Corte interamericana de derechos humanos



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Peritaje



a) Peritaje del señor Iván González Amado, abogado penalista
El perito indicó que las fases del procedimiento penal colombiano son investigación previa, instrucción y juicio; además, se refirió a las funciones de policía judicial ejercidas permanentemente por la Policía Nacional, el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación y “los servidores públicos que integran las unidades fiscales, y el Departamento Administrativo de Seguridad”. El Coronel Luis Enciso Barón estaba impedido, en virtud del artículo 103 del Código de Procedimiento Penal de 1991, “para adelantar las diligencias relacionadas con la investigación del delito de extorsión denunciado por Ricardo Dalel Barón”, pues dicho Coronel es primo de este último “y por lo tanto [tenía] interés en el proceso”.
El señor Wilson Gutiérrez Soler no fue capturado en flagrancia, sino en desarrollo de un procedimiento policial ilegal. La inexistencia de un plazo claro y expreso para la presentación del señor Wilson Gutiérrez Soler ante una autoridad judicial “tuvo consecuencias negativas para la protección de sus derechos, pues permitió que autoridades de policía judicial adelantaran actuaciones lesivas de sus derechos”. La legislación interna prohíbe de manera absoluta, a todo funcionario, cualquier clase de coacción sobre el imputado. La versión rendida por el señor Gutiérrez Soler “no fue libre y espontánea”, pues “fue sometido a prácticas de tortura y […] la diligencia de versión libre y espontánea no se realizó con estricto apego a las normas legales en vigencia”. Asimismo, la modificación de la calificación jurídica del delito de tortura por el de lesiones personales no se ajusta a los estándares internacionales sobre la tortura, pues según dichos estándares “la conducta no se rige por la gravedad de las lesiones sufridas por la víctima”.
La designación de “una persona honorable para que cumpliera [la función de defensor técnico del señor Wilson Gutiérrez Soler], era contraria al orden constitucional”, pues “el imputado fue capturado en Bogotá […] en donde existía la posibilidad concreta de encontrar un abogado que actuara como su defensor”. La religiosa que actuó como defensora de dicha persona “no cumplió cabalmente con sus obligaciones como tal”, pues ni siquiera “advirtió que el imputado había sido torturado antes del interrogatorio”, lo cual ocurrió “cuando fue ingresado al calabozo y, al parecer, antes de que se recibiera su versión”.
El artículo 192 de la Ley No. 906 de 2004 permite la revisión de las sentencias absolutorias con base en que “después del fallo absolutorio en procesos por violaciones de derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario, se establezca mediante decisión de una instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos, respecto de la cual el Estado haya aceptado formalmente la competencia, un incumplimiento protuberante de las obligaciones del Estado de investigar seria e imparcialmente tales violaciones”.
B) Prueba testimonial y pericial
42. El 10 y 11 de marzo de 2005 la Corte recibió en audiencia pública las declaraciones de los testigos y los peritos propuestos por la Comisión Interamericana y por los representantes. A continuación, el Tribunal resume las partes principales de dichos testimonios y peritajes.
Testimonios
a) Testimonio del señor Wilson Gutiérrez Soler, presunta víctima
El testigo, el señor Wilson Gutiérrez Soler, de nacionalidad colombiana, actualmente reside en los Estados Unidos de América.
A la fecha de su detención, el testigo tenía un taxi, trabajaba con remates de juzgados y era mecánico. Su taller funcionaba a partir de las nueve de la mañana hasta las cuatro o cinco de la tarde, aproximadamente. Los ingresos que percibía por la realización de dichas actividades le permitían vivir dignamente con su familia. Sus actividades cotidianas familiares eran como las de cualquier persona que “se considere normal, una familia con una esposa, con un hijo, y un fin de semana en un teatro, en un cine”.
El testigo traía vehículos de Venezuela, por lo que viajaba mucho, pero no estaba ni separado ni divorciado de su esposa. Al momento de los hechos, Wilson vivía en la casa de su suegra con su esposa y su hijo Kevin. Sin embargo, después de los hechos, su esposa y su hijo seguían viviendo en la casa de su suegra pero Wilson se fue a vivir con sus padres. La custodia de Kevin la tenía la mamá “por muchas y obvias razones; lo que se acercara a mí o estuviera de mi lado no iba a estar bien, y las amenazas iban dirigidas a mi familia”.
