Corte interamericana de derechos humanos



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IX

Reparaciones

Aplicación del artículo 63.1 de la Convención Americana
Obligación de reparar
61. Este Tribunal ha establecido que es un principio de Derecho Internacional que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente28. En sus decisiones a este respecto, la Corte se ha basado en el artículo 63.1 de la Convención Americana, según el cual:

[c]uando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en [la] Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.


62. El artículo 63.1 de la Convención Americana acoge una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre la responsabilidad de los Estados. Al producirse un hecho internacionalmente ilícito imputable a un Estado, surge la responsabilidad internacional de éste, con el consecuente deber de reparar y hacer cesar las consecuencias de la violación29.
63. La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum), que consiste en el restablecimiento de la situación anterior. De no ser esto factible, como ocurre en la mayoría de los casos, entre ellos éste, el tribunal internacional determinará medidas para garantizar los derechos conculcados, reparar las consecuencias que las infracciones produjeron y establecer una indemnización que compense los daños ocasionados30. Es necesario añadir las medidas de carácter positivo que el Estado debe adoptar para asegurar que no se repitan hechos lesivos como los ocurridos en el presente caso31. Es un principio de Derecho Internacional general que la obligación de reparar no puede ser modificada o incumplida por el Estado invocando su derecho interno, principio constantemente recogido en la jurisprudencia de la Corte.
64. Las reparaciones son medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Su naturaleza y su monto dependen de las características de la violación y del daño ocasionado en los planos material e inmaterial. No pueden implicar enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima o sus sucesores, y deben guardar relación con las violaciones declaradas en la Sentencia32.
*

* *
a) Beneficiarios


65. La Corte resume ahora los argumentos de la Comisión Interamericana, de los representantes y del Estado sobre quiénes deben ser considerados beneficiarios de las reparaciones que la Corte dicte.
Alegatos de la Comisión:
66. La Comisión alegó que los beneficiarios de las reparaciones son: el señor Wilson Gutiérrez Soler, en calidad de víctima, y sus familiares Kevin Daniel Gutiérrez Niño (hijo); María Elena Soler de Gutiérrez (madre); Álvaro Gutiérrez Hernández (padre); Ricardo Gutiérrez Soler (hermano); Yaqueline Reyes (cuñada, esposa de Ricardo Gutiérrez Soler); Luisa Fernanda Gutiérrez Reyes (sobrina, hija de Ricardo Gutiérrez Soler); Paula Camila Gutiérrez Reyes (sobrina, hija de Ricardo Gutiérrez Soler) y Leonardo Gutiérrez Rubiano (sobrino, hijo de Ricardo Gutiérrez Soler).
Alegatos de los representantes
67. Los representantes consideraron que los beneficiarios de la reparación son las personas directamente perjudicadas por las violaciones en cuestión, y que, en este caso, los perjudicados son: Wilson Gutiérrez Soler, Kevin Daniel Gutiérrez Niño (hijo de Wilson), Ricardo Gutiérrez Soler (hermano de Wilson), Yaqueline Reyes (esposa de Ricardo); Luisa Fernanda Gutiérrez Reyes, Paula Camila Gutiérrez Reyes, Leonardo Gutiérrez Rubiano, Leydi Caterin Gutiérrez Peña, Sulma Tatiana Gutiérrez Rubiano, Ricardo Alberto Gutiérrez Rubiano y Carlos Andrés Gutiérrez Rubiano (hijos de Ricardo); Álvaro Gutiérrez Hernández y María Elena Soler de Gutiérrez (padres de Wilson y Ricardo).
Alegatos del Estado
68. El Estado alegó que:
a) en los términos de la demanda presentada por la Comisión, la víctima de las violaciones reconocidas por el Estado colombiano es el señor Wilson Gutiérrez Soler; y
b) de acuerdo con la demanda presentada por la Comisión, los beneficiarios de las eventuales reparaciones que ordene la Corte o llegaren a conciliarse en virtud de una posible solución amistosa son: Wilson Gutiérrez Soler, Kevin Daniel Gutiérrez; María Elena Soler de Gutiérrez; Álvaro Gutiérrez Hernández; Ricardo Gutiérrez Soler; Yaqueline Reyes; Luisa Fernanda Gutiérrez Reyes; Paula Camila Gutiérrez Reyes y Leonardo Gutiérrez Rubiano.
Consideraciones de la Corte
69. La Corte considera “parte lesionada”, en calidad de víctima de las violaciones señaladas anteriormente (supra párrs. 52 y 54), al señor Wilson Gutiérrez Soler. Asimismo, los familiares del señor Wilson Gutiérrez Soler – es decir, Kevin Daniel Gutiérrez Niño, María Elena Soler de Gutiérrez, Álvaro Gutiérrez Hernández (fallecido), Ricardo Gutiérrez Soler, Yaqueline Reyes, Luisa Fernanda Gutiérrez Reyes, Paula Camila Gutiérrez Reyes, Leonardo Gutiérrez Rubiano, Leydi Caterin Gutiérrez Peña, Sulma Tatiana Gutiérrez Rubiano, Ricardo Alberto Gutiérrez Rubiano y Carlos Andrés Gutiérrez Rubiano – son víctimas de la violación del derecho consagrado en el artículo 5.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma (supra párr. 57). Por tanto, dichos familiares también serán beneficiarios de las reparaciones que fije el Tribunal.
70. La compensación que la Corte determine será entregada a cada beneficiario en su condición de víctima. Si alguna víctima ha fallecido, como en el caso del señor Álvaro Gutiérrez Hernández, o fallece antes de que le sea entregada la indemnización respectiva, el monto que hubiera correspondido a esa persona se distribuirá conforme al derecho nacional aplicable.
