Corte interamericana de derechos humanos


VIII artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma (Derecho a la integridad personal)



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VIII


artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana

en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma

(Derecho a la integridad personal)



Alegatos de la Comisión
50. En relación con el artículo 5 de la Convención Americana la Comisión Interamericana señaló que:


  1. el concepto de “trato inhumano” incluye el de “trato degradante”;

  2. la tortura es una forma agravada de trato inhumano perpetrada con el propósito de obtener información, confesiones o infligir un castigo. El criterio esencial para distinguir la tortura de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes deriva de la intensidad del sufrimiento infligido;

  3. varios instrumentos de derechos humanos y de derecho humanitario prohíben expresamente el castigo corporal. Además, numerosos tribunales y autoridades internacionales y nacionales tales como el Relator Especial de la ONU sobre la Tortura, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, la Corte Europea de Derechos Humanos y la Comisión Europea para la Prevención de la Tortura y Tratos o Penas Inhumanos o Degradantes, han considerado que el castigo corporal es incompatible con las garantías internacionales y nacionales contra la tortura y otros tratos inhumanos;

  4. el “gato de nueve colas” pretende y logra el efecto de causar grave sufrimiento físico, mental y psicológico, así como daños físicos en el cuerpo de la víctima;

  5. el período de espera para la aplicación de la pena corporal puede causar grave angustia, estrés y sufrimiento mental, incluida la pérdida de control de los intestinos y la vejiga;


Respecto de la pena corporal impuesta al señor Caesar


  1. al imponer al señor Caesar una sentencia de 15 azotes con el “gato de nueve colas”, el Estado violó su derecho a que se respete su integridad física, mental y moral, conforme el artículo 5.1 de la Convención, y su derecho a no ser sometido a tortura o a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, conforme el artículo 5.2 de la misma;

  2. el período que el señor Caesar estuvo esperando la pena le causó una gran angustia, estrés y temor, pues fue expuesto al sufrimiento de otros reclusos sometidos al castigo corporal en cuatro ocasiones, sin saber si también le aplicarían el castigo;

  3. el Estado violó de forma flagrante su propia legislación al ejecutar la pena corporal del señor Caesar 23 meses –y no 6 meses–, después de emitida la sentencia, tal como lo prevé la ley;

  4. el sufrimiento causado al señor Caesar por la pena impuesta se incrementó por su edad (49 años); por su condición física vulnerable; por su trato anterior y posterior a la aplicación de la pena corporal; y por la manera en que ésta fue ejecutada;

  5. las normas internacionales que rigen la conducta del personal de salud de las prisiones (tal como los principios 2 y 4(b) de los Principios de las Naciones Unidas de Ética Médica), establecen la función del personal de salud, especialmente los médicos en la protección de personas presas y detenidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes. En este caso el médico presente durante la imposición de la pena corporal autorizó la ejecución de la misma pese a conocer el estado médico precario del señor Caesar, debido a la operación quirúrgica realizada algunas semanas antes. Estas circunstancias plantean graves interrogantes sobre el cumplimiento de las normas internacionales que rigen la conducta del personal de salud de la prisión;

  6. el hecho de que el trato dado al señor Caesar fuera impuesto como forma de sanción penal, no afecta la obligación del Estado de abstenerse de llevar a cabo un comportamiento contrario a los parámetros del artículo 5.1 y 5.2 de la Convención, pues la prohibición de la tortura y de otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes es absoluta;

  7. el Estado no respetó la obligación general que le impone el artículo 2 de la Convención de dar efecto legal interno a los derechos consagrados en el artículo 5 de la misma, al mantener una ley que permite infligir penas corporales mediante el azotamiento con el “gato de nueve colas”;

  8. el castigo mediante azotes del “gato de nueve colas” es, por su naturaleza, intención y efectos, incongruente con las normas de un trato humano previstas en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención y, por tanto, el Estado está obligado por el artículo 2 de la misma a derogar dicha ley;


Respecto de las condiciones de detención del señor Caesar


  1. el Estado es responsable de otras violaciones del derecho a un trato humano, establecido en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención, debido a las condiciones de detención del señor Caesar;

  2. el Estado incumplió con las normas internas e internacionales sobre condiciones de detención en el presente caso: entre enero de 1991 y noviembre de 1999, el señor Caesar fue sometido a condiciones de hacinamiento, higiene deficiente, falta de luz y ventilación, así como tratamiento médico inadecuado, todo lo cual violó su derecho a que se respete su integridad física, mental y moral, por lo que constituyen un trato o pena cruel, inhumano o degradante;

  3. el señor Caesar sufrió graves problemas de salud que incluyen la aparición de tuberculosis y de hemorroides crónicas, dolencia esta última de la que sigue padeciendo. Aunque el señor Caesar ha sido examinado por un médico en varias ocasiones, el tratamiento ha sido insuficiente e inoportuno, y su condición médica se ha deteriorado con el transcurso del tiempo; y

  4. el impacto de estas condiciones se ha exacerbado por los problemas de salud del señor Caesar y por los prolongados períodos durante los cuales ha estado recluido.



Alegatos de los representantes

51. En relación con el artículo 5 de la Convención Americana los representantes señalaron que:




  1. cualquier sentencia de flagelación o latigazos es cruel, inhumana y degradante. Además, el “principio de humanidad” implica la prohibición de cualquier castigo corporal;

  2. el término “tortura” se refiere a los malos tratos agravados impuestos a las personas. La tortura puede dejar efectos a largo plazo, sea por medio de estrés post-traumático o lesión seria, pero no es un efecto necesario en todos los casos. La tortura usualmente se asocia con una actividad que somete a la víctima a crueldad constante e impredecible, sobre la cual no hay una restricción legal. Sin embargo, una pena prescrita por la ley puede llegar a constituir tortura. Por su parte, las penas crueles, inhumanas o degradantes producen problemas que no pueden ser remediados;



Respecto de la pena corporal impuesta al señor Caesar





  1. la sentencia de castigo corporal y la manera en que ésta fue impuesta, violan el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención;