Después de que fue capturado a raíz de un operativo ilegal, se inició un proceso penal en su contra por extorsión que duró ocho años, durante los cuales, de acuerdo con el testimonio del señor Gutiérrez Soler, su autoestima y su vida personal, laboral y familiar fueron dañadas. “Acabó con mi familia, porque obviamente ya no me veían como una persona íntegra, sino lo que querían dejar ver era que yo era una persona delincuente. Definitivamente esto fue acabar mi vida – y no sólo la mía – la de mi hijo, la de mi esposa”.

Además, debido a los actos de tortura, la vida del testigo cambió radicalmente. “Mi familia se perdió, el vínculo familiar de padres-hijos se perdió. No solamente me quitaron mi propio valor, sino me quitaron mi familia, mis padres”. Asimismo, su hermano Ricardo Gutiérrez Soler, quien siempre lo ha apoyado, también se vio perjudicado desde que se enteró de lo sucedido. El señor Ricardo Gutiérrez Soler se desvinculó de su propia familia.Le toca estarse desplazando, no puede tener un sitio fijo de vivienda, no puede tener un trabajo estable”. Por su parte, la madre del testigo está viviendo en un pueblo en condiciones difíciles.


La tortura sufrida por el testigo es “algo que no es nada fácil de llevar; más en la forma donde se recibieron las torturas dejan huella para el resto de la vida, y es una de las partes del cuerpo donde a uno todos los días está recordando que sucedió, así que no es fácil de llevar con eso”.
El testigo se sintió en la obligación de denunciar su caso particular de tortura debido a que sabía que lo ocurrido “estaba mal”. Además, tenía las esperanzas de que se hiciera justicia, lo que para él significa que: “la persona que cometa un hecho, que dañe a una persona, por solamente gusto, […] sea juzgado”.
El testigo indicó que, cuando las investigaciones contra el Coronel Enciso Barón y el civil Ricardo Dalel fueron precluidas, sintió mucha angustia por la existencia de impunidad en su caso. De igual forma, el testigo se indignó mucho cuando se adujo la teoría de que se había autolesionado. Decidió denunciar los hechos ante la Comisión Interamericana y ante la Corte Interamericana debido a que en Colombia no hubo “opción de justicia”, pese a que trató, por todos los medios que permite el Estado, de buscar justicia. En su criterio, una sentencia de la Corte es “la pauta para que esto no vuelva a suceder nunca; esto sienta un precedente donde ninguna persona puede ser tratada inhumanamente”. Asimismo, el testigo señaló que pese a que no es fácil que en la sentencia se revelen cuestiones íntimas sobre él, está de acuerdo con que se lo haga, si eso contribuye a que a otras personas no les suceda lo mismo.
El testigo señaló que, como consecuencia de haber denunciado la tortura, y así se lo dejaron saber, su familia – en particular su hermano Ricardo, sus padres y él – fueron objeto de persecuciones, hostigamientos, amenazas, llamadas telefónicas, atentados con explosivos, allanamientos y/o encarcelamientos. Todos estos actos de hostigamiento afectaron profundamente la vida personal y laboral del testigo: “nunca pude tener un trabajo estable, nunca me dejaron realizarme como una persona normal, ya que a los sitios donde yo llegaba siempre llegaban los hostigamientos”. Incluso, sus padres tuvieron que salir de su casa, de sus bienes y acabar con lo poco que tenían debido a los continuos hostigamientos de que eran objeto. Su padre murió en “la miseria más grande que pueda existir en el mundo”.

El testigo no sabe cómo podría el Estado reparar el daño que le causaron y devolverle su familia, los once años de su vida perdidos y su relación con su hijo – quien fue llevado hace casi 7 años a los Estados Unidos por su madre – y con quien perdió casi todo contacto, pues sólo hablaba ocasionalmente con él vía telefónica. Hace unos meses atrás el testigo finalmente recuperó la custodia de su hijo Kevin y vive con él.


El testigo teme por la vida de su familia y de su hermano. Hace casi once años empezaron los hostigamientos y no han parado. Incluso, después de declarar ante la Comisión, sufrió un atentado estando con sus padres. Las medidas cautelares otorgadas por la Comisión tampoco han surtido efectos positivos.
b) Testimonio del señor Ricardo Gutiérrez Soler, hermano de Wilson Gutiérrez Soler
El testigo, de nacionalidad colombiana, proviene de una familia compuesta por la madre y 7 hijos, cuatro mujeres y tres hombres. Su hermano Wilson es el menor y Ricardo el que le sigue. Los dos tienen una muy buena relación.