B) Daño Material
Alegatos de la Comisión
71. Respecto del daño material la Comisión señaló que:
a) el señor Wilson Gutiérrez Soler y sus familiares debieron realizar esfuerzos económicos muy importantes con el fin de reclamar justicia y solventar los tratamientos sicológicos necesarios para poder sobrellevar las consecuencias que acarrearon las graves violaciones sufridas;
b) debido a los padecimientos del señor Wilson Gutiérrez Soler y de sus familiares, estuvieron impedidos de continuar con el normal desarrollo de sus tareas y labores, lo que determinó una reducción considerable de sus ingresos habituales y necesarios para su subsistencia;
c) el proyecto de vida del señor Wilson Gutiérrez Soler y el de su familia han sido destruidos por la impunidad de los responsables y la falta de reparación; y
d) se fije en equidad la indemnización correspondiente al daño emergente y lucro cesante.
Alegatos de los representantes
72. Por su parte, los representantes expresaron lo siguiente en cuanto al daño material:
a) durante casi diez años, la familia Gutiérrez Soler ha sido objeto de hostigamientos, amenazas, vigilancia, detenciones, allanamientos y atentados que le obligaron a efectuar cambios radicales en su estilo de vida y que tuvieron graves consecuencias económicas, así como secuelas físicas y sufrimientos psicológicos. En este sentido, la familia Gutiérrez Soler ha incurrido en gastos de traslado de vivienda, cambio de trabajo, atención médica especializada, y pérdida de bienes, incluyendo negocios, carros y lotes. La familia Gutiérrez Soler ha realizado “incalculables” esfuerzos para poder sobrevivir, trasladándose de un lugar a otro o exiliándose;
b) al momento de los hechos de tortura, el señor Wilson Gutiérrez Soler se dedicaba a la compra y venta de vehículos, y de bienes muebles e inmuebles adquiridos en remates de juzgados. Además, conducía un taxi de su propiedad que le permitía conseguir ingresos adicionales y transportarse para realizar sus negocios;
c) cuando el señor Wilson Gutiérrez Soler fue detenido, se movilizaba en un vehículo Chevrolet Chevette QP, color dorado, que perdió ese día y le fue imposible recuperar;
d) debido a la investigación penal por extorsión en contra del señor Wilson Gutiérrez Soler, la familia Gutiérrez Soler se vio obligada a vender algunos de los vehículos para solventar los honorarios de la primera abogada;
e) la familia ha recibido ayuda económica de la Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, la cual fue utilizada en su mayor parte para subvencionar los gastos relacionados con la salida del país del señor Wilson Gutiérrez Soler y las actividades de investigación e “impulso judicial”;
f) se solicita a la Corte que, en equidad, reconozca la suma de US $30.000 (treinta mil dólares de los Estados Unidos de América) para cada grupo familiar por concepto de daño emergente; y
g) Wilson, Ricardo y su padre, Álvaro, vieron su capacidad laboral sustancialmente limitada como consecuencia de los constantes hostigamientos. Por lo tanto, se solicita a la Corte que otorgue una suma equitativa para compensar a dichas personas por los ingresos perdidos.
Alegatos del Estado
73. En relación con el daño material, el Estado manifestó que:
a) en el presente caso, el patrimonio no ha sido probado mediante documentos solemnes u otras formas de prueba, por lo cual el juez no puede obtener una convicción sobre el monto de los eventuales perjuicios. Además, ciertas piezas probatorias adolecen de múltiples contradicciones entre ellas;
b) tampoco se ha aportado prueba documental ni testimonial sobre el traslado de vivienda, cambio de trabajo, atención médica especializada, pérdida de bienes – incluyendo negocios, carros y lotes – ni de los esfuerzos económicos realizados para reclamar justicia por parte de la familia Gutiérrez Soler; y
c) no se ha demostrado que los señores Wilson y Ricardo Gutiérrez Soler y su padre, el señor Álvaro Gutiérrez, hayan visto su capacidad laboral sustancialmente limitada como consecuencia de los constantes hostigamientos. Sin embargo, el Estado acepta, de buena fe y ante el deficiente cumplimiento con la carga de la prueba por la parte obligada, la existencia de un mínimo daño a ser indemnizado como lucro cesante. Lo anterior, en consideración al principio según el cual toda actividad laboral tiene una remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo. La indemnización debe otorgarse con fundamento en el salario mínimo legal vigente en Colombia y no en equidad como lo pretenden la Comisión y los representantes. Con fundamento en el salario mínimo legal vigente en Colombia y aplicando fórmulas financieras reconocidas por la jurisprudencia colombiana, el Estado calcula que el lucro cesante total del señor Wilson Gutiérrez Soler asciende a 136.305.374,46 pesos colombianos.
Consideraciones de la Corte
74. La Corte se referirá en este acápite al daño material, el cual supone la pérdida o detrimento de los ingresos de la víctima, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del caso sub judice33, para lo cual, cuando corresponde, el Tribunal fija un monto indemnizatorio que busque compensar las consecuencias patrimoniales de las violaciones que han sido declaradas en la presente Sentencia. Para resolver sobre el daño material, la Corte tendrá en cuenta el acervo probatorio, la jurisprudencia del propio Tribunal y los argumentos de las partes.
a) Pérdida de ingresos
75. La Corte, en primer lugar, nota con satisfacción que el propio Estado ha demostrado voluntad para compensar el detrimento de los ingresos del señor Wilson Gutiérrez Soler debido a los hechos del presente caso. En este sentido, se ha probado que, al momento de su detención ilegal y tortura, el señor Wilson Gutiérrez Soler trabajaba en negocios propios y ganaba lo suficiente para mantener a su familia (supra párr. 48.17). Asimismo, se encuentra demostrado que, como consecuencia de haber denunciado las torturas, los hostigamientos y persecuciones subsiguientes impidieron que el señor Wilson Gutiérrez Soler volviera a encontrar una situación laboral estable y, eventualmente, lo forzaron al exilio (supra párr. 48.14 y 48.17).
