Corte interamericana de derechos humanos


c) Peritaje del señor Jaime Prieto Méndez, economista y especialista en derechos humanos



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c) Peritaje del señor Jaime Prieto Méndez, economista y especialista en derechos humanos
El perito se refirió a la importancia que tendría el reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado ante la Corte Interamericana si dicho reconocimiento se hiciese público ante la sociedad colombiana, pues no sólo sería un mecanismo de terminación de un litigio internacional, sino también “un ejercicio pedagógico hacia las instituciones y hacia la sociedad colombiana respecto del daño causado a las víctimas y del daño causado a la sociedad por el comportamiento equívoco de agentes del Estado”.
También es importante que ese reconocimiento público implique el “reconocimiento de la condición de Wilson Gutiérrez Soler como víctima en este caso y que se repare el daño no solamente a su integridad, sino a su dignidad sufrida en este tiempo ante el hecho de que su palabra, su testimonio, haya sido […] puesto en tela de juicio, afectando su credibilidad pública, afectando su honra pública”. Dicha circunstancia contribuiría a reparar a otras víctimas de tortura o violaciones a derechos humamos que han visto afectada su honra al dudarse de su testimonio.
Una medida necesaria para la no repetición de estos hechos es la reapertura de las investigaciones disciplinarias y penales que se adelantaron contra los responsables, aplicando la sentencia C-004 de 2003, emitida por la Corte Constitucional de Colombia, la cual permite la revisión de las decisiones de preclusión o cesación de procedimiento y las sentencias absolutorias en casos de graves violaciones a los derechos humanos. Asimismo, las autoridades colombianas deben comprometerse a “fortalecer y poner en ejecución los controles ya existentes en relación con las circunstancias y condiciones en que las personas privadas de la libertad permanecen en centros de detención provisional o en prisiones”. Dichos controles corresponden a los que ejercen las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, tales como las autoridades captoras o la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación. Es importante que sea aplicada rigurosamente la normativa interna que impide la incomunicación de las personas privadas de libertad. Debe establecerse una vigilancia estrecha de los períodos en que las personas permanecen en poder de las autoridades captoras y en su puesta a disposición de las autoridades judiciales, pues aunque la ley establece plazos breves, éstos se prolongan con frecuencia sin ninguna justificación, lo cual puede propiciar apremios o torturas contra los detenidos. También es necesario que se facilite el acceso a la víctima de los abogados, los funcionarios de control y sus familiares para evitar que la integridad personal de los privados de libertad sea afectada.
El Estado debe tomar en cuenta las recomendaciones realizadas por la Comisión Interamericana en relación con la prohibición absoluta de que “las personas privadas de libertad sean sometidas a interrogatorios por parte de las autoridades captoras al margen de la actuación de las autoridades judiciales en centros de detención provisionales”. Es importante que se aplique con rigor la prohibición de que los interrogatorios a personas bajo captura se produzcan sin la presencia de un abogado. Los exámenes médicos previstos en la legislación colombiana al ingreso y salida de los centros de detención deben ser aplicados con todo rigor, evitando el recurso a las constancias de buen trato como mecanismo para asegurar que la persona no ha sido sometida a apremios o torturas.
También es indispensable que sea aplicada plenamente la sentencia C-358 de 1997, emitida por la Corte Constitucional de Colombia, en la cual se indica que “el fuero penal militar o judicial que cobija por Constitución a las autoridades de policía y militares en los casos penales, no se [puede] extend[er] a los casos de violación de derechos humanos”. Pese a que a raíz de dicha sentencia de la Corte Constitucional “un número apreciable de […] investigaciones sobre violaciones de derechos humanos han sido trasladadas de la justicia penal militar a la justicia civil”, aún persisten opiniones que defienden la participación de la justicia militar en estos casos.
El perito sostuvo que es necesario evitar que las víctimas sean descalificadas por prejuicios de toda naturaleza, incluyendo el prejuicio de que la víctima es delincuente, dudando de su testimonio y dando credibilidad a las autoridades que eventualmente están siendo investigadas. En este sentido, es preciso hacer una pedagogía con los funcionarios de investigación judicial y disciplinaria, en relación con el hecho de que en casos de tortura las víctimas no pueden ser tratadas como si se tratara de delincuentes y su testimonio debe ser tomado en cuenta.

