Corte interamericana de derechos humanos



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CONSIDERACIONES PREVIAS

34. El Estado no compareció en el procedimiento ante la Comisión ni ante la Corte. No obstante, la Corte ha tomado, motu propio, las medidas necesarias para completar la consideración del caso y ha evaluado los argumentos y las pruebas presentados durante el proceso por la Comisión Interamericana y por los representantes, con base en los cuales este Tribunal dicta ahora una sentencia.


35. La Corte considera pertinente hacer referencia a la aplicabilidad del artículo 38.2 del Reglamento en las circunstancias del presente caso, el cual fue invocado por la Comisión en sus argumentos finales escritos.
36. El artículo 38.2 del Reglamento establece:
El demandado deberá declarar en su contestación si acepta los hechos y las pretensiones o si los contradice, y la Corte podrá considerar como aceptados aquellos hechos que no hayan sido expresamente negados y las pretensiones que no hayan sido expresamente controvertidas.
37. La Corte ha estimado, en casos anteriores, que cuando el Estado no contesta la demanda de manera específica, se presumen como verdaderos los hechos sobre los cuales guardó silencio, siempre que de las pruebas existentes se puedan inferir conclusiones consistentes sobre los mismos7. Además, en casos recientes en los cuales el Estado no ha opuesto ningún tipo de defensa, ni ha comparecido a las audiencias públicas a las cuales había sido convocado, la Corte ha observado:
[…] que la inactividad procesal no genera una sanción contra las partes, en sentido estricto, ni afecta el desarrollo del proceso, sino que, eventualmente, les acarrea un perjuicio al decidir voluntariamente no ejercer su derecho de defensa en forma completa ni llevar a cabo las actuaciones procesales convenientes para su interés, de conformidad con la máxima audi alteram partem.
[…] Según se ha reconocido en la jurisprudencia internacional, la ausencia de una parte en cualquier etapa del caso no afecta la validez de la sentencia8, por lo cual, de conformidad con el artículo 68.1 de la Convención, está vigente la obligación del Perú de cumplir la decisión de este Tribunal en el presente caso.9
38. De conformidad con el artículo 38.2 del Reglamento, la Corte tiene la facultad de considerar aceptados los hechos que no hayan sido expresamente negados y los alegatos que no hayan sido expresamente controvertidos. Sin embargo, no es una obligación del Tribunal hacerlo en todos los casos en los cuales se presenta una situación similar. Por ello, como maestra de su propia jurisdicción (supra párrs. 8 y 11) y en ejercicio de su autoridad establecida en el artículo 55 del Reglamento, en dichas circunstancias la Corte determinará en cada caso la necesidad de establecer los hechos, tal como fueron presentados por las partes o tomando en cuenta otros elementos del acervo probatorio. Sin embargo, más allá del eventual perjuicio para el Estado, su inactividad ante una jurisdicción internacional de derechos humanos es contraria al objeto, fin y espíritu de la Convención Americana y al mecanismo de seguridad colectiva establecido en ésta.
39. En el presente caso, debe enfatizarse que el Estado incumplió con su responsabilidad procesal de aportar pruebas en el curso de las etapas procesales establecidas en el artículo 44 del Reglamento (supra párr. 24). En consecuencia, la Corte considera apropiado establecer los hechos probados en el presente caso tomando en cuenta, además del mencionado silencio del Estado, otros elementos que le permitan establecer la verdad de los hechos y su valoración jurídica, en ejercicio de su responsabilidad de protección de los derechos humanos y aplicando, para ese fin, los preceptos de derecho convencional y de derecho internacional general pertinentes.

VI

PRUEBA

40. Antes del examen de las pruebas recibidas, la Corte realizará en este capítulo, a la luz de lo establecido en los artículos 44 y 45 del Reglamento, algunas consideraciones generales aplicables al caso específico, la mayoría de las cuales han sido desarrolladas en la propia jurisprudencia del Tribunal.


