Corte interamericana de derechos humanos



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Costas y Gastos
Alegatos de la Comisión
113. La Comisión solicitó que la Corte ordene al Estado el pago de las costas y gastos debidamente probados por los representantes y en atención de las características especiales del presente caso.
Alegatos de los representantes
114. Los representantes manifestaron que:
a) la Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” ha incurrido en costas y gastos relacionados con la defensa de Wilson Gutiérrez Soler y sus familiares, tanto a nivel nacional como internacional. El total de gastos que reclama dicha organización asciende a US $89.732,94; y
b) el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional también ha incurrido en numerosos gastos relacionados con el proceso internacional del señor Wilson Gutiérrez Soler, los cuales exceden ampliamente la suma solicitada a la Corte: US $17.172,27.
Alegatos del Estado:
115. El Estado sostuvo que:
a) La jurisdicción penal en Colombia es de carácter gratuito; por lo tanto, los gastos en que hubieren incurrido los representantes de la víctima y sus familiares obedecen a una relación de carácter privado, cuyos costos deberán ser asumidos por el interesado; y
b) en cuanto a la determinación de los gastos incurridos dentro del proceso internacional, su monto puede ser determinado con base en el criterio de razonabilidad de la Corte.


Consideraciones de la Corte
116. Como lo ha señalado la Corte en oportunidades anteriores49, las costas y gastos están comprendidos dentro del concepto de reparación consagrado en el artículo 63.1 de la Convención Americana, puesto que la actividad desplegada por las víctimas con el fin de obtener justicia, tanto a nivel nacional como internacional, implica erogaciones que deben ser compensadas cuando la responsabilidad internacional del Estado es declarada mediante sentencia condenatoria. En cuanto a su reembolso, corresponde al Tribunal apreciar prudentemente su alcance, que comprende los gastos realizados ante las autoridades de la jurisdicción interna, así como los generados en el curso del proceso ante el Sistema Interamericano, teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto y la naturaleza de la jurisdicción internacional de protección de los derechos humanos. Esta apreciación debe ser realizada con base en el principio de equidad y tomando en cuenta los gastos señalados y comprobados por las partes, siempre que su quantum sea razonable.
117. A la luz de lo anterior, la Corte considera procedente, en equidad, ordenar al Estado, por concepto de costas y gastos de este caso, que se entregue US $25.000,00 (veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América) al señor Wilson Gutiérrez Soler. De este monto total, la cantidad de US $20.000,00 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América) corresponderá a las costas y gastos del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, y US $5.000,00 (cinco mil dólares de los Estados Unidos de América) corresponderá a las de CEJIL.
XI

Modalidad de Cumplimiento
118. Para dar cumplimiento a la presente Sentencia, Colombia deberá efectuar el pago de las indemnizaciones (supra párrs. 76, 78, 85 y 103) y el reintegro de costas y gastos (supra párr. 117) dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de la Sentencia. En cuanto a la publicación de las partes pertinentes de la Sentencia (supra párr. 105), el Estado deberá dar cumplimiento a dicha medida dentro de un plazo de seis meses contado a partir de la notificación de la misma. Respecto de las otras medidas ordenadas sin un plazo específico dispuesto, el Estado deberá cumplirlas dentro de un plazo razonable, contado a partir de la notificación de esta Sentencia.

119. El pago de las indemnizaciones establecidas se realizará según lo dispuesto en el párrafo 70 de la presente Sentencia.