76. Este Tribunal observa que en el expediente no constan comprobantes idóneos para determinar con exactitud el ingreso que percibía el señor Gutiérrez Soler al momento de los hechos. Al respecto, tomando en consideración las actividades que realizaba la víctima como medio de subsistencia, así como las circunstancias y particularidades del presente caso, la Corte fija en equidad la suma de US $60.000,00 (sesenta mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor del señor Wilson Gutiérrez Soler, por concepto de pérdida de ingresos. Dicha cantidad deberá ser entregada al señor Wilson Gutiérrez Soler de conformidad con el párrafo 70 del presente fallo.
b) Daño patrimonial familiar
77. Se tiene por probado (supra párr. 48.14, 48.15 y 48.16) que la campaña de amenazas, hostigamientos y agresiones no sólo obligó al señor Wilson Gutiérrez Soler a huir de Colombia, sino también afectó profundamente la situación de seguridad de sus demás familiares. Por ejemplo: a) sus padres sufrían amenazas y se colocó una bomba en su casa, por lo cual se tuvieron que ir de Bogotá; b) el hermano de Wilson, el señor Ricardo Gutiérrez Soler, recibió un libro bomba en su casa y fue víctima de varios allanamientos y hostigamientos en su lugar de trabajo; y c) personas desconocidas intentaron secuestrar a uno de los hijos del señor Ricardo Gutiérrez Soler. Estas circunstancias difíciles han obligado a la familia del señor Ricardo Gutiérrez Soler a cambiarse de casa varias veces y han imposibilitado que Ricardo trabaje de una forma seguida para mantener a su familia (supra párr. 48.17). Debido a lo anterior, algunos hijos del señor Ricardo Gutiérrez Soler se han alejado de la familia y todos se encuentran en situaciones económicas difíciles, con pocas posibilidades de estudiar o seguir la carrera de su elección (supra párr. 48.16 y 48.17).
78. La Corte observa que, si bien no se han aportado elementos probatorios para precisar los montos, es evidente que el exilio, los traslados de vivienda, los cambios de trabajo, así como las otras manifestaciones de la grave inestabilidad a la que la familia Gutiérrez Soler se ha visto sujeta desde 1994, han impactado seriamente el patrimonio familiar34. Dado que dichas alteraciones fueron una consecuencia directa de los hechos del caso – es decir, ocurrieron debido a las denuncias de la tortura sufrida por el señor Wilson Gutiérrez Soler, y de los subsiguientes hostigamientos y agresiones sufridos por sus familiares – el Tribunal considera procedente, en equidad, ordenar al Estado el pago de una indemnización por concepto de daño patrimonial familiar de US $75.000,00 (setenta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América). Dicha cantidad deberá ser entregada de la siguiente manera: US $30.000,00 (treinta mil dólares de los Estados Unidos de América) al señor Wilson Gutiérrez Soler, US $30.000,00 (treinta mil dólares de los Estados Unidos de América) al señor Ricardo Gutiérrez Soler y US $15.000,00 (quince mil dólares de los Estados Unidos de América) a la señora María Elena Soler de Gutiérrez, de conformidad con el párrafo 70 de la presente Sentencia.
C) Daño Inmaterial
Alegatos de la Comisión
79. La Comisión consideró que:
a) de acuerdo con los exámenes médicos y psiquiátricos, el señor Wilson Gutiérrez Soler experimentó y sigue experimentando secuelas físicas y sufrimientos psicológicos profundos, producto de las torturas de las que fue objeto durante su detención arbitraria;
b) el daño psicológico causado por los hechos del 24 de agosto de 1994 se ha incrementado por la forma en que los tribunales nacionales han llevado el caso, poniendo en duda, reiteradamente y en forma pública, su credibilidad, su carácter y sus motivaciones para denunciar los graves hechos de los cuales fue víctima. En este sentido, la víctima sufre de una intensa sintomatología de características fóbicas y depresivas que alteran su cognición y motivación;
c) la familia del señor Wilson Gutiérrez Soler también ha sufrido daños morales a consecuencia de las violaciones. El sufrimiento y la angustia se originan en la detención y los hechos subsiguientes y se agravaron debido a la impunidad persistente, así como la situación de riesgo y hostigamiento en contra de los padres y el hermano de Wilson; y
d) en razón a las graves circunstancias del caso, la intensidad de los padecimientos y las alteraciones de las condiciones de existencia de la víctima y de sus familiares, la Comisión solicita una compensación por concepto de daños inmateriales conforme a equidad para dichas personas.