41. En materia probatoria rige el principio del contradictorio, en el cual se respeta el derecho de defensa de las partes, siendo este principio uno de los fundamentos del artículo 44 del Reglamento, en lo que atañe a la oportunidad para el ofrecimiento de la prueba, con el fin de que haya igualdad entre las partes10.
42. La Corte ha señalado anteriormente, en cuanto a la recepción y la valoración de la prueba, que los procedimientos que se siguen ante ella no están sujetos a las mismas formalidades que las actuaciones judiciales internas, y que la incorporación de determinados elementos al acervo probatorio debe ser efectuada prestando particular atención a las circunstancias del caso concreto y teniendo presentes los límites trazados por el respeto a la seguridad jurídica y al equilibrio procesal de las partes. Además, la Corte ha tenido en cuenta que la jurisprudencia internacional, al considerar que los tribunales internacionales tienen la potestad de apreciar y valorar las pruebas según las reglas de la sana crítica, ha evitado siempre adoptar una rígida determinación del quantum de la prueba necesaria para fundar un fallo. Este criterio es especialmente válido en relación con los tribunales internacionales de derechos humanos, los cuales disponen, para efectos de la determinación de la responsabilidad internacional de un Estado por violación de derechos de la persona, de una amplia flexibilidad en la valoración de la prueba rendida ante ellos sobre los hechos pertinentes, de acuerdo con las reglas de la lógica y con base en la experiencia11.
43. Con base en lo dicho, la Corte procederá a examinar y valorar el conjunto de los elementos que conforman el acervo probatorio del caso dentro del marco legal en estudio.
a) PRUEBA DOCUMENTAL
44. Entre las pruebas documentales presentadas por las partes, la Comisión presentó las declaraciones juradas rendidas ante fedatario público (affidávit) por la presunta víctima y por los peritos, de conformidad con lo dispuesto por el Presidente mediante Resolución de 20 de octubre de 2004 (supra párr. 27). El Tribunal considera pertinente resumir a continuación las partes relevantes de dichas declaraciones:


  1. Testimonio del señor Winston Caesar

En su affidávit, el señor Caesar, la presunta víctima de las violaciones alegadas en el presente caso, declaró lo siguiente:


El señor Caesar describió sus condiciones de detención en algunas de las prisiones en que ha estado. En las cárceles de Golden Grove y de Carrera, la presunta víctima compartía la celda con cuatro o cinco hombres, y dormía en el suelo en una colchoneta muy delgada; además, la celda era caliente, no contaba con ventilación y carecía de servicios higiénicos. En la Prisión de Máxima Seguridad sólo hay agua por media hora en las mañanas y en las tardes; además, entre semana, se le permite salir al patio por cerca de una hora cada mañana y tarde; los fines de semana se le permite ir al patio sólo en las mañanas.
Desde que entró a la cárcel, el señor Caesar ha perdido casi todos sus dientes y no ha recibido ningún tratamiento dental. También ha padecido hemorroides de las cuales fue operado; sin embargo, sigue sufriendo de ellas, razón por la cual requiere otra cirugía. En 1998 los médicos descubrieron que el señor Caesar tiene en el área de la ingle un quiste que necesita ser extraído.
El señor Caesar sabía que los azotes en la Prisión de Carrera se llevaban a cabo dos o tres veces al año. Al menos en tres ocasiones durante un año, fue trasladado a otra celda para que presenciara la imposición de castigos similares a otros cuatro reclusos (infra párr. 77).
Describió la forma en que la pena de flagelación fue ejecutada el 5 de febrero de 1998 (infra párr. 76).


  1. Peritaje del señor Desmond Allum

(El señor Allum es Senior Counsel del Trinidad and Tobago Bar, Expresidente del Bar Association de Trinidad y Tobago y, actualmente, Presidente del Criminal Bar Association)


El señor Allum expuso acerca de la historia de la Ley de Penas Corporales, respecto de la cual se refirió, inter alia, a la reforma de 1994 que estipula que la sentencia de flagelación debe ser ejecutada dentro del plazo de seis meses de dictada la sentencia, salvo cuando esté pendiente una apelación. Además, se refirió a la aplicación de la “cláusula de exclusión” contenida en la Constitución Política de Trinidad y Tobago (infra párr. 115).
Asimismo, el perito afirmó que las condiciones predominantes en las cárceles de Trinidad y Tobago son insatisfactorias, ya que éstas se encuentran sobrepobladas, con falta de luz y ventilación apropiadas, inadecuadas condiciones de higiene y carencia de servicios médicos y dentales satisfactorios.



  1. Peritaje del señor Andrew Coyle

(El señor Coyle es profesor de Estudios sobre Prisiones en la Escuela de Derecho de King’s College, Universidad de Londres)


El señor Coyle hizo referencia a los estándares internacionales referentes a la aplicación de castigos corporales y a las condiciones de detención en las prisiones estatales.