El testigo se enteró de lo sucedido a su hermano Wilson pocos días después de la detención de aquél. Percibió a su hermano Wilson en mal estado. Éste le comentó que lo habían torturado e incluso le mostró unas fotos de la tortura. A Ricardo le pareció bien cuando se enteró que Wilson había denunciado la tortura.
El testigo manifestó que desde el momento en que su hermano Wilson salió de la cárcel, ellos dos y su familia empezaron a ser objeto de hostigamientos y a recibir llamadas amenazantes cada vez más fuertes, en las que repetían regularmente que “muerto el perro se acaba la rabia”. Ricardo y Wilson se dieron cuenta de que las cosas no estaban bien cuando se enteraron por la policía que unos vehículos que rondaban el taller, supuestamente de particulares, pertenecían a la Dirección Central de Policía Judicial.
El testigo señaló que, como parte de los hostigamientos, acusaron a su hermano Wilson y a él de “robar vehículos”, por lo que fueron encarcelados. A sus padres les colocaron una bomba; a uno de sus hijos lo intentaron secuestrar. Además, el testigo recibió un libro bomba y “fu[e] víctima de muchos atropellos”.
El testigo conjuntamente con su hermano Wilson han interpuesto denuncias respecto de los hostigamientos, allanamientos y amenazas telefónicas de los que han sido objeto. Sin embargo, nunca se obtuvo resultados. Esta falta de respuesta de la justicia ha agravado la situación de seguridad del testigo. Más aún, no se ha dado cumplimiento a las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana. Para el testigo ha sido engorroso tener que insistir al Estado colombiano medidas de protección: “para mí es vergonzoso tener que acudir a gente que yo no conozco […]. Pero sinceramente a mi no me ha servido de nada, a mi me abandonaron”. En una ocasión, el Estado le dio dinero para que saliera de la ciudad; sin embargo, no le ayudaron con su hija pequeña, tal como lo habían ofrecido.
El testigo nunca contó a su propia familia de los hechos ocurridos con su hermano Wilson, pues le daba mucha pena. Como consecuencia de no saber la verdad, su padre empezó a decir que él y Wilson andaban en situaciones ilícitas. Siente mucho dolor debido a que su padre murió sin conocer la verdad. El testigo descuidó a su familia y abandonó a sus hijos mayores por intentar hacer algo con su hermano Wilson respecto del problema.
Los hechos de hostigamiento, allanamiento y otros actos afectaron la situación familiar y económica del testigo y su familia. Por una parte, su hermano Wilson, quien manejaba las cuentas de los negocios, “tuvo la desgracia de caer en la cárcel” y eso fue duro para la familia. Sus padres les ayudaron en la medida de sus posibilidades y, finalmente, hace dos o tres años, prefirieron vender su casa e irse de Bogotá. Por otra parte, los hijos del testigo no terminaron de estudiar y él no les pudo dar nada. Finalmente, a causa de estos hechos, el testigo no ha logrado tener un lugar estable donde permanecer con su familia, ni ha logrado mantener un trabajo. Los talleres que montaba no duraban más de dos meses.
El testigo indicó que pese a que teme por su seguridad debido a su comparecencia ante la Corte, ha testificado porque considera que lo ocurrido no es justo: “porque no es justo que mi niña más pequeña [no puede hablar], y que nunca tuve para una terapia. Y la otra quiere estudiar, y yo la verdad no le puedo quitar ese derecho; tengo que hacer algo”.
En la actualidad su madre es quien administra los bienes de su padre, que son una finca y dos carros.
Peritajes
a) Peritaje de la señora María Cristina Nunes de Mendonça, profesora de Medicina Legal en la Universidad de Coimbra, Portugal
La perito señaló que, debido a su detención, el señor Wilson Gutiérrez sufrió lesiones físicas agrupadas en dos tipos: las lesiones genitales y las lesiones anales. Las lesiones genitales se pueden definir como quemaduras de segundo grado por acción del calor, concretamente por acción de la llama. Las quemaduras de segundo grado se caracterizan por la presencia de ampollas con líquidos y afectan los tejidos más profundos de la piel. En cuanto a las lesiones anales, en este caso han sido lesiones internas en el recto por la introducción de un objeto duro.