120. Los pagos relativos al reintegro de costas y gastos serán hechos al señor Wilson Gutiérrez Soler, quien efectuará los pagos correspondientes según lo dispuesto en el párrafo 117 de la presente Sentencia.
121. El Estado puede cumplir sus obligaciones de carácter pecuniario mediante el pago en dólares de los Estados Unidos de América o en una cantidad equivalente en moneda nacional del Estado, utilizando para el cálculo respectivo el tipo de cambio entre ambas monedas que esté vigente en la plaza de Nueva York, Estados Unidos de América, el día anterior al pago.
122. Si por causas atribuibles a los beneficiarios de las indemnizaciones no fuera posible que éstos las reciban dentro del indicado plazo de un año, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia, el Estado consignará dichos montos a favor de los beneficiarios en una cuenta o certificado de depósito en una institución bancaria colombiana solvente, en dólares estadounidenses y en las condiciones financieras más favorables que permitan la legislación y la práctica bancaria. Si al cabo de diez años la indemnización no ha sido reclamada, la cantidad será devuelta al Estado con los intereses devengados.
123. En el caso de la indemnización ordenada a favor de los beneficiarios menores de edad, el Estado deberá aplicar su monto a una inversión bancaria a nombre de éstos en una institución colombiana solvente, en dólares estadounidenses o en moneda nacional, a elección de quien legalmente los represente. La inversión se hará dentro del plazo de un año, en las condiciones financieras más favorables que permitan la legislación y la práctica bancaria mientras sean menores de edad. Podrá ser retirado por los beneficiarios cuando alcancen la mayoría de edad o cuando, de acuerdo con el interés superior del niño y por determinación de una autoridad judicial competente, así se disponga. Si transcurridos diez años contados a partir de la adquisición de la mayoría de edad no es reclamada dicha indemnización, la suma será devuelta al Estado con los intereses devengados.
124. Los montos asignados en la presente Sentencia bajo los conceptos de indemnización del daño material, inmaterial y costas y gastos no podrán ser afectados, reducidos o condicionados por motivos fiscales actuales o futuros. Por lo tanto, deberán ser entregados a los beneficiarios en forma íntegra conforme a lo establecido en la Sentencia.
125. En caso de que el Estado incurriera en mora, deberá pagar un interés sobre la cantidad adeudada, correspondiente al interés bancario moratorio en Colombia.
126. Conforme a su práctica constante, la Corte se reserva la facultad inherente a sus atribuciones de supervisar el cumplimiento íntegro de la presente Sentencia. El caso se dará por concluido una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en el presente fallo. Dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de esta Sentencia, Colombia deberá rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a esta Sentencia.
XII

Puntos Resolutivos
127. Por tanto,
LA CORTE,
DECIDE,
Por unanimidad,

1. Reafirmar su Resolución de 10 de marzo de 2005, en la cual admitió el reconocimiento de responsabilidad internacional realizado por el Estado.