  1. Peritaje del señor Robert Ferris


(El Dr. Ferris es consultor como psiquiatra forense y director clínico del Forensic and Secure Services
para el Oxfordshire mental Healthcare Trust)
El doctor Ferris se entrevistó en la Prisión de Máxima Seguridad de Trinidad y Tobago con el señor Caesar.
El perito expresó que el señor Caesar no padece ninguna enfermedad mental, y que ha sufrido depresión y ansiedad durante su encarcelamiento. El señor Caesar experimentó emociones propias de quien será sometido a un castigo físico doloroso y brutal. Asimismo, el intenso sufrimiento mental causado por la sentencia de pena corporal pudo agravarse por el largo retraso en que ésta se llevó a cabo y por las repetidas falsas alarmas de aplicación del castigo. Respecto de la pena como tal, el señor Caesar sufrió tal miedo y humillación, que se desmayó. La pena corporal ocasionó a la presunta víctima hematomas y posiblemente laceraciones en su espalda; sin embargo, no tiene cicatrices.
El señor Caesar sufrió efectos psicológicos posteriores al castigo corporal, tales como síntomas post-traumáticos incluyendo depresiones, recuerdos de conversaciones sostenidas antes del castigo y la sensación de que algo golpea su espalda, lo cual le provoca un movimiento involuntario en su hombro.
Existe discrepancia entre la fecha que proporciona el señor Caesar respecto de su operación de hemorroides (diciembre de 1997) y los reportes médicos (enero de 1997). Asimismo, en diciembre de 1997 el señor Caesar estuvo un día en el hospital por un dolor abdominal.
*
b) PRUEBAS PERICIALES
45. Durante la audiencia pública (supra párr. 29) la Corte escuchó el dictamen del perito Robert Ferris. Su declaración se encuentra sintetizada junto con el resumen de su affidávit en la sección precedente a este apartado (supra párr. 44.d).
*

c) VALORACIÓN DE LA PRUEBA

46. En este caso, como en otros12, el Tribunal admite el valor probatorio de aquellos documentos presentados por las partes en su debida oportunidad procesal que no fueron controvertidos ni objetados, ni cuya autenticidad fue puesta en duda.


47. Respecto de la declaración rendida por la presunta víctima (supra párr. 44.a), este Tribunal la admite en cuanto concuerde con el objeto de la misma señalado en la Resolución de 20 de octubre de 2004 (supra párr. 27). Al respecto, dado que la presunta víctima tiene un interés directo en el caso, su declaración no puede ser evaluada aisladamente, sino dentro del conjunto del acervo probatorio, aplicando las reglas de la sana crítica. Tal como ha hecho en otros casos, la Corte considera que su declaración es útil en la medida en que puede proporcionar mayor información relevante sobre el fondo y sobre las reparaciones13.
48. En cuanto al dictamen pericial rendido en audiencia pública por el señor Robert Ferris (supra párr. 29), así como a las declaraciones juradas (affidávits) de los peritos Desmond Allum, Andrew Coyle y Robert Ferris y sus anexos (supra párr. 28), la Corte los admite en cuanto concuerden con el objeto de los mismos y los valora dentro del conjunto del acervo probatorio y aplicando las reglas de la sana crítica.

VII

HECHOS PROBADOS
49. Después de analizados los elementos probatorios, las declaraciones del testigo y de los peritos, así como los alegatos de la Comisión y de los representantes, la Corte considera probados los siguientes hechos:
En relación con el proceso penal seguido contra el señor Winston Caesar
49.1 El 11 de noviembre de 1983 el señor Caesar fue arrestado por haber cometido supuestamente una violación sexual el 8 de noviembre de 1983 en Trinidad. El 16 de noviembre de 1983 la presunta víctima fue liberada bajo fianza. Entre 1985 y 1986 la Port of Spain Magistrate's 4th Court llevó a cabo los procedimientos para el juicio (commital proceedings) y, el 21 de febrero de 1986, ordenó al señor Caesar a comparecer a juicio.
49.2 El 10 de septiembre de 1991 el señor Caesar fue arrestado y privado de libertad por no haber comparecido a juicio. Durante su juicio permaneció detenido en la Prisión de Port of Spain.
49.3 El juicio se celebró en enero de 1992 ante el Juez Dayalsingh, en la High Court de Trinidad y Tobago. El 10 de enero de 1992 el señor Caesar fue condenado por el delito de tentativa de violación sexual, contemplado en la Ley de Delitos Contra la Persona de Trinidad y Tobago, y fue sentenciado a 20 años de prisión con trabajos forzados y a recibir 15 azotes con el “gato de nueve colas”. En la misma fecha el señor Caesar firmó “un aviso de solicitud de venia para apelar” y permaneció detenido.
49.4 El 26 de noviembre de 1993 el abogado del señor Caesar presentó un “aviso de solicitud de venia para apelar” ante la Court of Appeal de Trinidad y Tobago con los argumentos de apelación contra la sentencia. El 28 de febrero de 1996 la Court of Appeal de Trinidad y Tobago, aparentemente sin fundamentación alguna, desestimó la apelación presentada por el señor Caesar y confirmó su condena y su sentencia.