Alegatos de los representantes
80. Los representantes manifestaron que:
a) el daño moral del señor Wilson Gutiérrez Soler se debe a la violación de su integridad personal que involucra el sufrimiento físico, psíquico y moral. Casi diez años luego de ocurridos los hechos, aún sufre de las secuelas físicas y psicológicas. También se debe a la ilegalidad y arbitrariedad de su detención, la falta de investigación y sanción a los responsables de la tortura y el proceso parcializado que se llevó en su contra por el delito de extorsión. Finalmente, el daño moral también se debe a las amenazas, los hostigamientos, el allanamiento, las llamadas constantes y un atentado, de los que ha sido objeto el señor Wilson Gutiérrez Soler, así como a la falta de investigación de estos hechos, todo lo cual ha resultado en su exilio;
b) las serias consecuencias de la tortura han sido verificadas por médicos forenses del mismo Estado;
c) Kevin Daniel Gutiérrez Niño fue separado de su padre a una edad temprana; durante seis años Kevin sólo vio a su padre una vez. Además, debido al prolongado exilio de su esposa e hijo, el señor Wilson Gutiérrez Soler se vio obligado a separarse legalmente de su esposa hace tres años, por lo cual sus lazos familiares se rompieron. Por todo ello, el Estado debe reconocer este daño y compensar a Wilson y a Kevin con una justa indemnización que ejemplifique la gravedad de la tortura y la impunidad y las secuelas morales de la misma;
d) teniendo en cuenta la gravedad de los hechos, se solicita que el señor Wilson Gutiérrez Soler sea indemnizado con la suma de US $100.000,00 (cien mil dólares de los Estados Unidos de América), y que su hijo Kevin Daniel Gutiérrez Niño sea indemnizado con la suma de US $50.000,00 (cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América);
e) por su parte, el señor Ricardo Gutiérrez Soler y sus padres también fueron afectados profundamente por la tortura sufrida por Wilson Gutiérrez Soler. Además, fueron objeto de múltiples hechos de amenazas y hostigamientos, incluyendo seguimientos, allanamientos y atentados. Los hijos y la esposa de Ricardo también han sido víctimas de varios hechos amenazantes. Ninguno de dichos hechos de agresión ha culminado con la individualización, enjuiciamiento y sanción de los responsables;
f) las constantes amenazas y agresiones han tenido profundas consecuencias para el señor Ricardo Gutiérrez Soler, su familia y sus padres. Fueron obligados a cambiar de lugar de residencia en varias ocasiones. Además, toda la familia ha sufrido sentimientos de angustia, impotencia e incertidumbre a raíz de las constantes amenazas;
g) el señor Ricardo Gutiérrez ha sufrido detenciones injustas, lesiones personales, continuos hostigamientos y otros ultrajes. Al ser sometido a malos tratos por parte de los policías en frente de sus hijos menores, tanto ellos como su compañera sufrieron de depresión e insomnio. Asimismo, su hija Paula ha sufrido un trauma y tiene problemas para hablar y ha presentado síntomas de agresión. Los otros hijos del señor Ricardo Gutiérrez Soler viven en continua angustia y miedo. Por lo tanto, se solicita que el señor Ricardo Gutiérrez Soler sea indemnizado con la suma de US $50.000,00 (cincuenta mil dólares). Asimismo, se solicita que los hijos del señor Ricardo Gutiérrez Soler – es decir, Carlos Andrés Gutiérrez Rubiano, Ricardo Alberto Gutiérrez, Sulma Tatiana Gutiérrez Rubiano, Leydi Caterin Gutiérrez Peña, Leonardo Gutiérrez Rubiano, Paula Camila Gutiérrez Reyes y Luisa Fernanda Gutiérrez Reyes – sean indemnizados con la suma de US $20.000 dólares cada uno; y
h) los padres de los hermanos Gutiérrez Soler también fueron amenazados. Perdieron sus bienes y fueron obligados a abandonar su residencia. Teniendo en cuenta la gravedad de estos hechos, los señores Álvaro Gutiérrez y María Elena Soler deben ser indemnizados con la suma de US $50.000,00 para cada uno.
Alegatos del Estado
81. El Estado indicó que:
a) al igual que los daños materiales, los daños inmateriales deben ser probados por quien los invoca, pero hay casos según la jurisprudencia de la Corte en que se presumen, dadas las circunstancias de cada caso; y
b) el Estado solicita que se considere su reconocimiento de responsabilidad como una medida de reparación de los daños inmateriales, en cuanto contribuye a “la dignificación de la persona de Wilson Gutiérrez y [de] sus familiares”.
Consideraciones de la Corte
82. El daño inmaterial puede comprender los sufrimientos y las aflicciones, el menoscabo de valores muy significativos para las personas y las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de la víctima. No siendo posible asignar al daño inmaterial un equivalente monetario preciso, para fines de la reparación integral a las víctimas, sólo puede ser objeto de compensación de dos maneras. En primer lugar, mediante el pago de una cantidad de dinero o la entrega de bienes o servicios apreciables en dinero, que el Tribunal determine en aplicación razonable del arbitrio judicial y en términos de equidad. Y, en segundo lugar, mediante la realización de actos u obras de alcance o repercusión públicos, que tengan como efecto, entre otros, el reconocimiento de la dignidad de la víctima y evitar la repetición de las violaciones de derechos humanos35.
83. La jurisprudencia internacional ha establecido reiteradamente que la sentencia constituye per se una forma de reparación36. No obstante, por las circunstancias del caso sub judice, los sufrimientos que los hechos han causado a las víctimas en este caso, el cambio en las condiciones de existencia de todas ellas y las demás consecuencias de orden no pecuniario que sufrieron, la Corte estima pertinente el pago de una compensación, conforme a la equidad, por concepto de daños inmateriales.