DECLARA,
Por unanimidad, que:
1. El Estado violó el derecho consagrado en el artículo 5.1 (Derecho a la Integridad Personal) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio de los señores Wilson Gutiérrez Soler, Kevin Daniel Gutiérrez Niño, María Elena Soler de Gutiérrez, Álvaro Gutiérrez Hernández (fallecido), Ricardo Gutiérrez Soler, Yaqueline Reyes, Luisa Fernanda Gutiérrez Reyes, Paula Camila Gutiérrez Reyes, Leonardo Gutiérrez Rubiano, Leydi Caterin Gutiérrez Peña, Sulma Tatiana Gutiérrez Rubiano, Ricardo Alberto Gutiérrez Rubiano y Carlos Andrés Gutiérrez Rubiano, en los términos de los párrafos 52, 57 y 58 de la presente Sentencia.
2. El Estado violó el derecho consagrado en el artículo 5.2 y 5.4 (Derecho a la Integridad Personal) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Wilson Gutiérrez Soler, en los términos del párrafo 52 de la presente Sentencia.
3. El Estado violó el derecho consagrado en el artículo 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6 (Derecho a la Libertad Personal) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Wilson Gutiérrez Soler, en los términos del párrafo 52 de la presente Sentencia.
4. El Estado violó los derechos consagrados en los artículos 8.1, 8.2.d, 8.2.e, 8.2.g y 8.3 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Wilson Gutiérrez Soler, en los términos del párrafo 52 de la presente Sentencia.
5. El Estado incumplió las obligaciones previstas en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en perjuicio del señor Wilson Gutiérrez Soler, en los términos del párrafo 54 de la presente Sentencia.
6. Esta Sentencia constituye per se una forma de reparación, en los términos del párrafo 83 de la misma.
Y DISPONE,
Por unanimidad, que:
1. El Estado debe cumplir las medidas dispuestas relativas a su obligación de investigar los hechos denunciados, así como identificar, juzgar y sancionar a los responsables, en los términos de los párrafos 96 a 100 de la presente Sentencia.
2. El Estado debe brindar gratuitamente, a través de las instituciones de salud que el propio Estado designe, tratamiento psicológico y psiquiátrico a los señores María Elena Soler de Gutiérrez, Ricardo Gutiérrez Soler, Yaqueline Reyes, Luisa Fernanda Gutiérrez Reyes, Paula Camila Gutiérrez Reyes, Leonardo Gutiérrez Rubiano, Leydi Caterin Gutiérrez Peña, Sulma Tatiana Gutiérrez Rubiano, Ricardo Alberto Gutiérrez Rubiano y Carlos Andrés Gutiérrez Rubiano, en los términos del párrafo 102 de la presente Sentencia. En el caso del tratamiento médico y psicológico del señor Wilson Gutiérrez Soler y de la atención psicológica de su hijo Kevin Daniel Gutiérrez Niño, el Estado debe entregar la cantidad fijada en el párrafo 103 al señor Wilson Gutiérrez Soler para cubrir los gastos razonables al respecto.
3. El Estado debe publicar dentro del plazo de seis meses, contados a partir de la notificación de la presente Sentencia, al menos por una vez, en el Diario Oficial, y en otro diario de circulación nacional, la Sección de esta Sentencia denominada Hechos Probados, sin las notas al pie de página correspondientes, los párrafos 51 a 59 de la Sección denominada Fondo de dicha Sentencia, así como la parte resolutiva de la misma, en los términos del párrafo 105 de la presente Sentencia.
4. El Estado debe implementar en los cursos de formación de los servidores públicos de la jurisdicción penal militar y de la fuerza pública un programa dirigido al análisis de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, en los términos de los párrafos 106 a 108 de la presente Sentencia.
5. El Estado debe adoptar un programa de formación que tenga en cuenta las normas internacionales establecidas en el Protocolo de Estambul, en los términos del párrafo 110 de la presente Sentencia.
6. El Estado debe adoptar las medidas que sean necesarias para fortalecer los mecanismos de control existentes en los centros estatales de detención, en los términos del párrafo 112 de la presente Sentencia.
7. El Estado debe pagar las cantidades fijadas en los párrafos 76 y 78 de la presente Sentencia, por concepto de daño material, en los términos de los párrafos 70, 118, 119 y 121 a 125 de la misma.
8. El Estado debe pagar las cantidades fijadas en el párrafo 85 de la presente Sentencia, por concepto de daño inmaterial, en los términos de los párrafos 70, 118, 119 y 121 a 125 de la misma.
9. El Estado debe pagar la cantidad fijada en el párrafo 117 de la presente Sentencia, por concepto de costas y gastos, en los términos de los párrafos 118 y 120 a 125 de la misma.
10. El Estado debe ocuparse particularmente de garantizar la vida, integridad y seguridad de los señores Wilson y Ricardo Gutiérrez Soler y sus familiares, y debe proveerles la protección necesaria frente a cualesquiera personas, tomando en cuenta las circunstancias de este caso, de conformidad con la Resolución de medidas provisionales dictada por este Tribunal el 11 de marzo de 2005.
11. Supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. Dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de esta Sentencia, el Estado deberá rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para darle cumplimiento, en los términos del párrafo 126 de la misma.
Los Jueces García Ramírez, Jackman y Cançado Trindade hicieron conocer a la Corte sus Votos Razonados, los cuales acompañan a la presente Sentencia.

Redactada en español e inglés, haciendo fe el texto en español, en San José, Costa Rica, el 12 de septiembre de 2005.


Sergio García Ramírez

Presidente

Alirio Abreu Burelli

Oliver Jackman

Antônio A. Cançado Trindade

Manuel E. Ventura Robles







Diego García-Sayán

Ernesto Rey Cantor

Juez ad hoc
Emilia Segares Rodríguez

Secretaria Adjunta


Comuníquese y ejecútese,


Sergio García Ramírez

Presidente

Emilia Segares Rodríguez

Secretaria Adjunta
VOTO RAZONADO DEL JUEZ SERGIO GARCIA RAMIREZ

EN EL CASO GUTIÉRREZ SOLER VS. COLOMBIA.