Las secuelas físicas en este caso debieron tratarse adecuadamente. Debió realizarse un tratamiento oportuno con el fin de que dichas secuelas no fueran tan evidentes. En este caso las referidas secuelas son permanentes. Asimismo, existen secuelas de tipo funcional-sexual que están referidas en algunos de los informes, tales como el realizado el 16 de septiembre de 1996 en el Instituto Nacional de Medicina Legal de Colombia y el informe urológico del año 2000.
Existe otro grupo de secuelas que son las psicológicas, las cuales están bien diferenciadas en tres informes de psiquiatría forense realizados en el Instituto Nacional de Medicina Legal de Colombia por un grupo de psiquiatría y psicología. Tres de las descripciones que se hacen configuran un cuadro designado como “síndrome de estrés post traumático”. El carácter, los comportamientos de irritación que la víctima mantiene, el carácter fóbico y evasivo de la persona y la naturaleza irreversible de estas características, constituyen un cuadro que configura este síndrome.
Los exámenes médico forenses que se efectuaron en este caso han sido exámenes incompletos. En ningún momento se realizaron registros fotográficos de las lesiones, los cuales son extremadamente importantes. Los exámenes se han limitado a una descripción física externa de las áreas anatómicas. No se realizó ningún examen de la lesión anatómica anal, que es un examen muy sencillo. En uno de los informes no se detallan las lesiones, lo cual puede condicionar su interpretación y perjudicar el resultado o la trascendencia que estos documentos tengan en el proceso judicial.
La víctima no recibió tratamiento médico regular y adecuado hasta su ingreso en prisión el 14 de septiembre de 1994, es decir, veintiún días después de los hechos. No parece que la víctima hubiese sido tratada adecuadamente y tampoco se le facilitaron medidas básicas de higiene personal, para evitar las complicaciones infecciosas que luego vino a padecer.
Se han implementado protocolos y estándares para mejorar el tratamiento a las víctimas de agresiones como las de este caso, pues los que había son deficientes, no sólo en América Latina sino en todo el mundo. El que más se utiliza es el Protocolo de Estambul, el cual surgió en el año 1999 debido a la cooperación de una serie de entidades, médicos y juristas para establecer estándares de tratamiento a este tipo de víctimas, de tal manera que estas evidencias puedan ser comprendidas en las cortes. En el Protocolo se encuentran descritas situaciones como las que sufrió el señor Wilson Gutiérrez, la forma como se tienen que hacer los exámenes, como se tienen que elaborar los dictámenes, la forma como la víctima tiene que ser “seguida posteriormente”. Si el Protocolo hubiese sido aplicado en este caso, el resultado de la investigación hubiese sido distinto, pues habría “facilita[do] la comprensión de las agresiones, de los hechos”.
En el caso de personas que han sido afectadas en su integridad física, el examen médico debe prestar especial atención a dichas víctimas, pues “hay todo un componente de miedo” que les puede hacer daño. Lo primero que debe hacer el médico es establecer una relación de empatía con el examinado, “que la persona se sienta realmente a gusto con él para contarle las cosas que han pasado” y no dejar de contar ciertos detalles por miedo a no hacerlos públicos. En estos casos, no pueden estar presentes los supuestos agresores. Además, “el médico no debe limitarse al examen de las regiones anatómicas [respecto de las cuales] la víctima se queja […;] hay que hacer un examen exhaustivo, hay que objetivarlo con registros gráficos, fundamentalmente la fotografía”.
En casos de tortura el agresor procura infligir sufrimiento a la persona de una forma que no deje huellas físicas. El agresor sabe que si deja huellas es detectado de una manera más fácil. En cuanto a las lesiones genitales del señor Gutiérrez Soler debido a las quemaduras, hay signos indudables y van a mantenerse por vida. En la cuestión del abuso sexual anal muchas veces no quedan huellas físicas externas, como ocurrió en este caso.
Los funcionarios que efectúan detenciones o que tienen contacto con personas detenidas deberían ser evaluados psicológica o psiquiátricamente cada cierto período de tiempo, pues en muchos casos dichos funcionarios poseen una personalidad que los puede volver agresivos. En el presente caso, existe un examen psiquiátrico que es donde se hace también un examen de uno de los agresores y “la lectura permite intuir algunos rasgos sicológicos en el perfil de la patología sicopática”.