49.5 Los abogados del señor Caesar solicitaron a un asesor que emitiera una opinión acerca de si existían, en el caso de la presunta víctima, bases razonables para apelar ante el Privy Council. En su respuesta, dada el 2 de noviembre de 1998, el asesor indicó que una “solicitud de venia especial para apelar” ante el Privy Council difícilmente tendría éxito. Asimismo, al evaluar si la demora de ocho años transcurrida entre el arresto del señor Caesar y su juicio había sido lo suficientemente larga como para constituir una denegación de justicia y, consecuentemente, una violación de sus derechos constitucionales, el asesor consideró que la duración de la demora había sido “muy grande” y asumió que ésta era atribuible al Estado; sin embargo, calificó como mínimo el grado de riesgo de que la demora haya producido un error en la aplicación de justicia. Finalmente, el asesor estimó que esto podría haber sido un punto por el cual el señor Caesar hubiera podido recurrir ante la High Court de Trinidad y Tobago, pero desestimó las posibilidades de éxito ante el Privy Council.


En relación con la legislación pertinente de Trinidad y Tobago
49.6 Las normas que autorizan la imposición de penas corporales en Trinidad y Tobago están contenidas en dos leyes, una de las cuales es la Ley de Penas Corporales (para Delincuentes Mayores de 18 años). Dicha ley prevé la aplicación de penas corporales para ciertos delitos a través de, inter alia, los siguientes métodos: latigazos con una vara de tamarindo u objetos similares, y flagelación con un objeto denominado “gato de nueve colas”.
49.7 Los artículos 2, 6 y 7 de la Ley de Penas Corporales disponen que:
2. Cualquier delincuente varón, mayor de dieciséis años, al ser condenado por la High Court por alguno de los delitos mencionados en la lista, puede ser objeto de una orden de la Corte para ser flagelado, además de cualquier otro castigo que deba cumplir.

[…]
6. La sentencia de flagelación será ejecutada tan pronto sea practicable y, en ningún caso, después de transcurridos seis meses de haber sido dictada la sentencia.


7. El instrumento que deberá utilizarse para ejecutar la sentencia de flagelación será el gato de nueve colas ordinario y, para ejecutar la sentencia de latigazos, se usará una vara de tamarindo, abedul u otro objeto, o en cualquiera de los dos casos, cualquier otro instrumento que el Presidente puede aprobar periódicamente.
49.8 El “gato de nueve colas” es un instrumento de nueve cuerdas de algodón trenzadas, cada una de aproximadamente 30 pulgadas de largo y menos de un cuarto de pulgada de diámetro. Las cuerdas están asidas a un mango. Las nueve cuerdas de algodón son descargadas en la espalda del sujeto, entre los hombros y la parte baja de la espina dorsal.
49.9 La Ley de Penas Corporales para Delincuentes Mayores de 16 Años de 1953 fue enmendada en 1994 y en 2000. La enmienda de 1994 estableció que el plazo límite de seis meses para aplicar la pena corporal deberá entenderse suspendido mientras una apelación se encuentre pendiente. Por su parte, la enmienda de 2000 estableció que las penas corporales podrán ser aplicadas sólo a sujetos mayores de 18 años.
49.10 Las secciones 4.a, 4.b, 5.b, 6.1 y 6.3 de la Constitución de Trinidad y Tobago establecen:


  1. S[e] reconoce y declara que en Trinidad y Tobago han existido y deberán seguir existiendo […]:




    1. el derecho del individuo a la vida, a la libertad, a la seguridad personal y al goce de la propiedad y el derecho de no ser privado de ésta sino mediante un debido proceso;