SENTENCIA DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2005

A) SOLUCION AUTOCOMPOSITIVA. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES


1. La solución de la controversia que llega al conocimiento de las autoridades encargadas de resolverla puede operar con base en un acto compositivo entre las partes --que pudo presentarse antes de recurrir al procedimiento público, como es deseable que ocurra cada vez que sea posible-- o por medio de una resolución de autoridad competente, generalmente de naturaleza judicial o, en todo caso, dotada de atribuciones jurisdiccionales. Hoy día se extiende cada vez más la posibilidad de acudir a medios autocompositivos para la solución del litigio --incluso en cuestiones penales--, como alternativa frente al procedimiento jurisdiccional, generalmente más prolongado, oneroso y complejo. Se ha dicho, acaso con razón, que conviene más alcanzar una decisión compartida, fruto del entendimiento y la voluntad de los contendientes, que sujetarse a la determinación de un tercero.
2. Más allá de las numerosas consideraciones que pudieran formularse sobre las ventajas y desventajas de las soluciones autocompositivas, lo cierto es que la justicia pública no podría asumir y resolver la enorme cantidad de litigios que concluyen a través de mutuas concesiones entre las partes, o de la admisión por una de éstas de las pretensiones de la otra. Esto se observa también en el enjuiciamiento internacional sobre derechos humanos, sin perjuicio del número de contiendas que no es posible someter a soluciones consensuales, tomando en cuenta la extrema gravedad o complejidad de los hechos, o bien, la alta conveniencia de que la autoridad internacional emita recomendaciones o decisiones que contribuyan a establecer el contenido y las nuevas fronteras de la tutela de los derechos humanos.
3. En el sistema interamericano existe la posibilidad de avenimiento entre las partes, que en la etapa no jurisdiccional seguida ante la Comisión Interamericana son la presunta víctima de la violación de derechos (o quien figura como peticionario) y el Estado, con la aprobación de aquel órgano; y en la etapa jurisdiccional desarrollada ante la Corte Interamericana lo son el propio Estado, la presunta víctima --merced a los crecientes derechos procesales que ha adquirido al amparo de innovaciones reglamentarias introducidas por la Corte-- y la Comisión Interamericana, a título de demandante (parte “sólo procesalmente” como dice el Reglamento de la Corte Interamericana), titular de la acción procesal que cede --o no-- cuando se plantea la solución consensual.
4. Ahora bien, a diferencia de lo que puede y suele ocurrir conforme a los ordenamientos internos en los que se favorece la solución extrajudicial de las contiendas de carácter privado, en el orden interamericano de los derechos humanos es preciso que la autoridad que conduce el procedimiento --Comisión o Corte, sucesivamente-- acepte (e incluso promueva, en el caso de la Comisión Interamericana) el entendimiento al que llegan las partes materiales y la forma en la que éste se formaliza a través de un acuerdo. Este debe servir a la tutela de los derechos humanos, cuestión de orden público internacional, cuya protección no queda sujeta solamente a la apreciación y la voluntad de los particulares, sino trasciende a éstos e interesa a la comunidad que ha reconocido los derechos y ha resuelto preservarlos bajo el rubro del Derecho internacional de los derechos humanos, y que para ello ha construido un sistema de protección cuyo designio reside en esa tutela objetiva, no apenas en la satisfacción subjetiva que pudiera resultar inconsecuente con la preservación del orden jurídico internacional. El individuo tiene, pues, la facultad de denunciar la violación de la que ha sido víctima o el derecho de no hacerlo, conforme al artículo 44 de la Convención Americana. Ahora bien, una vez que ha presentado la denuncia la suerte del problema sale de sus manos.
5. En consecuencia, existen un punto de justicia y otro de oportunidad en la admisión o el rechazo del entendimiento compositivo entre las partes. Es preciso que éste: a) sea justo, es decir, que resulte consecuente con la necesaria preservación de los derechos humanos, en general y en particular; b) se sustente en la realidad de los hechos, claramente establecidos, y no en una “versión formal” que pudiera poner la justicia a merced de la ficción, y c) resulte aceptable para los fines del sistema internacional de protección, tomando en cuenta que en determinados casos será aconsejable ir más lejos --no obstante la justicia particular del entendimiento-- y entregar la solución del tema a las instancias decisorias públicas, en interés de la justicia en general, conforme al criterio de oportunidad. De ahí que la Comisión y la Corte, en sus propios tiempos y circunstancias, pueden aceptar el acto compositivo y proceder a la conclusión del procedimiento, o disponer que éste siga hasta su término natural: recomendación o sentencia.