C) Valoración de la Prueba
Valoración de la prueba documental
43. En este caso, como en otros6, el Tribunal admite el valor probatorio de aquellos documentos presentados por las partes en su oportunidad procesal, o como prueba para mejor resolver de conformidad con el artículo 45 de su Reglamento, que no fueron controvertidos ni objetados, ni cuya autenticidad fue puesta en duda.
44. La Corte considera útil para la resolución del presente caso copia de “la totalidad del expediente seguido en la Justicia Penal Militar contra el Coronel Luis Gonzaga Enciso Baron, por el delito de Lesiones Personales en la persona de Wilson Gutiérrez Soler”, remitida por el Estado el 16 de febrero de 2005 (supra párr. 23), en cuanto no fue controvertida ni objetada, ni se puso en duda su autenticidad o veracidad. Por lo tanto, se agrega al acervo probatorio, conforme al artículo 45.1 del Reglamento7.
45. Respecto de las declaraciones juradas no rendidas ante fedatario público por los testigos Yaqueline Reyes, Luisa Fernanda Gutiérrez Reyes, Leydi Caterin Gutiérrez Peña, Leonardo Gutiérrez Rubiano, Sulma Tatiana Gutiérrez Rubiano, Ricardo Alberto Gutiérrez Rubiano y Carlos Andrés Gutiérrez Rubiano, así como por el perito Iván González Amado, todos propuestos por los representantes (supra párrs. 22 y 24), la Corte las admite en cuanto concuerden con el objeto que fue definido en la Resolución dictada por el Presidente el 1 de febrero de 2005 y las aprecia en el conjunto del acervo probatorio, aplicando las reglas de la sana crítica y tomando en cuenta las observaciones presentadas por el Estado. La Corte ha admitido en otras ocasiones declaraciones juradas que no fueron rendidas ante fedatario público, cuando no se afecta la seguridad jurídica y el equilibrio procesal entre las partes8. Como ha señalado este Tribunal, las declaraciones de las presuntas víctimas y sus familiares pueden proporcionar información útil sobre las alegadas violaciones y sus consecuencias9. Asimismo, el Tribunal reconoce que, por razones de fuerza mayor, los representantes no pudieron presentar las declaraciones de María Elena Soler de Gutiérrez y Paula Camila Gutiérrez Reyes (supra párr. 22).
46. La Corte considera útiles para la resolución del presente caso los documentos suministrados por las partes en sus alegatos finales escritos, en cuanto no fueron controvertidos ni objetados de forma específica, ni se puso en duda su autenticidad o veracidad, garantizándose así el derecho de contradicción. Por lo tanto, se agregan al acervo probatorio, conforme al artículo 45.1 del Reglamento10.
Valoración de la prueba testimonial y pericial
47. En relación con las declaraciones rendidas por los testigos y peritos propuestos por la Comisión Interamericana y por los representantes en el presente caso (supra párr. 42), la Corte las admite en cuanto concuerden con el objeto del interrogatorio establecido por el Tribunal mediante la Resolución de 10 de marzo de 2005, y les reconoce valor probatorio, tomando en cuenta las observaciones realizadas por el Estado. Al respecto, la Corte tendrá en cuenta dichas declaraciones conjuntamente con las otras pruebas aportadas por las partes. Este Tribunal estima que los testimonios de los señores Wilson y Ricardo Gutiérrez Soler no pueden ser valorados aisladamente por tratarse de una presunta víctima y su hermano y tener un interés directo en este caso, sino deben serlo dentro del conjunto de las pruebas del proceso.