Las personas que son detenidas deben ser sometidas a exámenes físicos periódicamente y el médico no debe limitarse a “las quejas que se le hacen, porque muchas veces la víctima no consigue valorar todo el contexto de su sufrimiento”.
b) Peritaje de la señora Ana Deutsch, psicóloga
La perito indicó que el señor Wilson Gutiérrez Soler presenta estrés postraumático. Dicho diagnóstico se realizó basándose en “los criterios establecidos por el manual de diagnósticos psiquiátricos publicado por la Asociación Americana de Psiquiatría” de 1994. Para formular tal diagnóstico se deben reunir seis criterios: el primer criterio es la experiencia de un hecho traumático que afectó al individuo y respecto del cual reaccionó con horror y con pánico. Los hechos sufridos por el señor Wilson Gutiérrez Soler cumplen con ese criterio. El segundo criterio es la recurrencia molesta de recuerdos del evento que se presentan en la memoria espontáneamente y que producen sufrimiento emocional cada vez que eso sucede. Dichos recuerdos se pueden presentar durante la vigilia o el sueño, o pueden ser evocados por estímulos del medio ambiente. El señor Gutiérrez Soler relató que tiene que luchar para espantar esas memorias que se le presentan a diario cuando va al baño, cuando observa las cicatrices, cuando escucha a alguien hablar en tono fuerte o ve a alguien que se está peleando. “La violación sexual le afectó hondamente su autoestima y su dignidad masculina fue atacada”.
El tercer criterio es la evitación, el cual consiste en que la persona evita exponerse a situaciones que le recuerden el trauma. El señor Gutiérrez Soler se aísla socialmente para que no le hagan preguntas, pues eso le evocaría las razones por las cuales viajó a Estados Unidos. En este último país casi no se relaciona con otros colombianos porque le producen incomodidad y siente temor de que pudieran estar relacionados con los agentes del Estado que le causaron tantos problemas. El cuarto criterio es la presentación de síntomas de sobreexcitación o reacción exagerada a estímulos mínimos y la presencia de irritabilidad. El señor Gutiérrez Soler señala que se volvió muy temperamental después de la tortura y eso agravó algunos conflictos matrimoniales. En aquél entonces era impaciente e intolerante con su propio hijo. Actualmente, continúa teniendo perturbaciones en el sueño, le cuesta dormirse y se despierta sobresaltado por ruidos leves. El quinto criterio consiste en que la duración de estos síntomas es superior a un mes. El señor Gutiérrez Soler ha sufrido estos síntomas por más de diez años, y si bien en el pasado eran más intensos, todavía los presenta con variada intensidad. Ha tenido mejorías en algunos aspectos, pero en definitiva debe seguir un tratamiento psicológico. El último criterio se refiere al daño en el área laboral, de aprendizaje y social; en cuanto a lo laboral, por años vivió prácticamente dependiente de su familia.
El señor Gutiérrez Soler presenta otros síntomas que se sobreponen al diagnóstico de estrés postraumático y que conforman más bien un cuadro de depresión, como la falta de energía, una visión pesimista del mundo, estados de ánimo de tristeza, apetito reducido y deseo sexual casi nulo. Asimismo, la impunidad ha reforzado todos los síntomas y reacciones que ha tenido el señor Gutiérrez Soler y ha incidido en la visión que tiene de la justicia.
En cuanto a Kevin Gutiérrez Niño, hijo de Wilson Gutiérrez Soler, la perito señaló que la relación de ellos prácticamente no existió sino hasta hace unos pocos meses que Kevin fue a vivir con su papá. La relación entre padre e hijo se vio muy afectada porque este último conocía la versión de su mamá y de la familia de ésta, en el sentido de que el señor Gutiérrez Soler era “irresponsable y no cumplía con sus obligaciones”. Esto afectó muchísimo la autoestima de Kevin, pues “se sentía inferior por no tener un papá normal a su lado y se sintió impotente para cambiar las cosas”. Actualmente, padre e hijo están trabajando “para recuperar una relación que no existía casi”.