B) COMPOSICION ANTE LA JURISDICCION INTERAMERICANA


6. Ante la Comisión Interamericana se resuelve un buen número de conflictos a través de la “solución amistosa del asunto fundada en el respeto a los derechos humanos reconocidos” en la CADH (artículo 48.1.f de la Convención). Contrariamente a lo que se supone, este medio de composición también funciona con frecuencia, cada vez mayor, en el curso del procedimiento seguido ante la Corte, sea en la fase escrita, sea en la fase oral. La estadística correspondiente a un cuarto de siglo, a partir de 1979 y hasta la mitad del año 2005 --pero tómese en cuenta que durante los primeros años abundaron, relativamente, las opiniones consultivas, no así los casos contenciosos-- permite observar que los Estados demandados se allanaron total o parcialmente a la demanda y reconocieron su responsabilidad internacional por hechos violatorios de derechos humanos en el 24 por ciento de los casos contenciosos tramitados ante la Corte. Esto ocurrió en 15 litigios; en 49 no se produjo el allanamiento. Conviene subrayar, desde luego, que en la mayoría de los casos el allanamiento ha sido parcial.
7. Creo que este fenómeno revela una tendencia alentadora, en la medida en que acredita la decisión estatal de asumir las consecuencias de la conducta indebida de sus agentes y otras personas, y evitar contiendas innecesarias e incluso injustificadas, cuando existe prueba suficiente sobre la existencia de hechos violatorios. De ahí que la Corte se haya referido a esta cuestión a través del informe que rendí, como Presidente del Tribunal, ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la Organización de los Estados Americanos, el 14 de abril de 2005. En aquél se reserva un apartado a este asunto, bajo el epígrafe “Allanamiento y reconocimiento de responsabilidad”.
8. En la primera parte de dicho apartado señalé: “Corresponde a las partes establecer sus respectivas posiciones en el enjuiciamiento, tomando en cuenta los hechos que son materia de éste y las pretensiones que en él se esgrimen. Incumbe a la Corte resolver la controversia por medio de una sentencia. Aun cuando esta es la regla general, a la que se ajusta la gran mayoría de los procesos, también existe la posibilidad de que éstos concluyan a través de actos de composición, unilateral o bilateral, mediante desistimiento, allanamiento o acuerdo entre las partes. Aun cuando estos actos no son, por sí mismos, vinculantes para la Corte, pueden resultar muy útiles para la solución de la controversia --en todo o en parte-- y, sobre todo, para destacar el respeto por la tutela de los derechos humanos y la eficacia de los compromisos adquiridos en esta materia”.
9. En seguida hice notar que en el curso del año 2004 hubo allanamiento en tres casos concernientes a Guatemala (Casos Masacre de Plan de Sánchez, Molina Theissen y Carpio Nicolle), “cuyos representantes expresaron en las audiencias respectivas la solicitud de perdón que el Estado formula a las víctimas” --expresión positiva para aliviar las consecuencias morales de la violación-- y mencioné que “otro tanto aconteció en el primer período de sesiones del presente año, en dos casos concernientes a Colombia (Casos Masacre de Mapiripán y Wilson Gutiérrez Soler)”. Agregué: “Es significativo que parezca surgir una tendencia a este género de actitudes, que ameritan reflexión y estimación. Hablamos de tendencia --incipiente o moderada, ciertamente--, tomando en cuenta que en los últimos años varios Estados han formulado declaraciones en las que reconocen su responsabilidad internacional. Eso ha sucedido en casos que corresponden a Argentina (Casos Garrido y Baigorria y Bulacio), Bolivia (Caso Trujillo Oroza), Ecuador (Caso Benavides Cevallos), Perú (Caso Barrios Altos) y Venezuela (Caso Caracazo), además de los ya indicados de Guatemala y Colombia”.
10. La Sentencia a la que acompaño este Voto razonado se refiere precisamente a uno de aquellos litigios: el Caso Gutiérrez Soler vs. Colombia, en el que se produjo un allanamiento en condiciones singulares. La “forma en que se hizo el reconocimiento de responsabilidad y la solicitud de perdón --indiqué en el citado informe ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA--, marca un precedente notable”. Concluí: “Nuestro Tribunal no ha pasado por alto estos hechos, que revisten un marcado valor político, jurídico y moral. Así lo ha expresado en las resoluciones pertinentes”. Mi Voto razonado me ofrece la oportunidad de recoger estas apreciaciones --que corresponden al Tribunal en su conjunto-- y destacar nuevamente las características especiales que revistió el reconocimiento y la solicitud de perdón en la audiencia pública sobre el Caso Gutiérrez Soler, celebrada en la sala de audiencias de la Corte el 9 de marzo de 2005. En lo que respecta a las expresiones de las partes en esa diligencia, me remito a los párrafos 28, 29 y 30 de la Sentencia.