VII

Hechos Probados
48. De conformidad con el reconocimiento de responsabilidad realizado por el Estado y de acuerdo con el acervo probatorio del presente caso, la Corte da por probados los siguientes hechos:
La detención y tortura del señor Wilson Gutiérrez Soler
48.1. El 24 de agosto de 1994, en horas de la tarde, el Coronel de la Policía Nacional Luis Gonzaga Enciso Barón, Comandante de una unidad urbana de la Unidad Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Policía Nacional (en adelante “la UNASE”), y su primo, el ex Teniente Coronel del Ejército Ricardo Dalel Barón, se apersonaron en la carrera 13 con calle 63 de la ciudad de Bogotá, donde habían citado al señor Wilson Gutiérrez Soler. Los señores Enciso Barón y Dalel Barón lo detuvieron y lo condujeron al sótano de las instalaciones de la UNASE11.
48.2. Una vez en el sótano, el señor Gutiérrez Soler fue esposado a las llaves de un tanque de agua y sometido a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, consistentes en quemaduras en los órganos genitales y otras lesiones graves.
48.3. Tres horas después de haber sido torturado, el señor Gutiérrez Soler fue entrevistado por funcionarios de la Oficina Permanente de Derechos Humanos, quienes le dijeron que para salvar su vida, respondiera a todo que sí. Por tanto, el señor Gutiérrez Soler fue inducido bajo coacción a rendir declaración “en versión libre” sobre los hechos motivo de la detención.
48.4. El señor Gutiérrez Soler no contó con la presencia de su representante legal ni con la de un defensor público al rendir declaración. Para suplir la ausencia de un defensor, miembros de la fuerza pública solicitaron la asistencia de una religiosa con el fin de que compareciera en la referida diligencia junto con el señor Gutiérrez Soler. El Estado no efectuó esfuerzo alguno por contactar a un abogado que pudiera actuar como defensor técnico, aunque la sede de la UNASE se encuentra en una zona céntrica de la capital de Colombia.
Secuelas físicas y psicológicas sufridas por el señor Wilson Gutiérrez Soler a raíz de los hechos de 24 de agosto de 1994
48.5. El daño causado por las mencionadas quemaduras fue establecido por un médico forense del Instituto Nacional de Medicina Legal, quien examinó al señor Gutiérrez Soler a las 23:45 horas del mismo 24 de agosto de 1994 e hizo constar que éste presentaba diversas lesiones. El 25 de agosto de 1994 el Fiscal Regional del “UNASE Urbano” verificó el estado físico del señor Gutiérrez Soler y también dejó constancia de dichas lesiones. Asimismo, en certificados médicos de 28 de noviembre de 2000 y de 14 de diciembre del mismo año un especialista en urología dejó constancia de la persistencia del daño físico ocasionado12. Finalmente, las torturas causaron al señor Gutiérrez Soler perturbaciones psíquicas permanentes que fueron evaluadas en el peritaje practicado el 8 de agosto de 1996 por el Grupo de Psiquiatría y Psicología Forense de la Regional Bogotá13.
Procesos realizados después de los hechos de 24 de agosto de 1994
48.6. El 25 de agosto de 1994 el señor Gutiérrez Soler denunció ante la Fiscalía Regional Delegada las torturas padecidas el día anterior. El 26 de agosto de 1994 el señor Gutiérrez Soler, ante un asesor de la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos, presentó su queja contra el señor Dalel Barón y el Coronel Enciso Barón. Como resultado de estas denuncias se iniciaron procesos paralelos ante la jurisdicción ordinaria contra el señor Dalel Barón, y ante las jurisdicciones penal militar y disciplinaria contra el Coronel Enciso Barón.
48.7. El 7 de febrero de 1995 la Jueza 51 de Instrucción Penal Militar inició proceso contra el Coronel Luis Gonzaga Enciso Barón por el delito de lesiones. Posteriormente, la investigación fue trasladada a la Auditoría Auxiliar de Guerra No. 60, donde se decidió cesar todo procedimiento en su contra, ya que “el dicho de Gutiérrez Soler, fuera de no recibir confirmación con ningún elemento probatorio, de aparecer desvirtuado y ser contradictorio […] no merece ni un átomo de credibilidad, porque está impregnado de argumentos arguciosos, tendenciosos, malintencionados, calumniosos y ruines, ideados de su mente ma[ls]ana, producto de la mitomanía que lo caracteriza. […T]estigos de esa naturaleza tienen que ser necesariamente sospechosos y estar sometidos a un mayor control por parte del instructor y del juez de conocimiento, en razón a que está[n] viciados de inmoralidad”14. El 30 de septiembre de 1998 la cesación de procedimiento fue confirmada por el Tribunal Superior Militar.