    1. el derecho del individuo a la igualdad ante la ley y a la protección de la ley; […]

5.2 […El] Parlamento no puede:


b) imponer o autorizar la imposición de tratos o penas crueles e inusuales […]
c) privar a una persona que haya sido arrestada o detenida:
iii) del derecho a ser llevado con prontitud ante una autoridad judicial apropiada;
e) privar a una persona del derecho a ser oído en un juicio justo, en conformidad con los principios de justicia fundamental, para la determinación de sus derechos y obligaciones; […]
6.1 Nada de las secciones 4 y 5 deberá invalidar:
a) una ley existente […]
6.3 En esta sección- […]
“ley existente” significa una ley vigente en el ordenamiento de Trinidad y Tobago al momento inmediatamente anterior de la entrada en vigor de esta Constitución, e incluye cualquier ley o reforma a la que se refiere la Sub-sección 1 […]
49.11 La Sección 6 de la Constitución de la República de Trinidad y Tobago impide a los individuos la impugnación, en los términos de las Secciones 4 y 5 de la misma, de cualquier ley o estatuto ejecutados de conformidad con cualquier ley que estuviera en vigor en Trinidad y Tobago antes de 1976, año en que dicha Constitución entró en vigor.
49.12 La Constitución de Trinidad y Tobago no prevé, entre sus derechos y libertades fundamentales reconocidos, el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable.
En relación con las condiciones de detención y de salud del señor Caesar
49.13 El señor Caesar ha permanecido en prisión desde el 10 de septiembre de 1991 (supra párr. 49.2) y ha cumplido 13 de los 20 años a los cuales fue condenado.
49.14 El sistema penitenciario de Trinidad y Tobago está compuesto por las Prisiones de Port of Spain, Golden Grove, Máxima Seguridad, Carrera y Tobago.
49.15 Durante el desarrollo del proceso penal seguido en su contra, el señor Caesar ha estado encarcelado en cuatro de las cinco prisiones de Trinidad y Tobago. Después de su arresto en 1991, estuvo detenido por un corto plazo en la cárcel de Port of Spain y luego fue trasladado a la prisión de Golden Grove en Arouca, donde permaneció, al menos, dos meses. Posteriormente fue trasladado una vez más a la cárcel de Port of Spain donde permaneció dos meses más. Después, el señor Caesar fue trasladado nuevamente a la cárcel de Golden Grove en la que permaneció hasta su juicio en febrero de 1996, fecha en que fue trasladado a la cárcel de Port of Spain. Tiempo después fue trasladado a la cárcel de Golden Grove. Con posterioridad a que su caso fuera rechazado por la Court of Appeal, el señor Caesar fue trasladado a la prisión de Port of Spain, donde permaneció, por lo menos, dos meses. Posteriormente, lo trasladaron a la Prisión de Carrera donde permaneció hasta noviembre de 1999. Finalmente, fue trasladado a la Prisión de Máxima Seguridad, en donde se encuentra actualmente.
49.16 En las cárceles de Golden Grove y de Carrera, la presunta víctima compartía la celda con cuatro o cinco hombres y dormía en el suelo en una colchoneta muy delgada o en un pedazo de alfombra vieja. No había servicios sanitarios, por lo que todos en la celda utilizaban un “balde” común para sus necesidades fisiológicas. Había un permanente olor a desechos humanos en la celda, la cual tenía poca ventilación y era calurosa.
49.17 En la Prisión de Máxima Seguridad al señor Caesar se le permite salir de su celda una hora por las mañanas y otra por las tardes.
49.18 Desde su encarcelamiento, la presunta víctima ha padecido serios problemas de salud que no han sido adecuadamente tratados por las autoridades. En la cárcel, las condiciones de salud del señor Caesar se han deteriorado con el tiempo. No ha recibido un adecuado tratamiento dental (ha perdido casi todos los dientes; sólo le restan seis en la mandíbula inferior). Luego de ser encarcelado, el señor Caesar desarrolló hemorroides crónicas, de las que sigue padeciendo, y tiene un quiste en los testículos desde 1998.
49.19 El señor Caesar no recibió tratamiento médico a tiempo para su afección hemorroidal. En 1992 un médico le recomendó someterse a cirugía, la cual fue postergada, por lo menos, en dos ocasiones y, durante la demora, su condición empeoró. Finalmente, la cirugía fue llevada a cabo en enero de 1997. Actualmente, sigue padeciendo hemorroides y sangra abundantemente a causa de esta condición.