C) LA PRACTICA DEL ALLANAMIENTO


11. Conviene agregar algunas observaciones a propósito del allanamiento y el reconocimiento de responsabilidad internacional por parte del Estado. La primera de ellas tiene que ver con un punto de orden práctico, que se proyecta sobre el desarrollo del proceso y la formación del criterio del Tribunal. Me refiero al contenido y la forma del acto procesal realizado por el Estado, que tiene indudable relevancia y que influye en el rumbo y la solución del proceso, aunque no los determine por fuerza. Si el Estado se limita a manifestar que reconoce su “responsabilidad internacional” por los hechos del presente caso, no abarca necesariamente todos los extremos que interesa saber y acerca de los cuales se deberá resolver. De ahí que la Corte se hubiese ocupado del tema en las reformas incorporadas al Reglamento el 25 de noviembre de 2003 y vigentes a partir del 1 de enero de 2004.
12. Actualmente, el artículo 38.2 del Reglamento de la Corte, referente a la contestación de la demanda, pero también aplicable, en lo pertinente, al allanamiento posterior --que es, en esencia, una forma complementaria y diferida de contestación a la demanda-- dispone: “El demandado deberá declarar en su contestación si acepta los hechos y las pretensiones o si los contradice, y la Corte podrá considerar como aceptados aquellos hechos que no hayan sido expresamente negados y las pretensiones que no hayan sido expresamente controvertidas”. A su vez, el artículo 53.2 indica: “Si el demandado comunicare a la Corte su allanamiento a las pretensiones de la parte demandante y a las de los representantes de las presuntas víctimas, sus familiares o representantes, la Corte, oído el parecer de las partes en el caso, resolverá sobre la procedencia del allanamiento y sus efectos jurídicos (…)”.
13. Como se advierte, la admisión a la que se refieren los preceptos citados abarca: a) hechos aducidos en la demanda que presenta la Comisión, que a menudo son numerosos y complejos y que, por lo tanto, requieren puntual identificación por parte de quien los admite, para evitar dudas o confusiones; y b) pretensiones de declaración y condena --conectadas con la apreciación de los hechos a la luz de los preceptos de la Convención y con las reparaciones pertinentes-- formuladas por la propia Comisión demandante y por las presuntas víctimas, que en este aspecto --no así en lo que corresponde a la relación de hechos sub judice-- pueden formular sus pedimentos independientemente de la Comisión Interamericana, como lo establecen las normas reglamentarias y lo afirma la jurisprudencia de la Corte.
14. La insuficiencia en el allanamiento, reconocimiento de responsabilidad o admisión de hechos (técnicamente cada concepto tiene su propio alcance) puede suscitar apreciaciones encontradas acerca de la naturaleza y los efectos del acto, que finalmente deberá resolver la Corte, llamada a decidir siempre acerca de la admisibilidad del allanamiento y, eventualmente, también sobre el alcance de éste. Es deseable que sea el Estado quien establezca con claridad la naturaleza y los efectos que asigna al acto procesal que realiza, porque de lo contrario el Tribunal se verá en la necesidad de “interpretar” la voluntad del Estado y asignarle las características que, en su concepto, posee.

D) ALLANAMIENTO Y CONSIDERACION JUDICIAL DE LOS HECHOS


15. Existen diversas opiniones acerca de la presentación de los hechos, tanto en la audiencia como en el cuerpo de la sentencia, cuando ha ocurrido un allanamiento. De un lado, se sostiene que ha cesado la controversia en cuanto a los hechos, y que por ello no ha lugar a que las partes y la Corte se refieran a ellos en lo sucesivo. Del otro, se considera que los hechos son un dato medular de la contienda, analizada en su conjunto, y deben ser conocidos y apreciados para establecer los términos de la sentencia, además de que la expresión de lo que ha ocurrido --ya reconocido por el Estado-- alimenta la “eficacia pedagógica” del proceso y contribuye a la prevención de sucesos semejantes.
16. A este respecto, es pertinente recordar que el reconocimiento de hechos no vincula a la Corte, que puede requerir aclaraciones e incluso disponer que el proceso continúe pese a dicho reconocimiento, y en todo caso no significa por sí mismo una calificación jurídica de aquéllos, que sólo compete al Tribunal. Ya se ha dicho que la verdad en cuanto a la base fáctica del proceso no deriva de la admisión de las partes --verdad formal o convencional--, sino de la prueba suficiente y convincente --verdad material o histórica, que se quiere alcanzar en el proceso internacional sobre derechos humanos. La sentencia constituye y contiene, en sustancia, una reflexión del Tribunal acerca de hechos ilícitos y consecuencias jurídicas de éstos, y una valoración que practica el mismo órgano para emitir la decisión correspondiente. No es razonable excluir de esa reflexión y esa valoración los hechos violatorios de derechos humanos, de los que es preciso deducir ciertas consecuencias.