48.8. El 7 de junio de 1995, con base en la denuncia del señor Gutiérrez Soler, la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos consideró que existían méritos suficientes para formular pliego de cargos contra el Coronel Enciso Barón en la jurisdicción disciplinaria. Sin embargo, la Procuraduría General de la Nación archivó el proceso, alegando la aplicación del principio non bis in idem en vista de la decisión adoptada el 27 de febrero de 1995 por el Director de la Policía Judicial, la cual había exonerado de toda responsabilidad disciplinaria al Coronel Enciso Barón.
48.9. El 29 de agosto de 1995 se abrió proceso penal contra el señor Dalel Barón. No obstante, el 15 de enero de 1998 la Fiscalía General de la Nación resolvió precluir la investigación y ordenar el archivo del expediente, pues “los testimonios, tanto de los funcionarios policiales como los de quienes de alguna manera (familiar o laboral) mantenían vínculos o relación con el imputado, resultan de los clasificados por la doctrina como ‘testimonios sospechosos’ por cuanto pierden credibilidad”15. El 8 de junio de 1999 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirmó dicha decisión. Posteriormente, la Corte Constitucional resolvió no hacer uso de su facultad discrecional para revisar una acción de tutela interpuesta por el señor Gutiérrez Soler.
48.10 A la fecha ninguna persona ha sido sancionada por la detención arbitraria del señor Wilson Gutiérrez Soler y las torturas infligidas a éste.
48.11. La declaración de 24 de agosto de 1994 del señor Gutiérrez Soler, obtenida mediante tortura, sirvió de base para que el 2 de septiembre de 1994 la entonces llamada Justicia Regional iniciara un proceso en su contra por el delito de extorsión y se profiriera medida de aseguramiento con privación de la libertad. El 20 de enero de 1995 la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior decidió revocar la medida de aseguramiento y ordenar su libertad, pues la denuncia contra el señor Gutiérrez Soler estaba “plagada de contradicciones”, así como “no p[odía] ser valorado a la luz de la sana crítica y menos para darle credibilidad”16. El 6 de mayo de 1999 se emitió resolución acusatoria en contra del señor Gutiérrez Soler, pero la orden de captura fue revocada tras ser apelada por la defensa.
48.12. Finalmente, el 26 de agosto de 2002, transcurridos ocho años desde su detención inicial, el señor Gutiérrez Soler fue absuelto del delito de extorsión por decisión del Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá. Según dicha decisión, no existía certeza sobre la responsabilidad penal del señor Gutiérrez Soler por cuanto “el informe de Policía 1762 de agosto 25 de 1994, suscrito por el Coronel Luis Gonzaga Enciso, […] a través del cual dej[ó] a disposición del Fiscal Regional al supuestamente capturado en flagrancia por el delito de extorsión Wilson Gutiérrez Soler […], en modo alguno puede catalogarse como [prueba] idónea para responsabilizar a [este último] como autor de un hecho punible: de una parte porque quien se apersonó del operativo fue el Coronel Luis Gonzaga Enciso, primo del denunciante [Ricardo Dalel], hecho que ya puede mostrar una tendencia a favorecer a ultranza los intereses de su familiar y a pesar de que los funcionarios de este rango muy excepcionalmente presencian estos operativos”. Asimismo, se sostuvo que “la misma aprehensión es digna de cuestionamiento en cuanto terminó con la posible tortura del encartado por parte de este funcionario y en presencia del denunciante, que arrojó una incapacidad para aquél de 18 días por las quemaduras que afrontó en su órgano genital de acuerdo al dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses […]. [Las referidas] circunstancias a la luz de la sana crítica imponen que no se le brinde mayor valor a esa captura”17.