  2. el plazo límite para ejecutar la sentencia de flagelación establecido en la Ley de Penas Corporales es absoluto y no puede ser extendido por la mala salud del prisionero;

  3. la ejecución de la sentencia que establece penas corporales en sí es cruel, inhumana y degradante, aún sin los agravantes que vivió el señor Caesar. Además, la pena corporal del señor Caesar se llevó a cabo 23 meses después de emitida su sentencia y, por tanto, en flagrante violación de la propia ley del Estado;

  4. el señor Caesar sufrió severa angustia, estrés y miedo al ser expuesto al sufrimiento de otros reclusos, así como durante los momentos inmediatamente precedentes a su azotamiento debido a su reciente operación de hemorroides;

  5. la ejecución de la pena corporal frente a extraños humilló severamente al señor Caesar;

  6. el doctor que estuvo presente durante la aplicación de la pena corporal rompió tanto el código ético de medicina como sus propios principios, al permitir que se infligiera la pena sobre el señor Caesar, ya que dicho médico era plenamente consciente de su estado de salud;

  7. el Estado violó el artículo 2 de la Convención al no adoptar disposiciones de derecho interno para hacer efectivos los derechos consagrados en el artículo 5 de la Convención, en virtud de la sentencia de pena corporal del señor Caesar y de la manera en que fue ejecutada;



Respecto de las condiciones de detención del señor Caesar





  1. las condiciones carcelarias a las que ha sido sometido el señor Caesar violan el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención y, además, no han reunido los estándares requeridos por las Reglas Mínimas de Naciones Unidas al respecto; y

  2. el señor Caesar no fue operado hasta cinco o seis años después de la recomendación médica, en violación a las Reglas Mínimas de Naciones Unidas al respecto, lo cual empeoró su condición. La fecha de la operación de hemorroides sugerida por el señor Caesar podría ser incorrecta y podría haberse llevado a cabo a principios de 1997.


Consideraciones de la Corte
52. El artículo 5.1 y 5.2 de la Convención establece:

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.

2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.  Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

53. El artículo 1.1 de la Convención Americana establece:




  1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

[…]
54. El artículo 2 de la Convención Americana establece:


Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.
55. La Corte abordará en este apartado los siguientes puntos relacionados con las supuestas violaciones del artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma:


  1. la legitimidad de la imposición estatal de penas corporales de flagelación a la luz de dichas normas y la manera en que la pena corporal fue infligida al señor Caesar;

  2. el supuesto incumplimiento por parte del Estado de su obligación general establecida en el artículo 2 de la Convención, de adoptar disposiciones de derecho interno para hacer efectivos los derechos consagrados en el artículo 5 de la misma; y

  3. la responsabilidad del Estado por las condiciones de detención a que ha sido sometido el señor Caesar, en relación con dichas normas.

*
En relación con la legitimidad de la imposición estatal de penas corporales de flagelación a la luz del artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, y la manera en que la pena corporal fue infligida al señor Caesar


56. La Comisión alegó que la forma de castigo a la que fue sometido el señor Caesar es “por su naturaleza, intención y efectos [intrínsecamente contradictoria] con los [estándares mínimos] de trato humano, en los términos del artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana”.
57. Antes de decidir si el Estado es responsable por la violación del artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana en el presente caso, la Corte decidirá acerca de la compatibilidad de la imposición estatal de penas corporales, específicamente por medio de flagelación, con respecto a dichas normas. Para ello, la Corte considera pertinente examinar el carácter de este castigo bajo el derecho y la práctica internacionales y nacionales.
58. Todos los instrumentos internacionales de derechos humanos de alcance general, sean de carácter regional o universal, contienen preceptos de contenido similar al artículo 5 de la Convención Americana14. Dichos preceptos generales se complementan con la prohibición expresa de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes previstos en los instrumentos internacionales específicos y, para efectos del presente caso, la prohibición de la imposición de penas corporales15.
59. La Corte Interamericana ha sostenido que:

[…] la tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes están estrictamente prohibidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La prohibición de la tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes es absoluta e inderogable, aun en las circunstancias más difíciles, tales como guerra, amenaza de guerra, lucha contra el terrorismo y cualesquiera otros delitos, estado de sitio o de emergencia, conmoción o conflicto interior, suspensión de garantías constitucionales, inestabilidad política interna u otras emergencias o calamidades públicas16.


60. Asimismo, la jurisprudencia internacional y las resoluciones de otras autoridades, descritas a continuación, han considerado que el castigo corporal es incompatible con las garantías internacionales contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.
61. El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura ha declarado que el artículo 31 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos refleja la prohibición internacional de los tratos crueles, inhumanos o degradantes, y ha establecido, más ampliamente, que “los castigos corporales son incompatibles con la prohibición de la tortura, y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes contenida, inter alia, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y en la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”17.

62. En el mismo sentido, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha concluido que la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, contenida en el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos debe extenderse al castigo corporal, “incluidos los castigos excesivos impuestos por la comisión de un delito o como medida educativa o disciplinaria”18. Respecto de la aplicación de penas corporales en Trinidad y Tobago, el Comité manifestó, en sus Observaciones Conclusivas sobre un informe presentado por dicho Estado en los términos del artículo 40 de dicho Pacto, su preocupación al “observar que, aparte de la prohibición del castigo corporal a los menores de 18 años, el Estado Parte sigue aplicando los castigos de flagelación y azotes, que son penas crueles e inhumanas prohibidas al tenor del artículo 7 [del Pacto]”. Al respecto, el Comité recomendó al Estado que todas las sentencias de flagelación o azotamiento fueran inmediatamente abolidas19.


