Corte interamericana de derechos humanos



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B) Admisión de la prueba




B.1) Admisión de la prueba documental





  1. En el presente caso, como en otros, el Tribunal otorga valor probatorio a aquellos documentos presentados oportunamente por las partes y la Comisión que no fueron controvertidos ni objetados, ni cuya autenticidad fue puesta en duda48. Los documentos solicitados por el Tribunal como prueba para mejor resolver (supra párr. 11) son incorporados al acervo probatorio, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento.




  1. El Tribunal decide admitir aquellos documentos que se encuentren completos o que, por lo menos, permitan constatar su fuente y fecha de publicación, y los valorará tomando en cuenta el conjunto del acervo probatorio, los alegatos del Estado y las reglas de la sana crítica49.




  1. Igualmente, con respecto a algunos documentos señalados por las partes y la Comisión por medio de enlaces electrónicos, el Tribunal ha establecido que si una parte proporciona al menos el enlace electrónico directo del documento que cita como prueba y es posible acceder a éste, no se ve afectada la seguridad jurídica ni el equilibrio procesal, porque es inmediatamente localizable por el Tribunal y por las otras partes50. En este caso, no hubo oposición u observaciones de las otras partes o la Comisión sobre el contenido y autenticidad de tales documentos.




  1. Por otra parte, en consideración de que los representantes remitieron con sus alegatos finales escritos, comprobantes de gastos de litigio relacionados con este caso, sólo considerará aquellos que se refieran a solicitudes de costas y gastos en que hubiesen incurrido con ocasión del procedimiento ante esta Corte, con posterioridad a la fecha de presentación del escrito de solicitudes y argumentos.




  1. El Estado solicitó que se rechacen “los informes psicológicos que aporta” el representante Molina “para demostrar el supuesto daño producido por el Estado”. Indicó que dichos informes no analizan “cuál es el supuesto impacto de la prohibición” de la FIV en las presuntas víctimas, “sino que se limita a señalar las afectaciones producto de su estado de infertilidad” lo cual “no es consecuencia de ninguna actuación u omisión del Estado”. Agregó que los informes “parecen mencionar los efectos” que la FIV ha “ocasionado en las mujeres, lo cual lejos de hablar bien de la técnica, demuestra las graves afectaciones que sufren las mujeres que se someten a dicho procedimiento”, lo cual “no puede ser imputable al Estado, ni tampoco puede pretenderse una indemnización por este motivo”. Finalmente, señaló que “los informes psicológicos parecen evidenciar el criterio de las presuntas víctimas y no el criterio objetivo de los psicólogos”. En similar sentido, el Estado solicitó el rechazo de los “certificados psicológicos emitidos por la Dra. Andrea Meses Fernardi en los casos de Ana Cristina Castillo León y Claudia María Carro Maklouk”, los cuales fueron presentados por el representante May, dado que se limitan “a analizar el impacto que la infertilidad ha tenido en las supuestas víctimas”.




  1. Asimismo, el Estado solicitó se rechacen los “expedientes económicos” de las presuntas víctimas que fueron presentados por el representante Molina y que incluyen “estados de cuenta bancarios” y “certificaciones de ingresos” a partir de las cuales “se pretende lograr una indemnización del Estado”. El Estado alegó que de dicha documentación “no se extrae forma alguna de demostrar los gastos en que dicen haber incurrido las supuestas víctimas, y por el contrario contienen simples números sin identificación alguna que tenga relación” con el proceso. Agregó que “tampoco se explica la importancia de los datos bancarios y de ingresos para la resolución” del caso.




  1. En cuanto a estas observaciones del Estado respecto a esta prueba documental, el Tribunal entiende que estas no impugnan su admisibilidad, sino que apuntan a cuestionar el peso probatorio de la misma. En consecuencia, no se genera problema en la admisibilidad de dicha prueba y será valorada conjuntamente con el resto del acervo probatorio, teniendo en cuenta las observaciones del Estado y de conformidad con las reglas de la sana crítica.