La situación del señor Wilson Gutiérrez Soler y sus familiares con posterioridad a los hechos de 24 de agosto de 1994
48.13. Los familiares del señor Wilson Gutiérrez Soler indicados en los diversos escritos presentados ante la Corte son: su hijo, Kevin Daniel Gutiérrez Niño; sus padres, María Elena Soler de Gutiérrez y Álvaro Gutiérrez Hernández (fallecido); su hermano, Ricardo Gutiérrez Soler; la compañera de su hermano, Yaqueline Reyes; y sus sobrinos, Luisa Fernanda Gutiérrez Reyes, Paula Camila Gutiérrez Reyes, Leonardo Gutiérrez Rubiano, Leydi Caterin Gutiérrez Peña, Sulma Tatiana Gutiérrez Rubiano, Ricardo Alberto Gutiérrez Rubiano y Carlos Andrés Gutiérrez Rubiano. El señor Álvaro Gutiérrez Hernández falleció en octubre de 200418.
48.14. Debido a las denuncias interpuestas por el señor Wilson Gutiérrez Soler, él y sus familiares han sido objeto de amenazas, hostigamientos, vigilancia, detenciones, allanamientos y atentados contra la vida e integridad personal, los cuales no han sido adecuadamente investigados. Producto de dicha situación, el señor Wilson Gutiérrez Soler y su hijo Kevin tuvieron que exiliarse y actualmente residen en los Estados Unidos de América19.
48.15. La familia del señor Ricardo Gutiérrez Soler vive todavía en Colombia. Sin embargo, ante las referidas persecuciones constantes, agravadas por el apoyo que Ricardo siempre brindaba a su hermano Wilson en relación con sus varias denuncias, dicha familia ha tenido que separarse y trasladarse20.
48.16. Esta campaña de amenazas, hostigamientos y agresiones – la cual fue iniciada en 1994 y no ha cesado aún – ha puesto en grave riesgo la vida e integridad personal del señor Wilson Gutiérrez Soler y varios de sus familiares, así como ha alterado profundamente la dinámica de la familia en su conjunto. En consecuencia, se han sufrido temor constante y daños psicológicos21.
48.17. Tanto el señor Wilson Gutiérrez Soler, como su hermano Ricardo, trabajaban en negocios propios y ganaban para mantener a sus respectivas familias. Sin embargo, como resultado de los hechos, los señores Wilson y Ricardo Gutiérrez Soler se vieron muy perjudicados en sus posibilidades de trabajar y de mantener la estabilidad económica de sus familias. Asimismo, la falta de recursos económicos provocó más separación familiar y limitó drásticamente las posibilidades de educación para sus hijos22.
48.18. El señor Wilson Gutiérrez Soler y sus familiares han sido representados por CEJIL y el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” en los trámites realizados en el ámbito interno, así como ante la Comisión y la Corte, por lo cual ambas organizaciones han incurrido en una serie de gastos relacionados con las referidas gestiones23.


VIII

Fondo
Consideraciones de la Corte
49. El artículo 53.2 del Reglamento de la Corte establece que:
[s]i el demandado comunicare a la Corte su allanamiento a las pretensiones de la parte demandante y a las de los representantes de las presuntas víctimas, sus familiares o representantes, la Corte, oído el parecer de las partes en el caso, resolverá sobre la procedencia del allanamiento y sus efectos jurídicos. En este supuesto, la Corte procederá a determinar, cuando fuere el caso, las reparaciones y costas correspondientes.
50. La Resolución de la Corte dictada el 10 de marzo de 2005 en el presente caso señaló en su parte considerativa:
1. Que el Estado […] desisti[ó] de la totalidad de las excepciones preliminares interpuestas en la contestación de la demanda de fecha 31 de agosto de 2004.
2. Que el Estado […] reconoci[ó] los hechos y su responsabilidad internacional por la violación de los artículos 5.1, 5.2 y 5.4; 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6; 8.1, 8.2.d, 8.2.e, 8.2.g y 8.3 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
3. Que dicho reconocimiento manifestado por el Estado […] no interrumpe el trámite de la recepción de la prueba ordenada en relación con las reparaciones y costas, independientemente de que el Tribunal oportunamente resuelva el fondo del caso y la solicitud estatal de un plazo para intentar llegar a una solución amistosa relativa a las referidas reparaciones.