63. El Comité de Derechos Humanos ha llegado a conclusiones similares en sus decisiones sobre casos individuales. Por ejemplo, en el caso Sooklal vs. Trinidad y Tobago, el Comité estableció que la imposición del castigo corporal de azotamiento previsto por la ley del Estado como sanción constituye un trato o castigo cruel, inhumano o degradante contrario al artículo 7 del Pacto. En el mismo sentido, en el caso Osbourne vs. Jamaica, el Comité estableció que al imponer una sentencia de azotamiento con una vara de tamarindo, el Estado Parte había incumplido sus obligaciones respecto de dicho artículo20. Al respecto, el Comité estableció que:
[c]ualesquiera que sean la índole, del delito que se haya de castigar y su grado de brutalidad, el Comité está absolutamente convencido de que el castigo corporal constituye un trato cruel, inhumano y degradante que contraviene el artículo 7 del Pacto.
64. En el caso Tyrer vs. Reino Unido, la Corte Europea de Derechos Humanos se refirió a la incompatibilidad de las penas corporales con el derecho a un trato humano, establecido en el artículo 3 de la Convención Europea de Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. En dicho caso, un menor fue sometido a tres latigazos con una vara de abedul, en aplicación de la legislación interna de la Isla de Man (Reino Unido), por lo cual la Corte Europea concluyó que el trato era degradante y, como tal, violatorio del artículo 3 de la Convención Europea. Al respecto, dicho Tribunal internacional especificó que:
[…] la naturaleza misma de la pena corporal implica que un ser humano inflija violencia física sobre otro ser humano. Además, se trata de violencia institucionalizada, que, en este caso, está permitida por la ley, ordenada por las autoridades judiciales del Estado y llevada a cabo por sus autoridades policiales […] Así, aunque el demandante no sufrió ninguna consecuencia física grave o permanente, su castigo – por el cual fue tratado como un objeto en poder de las autoridades – constituyó una atentado a lo que precisamente es uno de los fines principales del artículo 3 […], es decir, la de proteger la dignidad y la integridad física de la persona. Tampoco se puede excluir que el castigo pueda haber ocasionado consecuencias psicológicas adversas.
El carácter institucionalizado de este tipo de violencia se agrava posteriormente por el contexto del procedimiento oficial respecto del castigo y por el hecho de que quienes lo ejecutaron eran completos extraños del ofensor21.
65. Además, las normas de derecho internacional humanitario prohíben absolutamente la imposición de castigos corporales en situaciones de conflictos armados, así como en tiempos de paz22.
66. Aunado a los estándares internacionales, una parte de ciertos Estados que aún mantenían castigos corporales en su legislación los han abolido recientemente23. Aún más, un creciente número de tribunales internos ha concluido que la imposición de castigos corporales, independientemente de las circunstancias del caso y de las modalidades en que se llevó a cabo, constituye un trato cruel, inhumano y degradante, y representa una forma de castigo que ya no es aceptable en una sociedad democrática24.
67. La Corte Europea de Derechos Humanos ha sostenido que para que un trato sea considerado como inhumano o degradante y, en grado extremo, como tortura, debe alcanzar un mínimo nivel de severidad. La evaluación de este nivel mínimo es relativa y depende de las circunstancias de cada caso, tales como la duración del trato y de sus consecuencias físicas y mentales25.
68. Por su parte, en el caso Celebici, la Cámara de Juicio del Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia analizó estándares normativos del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, con base en los cuales definió trato inhumano o cruel como:
[…] un acto u omisión intencional, que […] juzgado objetivamente, es intencionado y no accidental, que causa graves sufrimientos o daños mentales o físicos, o constituye un serio ataque a la dignidad humana26.