84. Teniendo en cuenta las distintas facetas del daño aducidas por la Comisión y los representantes, la Corte fija en equidad el valor de las compensaciones por concepto de daño inmaterial de conformidad con los siguientes parámetros:
a) para fijar la indemnización por el daño inmaterial sufrido por el señor Wilson Gutiérrez Soler, la Corte tiene presente que, inter alia: i) fue detenido de una forma arbitraria y sometido a tortura, sufriendo lesiones en partes muy íntimas de su cuerpo; ii) su carácter y sus motivaciones para denunciar dichos hechos fueron puestos en duda durante los ocho años que duró el proceso en su contra por el delito de extorsión, del cual fue absuelto en 2002; iii) sufrió una campaña de hostigamientos, agresiones y amenazas, por la cual tuvo que salir de su país y a la fecha no ha regresado; iv) como consecuencia de los referidos hechos, su familia se separó y él casi perdió su relación con Kevin, su hijo; v) los hechos de tortura y las persecuciones subsiguientes aún se encuentran en la impunidad; y vi) en razón de todo lo anterior, tiene secuelas físicas y psicológicas que han afectado todos los aspectos de su vida;
b) en la determinación de las indemnizaciones que corresponden a los padres del señor Wilson Gutiérrez Soler, los señores Álvaro Gutiérrez Hernández y María Elena Soler de Gutiérrez, se debe tomar en consideración que los dos sufrieron amenazas y un atentado, en el que se colocó una bomba en su casa; en razón de ello, se vieron obligados a abandonar su hogar en Bogotá. A la vez, durante todos los años de persecución, evidentemente se preocuparon mucho por la seguridad de sus hijos y sus respectivas familias. Finalmente, el señor Álvaro Gutiérrez Hernández murió sin enterarse de las injusticias de que fue víctima su hijo Wilson; por tanto, durante muchos años sospechaba que los señores Wilson y Ricardo Gutiérrez Soler estaban involucrados en asuntos ilícitos, lo cual claramente le causó mucha angustia;
c) en relación con el hijo del señor Wilson Gutiérrez Soler, Kevin Daniel Gutiérrez Niño, se debe tomar en cuenta que no fue sino hasta fecha reciente que Kevin pudo volver a vivir con su padre y que habían pasado varios años sin verse, debido a la situación precaria de seguridad del señor Gutiérrez Soler. En este sentido, los hechos del caso casi rompieron los lazos entre padre e hijo, así como han alejado a Kevin de sus familiares que residen en Colombia;
d) en cuanto al señor Ricardo Gutiérrez Soler, la Corte tiene claro que, debido al apoyo constante que brindaba a su hermano Wilson, Ricardo fue uno de los blancos principales de la campaña de amenazas, hostigamientos, vigilancia, detenciones, allanamientos y atentados contra la vida e integridad personal. Estas circunstancias no sólo han puesto su vida y la de su compañera e hijos en grave peligro, sino también han imposibilitado que el señor Ricardo Gutiérrez Soler mantenga a su familia, todo lo cual le ha causado mucho sufrimiento y angustia; y
e) respecto de los otros familiares del señor Wilson Gutiérrez Soler – es decir, Yaqueline Reyes, Luisa Fernanda Gutiérrez Reyes, Paula Camila Gutiérrez Reyes, Leonardo Gutiérrez Rubiano, Leydi Caterin Gutiérrez Peña, Sulma Tatiana Gutiérrez Rubiano, Ricardo Alberto Gutiérrez Rubiano y Carlos Andrés Gutiérrez Rubiano – los hostigamientos, agresiones y amenazas acarrearon para éstos temor constante, angustia y sufrimiento. Además, todos han padecido una grave alteración en sus condiciones de existencia, en sus relaciones familiares y sociales, así como en sus posibilidades de desarrollar sus propios proyectos de vida.
85. Considerando los distintos aspectos del daño inmaterial ocasionado, la Corte fija en equidad el valor de las compensaciones por dicho concepto en los siguientes términos:
a) US $90.000,00 (noventa mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor del señor Wilson Gutiérrez Soler;
b) US $40.000,00 (cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor de cada uno de los señores Álvaro Gutiérrez Hernández y María Elena Soler de Gutiérrez, padres del señor Wilson Gutiérrez Soler;
c) US $20.000,00 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor de Kevin Daniel Gutiérrez Niño, hijo del señor Wilson Gutiérrez Soler;
d) US $50.000,00 (cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor del señor Ricardo Gutiérrez Soler, hermano del señor Wilson Gutiérrez Soler; y
e) US $8.000,00 (ocho mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor de cada uno de los siguientes familiares del señor Wilson Gutiérrez Soler: Yaqueline Reyes, Luisa Fernanda Gutiérrez Reyes, Paula Camila Gutiérrez Reyes, Leonardo Gutiérrez Rubiano, Leydi Caterin Gutiérrez Peña, Sulma Tatiana Gutiérrez Rubiano, Ricardo Alberto Gutiérrez Rubiano y Carlos Andrés Gutiérrez Rubiano.
86. En cuanto al pago de las indemnizaciones, se aplicarán las previsiones dispuestas en el párrafo 70 de esta Sentencia.
d) Proyecto de Vida
87. La Comisión alegó que el proyecto de vida del señor Wilson Gutiérrez Soler ha sido “destruido[] por la impunidad de los responsables y la falta de reparación”. Por su parte, los representantes argumentaron que los hechos del caso sub judice cambiaron “radicalmente” su vida, y causaron la ruptura “de su personalidad y sus lazos familiares”.
88. El Tribunal considera que los hechos violatorios en contra del señor Wilson Gutiérrez Soler impidieron la realización de sus expectativas de desarrollo personal y vocacional, factibles en condiciones normales, y causaron daños irreparables a su vida, obligándolo a truncar sus lazos familiares y trasladarse al extranjero, en condiciones de soledad, penuria económica y quebranto físico y psicológico. Tal como el señor Gutiérrez Soler manifestó, las torturas y los hechos subsiguientes tuvieron consecuencias graves, a saber:
definitivamente esto acab[ó] mi vida – y no sólo la mía – la de mi hijo, la de mi esposa […]. Mi familia se perdió, el vínculo familiar de padres-hijos se perdió […]. No solamente me quitaron mi propio valor, sino me quitaron mi familia, mis padres.
Asimismo, está probado que la forma específica de tortura que la víctima sufrió no sólo ha dejado cicatrices físicas, sino también ha disminuido de manera permanente su autoestima y su capacidad de realizar y gozar relaciones afectivas íntimas.
89. Por las anteriores consideraciones, la Corte reconoce la ocurrencia de un daño al “proyecto de vida” del señor Wilson Gutiérrez Soler, derivado de la violación de sus derechos humanos. Como en otros casos37, no obstante, el Tribunal decide no cuantificarlo en términos económicos, ya que la condena que se hace en otros puntos de la presente Sentencia contribuye a compensar al señor Wilson Gutiérrez Soler por sus daños materiales e inmateriales (supra párrs. 76, 78, 84.a y 85.a). La naturaleza compleja e íntegra del daño al “proyecto de vida” exige medidas de satisfacción y garantías de no repetición (infra párrs. 103, 104, 105, 107 y 110) que van más allá de la esfera económica38. Sin perjuicio de ello, el Tribunal estima que ninguna forma de reparación podría devolverle o proporcionarle las opciones de realización personal de las que se vio injustamente privado el señor Wilson Gutiérrez Soler.
