Corte interamericana de derechos humanos



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Medidas Provisionales196


Nombre del Caso




Estado respecto


del cual se han

Adoptado


Año


de

sometimiento


Estado Actual

  1. Caso Velásquez Rodríguez

Honduras

1988

Archivadas

  1. Caso Fairén Garbí y Solís Corrales

Honduras

1988

Archivadas

  1. Caso Godínez Cruz

Honduras

1988

Archivadas

  1. Caso Bustíos Rojas

Perú

1991

Archivadas

  1. Caso Chunimá

Guatemala

1991

Archivadas

  1. Caso Reggiardo Tolosa

Argentina

1993

Archivadas

  1. Caso Alemán Lacayo

Nicaragua

1996

Archivadas

  1. Caso Vogt

Guatemala

1996

Archivadas

  1. Caso Suárez Rosero

Ecuador

1996

Archivadas

  1. Caso Serech y Saquic

Guatemala

1996

Archivadas

  1. Caso Paniagua Morales y otros y caso Vásquez y otros

Guatemala

1998

Archivadas

  1. Caso Paniagua Morales y otros

Guatemala

2001

Archivadas

  1. Caso Clemente Teherán y otros

Colombia

1998

Archivadas

  1. Caso del Tribunal Constitucional

Perú

2000

Archivadas

  1. Caso Ivcher Bronstein

Perú

2000

Archivadas

  1. Caso Digna Ochoa y Plácido y otros

México

1999

Archivadas

  1. Caso Loayza Tamayo

Perú

1996/2000

Archivadas

  1. Caso del Periódico La Nación

Costa Rica

2001

Archivadas

  1. Caso Chipoco

Perú

1992

No adoptadas

  1. Caso Penales Peruanos

Perú

1992

No adoptadas

  1. Caso Parker

Perú




No adoptadas

  1. Caso Cesti Hurtado

Perú

1997

No adoptadas

  1. Caso Colotenango

Guatemala

1994

Activas

  1. Caso Carpio Nicolle y otros

Guatemala

1995

Activas

  1. Caso Giraldo Cardona

Colombia

1996

Activas

  1. Caso Álvarez y otros

Colombia

1997

Activas

  1. Caso James y otros

Trinidad y Tobago

1998

Activas

  1. Caso de Haitianos y Dominicanos de origen haitiano en la República Dominicana

República Dominicana

2000

Activas

  1. Caso Bámaca Velásquez

Guatemala

1998/2002

Activas

  1. Caso Blake

Guatemala

1995

Activas

  1. Caso Caballero Delgado y Santana

Colombia

1994

Activas

  1. Caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Colombia

2000

Activas

  1. Caso del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y otros (actualmente Pilar Noriega y otros)

México

2001

Activas

  1. Caso Gallardo Rodríguez

México

2001

Activas

  1. Caso de la Cárcel de Urso Branco

Brasil

2002

Activas

  1. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni

Nicaragua

2002

Activas

  1. Caso Helen Mack y otros

Guatemala

2002

Activas

  1. Caso Luis Uzcátegui

Venezuela

2002

Activas

  1. Caso Lilliana Ortega y otras

Venezuela

2002

Activas

  1. Caso Luisiana Ríos y otros (Radio Caracas Televisión -RCTV-)

Venezuela

2002

Activas

  1. Caso Lysias Fleury

Haití

2003

Activas

  1. Caso Marta Colomina y Lilliana Velásquez

Venezuela

2003

Activas

  1. Caso de las Comunidades del Jiguamiandó y del Curbaradó

Colombia

2003

Activas

  1. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri

Perú

2004

Activas

  1. Caso Pueblo Indígena Kankuamo

Colombia

2004

Activas

  1. Caso de la Comunidad Sarayaku

Ecuador

2004

Activas

  1. Caso de los Diarios “El Nacional” y “Así es la Noticia”

Venezuela

2004

Activas

  1. Caso Carlos Nieto Palma y otros

Venezuela

2004

Activas

  1. Caso 19 Comerciantes (Sandra Belinda Montero Fuentes y otros)

Colombia

2004

Activas

  1. Caso de la Emisora de Televisión “Globovisión”

Venezuela

2004

Activas

  1. Caso Raxcacó y otros

Guatemala

2004

Activas

  1. Caso Boyce y Joseph

Barbados

2004

Activas

  1. Caso Eloisa Barrios y otros

Venezuela

2004

Activas

  1. Caso de las Penitenciarías de Mendoza

Argentina

2004

Activas

  1. Caso Masacre Plan de Sánchez (Salvador Jerónimo y otros)

Guatemala

2004

Activas

  1. Caso Fermín Ramírez

Guatemala

2004

Activas

  1. Caso de la “Masacre de Mapiripán”

Colombia

2005

Activas



VIII
Propuesta de Solución