Luego, la Corte resolvió:
1. Tener por retiradas todas las excepciones preliminares interpuestas por el Estado.
2. Admitir el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado, en los términos de los considerandos segundo y tercero de la […] Resolución.
3. Que ha cesado la controversia sobre los hechos, por lo que el Tribunal oportunamente emitir[ía] la respectiva sentencia de fondo.
4. Continuar con la celebración de la audiencia pública convocada mediante Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 1º de febrero de 2005, y delimitar su objeto a las reparaciones y costas en el presente caso. […]
51. La Corte tiene por probados los hechos a que se refiere el párrafo 48 de esta Sentencia y, con base en ellos y ponderando las circunstancias del caso, procede a precisar las distintas violaciones encontradas a los artículos alegados.
52. En primer lugar, tal como lo reconoció Colombia, este Tribunal considera que el Estado incurrió en responsabilidad internacional por la violación de los derechos consagrados en los artículos 5.1, 5.2 y 5.4; 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6; 8.1, 8.2.d, 8.2.e, 8.2.g y 8.3 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Wilson Gutiérrez Soler. En cuanto a la detención de éste, la Corte observa que la misma fue realizada sin orden escrita de autoridad judicial competente y en una situación no constitutiva de flagrancia.
53. Sin perjuicio de lo anterior, la Corte reconoce que subsiste una controversia en relación con otras violaciones alegadas en el presente caso. En este sentido, los representantes alegaron que el Estado también incumplió las obligaciones contenidas en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura24 (en adelante “Convención Interamericana contra la Tortura”), aunque la Comisión Interamericana no presentó argumentos al respecto. El Tribunal ha establecido con claridad que los representantes pueden argumentar que ha habido otras violaciones diferentes de las alegadas por la Comisión, siempre y cuando esos argumentos de derecho se atengan a los hechos contenidos en la demanda25. Los peticionarios son los titulares de los derechos consagrados en la Convención; por lo tanto, privarlos de la oportunidad de someter sus propios alegatos de derecho constituiría una restricción indebida de su derecho de acceso a la justicia, que emana de su condición de sujetos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos26.
54. La Corte entiende que, a la luz de la obligación general de los Estados Partes de respetar y garantizar los derechos a toda persona sujeta a su jurisdicción, contenida en el artículo 1.1 de la Convención Americana, el Estado tiene el deber de iniciar de oficio e inmediatamente una investigación efectiva que permita identificar, juzgar y sancionar a los responsables, cuando existe denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en violación del artículo 5 de la Convención Americana. Esta actuación está normada, además, de manera específica en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana contra la Tortura que obligan a los Estados Partes a adoptar todas las medidas efectivas para prevenir y sancionar todos los actos de tortura dentro del ámbito de su jurisdicción, así como a garantizar que los casos de tortura sean examinados imparcialmente27. En el presente caso, la Corte observa que Colombia no actuó con arreglo a esas previsiones, ya que a la fecha ninguna persona ha sido sancionada por las torturas infligidas al señor Wilson Gutiérrez Soler y que el propio Estado ha reconocido defectos en relación con las garantías judiciales de los procesos internos (supra párrs. 26, 28 y 48.10). Desde que entró en vigor en Colombia la referida Convención Interamericana contra la Tortura, el 18 de febrero de 1999, es exigible al Estado el cumplimiento de las obligaciones contenidas en dicho tratado. Por ello, para el Tribunal esta conducta constituye incumplimiento de las obligaciones contenidas en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana contra la Tortura en lo que atañe a la obligación de prevenir y sancionar la tortura en el ámbito interno.
55. Por otra parte, los representantes argumentaron, además, que el Estado violó el derecho a la integridad personal, consagrado en el artículo 5 de la Convención Americana, en perjuicio de los familiares del señor Wilson Gutiérrez Soler; la Comisión no presentó alegatos al respecto.