69. Por su parte, la Corte Interamericana ha considerado desde el caso Loayza Tamayo vs. Perú27 que:
[…l]a infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las personas es una clase de violación que tiene diversas connotaciones de grado y que abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o degradantes cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta. La Corte Europea de Derechos Humanos ha manifestado que, aún en la ausencia de lesiones, los sufrimientos en el plano físico y moral, acompañados de turbaciones psíquicas durante los interrogatorios, pueden ser considerados como tratos inhumanos. El carácter degradante se expresa en un sentimiento de miedo, ansia e inferioridad con el fin de humillar, degradar y de romper la resistencia física y moral de la víctima.
70. La propia jurisprudencia de este Tribunal así como de otros tribunales y autoridades internacionales, llevan a la Corte a concluir que existe una prohibición universal tanto de la tortura como de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, independientemente de cualquier codificación o declaración, por ser todos éstos violatorios de normas perentorias de derecho internacional28. Asimismo, la Corte es consciente de la creciente tendencia, a nivel internacional e interno, hacia el reconocimiento del carácter no permisible de las penas corporales, debido a su naturaleza intrínsecamente cruel, inhumana y degradante. Consecuentemente, un Estado Parte de la Convención Americana, en cumplimiento de sus obligaciones derivadas de los artículos 1.1, 5.1 y 5.2 de dicha Convención, tiene una obligación erga omnes de abstenerse de imponer penas corporales, así como de prevenir su imposición, por constituir, en cualquier circunstancia, un trato o pena cruel, inhumano o degradante.
71. En el presente caso, el señor Caesar fue sometido a un castigo corporal de flagelación, en aplicación de la sentencia emitida por la High Court de Trinidad y Tobago, en los términos de la Ley de Penas Corporales. Esta ley autoriza a los tribunales internos a ordenar la aplicación de penas corporales contra cualquier delincuente varón condenado por determinados delitos, además de cualquier otro castigo que le sea aplicable, ya sea por flagelación con el “gato de nueve colas”, por latigazos con una vara de tamarindo, abedul u otros objetos, o “en cualquiera de los dos casos, cualquier otro instrumento que el Presidente puede aprobar periódicamente” (supra párr. 49.7).
72. Según las pruebas aportadas a la Corte, el “gato de nueve colas” es un instrumento de nueve cuerdas de algodón trenzadas, cada una de aproximadamente 30 pulgadas de largo y menos de un cuarto de pulgada de diámetro, asidas a un mango. Las nueve cuerdas de algodón son descargadas en la espalda del sujeto, entre los hombros y la parte baja de la espina dorsal (supra párr. 49.8). Como tal, este instrumento está diseñado para provocar contusiones y laceraciones en la piel del sujeto a quien se le aplica, con la finalidad de causarle grave sufrimiento físico y psíquico. En consecuencia, la Corte tiene la convicción de que el “gato de nueve colas”, tal como se encuentra regulado y es aplicado en Trinidad y Tobago para la ejecución de penas corporales de flagelación, es un instrumento utilizado para infligir una forma de castigo cruel, inhumana y degradante.
73. En atención a la regulación y aplicación de las penas corporales de flagelación en Trinidad y Tobago, la Corte considera que la naturaleza misma de éstas refleja una institucionalización de la violencia que, pese a ser permitida por la ley, ordenada por las autoridades judiciales y ejecutada por las autoridades penitenciarias, constituye una sanción incompatible con la Convención29. Como tales, las penas corporales por medio de flagelación constituyen una forma de tortura y, en consecuencia, una violación per se del derecho de cualquier persona sometida a la misma a que se respete su integridad física, psíquica y mental, en los términos del artículo 5.1 y 5.2 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma. En consecuencia, la Ley de Penas Corporales debe ser considerada contraria a los términos del artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana (infra párr. 94).
74. Aún cuando la Corte Interamericana no está autorizada u obligada por la Convención para pronunciarse sobre la compatibilidad de acciones individuales con la Convención Americana, es obvio que las conductas y decisiones de los funcionarios y agentes del Estado deben enmarcarse en dichas obligaciones internacionales. En el presente caso, en el cual la Ley de Penas Corporales de Trinidad y Tobago otorga a la autoridad judicial la opción de ordenar, en ciertas circunstancias, la imposición de penas corporales además del encarcelamiento, la Corte siente la obligación de dejar constancia de su profunda preocupación por el hecho de que el juez de la High Court tuvo a bien ejercer una opción que manifiestamente tendría el efecto de infligir una pena que no sólo constituye una violación ostensible de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado bajo la Convención, sino que es además universalmente estigmatizada como cruel, inhumana y degradante.
*
75. La Corte evaluará ahora las circunstancias particulares en que fue ejecutada la sentencia de pena corporal del señor Caesar.
76. Está probado en el presente caso que el 5 de febrero de 1998 agentes del Estado flagelaron al señor Caesar. La declaración jurada del señor Caesar deja poco a la imaginación acerca del gran impacto físico y emocional ocasionado en él por dicha pena, así como la angustia y el sufrimiento que experimentó en los momentos inmediatamente precedentes a recibirla. El señor Caesar describió su experiencia de la siguiente manera:
[…] El 5 de febrero de 1998 recibí 15 latigazos con el gato de nueve colas. […H]abía cuatro hombres más en la celda conmigo. Fui el último en recibir la golpiza. Esta vez tenía aún más miedo […] Aún estaba recuperándome y me encontraba débil cuando me llevaron a ser azotado. Tenía miedo de no salir vivo debido a mi condición. […]
[…] Fui trasladado al cuarto donde recibiría los azotes. En el cuarto estaban presentes el […] médico de la prisión, el […] Jefe de Enfermería de la cárcel de Port of Spain, un Supervisor […], otros dos hombres que no conocía pero creo que eran del Ministerio de Seguridad Nacional, y dos funcionarios de la prisión. El [médico de la prisión] me dijo que me quitara la ropa. Le dije que acababa de ser operado. Él lo sabía, pero no contestó nada. Me quité la ropa. El [médico de la prisión] me tomó la presión sanguínea [y] después, […]dijo: “él está bien; adelante”. […]
[…] Después fui obligado a extenderme desnudo sobre un artefacto de metal conocido entre los reclusos como “Merry Sandy”, [que] tenía la forma de un águila extendida. No podía girar la cabeza. Sólo podía mirar hacia delante. Los dos funcionarios me sujetaron al “Merry Sandy”. Me ataron fuertemente las manos y los pies al artefacto. Luego cubrieron mi cabeza con un paño. Tenía miedo. Sentía náuseas. Mi cuerpo temblaba. Luego sentí un latigazo terriblemente doloroso en mi hombro. Mi cuerpo se tensó. Escuché una voz masculina decir “uno”. Era el hombre que me daba los azotes. No sabía quién era. Esperó a que mis músculos se relajaran, descargó de nuevo el gato de nueve colas en mi espalda y contó: “dos”. Antes de cada azote esperaba que mis músculos quedaran menos tensos antes de golpearme de nuevo. En cada ocasión decía el número de azotes que había recibido. El dolor era insoportable. Durante todo el tiempo que me pegaba, yo gritaba de dolor, me ponía histérico [y] gritaba que querían matarme. No puedo recordar cuántos azotes había recibido cuando empecé a desvanecerme. […] Sin embargo, los azotes continuaron y me desmayé. Cuando desperté, estaba acostado en una camilla en la misma sala. El Superintendente dijo que debía ser llevado a la enfermería.