La perito indica que el señor Ricardo Gutiérrez Soler, hermano de Wilson Gutiérrez Soler, y su familia también se vieron afectados por los hechos. Ricardo tiene siete hijos y los hechos alteraron la dinámica familiar. Dos de los hijos de Ricardo, que en la época en que ocurrieron los acontecimientos tenían 9 y 13 años de edad, cuanto alcanzaron los 15 y 16 años se alejaron de la familia y se independizaron prematuramente, pues sentían el abandono emocional del padre. En lo económico hubo un cambio profundo con respecto al estilo de vida y las posibilidades de seguir en la escuela, las cuales se vieron reducidas. Los hijos de Ricardo y su esposa Yaqueline, quienes se quedaron en el grupo familiar, han sido parte de todos los hostigamientos. Han vivido por años tratando de ocultarse, escapando, lo cual genera inestabilidad e inseguridad.
Las hijas adolescentes de Ricardo Gutiérrez Soler no han tenido una vida regular de niñas, pues debido al miedo tienen que estar en casa. Ricardo no tenía explicación para sus hijos porque él no la tenía para sí mismo. Los hijos se resintieron por las respuestas evasivas que su padre les daba. Debido a esto empezaron a elaborar sus propias explicaciones, lo cual generó desconfianza hacia el padre. Cuando se enteraron de lo que realmente ocurría fue como si hubiesen logrado ensamblar el rompecabezas de sus vidas. Los hijos de Ricardo también presentan síntomas que son consistentes con los hechos que han vivido y cuyo resultado en el futuro depende mucho de cuáles sean las intervenciones que puedan tener en adelante. Dichos hijos tienen deseos de retomar los estudios como su gran proyecto de vida.
Los hijos de Wilson y Ricardo han sido afectados en el paso de su adolescencia hacia la adultez. Carlos, uno de ellos, presenta rasgos de depresión, tiene un sentido negativo de sí mismo, de modo que es necesaria una intervención profesional para él. Las hijas sienten que no tienen vida normal, no pueden salir con otras niñas. Leydi no vive con su papá, pero no ha podido continuar con sus estudios, por lo cual se siente afectada porque su proyecto de vida no está siguiendo el curso que ella desea.
Yaqueline estuvo al lado de Ricardo, sufriendo exactamente lo mismo, como eco de lo que le estaba pasando a él. En este momento Yaqueline está sumamente preocupada por el hecho de que su hija Paula Camila, quien tiene cuatro años de edad, no habla todavía y necesita urgentemente empezar un tratamiento. Yaqueline se siente desesperada porque son tratamientos caros y mientras más se espere dicha condición se puede ir agravando. Las intervenciones tempranas pueden prevenir el desarrollo patológico.
El hecho de que Wilson y Ricardo Gutiérrez no hubiesen querido revelar a sus familiares los hechos responde a un patrón similar en sobrevivientes de tortura. Las víctimas de tortura “siente[n] vergüenza de compartir[la] con todos […] es un patrón que se encuentra indudablemente en el 95% de los sobrevivientes de tortura”. La violación sexual también incidió en que no hubiese querido hablar de los hechos, pues “para un hombre un ataque sexual de la naturaleza que recibió Wilson, es un ataque a la dignidad, a la masculinidad”. El señor Wilson Gutiérrez “perdió la capacidad de gozar plenamente su sexualidad, lo cual para un hombre de la edad de él es bastante lamentable”.
El acto de solicitud de perdón realizado por el Estado es “una manera de restaurar la posición social que ellos tenían y que quieren seguir teniendo; es una manera de restaurar la autoridad paterna que ellos tienen frente a sus hijos”. En cuanto a utilizar los hechos del caso “como un ejemplo en la capacitación profesional de personal médico forense, investigadores policiales y operadores de justicia”, la víctima siempre ha expresado su deseo de evitar que otras personas pasen por lo mismo, por lo cual tiene un valor moral y emocional enorme y podría tener un valor psicológicamente restaurativo. Son fundamentales aquellas medidas que se orienten a restaurar el “nivel de funcionamiento social, psicológico y emocional familiar que tenían antes y la posibilidad de poder implementar el proyecto de vida que ellos tienen para sí mismos”. Las medidas de reparación que se ordenen “contribuirán enormemente, pero no van a ser suficientes; ellos necesitan trabajar internamente sus sentimientos”.
Una medida adecuada también sería el establecimiento de un plan de evaluaciones psicológicas a personas que tienen que tratar con detenidos o que están encargados de tratar detenciones.


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