B.2) Admisión de las declaraciones de presuntas víctimas, y de la prueba testimonial y pericial





  1. En cuanto a las declaraciones de las presuntas víctimas, los testigos y los dictámenes rendidos en la audiencia pública y mediante declaraciones juradas, la Corte los estima pertinentes sólo en lo que se ajusten al objeto que fue definido por el Presidente del Tribunal en la Resolución mediante la cual se ordenó recibirlos (supra párrs. 11). Éstos serán valorados en el capítulo que corresponda, en conjunto con los demás elementos del acervo probatorio y tomando en cuenta las observaciones formuladas por las partes51.




  1. Conforme a la jurisprudencia de esta Corte, las declaraciones de las presuntas víctimas no pueden ser valoradas aisladamente sino dentro del conjunto de las pruebas del proceso, ya que son útiles en la medida en que pueden proporcionar mayor información sobre las alegadas violaciones y sus consecuencias52. Con base en lo anterior, el Tribunal admite dichas declaraciones (supra párrs. 11), cuya valoración se hará con base en los criterios señalados.




  1. Por otra parte, en relación con las declaraciones ante fedatario público, el Estado solicitó la inadmisibilidad de las declaraciones de Paul Hunt, Antonio Marlasca, Gerardo Escalante y Delia Ribas. Asimismo, realizó observaciones de fondo sobre algunas decaraciones.




  1. Respecto a los temas de admisibilidad, el Estado señaló que las declaraciones de Antonio Marlasca y Paul Hunt omitieron referirse a las preguntas planteadas por el Estado, lo cual afecta el deber de cooperación procesal, el principio de buena fe, el principio del contradictorio y el derecho a la defensa. La Corte reitera que el hecho de que se encuentre contemplado en el Reglamento la posibilidad de que las partes puedan formular preguntas por escrito a los declarantes ofrecidos por la contraparte y, en su caso, por la Comisión, impone el deber correlativo de la parte que ofreció la declaración de coordinar y realizar las diligencias necesarias para que se trasladen las preguntas a los declarantes y se incluyan las repuestas respectivas. En ciertas circunstancias, el no contestar diversas preguntas puede resultar incompatible con el deber de cooperación procesal y con el principio de buena fe que rige en el procedimiento internacional53. Sin perjuicio de ello, el Tribunal considera que la no presentación de respuestas a las preguntas de la contraparte no afecta la admisibilidad de una declaración y es un aspecto que, según los alcances de los silencios de un declarante, podría llegar a impactar en el peso probatorio que puede alcanzar un peritaje, aspecto que corresponde valorar en el fondo del caso.




  1. El Estado señaló que "la no presentación" en el plazo de la traducción al español de la declaración de Paul Hunt "violenta el deber de cooperación procesal y buena fe que debe imperar en el proceso internacional". El Estado indicó que "cumplió con presentar dos traducciones en el mismo plazo otorgado a la Comisión, lo cual evidentemente implicó una reducción del tiempo efectivo para la elaboración del dictamen", lo cual les "coloca en una situación de desigualdad procesal al disminuir además el tiempo [...] otorgado [...] para presentar las observaciones respectivas". Al respecto, la Corte observa que la versión en inglés del dictamen fue presentada dentro del plazo y que la demora en la remisión de la versión en español fue de 7 días. El Tribunal toma en cuenta que en el procedimiento ante la Comisión las partes presentaron diversa información y prueba en inglés sin que existiera traducción de la misma, lo cual no mereció objeción de las partes y, además, evidencia que en el procedimiento se han adoptado medidas para garantizar en debida forma el equilibrio procesal entre las partes. Asimismo, ante la Corte se han otorgado diversos plazos a la Comisión y a las partes para la remisión de traducciones al español de algunos documentos que se presentaron en inglés. Estos aspectos permiten concluir que la falta de traducción oportuna de dicha declaración no generó una carga desproporcionada hacia el Estado o los representantes que pudiera justificar su inadmisibilidad.