[…] Permanecí en la enfermería por dos meses tras la golpiza. Me golpearon la espalda y los hombros. Mis hombros estaban magullados y sentía mucho dolor. Estaba débil. […] No recibí tratamiento médico por los azotes, excepto por los analgésicos. Me mantuvieron en la enfermería porque estaba enfermo y débil por la cirugía y porque las autoridades temían que me ocurriera algo.
[…] Actualmente sigo sintiendo los latigazos y continúo con dolor en los hombros30.
77. El dolor y el daño físico causados por la flagelación fueron exacerbados por la angustia, el estrés y el miedo padecidos durante el período en que el señor Caesar estuvo esperando su pena corporal en la cárcel. Más aún, en tres o cuatro diferentes ocasiones fue expuesto al sufrimiento de otros reclusos sometidos a penas similares. El señor Caesar así lo describió:
Estaba temblando. Fui llevado abajo a otro conjunto de celdas y puesto en una con cuatro hombres más. Permanecimos en la celda toda la noche. Estaba tenso y asustado y no dormí esa noche [...] Los funcionarios [se llevaron a uno de los prisioneros y lo] trajeron aproximadamente media hora después. Me asusté mucho cuando vi su condición. [...] Fue una tortura mental esperar mi turno [...] estaba temblando. [...] Fui sometido al mismo trato en tres ocasiones más. En cada una de ellas fui ubicado en una celda abajo con cuatro detenidos más. En cada ocasión los otros hombres fueron golpeados y yo no. Fue mucha tortura para mí. [...] Vi llorar [a algunos de ellos]. Sufrí tortura mental y emocional. Estaba muy asustado en cada ocasión. [...]31
78. De esta manera, el señor Cesar fue sometido a la amenaza de un abuso físico inminente y fue intencionalmente forzado a presenciar los efectos de dicha pena en otros reclusos, lo que le ocasionó angustia y miedo severos.
79. Asimismo, la Corte comparte la opinión de la Comisión de que la sentencia fue ejecutada de forma tal que humilló gravemente al señor Caesar, ya que fue flagelado al menos frente a seis personas y atado desnudo “en forma de águila extendida” a un artefacto de metal que lo inmovilizó mientras era golpeado.
80. De conformidad con las normas y la práctica internas del Estado32, el médico de la prisión se encontraba presente antes y durante la flagelación de la presunta víctima para revisar su condición física y, con base en los resultados de dicho examen, decidir si el castigo podía ejecutarse. Los representantes argumentaron que al permitir que la flagelación se llevara a cabo pese a su conocimiento de la condición médica del señor Caesar, el médico de la prisión violó sus deberes éticos. La Comisión argumentó que estas circunstancias dan origen a serios cuestionamientos acerca de la compatibilidad de la conducta del personal médico de las prisiones estatales con los estándares internacionales que regulan su conducta, en particular, aquellos establecidos en los Principios de Ética Médica Aplicables a la Función del Personal Médico en la Protección de Personas Detenidas y Privadas de Libertad contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de las Naciones Unidas33.
81. La Corte no determina responsabilidades individuales, sino que su función es la de proteger a las víctimas, determinar cuando sus derechos han sido violados y ordenar la reparación del daño causado por el Estado responsable de dichos actos34.
82. Además, la Comisión argumentó que las pruebas presentadas confirman que el sufrimiento experimentado por el señor Caesar fue además exacerbado por su vulnerable condición médica, específicamente por la cirugía de hemorroides a la que fue sometido algunas semanas antes de la flagelación. La presunta víctima, a su vez, declaró dicha circunstancia en su declaración jurada. Sin embargo, los representantes declararon durante la audiencia pública que la fecha de la cirugía podría ser incorrecta.
83. Está probado que la presunta víctima desarrolló hemorroides durante su detención y, en razón de ello, fue sometida a una operación en enero de 1997 (supra párr. 49.19). Puesto que no fue demostrado que dicha cirugía ocurriera pocas semanas antes de que el señor Caesar fuera flagelado, esta situación no puede ser considerada como una circunstancia agravante en este contexto.
84. También ha quedado demostrado que, después de la flagelación, el Estado no suministró al señor Caesar ningún tratamiento médico, excepto el suministro de analgésicos, sin tomar en cuenta el hecho de que había sido herido y que su condición médica ya era precaria. Esta conclusión encuentra apoyo en el informe del señor Robert Ferris, en el cual declaró que no encontró documentos de ningún tipo relativos a la pena corporal impuesta al señor Caesar, a sus consecuencias o a algún tratamiento suministrado (supra párr. 49.29).
85. Por otro lado, la Comisión alegó que el hecho de que la pena fuera ejecutada 23 meses después de la condena de la presunta víctima es una violación flagrante de la propia legislación del Estado, así como del artículo 5.1 y 5.2 de la Convención.
86. La Corte observa que la Sección 6 de la Ley de Penas Corporales requiere que una sentencia de pena corporal sea ejecutada dentro del plazo límite de seis meses contado desde la fecha de emisión de la misma. Como ha quedado demostrado, a partir de la enmienda de 1994, dicho plazo debe entenderse suspendido mientras una apelación se encuentre pendiente (supra párr. 49.9). Dicha enmienda, no obstante, no era aplicable a la situación del señor Caesar, por haber sido condenado con anterioridad a la entrada en vigor de ésta. En cualquier caso, la flagelación fue ejecutada cinco años y aproximadamente siete meses después del plazo límite establecido por la ley aplicable al señor Caesar, por lo que es razonable asumir que dicho retraso aumentó y extendió su angustia mental35.
87. La Corte ha apreciado las circunstancias agravantes que acontecieron en la imposición de la pena del señor Caesar y ha tomado en cuenta el grado de intensidad del dolor y del sufrimiento físico y mental que padeció, lo cual se incrementó con el trato que recibió antes y después de la flagelación. Al respecto, la Comisión alegó que existe una violación adicional de la Convención, en relación con dichas circunstancias agravantes.
88. En los párrafos anteriores, la Corte ha declarado que la pena corporal por flagelación, según ha sido examinado en el presente caso, debe ser considerada como una forma de tortura y, por lo tanto, contraria per se al artículo 5.1 y 5.2 de la Convención y a normas perentorias de derecho internacional (supra párr. 73). Además, la Corte es consciente de las circunstancias que rodearon la imposición de la pena corporal del señor Caesar, tales como: la humillación extrema causada por la flagelación en sí; la angustia, el estrés y el miedo sufridos mientras esperaba su castigo en prisión, período que fue caracterizado por una demora excesiva; así como el hecho de haber presenciado el sufrimiento de otros prisioneros que habían sido flagelados. La extrema gravedad y el grado de intensidad del sufrimiento físico y mental que estas circunstancias provocaron en el señor Caesar, serán consideradas por la Corte al momento de fijar las reparaciones pertinentes (infra párr. 127).
89. Por lo tanto, todas las circunstancias del presente caso llevan a la Corte a declarar que el Estado violó el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Winston Caesar.
*
En relación con el supuesto incumplimiento por parte del Estado de su obligación general establecida en el artículo 2 de la Convención de adoptar disposiciones de derecho interno para hacer efectivos los derechos consagrados en el artículo 5 de la misma.
90. La Corte determinará si el Estado ha cumplido con sus obligaciones generales contenidas en el artículo 2 de la Convención.
91. Al interpretar el artículo 2 de la Convención, la Corte ha considerado que:

[s]i los Estados tienen, de acuerdo con el artículo 2 de la Convención Americana, la obligación positiva de adoptar las medidas legislativas que fueren necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención, con mayor razón están en la obligación de no expedir leyes que desconozcan esos derechos u obstaculicen su ejercicio, y la de suprimir o modificar las que tengan estos últimos alcances. De lo contrario, incurren en violación del artículo 2 de la Convención36.



92. Las violaciones del artículo 5.1 y 5.2 de la Convención, en perjuicio del señor Caesar, resultaron no sólo de las acciones y omisiones de los agentes estatales sino, primordialmente, de la existencia misma y de los términos de la Ley de Penas Corporales (supra párr. 73).
93. La Corte ha declarado que dicha ley es incompatible con el artículo 5 de la Convención Americana. Una vez que la Convención entró en vigor para Trinidad y Tobago, el Estado debió haber adaptado su legislación de conformidad con las obligaciones contenidas en dicho tratado, con el fin de asegurar la más efectiva protección de los derechos humanos consagrados en la misma. Es necesario reafirmar que, de conformidad con el artículo 2 de la Convención, la obligación de adaptar la legislación interna es, por su propia naturaleza, una de resultado y, consecuentemente, la denuncia de la Convención por parte del Estado no puede extinguir las obligaciones internacionales por éste asumidas mientras el tratado se encontraba en vigencia. Dichas obligaciones tienen un carácter autónomo y automático, y no dependen de ninguna declaración de los órganos de supervisión de la Convención respecto de una legislación interna específica.
94. Al haber declarado la incompatibilidad de la Ley de Penas Corporales con la Convención Americana, y por el hecho de que el Estado no derogó o de cualquier manera anuló dicha ley después de la ratificación de la Convención, la Corte debe declarar que Trinidad y Tobago incumplió con las obligaciones establecidas en el artículo 2 de la Convención, en relación con el artículo 5.1 y 5.2 de la misma.
*
Respecto de la responsabilidad del Estado por las condiciones de detención a que ha sido sometido el señor Caesar, en los términos del artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana.
95. La Comisión alegó que el Estado es responsable por ulteriores violaciones del derecho del señor Caesar a un trato humano previsto en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención, debido a las condiciones en que ha permanecido en prisión. La Comisión afirmó que debido a dichas condiciones de detención el Estado no ha cumplido con los estándares internacionales e internos en el trato debido al señor Caesar. Además, la Comisión señaló que el impacto de estas condiciones ha incrementado por los períodos prolongados en que el señor Caesar ha permanecido encarcelado en relación con su proceso penal.
96. Al respecto, la Corte ha especificado que, de conformidad con el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención:
[…] toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en situación de detención compatible con su dignidad personal. En otras oportunidades, este Tribunal ha señalado que la detención en condiciones de hacinamiento, con falta de ventilación y luz natural, sin cama para el reposo ni condiciones adecuadas de higiene en aislamiento e incomunicación o con restricciones indebidas al régimen de visitas constituyen una violación a la integridad personal37.
97. Al hacer referencia a la cuestión de las condiciones de detención, la Corte Interamericana también ha evaluado otros instrumentos internacionales, así como la jurisprudencia de otras instituciones de protección de derechos humanos. Recientemente la Corte ha declarado que frente a las personas privadas de libertad, el Estado se encuentra en una posición especial de garante, toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen un control o dominio total sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia38. En este particular contexto de subordinación del detenido frente al Estado, este último tiene una responsabilidad especial de asegurar a aquellas personas bajo su control las condiciones que les permitan retener un grado de dignidad consistente con sus derechos humanos inherentes e inderogables39.
98. En el Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros, la Corte consideró que el grave hacinamiento, los recursos sanitarios inadecuados, la falta de higiene y de tratamientos médicos, eran características de las condiciones de detención en varias prisiones en Trinidad y Tobago. La Corte concluyó que las condiciones en las cuales las víctimas de dicho caso habían sido encarceladas eran, de hecho, indicativas de las “condiciones generales del sistema carcelario de Trinidad y Tobago”, por lo que las víctimas fueron sometidas a vivir en condiciones que “constituyen tratos crueles, inhumanos o degradantes ya que […] afectan su integridad física y psíquica.”40
99. Tal como fue expuesto en los hechos probados del presente caso, durante su detención, el señor Caesar ha permanecido encarcelado junto con otros prisioneros en celdas pequeñas, sin ventilación y equipadas con un balde en vez de servicios sanitarios, en las cuales se ha visto obligado a dormir en el suelo. Desde su encarcelamiento, el señor Caesar también ha padecido serios problemas de salud. Pese a que ha sido examinado por personal médico en varias ocasiones, el tratamiento médico del señor Caesar ha sido inadecuado y sus condiciones de salud se han deteriorado con el paso del tiempo (supra párrs. 49.16 y 49.18).
100. La Corte estima que las condiciones de detención a las que ha sido sometido el señor Caesar han irrespetado su integridad física, psíquica y moral, tal como lo establece el artículo 5.1 de la Convención y constituyen un trato inhumano y degradante contrario al artículo 5.2 de la Convención, teniendo estos preceptos el carácter de jus cogens. Por lo tanto, el Estado es responsable, además, por la violación del artículo 5.1 y 5.2 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Caesar.