E) Otras Formas de Reparación

(Medidas de Satisfacción y Garantías de No Repetición)
Alegatos de la Comisión
90. La Comisión consideró que el Estado debe:
a) adoptar medidas de rehabilitación física del señor Wilson Gutiérrez Soler, y de rehabilitación psíquica de los miembros de su familia que han sufrido daño como resultado de los hechos del presente caso;
b) investigar los hechos denunciados, e identificar y sancionar a los responsables dentro de un plazo razonable;
c) revisar la decisión de cesar el procedimiento adoptada en favor del Coronel Luis Gonzaga Enciso Barón y disponer su juzgamiento en la justicia ordinaria; revisar la preclusión de la investigación contra el señor Ricardo Dalel Barón; e impulsar procesos disciplinarios contra los agentes del Estado involucrados en la comisión de las violaciones perpetradas en el presente caso;
d) “eliminar los factores de riesgo” que median en el hostigamiento y agresiones contra los miembros de la familia Gutiérrez Soler y Gutiérrez Reyes que se encuentran bajo la jurisdicción del Estado;
e) realizar “una experiencia piloto” para la implementación del Protocolo de Estambul;
f) adoptar las medidas necesarias para la efectiva aplicación de la jurisprudencia interamericana respecto del fuero militar;
g) fortalecer los controles oficiales en sus centros de detención; y
h) publicar un resumen de la presente sentencia en un diario de circulación nacional, y publicar el texto íntegro de la misma en el Diario Oficial.
Alegatos de los representantes
91. Los representantes indicaron que el Estado debe:
a) reabrir, a la brevedad posible, las investigaciones por la tortura del señor Wilson Gutiérrez Soler en la jurisdicción ordinaria; e iniciar o continuar las investigaciones por las amenazas, hostigamientos y agresiones sufridos por el señor Wilson Gutiérrez Soler, el señor Ricardo Gutiérrez Soler y sus familiares;
b) otorgar efectivas medidas de protección a todas las víctimas del presente caso;
c) aplicar la doctrina de la Corte Constitucional del Estado y la jurisprudencia del Sistema Interamericano en relación con el alcance del fuero militar;
d) eliminar en la práctica y en la legislación nacional que agentes de las fuerzas militares actúen con facultades de policía judicial;
e) capacitar al personal judicial, policial, militar y penitenciario, así como a los médicos y psicólogos que se desempeñen en la esfera pública, sobre el tratamiento de reclusos y la prevención y documentación de la tortura, de acuerdo con los estándares internacionales aceptados, en especial el Protocolo de Estambul;
f) implementar un sistema de control médico, que permita verificar el estado de salud física y psíquica de las personas que se encuentren privadas de la libertad;
g) reconocer públicamente los hechos del caso, mediante un acto de desagravio con la presencia de los más altos funcionarios del Estado;
h) publicar la presente sentencia en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional;
i) brindar atención médica y psicológica o psiquiátrica al señor Wilson Gutiérrez Soler y al resto de las víctimas de este caso; y
j) proveer los medios para brindar la educación secundaria y universitaria a los hijos del señor Ricardo Gutiérrez Soler.


Alegatos del Estado
92. El Estado señaló que estaba dispuesto a adoptar las siguientes medidas de satisfacción “sin que medie condena alguna”:
a) investigación, juzgamiento y sanción a los individuos responsables de las lesiones sufridas por el señor Wilson Gutiérrez Soler. Como medida de satisfacción, el Estado ofrece, como una “obligación de medio y no de resultado”, emprender “las acciones [necesarias] para que la entidad competente ejerza la acción de revisión en relación con las providencias definitivas dictadas en el derecho interno para investigar los hechos” relacionados con el presente caso. El Estado procurará, en la medida de sus posibilidades, asegurar el cumplimiento de las decisiones que adopten las autoridades judiciales como resultado de dichas acciones. Además, el Estado convoca al señor Wilson Gutiérrez Soler para que acceda a todos los procesos penales que resulten del ejercicio de la acción de revisión; y
b) el Estado solicita que, entre las medidas de no repetición, se considere: i) el reconocimiento de responsabilidad; ii) la inclusión de la declaración de responsabilidad y la sentencia como ayudas pedagógicas en las escuelas de formación y capacitación de la Policía Nacional; iii) su divulgación institucional como herramienta de autocrítica y señal de transparencia del Estado en la resolución de situaciones surgidas por violaciones de derechos humanos. Además, el Estado solicita que se valore como desagravio público el acto de reconocimiento de responsabilidad realizado en la sede de la Corte y solicita a la Comisión su asesoría técnica para la elaboración de documentos sobre “la lección aprendida” en este caso. El Estado ofrece fortalecer las medidas de protección que se requieran para conjurar la situación de amenaza y riesgo en que el señor Ricardo Gutiérrez Soler ha manifestado encontrarse. Asimismo, ofrece incluir en los cursos de formación y actualización de los funcionarios de la justicia militar la difusión y explicación del alcance de la jurisprudencia del Sistema Interamericano, en relación con los estándares internacionales de efectividad del acceso a la justicia. Finalmente, el Estado promete mejorar y fortalecer los mecanismos para evitar la consumación de actos similares en el futuro.
