificados, en los términos del párrafo 131 de la presente Sentencia.

3. El Estado debe adoptar, dentro de un plazo razonable, las medidas legislativas o de otra índole necesarias para derogar la Ley de Penas Corporales (para Delincuentes Mayores de 18 años), en los términos del párrafo 132 de la presente Sentencia.

4. El Estado debe enmendar, dentro de un plazo razonable, la Sección 6 de la Constitución de Trinidad y Tobago, en los términos del párrafo 133 de la presente Sentencia.

5. El Estado debe adoptar, dentro de un plazo razonable, las medidas necesarias para que las condiciones de detención en las cárceles de Trinidad y Tobago se adecuen a las normas internacionales de derechos humanos en este tema, en los términos del párrafo 134 de la presente Sentencia.

6. El Estado debe efectuar el pago de la indemnización directamente a la víctima dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación del presente fallo, en los términos del párrafo 128 de esta Sentencia.

7. El Estado puede cumplir sus obligaciones de carácter pecuniario mediante el pago en dólares de los Estados Unidos de América o en una cantidad equivalente en moneda nacional del Estado, utilizando para el cálculo respectivo el tipo de cambio entre ambas monedas que esté vigente en la plaza de Nueva York, Estados Unidos de América, el día anterior al pago.

8. Si por causas atribuibles al beneficiario de la indemnización no fuera posible que éste las reciba dentro del indicado plazo de un año, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia, el Estado consignará dicho monto a favor del beneficiario en una cuenta o certificado de depósito en una institución bancaria trinitaria solvente, en los términos del párrafo 139 de la presente Sentencia.

9. El pago por concepto de daño inmaterial no podrá ser afectado, reducido o condicionado por motivos fiscales actuales o futuros, en los términos del párrafo 140 de la presente Sentencia.

10. En caso de que el Estado incurriera en mora, deberá pagar un interés sobre la cantidad adeudada, correspondiente al interés bancario moratorio en Trinidad y Tobago.

11. Supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. Dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de esta Sentencia, el Estado deberá rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para darle cumplimiento, en los términos del párrafo 142 de la misma.

Los Jueces García Ramírez, Jackman, Cançado Trindade y Ventura Robles hicieron conocer a la Corte sus Votos Razonados, los cuales acompañan esta Sentencia.

Redactada en español y en inglés, haciendo fe los textos en ambos idiomas, en San José, Costa Rica, el día 11 de marzo de 2005.







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