Corte interamericana de derechos humanos


Admisión de las declaraciones de las presuntas víctimas, de los peritos, de un declarante a título informativo y de un testigo



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Admisión de las declaraciones de las presuntas víctimas, de los peritos, de un declarante a título informativo y de un testigo.


  1. La Corte estima pertinente admitir las declaraciones y dictámenes rendidos en audiencia pública y mediante declaraciones ante fedatario público, en cuanto se ajusten al objeto definido por el Presidente en la Resolución que ordenó recibirlos87 y al objeto del presente caso, los cuales serán valorados en el capítulo que corresponda, en conjunto con los demás elementos del acervo probatorio. Conforme a la jurisprudencia de este Tribunal, las declaraciones rendidas por las presuntas víctimas no pueden ser valoradas aisladamente sino dentro del conjunto de las pruebas del proceso, ya que son útiles en la medida en que pueden proporcionar mayor información sobre las presuntas violaciones y sus consecuencias88.

VIII
HECHOS


  1. El marco fático planteado abarca distintos hechos, algunos de los cuales han tenido lugar en el marco o desarrollo de la operación militar denominada “Génesis” llevada a cabo en febrero de 1997, así como de incursiones de grupos paramilitares o de Autodefensas Unidas de Colombia (en adelante también “AUC”) realizadas simultáneamente o en días cercanos, en la cuenca del Cacarica (llamada también operación “Cacarica”). En el marco de lo anterior, se dieron desplazamientos forzados de comunidades afrodescendientes que han habitado ancestralmente territorios de la cuenca del Cacarica. Asimismo, la Comisión y las partes se han referido a las condiciones de vida que enfrentaron esos grupos en situación de desplazamiento durante los años siguientes, incluyendo sus condiciones de seguridad y el retorno de las mismas a territorios del Cacarica, así como a otros hechos relacionados con la desposesión y explotación de recursos naturales y de territorios de dichas comunidades por parte de empresas privadas. Finalmente, las partes se han referido a hechos vinculados con las investigaciones y con los distintos procedimientos judiciales llevados a cabo en relación con los hechos.

  2. En el presente capítulo se exponen los siguientes hechos del caso: a) el contexto geográfico, poblacional y de orden público en la región del Urabá chocoano; b) los antecedentes de las operaciones “Génesis” y “Cacarica”; c) el desarrollo de las operaciones Génesis y “Cacarica”; d) la muerte de Marino López; e) el alegado desplazamiento forzado; f) los hechos posteriores al desplazamiento; g) el retorno de los desplazados y la presunta continuación de los hechos de violencia contra los desplazados del Cacarica; h) la alegada explotación ilegal de madera en el territorio colectivo, e i) los procesos jurisdiccionales.
  1. Contexto

A.1. Ubicación geográfica


  1. La región del Urabá se encuentra localizada en el extremo noroccidental de Colombia y constituye el punto de unión entre Centro y Sur América. En esta zona confluyen los departamentos del Chocó, Antioquia y Córdoba, es un área selvática con abundante vegetación y numerosos ríos que hacen de esta una región con mucha biodiversidad89. El límite natural entre los departamentos de Chocó y Antioquia es el río Atrato. El Urabá antioqueño está conformado por once municipios90. Por su lado, la región del Urabá chocoano o Darién chocoano, está integrada por cuatro municipios91.

  2. Del mismo modo el Urabá chocoano se caracteriza por su diversidad, riqueza hídrica, por ser una selva húmeda tropical lluviosa92. La principal vía de acceso la constituye el río Atrato y sus afluentes los ríos Truandó, Cacarica, Jiguamiandó, Salaquí y Jarapetó93, aunque como lo resalta el Estado, sin que fuera controvertido, también existe una vía terrestre por carretera en mal estado que comunica Riosucio con el corregimiento de Belén de Bajirá y el municipio de Chigorodó94. Además esa región, que rodea el Golfo de Urabá y la frontera con Panamá, es un corredor estratégico de acceso tanto al océano Pacífico como al Atlántico95.