Consideraciones de la Corte
93. En este apartado el Tribunal determinará aquellas medidas de satisfacción que buscan reparar el daño inmaterial, que no tienen alcance pecuniario, así como también dispondrá medidas de alcance o repercusión pública39.
a) Obligación del Estado de investigar los hechos del caso, e identificar, juzgar y sancionar a los responsables
94. La Corte ha tenido por establecido que a la fecha ninguna persona ha sido sancionada por los hechos del caso, en particular la detención ilegal y arbitraria del señor Wilson Gutiérrez Soler y las torturas infligidas a éste (supra párr. 48.10).
95. De esta manera, todavía prevalece, once años después de los hechos, la impunidad de los autores de los mismos. La Corte ha definido la impunidad como la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana40. El Estado está obligado a combatir esta situación por todos los medios disponibles, ya que ésta propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares41.
96. Por lo anterior, el Estado debe investigar efectivamente los hechos del presente caso con el fin de identificar, juzgar y sancionar a los autores de la detención y torturas al señor Wilson Gutiérrez Soler. Los resultados de este proceso deberán ser públicamente divulgados por el Estado, de manera tal que la sociedad colombiana pueda conocer la verdad acerca de los hechos de este caso.
97. Asimismo, es preciso que tribunales penales ordinarios competentes investiguen y sancionen a los miembros de la fuerza pública que participan en casos de violaciones a derechos humanos42. Por otra parte, el Estado deberá abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía, el indulto, la prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad, así como medidas que pretendan impedir la persecución penal o suprimir los efectos de una sentencia condenatoria43.
98. Este Tribunal ya se ha referido a la llamada “cosa juzgada fraudulenta”, que resulta de un juicio en el que no se han respetado las reglas del debido proceso44. A la luz del reconocimiento de responsabilidad de Colombia y los hechos probados, se desprende que los procesos del presente caso, ante los tribunales nacionales, estuvieron contaminados por tales vicios. Por tanto, no podría invocar el Estado, como eximente de su obligación de investigar y sancionar, las sentencias emanadas en procesos que no cumplieron los estándares de la Convención Americana, porque no hacen tránsito a cosa juzgada decisiones judiciales originadas en tales hechos internacionalmente ilícitos.
99. Al respecto, la Corte tiene presente que existen posibilidades en Colombia para reabrir procesos, en los cuales se han emitido sentencias absolutorias o decisiones de cesación de procedimiento y preclusión de investigación, como las que han mantenido el caso sub judice en la impunidad. En este sentido, el Tribunal valora la disposición del Estado para “emprender las acciones para que la entidad competente ejerza la acción de revisión, en relación con las providencias definitivas dictadas en […] el presente caso”, y dispone que Colombia adopte inmediatamente las medidas necesarias para promover dichas actuaciones, las cuales deben ser adelantadas dentro de un plazo razonable.
100. Los referidos procedimientos, además, deben tomar en consideración las normas internacionales de documentación e interpretación de los elementos de prueba forense respecto de la comisión de actos de tortura, tales como las expuestas por la doctora María Cristina Nunes de Mendonça durante su peritaje rendido ante esta Corte (supra párr. 42), y particularmente las definidas en el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (“el Protocolo de Estambul”)45.
b) Tratamiento médico y psicológico
101. Analizados los argumentos de los representantes y de la Comisión, así como el acervo probatorio del presente caso, se desprende que los padecimientos psicológicos del señor Wilson Gutiérrez Soler y sus familiares, derivados de la situación de las violaciones, perduran hasta ahora y perjudican sus respectivos proyectos de vida. Para ello, esta Corte estima, como lo ha hecho en otras oportunidades46, que las reparaciones también deben comprender tratamiento psicológico y psiquiátrico si ellos así lo desean.
102. Con el fin de contribuir a la reparación de estos daños, el Tribunal dispone que el Estado debe brindar gratuitamente, a través de las instituciones de salud que designe, el tratamiento psicológico y psiquiátrico que requieran las siguientes personas: María Elena Soler de Gutiérrez, Ricardo Gutiérrez Soler, Yaqueline Reyes, Luisa Fernanda Gutiérrez Reyes, Paula Camila Gutiérrez Reyes, Leonardo Gutiérrez Rubiano, Leydi Caterin Gutiérrez Peña, Sulma Tatiana Gutiérrez Rubiano, Ricardo Alberto Gutiérrez Rubiano y Carlos Andrés Gutiérrez Rubiano. Dicho tratamiento debe incluir, inter alia, los medicamentos que puedan ser necesarios. Al proveer el tratamiento se deben considerar las circunstancias particulares de cada persona y las necesidades de cada una de ellas, de manera que se les brinden tratamientos familiares e individuales. El referido tratamiento debe desarrollarse después de una evaluación individual, según lo que se acuerde con cada una de dichas personas.
103. En el caso del tratamiento médico y psicológico del señor Wilson Gutiérrez Soler y de la atención psicológica de su hijo Kevin Daniel Gutiérrez Niño, ya que los dos están exiliados en los Estados Unidos de América, el Estado deberá entregar la cantidad de US $25.000,00 (veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América) al señor Wilson Gutiérrez Soler para cubrir los gastos razonables al respecto.
c) Publicación de las partes pertinentes de la presente Sentencia
104. El Tribunal afirmó anteriormente que los hechos violatorios en contra del señor Wilson Gutiérrez Soler impidieron la realización de sus expectativas de desarrollo personal y vocacional, así como causaron daños irreparables a su vida y reputación (supra párrs. 88 y 89). Por tanto, la Corte nota con satisfacción el momento histórico durante la audiencia pública cuando los agentes del Estado se pusieron de pie y se acercaron a los señores Wilson y Ricardo Gutiérrez Soler, y pidieron perdón en nombre de Colombia por los hechos del presente caso.