E) COSA JUZGADA


17. En la Sentencia a la que agrego este Voto, la Corte utiliza la expresión “cosa juzgada fraudulenta” (párr. 98), que ha empleado anteriormente (Caso Carpio Nicolle y otros, Sentencia de 22 de noviembre de 2004, párrs. 131-132). Esa expresión carga el acento sobre el “engaño” que se halla en la raíz de ciertas sentencias, producto de la maquinación --condenatoria o absolutoria-- de las autoridades que investigan, acusan y resuelven. El proceso ha sido “a modo” y la sentencia sirve a determinado designio, mejor que al objetivo de justicia.
18. Sin embargo, aquella expresión no es necesariamente aplicable a todos los casos que se quiere abarcar, manifestaciones de una realidad heterogénea. Con todo, pone a la vista un tema de gran relevancia: la subsistencia o decadencia de la cosa juzgada --se solía decir: “santidad” de cosa juzgada--, que a su vez orienta la operación del principio ne bis in idem, ampliamente recogido en ordenamientos nacionales e internacionales. Se cuestiona, pues, lo que hasta hace algún tiempo pareció incuestionable: la firmeza de la sentencia que adquiere autoridad de cosa juzgada (en la doble proyección formal y material), y que, por ende, no puede ser atacada por medio jurídico alguno, sin perjuicio de que se exija responsabilidad de diversa naturaleza a quien la adopta en forma indebida o ilegítima.
19. Es notoria la decadencia de la autoridad absoluta de la cosa juzgada inherente a la sentencia definitiva y firme, entendida en el sentido tradicional de la expresión. Difícilmente podrían actuar con eficacia, y quizás ni siquiera existirían, la jurisdicción internacional de derechos humanos y la jurisdicción internacional penal si se considera que las resoluciones últimas de los órganos jurisdiccionales nacionales son inatacables en todos los casos. La improcedencia o impertinencia de la resolución judicial interna que pone fin a una contienda puede advertirse a partir de diversos datos: error en el que incurre quien la emite, sin que se añada otro motivo de injusticia; o bien, ilegalidad o ilegitimidad con las que actúa el juzgador, sea en actos del enjuiciamiento (violaciones procesales que destruyen el debido proceso), sea en la presentación (falseada) de los hechos conducentes a la sentencia. En ambos casos se arribará a una sentencia que no sirve a la justicia y sólo en apariencia --formalmente-- atiende a la seguridad jurídica.
20. Las reflexiones en torno a esta materia son cada vez más abundantes en la jurisprudencia nacional --particularmente en la formulada por tribunales de constitucionalidad--, como lo han sido en la internacional. En fin de cuentas, queda de manifiesto que la autoridad de cosa juzgada sólo se justifica por la autoridad que le transmite la regularidad del proceso y la legitimidad en la actuación del juzgador. Es verdad que interesa a la sociedad y al Estado la definición de las contiendas y la conclusión de los conflictos, pero también lo es que ese objetivo digno --que “santifica” la cosa juzgada-- no debe procurarse y obtenerse a toda costa, inclusive con atropello de los medios que legitiman la actuación jurisdiccional del Estado, en la que se deposita la custodia de intereses jurídicos y valores éticos. En otros términos, el fin no justifica los medios; éstos concurren, en cambio, a la justificación del fin procurado. Esta inversión de la antigua máxima pragmática tiene especial relevancia en cuestiones del proceso: por ejemplo, admisión y eficacia de la prueba.
21. Por lo demás, este reconocimiento ya existe en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que en diversos casos ha resuelto la invalidez (por incompatibilidad con la Convención Americana) de procesos penales en los que se han cometido violaciones graves, y la consecuente necesidad de iniciar nuevos procesos o reabrir los anteriores en el punto en el que se produjo la violación, que a su turno desembocarán en una sentencia. Prevalece la idea, puesta en otros términos, de que el proceso viciado no es un verdadero proceso y de que la (aparente) sentencia pronunciada en éste no es una sentencia genuina. Si esto se acepta, el posterior enjuiciamiento por los mismos hechos y en contra de las mismas personas no sería un segundo juicio ni se desatendería el principio ne bis in idem.
22. Por supuesto, el tema no está cerrado. Todavía es preciso avanzar con cuidado y reflexión en las diversas hipótesis que pudieran presentarse a propósito de la afectación de la cosa juzgada. Habrá que ver, con la mayor objetividad y prudencia, en qué casos es preciso retirar a una sentencia definitiva y aparentemente firme la eficacia de la cosa juzgada y desconocer la aplicabilidad del principio ne bis in idem, o mantener el reconocimiento de éste --que constituye una poderosa garantía-- sobre la base de que las diligencias practicadas y la sentencia emitida no constituyen verdadero proceso y auténtica sentencia.