49.20 El 27 de diciembre de 1997 el señor Caesar fue internado en el hospital, donde permaneció por un día y recibió como diagnóstico un cólico urético en la parte izquierda, la cual es una condición que causa dolores graves y agudos en la parte baja del abdomen.
49.21 En 1998 un doctor dijo al señor Caesar que el quiste en sus testículos necesitaba ser extraído. No obstante, aún no se realiza la cirugía.
49.22 Las condiciones de detención del señor Caesar son indicativas de las condiciones generales de detención en el sistema carcelario de Trinidad y Tobago.
En relación con la pena corporal infligida al señor Caesar
49.23 Entre abril y junio de 1996, el señor Caesar fue trasladado a la Prisión de Carrera.
49.24 Los reclusos que son condenados a recibir penas corporales son usualmente custodiados en la Prisión de Carrera, con el propósito de ejecutar la sentencia respectiva. En dicha prisión, las penas corporales son llevadas a cabo sólo durante algunos períodos al año.
49.25 El señor Caesar tenía conocimiento de dichos períodos para ejecutar las penas corporales, por lo que sus sentimientos de miedo y aprehensión aumentaban ante la proximidad de éstos. Entre noviembre de 1996 y el día en que su flagelación fue infligida, el señor Caesar fue llevado en tres o cuatro ocasiones diferentes a una celda junto con otros reclusos, donde permanecieron toda la noche. Las mañanas siguientes, los demás prisioneros fueron sometidos, uno por uno, a penas corporales. En dichas ocasiones el señor Caesar presenció cuando cada uno de ellos volvía gravemente herido a la celda; sin embargo, él no fue flagelado, sino que lo regresaron a su celda sin explicación alguna.
49.26 El 5 de febrero de 1998 el señor Caesar fue sometido a 15 azotes con el “gato de nueve colas”, en cumplimiento de su sentencia.
49.27 Al ser sometido al castigo corporal de flagelación, el señor Caesar fue obligado a permanecer “desnudo en posición de águila extendida” y fue atado a un artefacto de metal, conocido en la prisión como “Merry Sandy”. Sus manos y sus pies fueron atados fuertemente a la estructura de metal y su cabeza fue cubierta con una sábana. Una vez atado a la estructura de metal con su espalda descubierta y desnudo, el señor Caesar fue flagelado con el “gato de nueve colas”.
49.28 La pena corporal fue infligida pese a las condiciones físicas del señor Caesar (supra párr. 49.18). Había, por lo menos, seis personas presentes en el cuarto donde se ejecutó la pena corporal, entre quienes se encontraban el supervisor de prisiones y el médico de la prisión. Antes de la flagelación, el médico examinó la presión sanguínea y otros signos vitales del señor Caesar, y dio su aprobación para que ésta fuera ejecutada. Mientras lo azotaban, el señor Caesar gritaba de dolor y, finalmente, se desmayó. Cuando despertó, el supervisor ordenó que lo llevaran a la enfermería.
49.29 No existen registros médicos acerca de la ejecución de la pena corporal aplicada al señor Caesar.

Respecto de las consecuencias físicas y psicológicas de la pena corporal aplicada al señor Caesar

49.30 El señor Caesar permaneció dos meses en la enfermería después de la ejecución de la pena corporal y no recibió ningún tratamiento médico por la flagelación, salvo por los analgésicos orales. La presunta víctima aún padece dolor en sus hombros.


49.31 Como consecuencia de la pena corporal, el señor Caesar ha padecido síntomas de depresión y ansiedad aguda de tal gravedad, suficientes para diagnosticarle, al menos, un trastorno de adaptación.
49.32 El señor Caesar pudo haber padecido un desorden de estrés post-traumático en el primer o segundo año posteriores a la imposición de la pena corporal. Actualmente, aun cuando sigue padeciendo síntomas de dicho transtorno, tales como estado de ánimo depresivo, recuerdos repentinos del castigo y una sensación de que algo le golpea la espalda, lo que le hace mover involuntariamente los hombros, estos síntomas no permiten diagnosticar que actualmente sufra un desorden de estrés post-traumático.
En relación con los daños causados al señor Caesar
49.33 Los hechos del presente caso han alterado la condición física y psicológica del señor Caesar, lo cual le ha causado daños.





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