105. Asimismo, la Corte estima que, como medida de satisfacción adicional con el fin de reparar el daño sustancial al proyecto de vida y honra del señor Wilson Gutiérrez Soler y de sus familiares, así como con el objeto de evitar que hechos como los de este caso se repitan, el Estado debe difundir las partes pertinentes de la presente Sentencia. En este sentido, el Estado debe publicar dentro del plazo de seis meses, contados a partir de la notificación de la presente Sentencia, al menos por una vez, en el Diario Oficial, y en otro diario de circulación nacional, la Sección de esta Sentencia denominada Hechos Probados, sin las notas al pie de página correspondientes, los párrafos 51 a 59 de la Sección denominada Fondo de dicha Sentencia, así como la parte resolutiva de la misma.
d) Difusión y aplicación de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos sobre la jurisdicción penal militar
106. La Corte toma nota con satisfacción de la contribución que el Estado hace a la protección de los derechos humanos, al expresar su voluntad de incluir en los cursos de formación y actualización de los funcionarios apropiados el estudio de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos respecto de “los estándares internacionales de efectividad del acceso a la justicia”. Al respecto, el Tribunal considera que el Estado debe implementar en los cursos de formación de los servidores públicos de la jurisdicción penal militar y de la fuerza pública un programa dirigido al análisis de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en relación con los límites de la jurisdicción penal militar, así como los derechos a las garantías judiciales y la protección judicial, como una forma de prevenir que casos de violación a los derechos humanos sean investigados y juzgados por dicha jurisdicción47.
107. La Corte, asimismo, valora la disposición del Estado de adoptar las medidas necesarias para que este caso sea aplicado como una “lección aprendida” en los cursos de derechos humanos de los funcionarios de la Policía Nacional. Al respecto, el señor Wilson Gutiérrez Soler expresó en su testimonio que estaba de acuerdo en que su caso fuera públicamente conocido, como una manera de contribuir a que hechos como los que sufrió no ocurran a otras personas. En este sentido, el Tribunal considera que el Estado debe incluir el caso del señor Wilson Gutiérrez Soler en el programa señalado en el párrafo anterior como un elemento pedagógico que contribuya a que hechos de esta naturaleza no se repitan.

108. Por otra parte, aunque el estudio de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos es un factor crucial en la prevención de hechos como los que afectaron al señor Wilson Gutiérrez Soler, el Estado también debe adoptar las medidas necesarias para que dicha jurisprudencia y los precedentes de la Corte Constitucional de Colombia respecto del fuero militar sean aplicados de manera efectiva en el ámbito interno.


e) Implementación de los parámetros del Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (“el Protocolo de Estambul”)
109. La Corte observa que la perito María Cristina Nunes de Mendonça (supra párr. 42) refirió que los exámenes practicados al señor Wilson Gutiérrez Soler son incompletos, ya que no estuvieron acompañados de registros fotográficos, así como tampoco se realizó un examen de lesiones internas. La perito indicó que dichas omisiones incidieron en la interpretación posterior de los exámenes y en el resultado de los procesos internos que se adelantaron por estos hechos. Asimismo, destacó la importancia de que se apliquen a casos de tortura los parámetros contenidos en el Protocolo de Estambul, pues éste describe la forma como deben realizarse los exámenes médicos y elaborarse los dictámenes respecto de víctimas de tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes. En razón de ello, la perito precisó que la observancia de dichos parámetros evita que tales hechos pasen desapercibidos y queden en la impunidad.
110. En tal sentido, la Corte estima que la difusión e implementación de los parámetros establecidos en el Protocolo de Estambul puede contribuir eficazmente a la protección del derecho a la integridad personal en Colombia. Por ello, considera que el Estado debe adoptar un programa de formación que tenga en cuenta dichas normas internacionales, el cual debe estar dirigido a los médicos que cumplen sus funciones en los centros de detención oficiales y a los funcionarios del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, así como a los fiscales y jueces encargados de la investigación y el juzgamiento de hechos como los que han afectado al señor Wilson Gutiérrez Soler, con el fin de que dichos funcionarios cuenten con los elementos técnicos y científicos necesarios para evaluar posibles situaciones de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Asimismo, el Tribunal considera necesario que dicho programa de formación incluya el caso del señor Wilson Gutiérrez Soler como una medida dirigida a prevenir la repetición de los hechos.
f) Fortalecimiento de los controles en centros de detención
111. La Comisión y el Estado coincidieron en que es necesario, como una medida de prevención, que se fortalezcan los controles existentes respecto de las personas privadas de la libertad en Colombia. La Comisión, asimismo, señaló que la evaluación psicológica constante de los funcionarios estatales que están en contacto con detenidos sería una importante medida de prevención; además, expresó que el examen físico de los detenidos al ingresar al centro de reclusión podría contribuir a la detección de actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
112. La Corte observa con satisfacción la disposición del Estado en relación con este tema importante. Al respecto, el Tribunal dispone que Colombia debe adoptar las medidas que sean necesarias para fortalecer los mecanismos de control existentes en los centros estatales de detención, con el propósito de garantizar condiciones de detención adecuadas y el respeto a las garantías judiciales. Los referidos mecanismos de control deben incluir, inter alia: a) la realización de exámenes médicos que respeten las normas establecidas por la práctica médica a toda persona detenida o presa. Concretamente, se llevarán a cabo en privado bajo control de los médicos y nunca en presencia de agentes de seguridad u otros funcionarios del gobierno. Dichos exámenes se efectuarán con la menor dilación posible después del ingreso del detenido en el lugar de detención o prisión y, posteriormente, aquél recibirá atención y tratamiento médico cada vez que sea necesario; b) la evaluación psicológica regular de los funcionarios encargados de la custodia de las personas privadas de la libertad, con el propósito de asegurar que dichas personas presentan un adecuado estado de salud mental; y c) acceso frecuente a dichos centros para los funcionarios de organismos apropiados de control o de protección de derechos humanos48.


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