30. Ha quedado demostrado que como consecuencia de la ausencia de una norma convencional que permite implementar el artículo 65 de la Convención y de la manera como se tramita y se considera el informe anual de labores de la Corte por las instancias pertinentes de la OEA, los informes de no cumplimiento de una sentencia de la Corte no son directamente conocidos o debatidos por la Asamblea General de la OEA, ni tampoco por el Consejo Permanente o su Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos. Esta última se limita a debatir y a emitir un proyecto de resolución para el Consejo Permanente, que luego se somete a la Asamblea General, sobre el informe de labores de la Corte. Pero no se escucha y debate sobre el incumplimiento específico del caso en mención y, consecuentemente, el descargo respectivo del Estado.
31. No cabe la menor duda de que la solución óptima sería adoptar un protocolo de reformas a la parte procedimental de la Convención Americana, tal y como oportunamente lo propuso la Corte. Pero de momento y en ausencia de una solución a largo plazo, debe optarse por una que a corto plazo permita que se debatan, por los órganos respectivos de la OEA, los informes de incumplimiento de sentencias dictadas por la Corte, lo que podría facilitar en muchos casos el pronto y total cumplimiento de los mismos y su cierre definitivo por la Corte. Esto fortalecería el sistema interamericano de derechos humanos que erróneamente parece inefectivo como consecuencia de los datos que se transcribieron anteriormente (supra párr. 29).
32. Aunque en reiteradas ocasiones la Corte ha comunicado a la Asamblea General que no ha recibido información de un Estado sobre el cumplimiento de una sentencia o de medidas provisionales197, solamente en el año 1995 la Asamblea General exhortó a un Estado, en el caso concreto Suriname, a informar a la Corte sobre el cumplimiento de las sentencias sobre los casos Aloeboetoe y Gangaram Panday (supra párr. 9), lo que es una prueba irrefutable de lo afirmado en este voto razonado en el caso Caesar contra Trinidad y Tobago y que debe merecer toda la atención del caso por los Estados Partes en la Convención Americana.
33. Para evitar que esto continúe sucediendo, la solución más inmediata sería que la CAJP creara un grupo de trabajo -con carácter permanente- para que en su seno se consideraran los informes de incumplimiento emitidos por la Corte y los miembros de la misma recibieran informes escritos y verbales de la Corte, la Comisión y los representantes de las víctimas, así como los descargos o explicaciones que pudieran dar los Estados Partes, con el fin de elevar las recomendaciones pertinentes a la CAJP, al Consejo Permanente y, finalmente, a la Asamblea General.
34. La OEA es una institución de naturaleza fundamentalmente política, pese a la cual, los grandes temas políticos han estado ausentes de su agenda diaria, aquellos temas relativos a los principios jurídicos y políticos que dieron vida a la organización y son su razón de ser. La Organización no puede ignorar y dejar de debatir temas relativos al incumplimiento por alguno de sus Estados Miembros del principio pacta sunt servanda y de incumplimiento de las reparaciones en una sentencia dictada por el órgano jurisdiccional de la Organización en materia de derechos humanos. La revitalización de la OEA pasa por el camino de enfrentar estos temas y no de convertirse simple y llanamente en una agencia de cooperación internacional. Lo ocurrido en el caso Hilaire, Constantine, Benjamin y otros contra Trinidad y Tobago, en que un Estado Parte en un caso ante el Tribunal se niega a informar al mismo sobre cómo ha dado cumplimiento a una sentencia (artículo 68 de la Convención), y no haya una reacción de los órganos políticos de la Organización, es un mal precedente. Ojalá no hubieran otros nunca más y que el Estado mencionado informe sobre el cumplimiento de las reparaciones dictadas en la presente Sentencia en el caso Caesar.