  1. El Estado solicitó a la Corte que desestime el peritaje rendido por Antonio Marlasca, dado que “debió haber comparecido ante fedatario público", "y no como sucedió en este caso donde claramente se desprende del documento presentado que no existió tal comparecencia, pues el notario público afirma que se limita a transcribir el dictamen ya rendido previamente”. Al respecto, la Corte ha señalado, en cuanto a la recepción y valoración de la prueba, que los procedimientos que se siguen ante ella no están sujetos a las mismas formalidades que las actuaciones judiciales internas, y que la incorporación de determinados elementos al acervo probatorio debe ser efectuada prestando particular atención a las circunstancias del caso concreto54. Asimismo, el Tribunal ha admitido en otras ocasiones declaraciones juradas que no fueron rendidas ante fedatario público, cuando no se afecta la seguridad jurídica y el equilibrio procesal entre las partes55, lo cual se respeta y garantiza en este caso.




  1. El Estado objetó la admisibilidad de las declaraciones a título informativo de Gerardo Escalante y Delia Ribas, y la declaración de Alicia Neuburger, porque presuntamente se habrían referido a cuestiones que no estarían previstas en el objeto de sus declaraciones. La Corte reitera que sólo tendrá en cuenta las declaraciones rendidas ante fedatario público en la medida en que se enmarquen en el objeto previsto en la Resolución emitida por el Presidente.




  1. Respecto a los temas del fondo, el Estado indicó los siguientes aspectos: i) Paul Hunt “carece de ese análisis de balance de intereses que es indispensable para determinar la existencia de un impacto desproporcionado”; ii) el peritaje de Alicia Neuburger "no resulta una prueba útil para demostrar la relación de causalidad entre las supuestas acciones violatorias de derechos" y "los daños que supuestamente tuvieron las presuntas víctimas”, y "parte de un conjunto de hechos que no han sido demostrados en este proceso"; iii) “el señor Marlasca falla en su intento por querer establecer una distinción que se pueda considerar como racional u objetiva entre lo que es una vida humana y una persona humana”; iv) “la declaración [de Andrea Mesén] esta rendida de una forma tan general que la hace inviable para tratar de justificar, mucho menos demostrar, un supuesto daño inmaterial en las presuntas víctimas”; v) Gerardo Escalante “limita la naturaleza y el contenido de la declaración a la forma en que se practicaba la FIV en Costa Rica al momento en que él la realizaba, por lo que no podría hacer valoraciones ni rendir opiniones sobre la técnica de fecundación in vitro en general, ni sobre la regulación internacional”; y vi) respecto a Delia Ribas: "refiere en todo momento al término “preembión”, utilizándolo como punto de partida para justificar el trato que recibe el embrión desde su concepción (o fecundación) hasta momentos antes de ser transferido al útero materno […] y, por tanto, no es aceptable pretender fundamentar su manipulación escudándose en dicho concepto, ya que está científicamente demostrado que desde esta etapa inicial existe un organismo pleno y completo”; asimismo, alegó que “no es correct[o] […] justificar la práctica de la técnica de la FIV como un tratamiento a una enfermedad que permite a los 'pacientes' tener 'una mejoría de su salud'”; "aboga en su documento por la práctica de la criopreservación –o congelamiento de los embriones-, lo que resulta incompatible con el derecho a la vida y a la dignidad humana”, y que "no contesta la segunda interrogante que oportunamente le fue planteada”.




  1. En cuanto a estas observaciones del Estado respecto a los peritajes, el Tribunal entiende que estas no impugnan su admisibilidad, sino que apuntan a cuestionar el peso probatorio de los mismos. La Corte considerará el contenido de estos peritajes en la medida que se ajusten al objeto para el cual fueron convocados (supra párr. 11). Con base en lo antes expuesto, el Tribunal admite los peritajes señalados y los valorará conjuntamente con el resto del acervo probatorio, teniendo en cuenta las observaciones del Estado y de conformidad con las reglas de la sana crítica.






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