A.2. Población


  1. La cuenca del río Cacarica está habitada, principalmente, por descendientes de africanos, originariamente traídos y sometidos a condiciones de esclavitud en las Américas durante la época de la colonia. Esas poblaciones se fueron organizando en comunidades y se asentaron en forma lineal a lo largo de las corrientes de agua, en caseríos o en pueblos aferrados a los ríos, quebradas y caños96. Según fuera señalado por los representantes y no controvertido por el Estado, estas poblaciones se asentaron en la cuenca del Cacarica en un proceso de búsqueda de tierras luego de la abolición de la esclavitud a mediados del siglo XIX, momento a partir del cual se inició un proceso migratorio desde el sur del pacífico de Colombia hacia el sur del Chocó97, luego al medio y bajo Atrato98. Así, a mediados del siglo XX se consolidó el poblamiento del departamento por las poblaciones afrodescendientes99.

  2. El Consejo Comunitario de las Comunidades de la cuenca del río Cacarica está compuesto por las siguientes Comunidades: Balsagira, Balsita, Bocachica, Bogotá, Bocas del Limón, Peranchito, Quebrada Bonita, Quebrada del Medio, La Honda, Las Mercedes Barranquilla, La Virginia Perancho, Las Pajas, Montañita Cirilo, Puente América, Puerto Berlín, Puerto Nuevo, San Higinio, San José de Balsa, Santa Lucía, Teguerré Medio, Varsovia, Vijao Cacarica y Villa Hermosa la Raya, todas ubicadas en la jurisdicción del Municipio de Riosucio, departamento del Chocó, entre las márgenes izquierda del río Atrato y derecha del río Cacarica100.

  3. La economía de la región es básicamente de autosubsistencia, depende de los cultivos de “pancoger”, de la pesca artesanal, de la caza y de la explotación maderera101. En cuanto a las condiciones de vida de la población de la zona — predominantemente afrodescendiente102 —, la misma padece de necesidades básicas insatisfechas103. Al respecto, el Tribunal toma nota que la Corte Constitucional de Colombia104 y la Defensoría del Pueblo105, junto con otras entidades públicas106, instituciones intergubernamentales vinculadas a la protección internacional de los derechos humanos107, y organizaciones no gubernamentales108 se han referido al contexto de marginalidad, vulnerabilidad y segregación que siguen padeciendo estas comunidades, a pesar de las medidas de asistencia social implementandas por el Estado. Lo anterior fue reconocido por la propia perito del Estado María Paulina Leguizamón Zarate, quién se refirió al “Informe Operación Génesis” donde se establece que la región del Urabá Chocoano y Antioqueño se caracteriza por “un abandono constante del Estado en términos de asistencia social, no solo en expresiones de educación, donde la cobertura es de las más bajas del país, sino también en salud y, sobre todo, en desarrollo sostenible”109. El mismo informe subraya que el departamento del Chocó “se ha caracterizado por tener una administración pública corrupta, no sólo por el desvío de fondos públicos, sino también por la adjudicación de licencias, o la corrupción de funcionarios públicos por empresas madereras, la ampliación ilícita del cultivo de palma y en general de todo tipo de explotación minera”110.

A.3. Situación de orden público y actos de violencia contra las comunidades del Cacarica


  1. La región del Urabá es de gran importancia geoestratégica en el conflicto armado, en particular para los grupos armados al margen de la ley, dada su ubicación geográfica y su riqueza biológica (supra párrs. 83 y 84). Esa ubicación geográfica favorece el tráfico de armas, insumos químicos y drogas ilícitas a nivel internacional, y es un territorio estratégico a nivel militar porque sirve de zona de refugio y de corredor al Suroeste y bajo Cauca antioqueño, el Valle del Sinú y el Nudo de Paramillo y corredor con el Occidente antioqueño. Es por esos motivos que “desde hace más de tres décadas el Urabá ha sido uno de los epicentros de la confrontación armada, la cual se ha extendido a las regiones cercanas, especialmente al Chocó”111.

  2. En relación con la situación de violencia en la región del Urabá, es un hecho no controvertido que los grupos armados ilegales han buscado esta región como corredor de movilidad, que las riberas de sus ríos son utilizadas por las organizaciones armadas ilegales para delinquir, y que el Darién chocoano es usado por estos grupos para tráfico de armas y drogas ilícitas112. Además, el Estado señaló sin que fuera controvertido por las partes que en el suroeste del municipio de Riosucio, los grupos armados ilegales, presionan la tala de especies nativas, procediendo a la siembra de coca, palma aceitera y banano.