F) PUBLICIDAD DEL PROCESO Y PUBLICACION DE LA SENTENCIA


23. La publicidad de los actos del juicio, entre los que figura la sentencia, constituye un rasgo característico del debido proceso en una sociedad democrática. No son pocos los instrumentos internacionales que enuncian en un mismo giro concentrado “fair trial” y “public hearing”. Se trata de incorporar en el enjuiciamiento los ojos y los oídos del pueblo --sin perjuicio de que éste intervenga en el juicio mismo, como sucede cuando la causa se tramita ante el jurado-- a título de garantía democrática de la buena marcha de la justicia. La observación pública apoya el despacho adecuado de la función jurisdiccional, a condición de que el juzgador mantenga la vista en los hechos y el derecho, que no deben someterse a ninguna “relectura” bajo la presión pública, y sólo consulte a su razón y a su conciencia. Este es otro de los grandes temas de la impartición de justicia en la sociedad democrática, siempre analizado e insuficientemente resuelto en la práctica.
24. Es común que la Corte Interamericana disponga la publicación de sus sentencias como medida de reparación, sea para satisfacer el derecho del afectado, sea para crear obstáculos de orden social frente a la posible reiteración de conductas violatorias. La publicación de la sentencia sirve, pues, a un doble designio: individual y social, arraigado en el caso concreto. En diversas oportunidades la Corte ha declarado que la sentencia declarativa y condenatoria atiende, por sí misma, a la reparación del agravio. La eficacia reparadora de aquélla se amplía cuando llega al conocimiento general a través de una publicidad razonable, cuyas características dispone el mismo Tribunal. Opera, de esta suerte, una especie de reivindicación del victimado ante la sociedad que en algún momento pudo suponer legítima la actuación de la autoridad. En otros términos, las “aguas vuelven a su cauce”, se acredita la verdad en el caso, se “da a cada quien lo suyo” bajo la mirada del pueblo. Y esto es muy importante.
25. También es relevante que la difusión se realice en forma tal que obtenga los objetivos que se propone, invariablemente favorables a la causa de la justicia en general y de la justicia particular del agraviado. Por ello, conviene que la Corte analice, como lo ha hecho, los extremos de la publicación que dispone. Es preciso evitar que por este medio se “victime de nueva cuenta a la víctima”, tomando en cuenta las circunstancias del caso, las características del medio en el que aquélla se desenvuelve, su vida futura, la necesidad de generar condiciones que favorezcan ésta y reduzcan las consecuencias negativas --psicológicas, muchas de ellas-- de la violación perpetrada. En ocasiones, la difusión pormenorizada de los hechos no contribuye al bienestar futuro del ofendido. Finalmente, lo que interesa es dejar constancia de que hubo una transgresión inadmisible del derecho individual y que por ello existe responsabilidad internacional del Estado. Obviamente, esto no supone ocultar hechos, que constan en el proceso y pueden ser conocidos detalladamente por quien se interese en conocer la causa. Sólo se trata de hacer lo que se espera de una sentencia, sin generar, como resultado lateral, nuevos problema a la víctima.
Sergio García Ramírez

Juez


Emilia Segares Rodríguez

Secretaria Adjunta




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