IX

artículos 8 y 25 de la Convención Americana

en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma

(Garantías Judiciales y Protección Judicial)
Alegatos de la Comisión
101. En relación con los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana señaló que:


  1. el Estado es responsable por la violación al derecho del señor Caesar a ser juzgado dentro de un plazo razonable, en razón del retraso de su proceso penal, de conformidad con el artículo 8.1 de la Convención;

  2. el señor Caesar fue objeto de una demora total de 15 años contada desde su arresto inicial el 11 de noviembre de 1983 hasta que el 9 de noviembre de 1998 el asesor informó al abogado del señor Caesar que su intento de apelar ante el Comité Judicial del Privy Council no tenía perspectivas de tener éxito. Este período implica una demora irrazonable que supera las demoras de casos anteriores en los que la Corte ha declarado violado el artículo 8.1 de la Convención. El Estado no ha brindado explicación alguna por dicha demora, ni surge del expediente hecho alguno que pudiera explicarla;

  3. la Sección 6 de la Constitución de Trinidad y Tobago no permite la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Penas Corporales;

  4. el Estado es responsable por la violación del derecho del señor Caesar a la protección judicial, establecido en el artículo 25 de la Convención, así como de las obligaciones que le impone el artículo 2 de la misma en conexión con los artículos 7.5 y 8.1 de ésta, al no prever en su legislación interna el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable;

  5. la Constitución de Trinidad y Tobago no incluye entre los derechos y libertades fundamentales el derecho a un juicio dentro de un plazo razonable, lo cual ha sido confirmado por el Comité Judicial del Privy Council en varios casos; y

  6. aunque el señor Caesar fue liberado por el Estado antes del juicio y, por tanto, no necesitó invocar el artículo 7.5 de la Convención, la prueba indica que al no haber protegido su derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, de acuerdo con el artículo 8.1 de la misma, esto también implica necesariamente, como cuestión general, el incumplimiento por parte del Estado de la obligación de proteger ese derecho en virtud del artículo 7.5 de la Convención.



Alegatos de los representantes

102. En relación con los artículos 8 y 25 de la Convención Americana los representantes señalaron que:




  1. el Estado violó el artículo 8 de la Convención al no brindar al señor Caesar un juicio y procedimiento de apelación en un plazo razonable;

  2. el Estado violó el artículo 25 de la Convención, por no haber brindado al señor Caesar un recurso interno efectivo;

  3. el señor Caesar fue sometido a un retraso de 12 años, contados desde su arresto inicial hasta su intento de apelar ante el Judicial Committee del Privy Council;

  4. la sentencia en sí y la manera en que fue ejecutada con contrarias al derecho establecido en la Sección 4.a) y la Sección 5.2.b) de la Constitución de Trinidad y Tobago. No obstante, las violaciones de los derechos establecidos en dichas Secciones no pueden ser recurridas a nivel interno debido a la “cláusula de exclusión” contenida en la Sección 6.1 de la misma. Sin embargo, los Estados no pueden evadir sus obligaciones establecidas en los tratados de derechos humanos basándose en “cláusulas de exclusión” que tengan como efecto socavar o atentar contra la implementación doméstica de dichas obligaciones; y

  5. el Estado violó el artículo 2 de la Convención al no haber dado efecto legal interno alguno a los derechos consagrados en el artículo 8 de la Convención.


Consideraciones de la Corte
103. El artículo 8.1 de la Convención Americana prevé el derecho a un debido proceso de la siguiente forma:
Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
104. El artículo 25.1 de la Convención consagra el derecho a la protección judicial de la siguiente manera:
Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
105. La Corte abordará en este apartado los siguientes puntos, respecto de las supuestas violaciones de los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma:


  1. la razonabilidad de la duración del proceso penal; y

  2. la existencia de un recurso efectivo en la legislación interna, a disposición de la presunta víctima, para impugnar la existencia o la imposición de penas corporales.

*
106. La Corte debe destacar que, con posterioridad a la emisión de la sentencia de la Court of Appeal de Trinidad y Tobago el 28 de febrero de 1996, el señor Caesar aún tenía la posibilidad de presentar una “solicitud especial de venia para apelar” ante el Privy Council. Este Tribunal no comparte la afirmación de la Comisión de que el proceso seguido contra el señor Caesar se demoró un total de quince años, calculados desde su arresto inicial en 1983 y su “intento de apelar ante el Court of Appeal del Privy Council en 1998”. Dicho “intento” consistió en una opinión legal rendida en noviembre de 1998 por un asesor de Londres, a solicitud de los abogados del señor Caesar, razón por la cual no puede ser equiparada a una etapa procesal dentro de un proceso judicial. En consecuencia, la duración del proceso debe calcularse considerando la decisión de la Court of Appeal de 28 de febrero de 1996 como la sentencia definitiva emitida en el proceso penal.


107. Aunque ni la Comisión ni los representantes abordaron la cuestión de la competencia ratione temporis
de la Corte, es necesario que el Tribunal considere esta cuestión en el contexto de la duración del proceso penal, con la finalidad de evaluar la razonabilidad de dicha duración, con el propósito de decidir si hubo una violación de los derechos consagrados en el artículo 8.1 de la Convención.
108. Al respecto, la Corte ha sostenido que41:

[…] Al codificar el derecho general sobre el tema, el artículo 28 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados establece que
Las disposiciones de un tratado no obligarán a una parte respecto de ningún acto o hecho que haya tenido lugar con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del tratado para esa parte ni de ninguna situación que en esa fecha haya dejado de existir, salvo que una intención diferente se desprenda del tratado o conste de otro modo.
109. En casos en que la Corte ha declarado que no tenía competencia ratione temporis
para decidir sobre ciertos hechos, el Tribunal ha sido claro en afirmar que esta situación no implica un juicio sobre la existencia de los mismos42.
110. En casos en que se ha alegado la violación de los artículos 5.3 o 6.1 de la Convención Europea de Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, la Corte Europea de Derechos Humanos ha restringido sus consideraciones a los períodos que se enmarcan dentro de su jurisdicción ratione temporis, determinándolos desde la fecha en que el Estado reconoció el derecho de petición individual o ratificó dicha Convención. Sin embargo, es importante destacar que, al determinar si hubo violación de algún derecho en casos de detención o de duración del proceso interno, la Corte Europea toma en consideración el período transcurrido desde la fecha en que dicha ratificación o reconocimiento tuvo efecto43.
111. La Corte nota que el proceso penal duró más de 12 años, si dicho período se cuenta a partir del primer arresto del señor Caesar ocurrido el 11 de noviembre de 1983, tal como lo han hecho la Comisión y los representantes. No obstante, puesto que el reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte por parte de Trinidad y Tobago tuvo efecto a partir del 28 de mayo de 1991, este Tribunal sólo puede tomar en consideración el período transcurrido desde la fecha de dicho reconocimiento hasta la decisión de la Court of Appeal de 28 de febrero de 1996, que es la sentencia definitiva dictada en el proceso penal. El señor Caesar fue condenado el 10 de enero de 1992 por la High Court de Trinidad y Tobago. Sus abogados esperaron casi dos años para apelar la sentencia y el 28 de febrero de 1996 la Court of Appeal desestimó la apelación y confirmó la sentencia. En consecuencia, la Corte estima que la duración del proceso penal en el período comprendido entre el 28 de mayo de 1991 y el 28 de febrero de 1996, descontado el período de casi dos años que los abogados del señor Caesar tardaron en apelar la sentencia ante la Court of Appeal, no constituye una demora que pueda ser calificada como irrazonable, en los términos del artículo 8.1 de la Convención.
112. Por lo anteriormente expuesto, la Corte considera que el Estado no es responsable de la violación del artículo 8.1 de la Convención.
*
113. La Corte examinará ahora si la presunta víctima tuvo a su disposición un recurso efectivo en la legislación interna para impugnar la existencia o la imposición de penas corporales.
114. En el presente caso, los jueces internos estaban autorizados para condenar al señor Caesar a ser flagelado con el “gato de nueve colas”, en aplicación de las leyes de Trinidad y Tobago, específicamente de la Ley de Penas Corporales.
115. Es importante enfatizar que, si bien el señor Caesar no apeló su sentencia ante el Privy Council, al momento de los hechos era improbable que una apelación ante dicha institución, respecto de la aplicación de penas corporales, tuviera éxito. Al respecto, el perito Desmond Allum señaló que:
[u]na de las razones principales por las cuales no se ha presentado una impugnación sustancial a la legalidad de una sentencia de penas corporales es la “cláusula de exclusión”. Esta cláusula ha asegurado efectivamente que los tribunales [internos] no puedan impugnar la constitucionalidad de una sentencia de castigo corporal, dado que esta [cláusula] es anterior a la entrada en vigor de la Constitución de 1976, y consecuentemente, fue “salvada” en la ley de [Trinidad y Tobago] como buen derecho [(“as good law”)].
En el reciente caso Matthew vs. el Estado de Trinidad y Tobago44, el Judicial Committee del Privy Council examinó la cláusula de exclusión en el contexto de la pena de muerte. La mayoría del Pleno del Privy Council sostuvo que la pena de muerte de imposición obligatoria es un castigo cruel e inusual y, por ello, es inconsistente con las Secciones 4.a) y 5.2.b) de la Constitución. No obstante, la mayoría del Pleno sostuvo que la legislación que impone la obligatoriedad de la pena de muerte fue dictada con anterioridad a la Constitución y, con base en la “cláusula de exclusión” establecida en la Sección 6, no podía ser invalidada por referencia a los derechos fundamentales establecidos en las Secciones 4 y 5 de la Constitución. Consecuentemente, la mayoría sostuvo la validez de la pena de muerte de imposición obligatoria.
116. En el mismo sentido, en una sentencia de 2002 referente a un caso en Bahamas, el Judicial Committee del Privy Council observó que “[…] es aceptado que la flagelación es un castigo inhumano y degradante y, salvo que esté protegido de impugnación constitucional por algún otro precepto de la Constitución, se considera inconstitucional con base en el precepto constitucional [que prohíbe la tortura y el trato o castigo inhumano o degradante]”45. Sin embargo, con base en la “cláusula de exclusión” contenida en la Constitución de Bahamas, el Privy Council confirmó la constitucionalidad de la legislación que prevé las penas corporales.
117. De lo anterior se desprende que el Estado no proveyó a la presunta víctima de un recurso efectivo para impugnar la imposición de la mencionada pena corporal. Consecuentemente, la Corte considera que Trinidad y Tobago es responsable por la violación del artículo 25 de la Convención, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, en perjuicio del señor Caesar.


X

REPARACIONES

(Aplicación del artículo 63.1 de la Convención Americana)

Alegatos de la Comisión
118. La Comisión argumentó que:


  1. el Estado debe pagar una indemnización razonable y justificada por los daños materiales e inmateriales en relación con las violaciones que sufrió el señor Caesar;

  2. el señor Caesar tiene derecho a un monto de indemnización suficiente para reflejar el carácter fundamental y serio de la naturaleza de las violaciones cometidas contra él, para otorgarle una reparación adecuada y evitar que violaciones similares se comentan en el futuro;

  3. no tenía objeciones a la solicitud de los representantes referente a la excarcelación adelantada del señor Caesar, basada en las circunstancias del presente caso; y

  4. las medidas para asegurar la no repetición de las violaciones padecidas por el señor Caesar son decisivas a través de una decisión justa y efectiva por parte de la Corte. En particular, se debe obligar al Estado a adoptar las medidas legislativas o de otro carácter que puedan resultar necesarias para:




      1. hacer efectivo el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, de conformidad con los artículos 7.5 y 8.1 de la Convención;

      2. derogar o prohibir la pena de flagelación dispuesta en la Ley de Penas Corporales;

      3. asegurar que las condiciones de detención en Trinidad y Tobago, incluidas las del señor Caesar, cumplan con los estándares de un trato humano previstas por el artículo 5 de la Convención; y

      4. derogar la “cláusula de exclusión” contenida en la Sección 6 de la Constitución de Trinidad y Tobago, en cuanto imposibilite a las personas el acceso a un recurso efectivo ante una corte o tribunal competentes para la protección contra actos que violen sus derechos fundamentales contenidos en la Constitución de Trinidad y Tobago.



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