56. El artículo 5.1 de la Convención Americana establece que “[t]oda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral”. En el contexto del presente caso, se ha demostrado que tanto el señor Wilson Gutiérrez Soler como sus familiares han sido objeto, desde 1994, de una campaña de amenazas, hostigamientos, vigilancia, detenciones, allanamientos y atentados contra la vida e integridad personal (supra párr. 48.14). Tal como manifestó la señora Yaqueline Reyes, las consecuencias de dichas persecuciones fueron “terribles” para la familia:
[p]ara mí esto es muy duro. Nos cambió la vida; ya no puede uno ni salir a la tienda tranquilo, de pensar que le van a hacer a uno algo. Le toca a uno mantenerse encerrado […], cambiar de casa, estar estresada […], mirar siempre detrás de uno. [C]uando Wilson salió del país, yo dije: “los problemas son de Wilson, más no de nosotros”. Pero no, eso siguió, porque Wilson se fue y como entonces quedó el hermano [Ricardo Gutiérrez Soler], que andaba con él para todos lados, y lo conocían, pues siguieron los atropellos para Ricardo, las amenazas […]. Entonces para nosotros es terrible porque ahora somos nosotros los del problema […].
57. En consecuencia, por haber padecido temor constante, angustia y separación familiar (supra párr. 48.14 a 48.17), la Corte concluye que los familiares del señor Wilson Gutiérrez Soler – es decir, Kevin Daniel Gutiérrez Niño, María Elena Soler de Gutiérrez, Álvaro Gutiérrez Hernández (fallecido), Ricardo Gutiérrez Soler, Yaqueline Reyes, Luisa Fernanda Gutiérrez Reyes, Paula Camila Gutiérrez Reyes, Leonardo Gutiérrez Rubiano, Leydi Caterin Gutiérrez Peña, Sulma Tatiana Gutiérrez Rubiano, Ricardo Alberto Gutiérrez Rubiano y Carlos Andrés Gutiérrez Rubiano – han sufrido en forma tal que constituye una violación por parte del Estado del artículo 5.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado, en perjuicio de aquéllos.
58. Respecto de la determinación de los familiares del señor Wilson Gutiérrez Soler que han sufrido una violación a su integridad personal, este Tribunal tiene presente que, en su escrito de solicitudes y argumentos, los representantes señalaron a personas adicionales a los familiares nombrados en la demanda, a saber: Leydi Caterin Gutiérrez Peña, Sulma Tatiana Gutiérrez Rubiano, Ricardo Alberto Gutiérrez Rubiano y Carlos Andrés Gutiérrez Rubiano, todos hijos del señor Ricardo Gutiérrez Soler. Al respecto, esta Corte observa que el Estado ha objetado que dichas personas sean beneficiarias de reparación, ya que no fueron señaladas en la demanda. Por otra parte, en sus alegatos finales escritos, los representantes sólo solicitaron “que sean indemnizados [por daño moral] los hijos [de Ricardo Gutiérrez Soler] que fueron reconocidos como víctimas por parte del Estado”, dejando por fuera a las cuatro personas mencionadas. A pesar de lo anterior, la Corte ha constatado – con base en las declaraciones juradas de los familiares en cuestión (supra párr. 41), así como el acervo probatorio de este caso en su conjunto – que han sufrido una vulneración semejante a su integridad psíquica y moral que los familiares del señor Wilson Gutiérrez Soler debidamente indicados en la demanda. En razón de ello, el Tribunal considera que dichas personas también son víctimas de la violación del artículo 5.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado.

59. Finalmente, la Corte estima que el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado constituye un avance importante al desarrollo de este proceso y a la vigencia de los principios que inspiran la Convención Americana. El Tribunal aprecia, particularmente, la manera como el Estado realizó dicho reconocimiento en la audiencia pública del presente caso, es decir, a través de un acto de solicitud de perdón dirigido personalmente al señor Wilson Gutiérrez Soler y sus familiares, lo cual contribuye, según lo expresado por el Estado, a “la dignificación de la víctima y de sus familiares”.


60. A la luz de lo anterior, de acuerdo con su Resolución de 10 de marzo de 2005, y en razón de lo manifestado por los representantes en el sentido de no aceptar el ofrecimiento del Estado de intentar una solución amistosa relativa a las reparaciones y costas y gastos en el presente caso (supra párr. 30), el Tribunal procederá a determinar aquéllos.


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