  3. Con respecto a los grupos armados ilegales que actuaban en la región, la prueba presentada por la Fiscalía General de la Nación indica que la guerilla hizo su aparición durante la década de los 60’ con la entrada de las FARC, del Ejército Popular de Liberación (en adelante también “EPL”113) y del Ejército de Liberación Nacional (en adelante también “ELN”). Por su parte, los grupos paramilitares hicieron su entrada en la zona a partir de 1988 mientras que su presencia se “consolidó” a partir de 1994 con las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (en adelante también “ACCU”)114. La evidencia indica que las Autodefensas presentes en la región estaban también compuestas por antiguos integrantes del EPL115. Esos grupos “han luchado por mantener su presencia, expandiéndose o contrayéndose, de acuerdo al ritmo y las circunstancias de la confrontación armada, así como a las alianzas y rivalidades que se tejen en torno al manejo de lo ilícito y las conveniencias estratégicas”116.

  4. Para los años 1996 y 1997, los grupos armados ilegales que delinquían en el Urabá eran grupos de autodefensa (o paramilitares), a saber “bloques” o “grupos”117 de las ACCU118 y guerrilleros, especialmente del Frente 57 de las FARC119. Es también a partir de esa fecha que se habría “extendido” y agudizado el conflicto armado en la región del Urabá120. Según se desprende de la prueba que obra en el expediente, esa agudización del conflicto en la región está relacionada, entre otros motivos, “con operativos militares de grandes proporciones que incluyeron bombardeos y que estuvieron orientados contra los frentes 57 y 34, sobre todo en el norte del departamento en los municipios de Riosucio, Ungula y Acandí”121 y con “la fuerte y cruenta incursión armada” y posterior consolidación de los grupos paramilitares122.

  5. La presencia histórica de la guerrilla en la región123 fue contrarrestada y disputada por los grupos paramilitares, provenientes en su gran mayoría del Urabá antioqueño. Particularmente desde mediados de la década de los años 90, época en la cual se comienzan a dar sus primeras acciones, llevando a cabo un proceso de “pacificación”, “que aun es recordado por su ola de terror y destrucción del tejido social y la organización comunitaria”124. A partir de 1996 las unidades paramilitares de las AUC, comenzaron una ofensiva con el propósito de apoderarse del control sobre el Atrato, empezaron a avanzar río arriba, realizando amenazas, intimidaciones, persecusiones, bloqueos económicos, asesinatos, que afectaron a varias comunidades del municipio de Riosucio, el río Cacarica y Curvaradó125. Poco a poco, las acciones de los grupos armados irregulares se fueron ampliando, “provocando desplazamientos masivos, que configuraron un caos a nivel social en esta región”126. Además, las “lealtades” emergieron como la condición necesaria para la permanencia de los habitantes en la zona, sin espacio para la neutralidad127.

  6. Con respecto a lo anterior, la Defensoría del Pueblo indicó que “las comunidades del bajo Atrato, desde 1996, han sido objeto de la continua presión de las FARC y de las AUC [Autodefensas Unidas de Colombia]. Para estos actores armados, al parecer, los procesos organizativos de las comunidades, antes y después del desplazamiento forzado, afectan su capacidad de dominio sobre la población”. La misma Defensoría del Pueblo agregó que la “pretensión de autonomía frente a los actores armados que declaran estas comunidades limitan las posibilidades de instrumentalización de las mismas por parte de la guerrilla y las autodefensas”128 y que, de igual manera, “ven en ella una amenaza para su proyecto de control territorial y para el establecimiento de modelos de explotación del territorio, congruentes con sus necesidades de financiamiento”129. Ante esta situación, la presencia de los actores armados ilegales, sumados “a la ausencia histórica del Estado en ciertas partes de la región”, permitió que el grupo armado dominante pretendiera imponer a su antojo líneas de conducta en la población130.

  7. Conforme a lo expuesto, la población afrocolombiana de la región tuvo que soportar en su territorio la presencia de diversos grupos armados al margen de la ley, acompañada de amenazas, asesinatos y desapariciones, que originaron su desplazamiento131. Asimismo, según surge del acervo probatorio, durante la segunda mitad de los años 1990, la región fue el escenario de desplazamientos forzados a gran escala. De acuerdo con lo informado por la Defensoría del Pueblo, en 1997, más de quince mil personas fueron desplazadas de la región del bajo Atrato chocoano132. Para el año 2002, el desplazamiento masivo se intensificó, y en el bajo Atrato, se generó una crisis humanitaria sostenida, sin precedentes en el país133. Además, las continuas violaciones de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario por parte de los grupos armados han impedido la consolidación de los procesos de retorno de las comunidades desplazadas del bajo Atrato134.



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