IX
CONCLUSIONES
35. La Organización de los Estados Americanos es un foro de naturaleza política, destinado fundamentalmente a promover la democracia y, consecuentemente, la dignidad del ser humano.
36. Con este fin se estableció el sistema interamericano de derechos humanos que cuenta entre sus órganos de protección a la Comisión y a la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, este último órgano jurisdiccional que dicta sentencias de acatamiento obligatorio para los Estados Partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 68 de la Convención).
37. Pese a que la Convención Americana sobre Derechos Humanos se fundamentó en el Convenio [Europeo] para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1950, no estableció como el Europeo un órgano como el Consejo de Ministros para supervisar el cumplimiento de las sentencias que dicta el Tribunal.
38. Consecuentemente, el artículo 65 de la Convención Americana tiene una laguna que debe ser subsanada, porque si bien obliga a la Corte debe informar a la OEA de los incumplimientos de sus sentencias, no estableció un procedimiento institucional dentro de la OEA para hacerlo, y el que ha establecido la Organización no permite que la Asamblea General, máximo órgano político e la Organización, conozca y delibere sobre los incumplimientos de las sentencias emitidas por la Corte.
39. El alto grado de cumplimiento de las sentencias de la Corte, es uno de los grandes logros del sistema interamericano de protección de los derechos humanos198. No obstante, el debatir en un foro permanente en la OEA los incumplimientos de las sentencias que dicta el Tribunal, que podría ser en un grupo de trabajo, vitalizaría la OEA, ya que el debate en un foro de esta naturaleza pondría de manifiesto ante los Estados Miembros las fortalezas, pero también las carencias y debilidades del sistema, con miras a su fortalecimiento y perfeccionamiento.
40. Lo ocurrido con la falta de información sobre el cumplimiento de la sentencia en el caso Hilaire, Constantine, Benjamin y otros contra Trinidad y Tobago, me ha motivado a exponer en este voto razonado en el caso Caesar contra Trinidad y Tobago, las debilidades del sistema en este campo, con la esperanza de que situaciones como las aquí expuestas no se vuelvan a repetir y los Estados Miembros de la OEA, pero especialmente los Estados Partes en la Convención Americana, implementen el mecanismo necesario para que se cumplan cabalmente las sentencias que dicte la Corte Interamericana, porque como ya lo ha dicho reiteradamente este Tribunal, “en una sociedad democrática los derechos y libertades inherentes a la persona, sus garantías y el Estado de Derecho constituyen una tríada, cada uno de cuyos componentes se define, completa y adquiere sentido en función de los otros“199.

Manuel E. Ventura-Robles



Juez

Pablo Saavedra Alessandri



Secretario



1 La presente Sentencia se dicta según los términos del Reglamento aprobado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su XLIX Período Ordinario de Sesiones mediante Resolución de 24 de noviembre de 2000, el cual entró en vigor el 1º de junio de 2001, y según la reforma parcial aprobada por la Corte en su LXI Período Ordinario de Sesiones mediante Resolución de 25 de noviembre de 2003, vigente desde el 1º de enero de 2004.


2 A partir de la enmienda de 2000, la Ley de Penas Corporales (Para Delincuentes Mayores de 16 años) de 1953 es únicamente aplicable a los delincuentes varones mayores de 18 años, por lo que cambió su nombre a Ley de Penas Corporales (Para Delincuentes Mayores de 18 años) (infra párr. 49.9).


3 Cfr. Caso Hilaire. Excepciones Preliminares. Sentencia de 1 de septiembre de 2001. Serie C. No. 80, párr. 98; Caso Benjamín y otros. Excepciones Preliminares. Sentencia de 1 de septiembre de 2001. Serie C No. 81, párr. 89; y Caso Constantine y otros. Excepciones Preliminares. Sentencia de 1 de septiembre de 2001. Serie C No. 82, párr. 89.


4 Cfr. Caso de las Hermanas Serrano Cruz. Excepciones Preliminares. Sentencia de 23 de noviembre de 2004. Serie C No. 118, párr. 63; Caso Alfonso Martín del Campo Dodd. Sentencia 03 de septiembre 2004, Serie C No. 113, párr. 69; y Caso Baena Ricardo y otros. Competencia. Sentencia de 28 de noviembre de 2003. Serie C No. 104, párr. 68.

5


 Cfr. Caso Hilaire. Excepciones Preliminares, supra nota 3, párrs. 82 y 84; Caso Benjamin y otros. Excepciones Preliminares, supra nota 3, párrs. 73 a 75; y Caso Constantine y otros. Excepciones Preliminares, supra nota 3, párrs. 73 a 75.


6 Cfr. Caso de las Hermanas Serrano Cruz. Excepciones Preliminares, supra nota 4, párrs. 66 y 67.


7Cfr. Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros. Sentencia de 21 de junio de 2002. Serie C No. 94, párr. 67 ; Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros). Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, párr. 68; y Caso Godínez Cruz. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5, párr. 144.


8 Cfr. Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 23, párr. 27. Ver también, Cfr., inter alia, Fisheries Jurisdiction (United Kingdom v. Iceland), Jurisdiction of the Court, Judgment, I.C.J. Reports 1973, p. 7, párr. 12; Fisheries Jurisdiction (United Kingdom v. Iceland), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1974, p. 9, párr. 17; Nuclear Tests (Australia v. France), Judgment of 20 December 1974, I.C.J. Reports 1974, p. 257, párr. 15; Aegean Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1978, p. 7, párr. 15; and United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran, Judgment, I.C.J. Reports 1980, p. 18, párr. 33.

9


 Cfr. Caso Ivcher Bronstein. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, párrs. 80 y 82; y Caso del Tribunal Constitucional. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71, párrs. 60 a 62.


10Cfr. Caso Lori Berenson Mejía



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