Corte interamericana de derechos humanos



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Cfr. Declaración mediante fedatario público (affidavit) de Juan Pablo Franco, perito propuesto por el Estado, de 31 de enero de 2013 (expediente de prueba, folio 15367).

713 La Comisión se refirió a: a) el derecho a la libre circulación y residencia; b) la participación en igualdad de condiciones en los asuntos públicos; c) la igualdad real en acceso a los servicios públicos, y d) el regreso libre y voluntario de los desplazados no retornados a su lugar de origen en condiciones de seguridad.

714 El PEI solicitado por los presentantes debe ser concertado y acordado con el Comité de educación y cultura de cada Zona Humanitaria, que promueva un plan de capacitación y organización social con programas con características etnoculturales, cursos ecológicos, agrícolas, técnicos y de nueva tecnología.

715 Los representantes consideraron que en estos establecimientos se debe “facilitar el acceso a los planes de ampliación de servicio de banda ancha de internet por parte del gobierno” y los maestros deberán prestar sus servicios de manera permanente en los niveles de primaria y secundaria.

716 Los representantes pidieron un centro de capacitación técnica y tecnológica en cada Zona Humanitaria con su respectiva dotacióN° Y además, “una sede universitaria de la Universidad de Antioquia o de la Universidad Nacional de Colombia, del Pacífico u otra, o acceso con becas y apoyo de manutención de los bachilleres en los centros de educación superior.”

717 También pidieron los representantes que todos los maestros hagan parte de la nómina municipal de Riosucio.

718 Adicionalmente, los representantes solicitaron que para las víctimas desplazadas en Turbo y para los hijos de Marino López el Estado debe garantizar becas de estudio elemental, secundario y universitario en los colegios y las universidades de su escogencia.

719 Se destaca la especial importancia que resaltaron los presentantes respecto de los productos cosechados y manufacturados por casas de mujeres o en los proyectos productivos de Turbo, que son consideradas en el escrito de solicitudes, como medidas diferenciadas por género.

720 Los representantes consideraron que para esto el Estado debe brindar auxilios económicos y de infraestructura.

721 Para los presentantes este plan debe realizarse con la participación de los Ministerios de Agricultura, de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y los miembros de nuestros comités de proyectos Eco-productivos, Comités de Matriarcas y Patriarcas, Comités de Mujeres, Comités de Jóvenes y Comités de Familiares de Víctimas. Y adicionalmente debe incluir la instalación de baños y de amenidades que las haga más habitables.

722 Conforme a las medidas denominadas “diferenciadas por género” el escrito de solicitudes señala que las casas de mujeres en las Zonas Humanitarias deben ser dotadas con implementos de trabajo, espacios para capacitación y una huerta para el trabajo con plantas.

723 Los ríos que los representantes consideraron deben ser drenados son: Limón, Bijao, Perancho, Las Pajas, Mancilla, Cirilo.

724 Los representantes consideraron que la movilidad entre comunidades lleva al desarrollo comunitario.

725 Los representantes consideran que la cobertura de celular debe incluir las zonas humanitarias y los lugares de trabajo y labriego de las víctimas.

726 Los representantes consideraron que los servicios enunciados deben prestarse a través de sistemas sustentables y por ende el Estado debe proveer los elementos técnicos y la formación a los miembros de las dos Zonas Humanitarias al respecto.

727 Solicitaron la creación de siete parques de recreación infantil y una escuela de fútbol en las Zonas Humanitarias.

728 La ayuda humanitaria en materia de educación incluyó, entre otras, la “capacitación a jóvenes voluntarios de la comunidad en el campamento de Pavarandó con el fin de brindar a los maestros, adultos y jóvenes herramientas conceptuales y metodológicas para desarrollar procesos educativos alternativos a los modelos establecidos”, y la destinación de “recursos del Fondo Educativo de Compensación por valor de $200.000.000 para el departamento del Chocó, mediante los convenios 091 y 153, con el objeto de atender las necesidades educativas de las comunidades desplazadas por la violencia”.

729 En materia de Educación el Plan Más Familias en Acción pretende: a) la asistencia y permanencia escolar en los niveles de educación, b) la articulación con las instancias gubernamentales correspondientes para garantizar la oferta asociada a las diferentes condicionalidades de los programas del Ministerio de EducacióN° Lo anterior se promueve a través de la entrega de un incentivo de educación que se paga por menor en hogares con hijos entre 5 a 18 años que cursen entre transición y grado 11, se paga durante los 10 meses del año escolar, el monto es diferencial por zonas e incremental por nivel educativo.

730 Mediante el Contrato No. 3776 de 2005 el Estado pretendió realizar los trabajos de acuerdo a las necesidades requeridas, y acordadas con la comunidad.

731 Cfr. Defensoría del Pueblo, Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos de Violaciones de Derechos Humanos y DIH, Sistema de Alertas Tempranas – SAT, nota de seguimiento N°018-12 de 30 de noviembre de 2012, segunda nota al informe de riesgo N°031-09 A.I. emitido el 31 de diciembre de 2011 (expediente de prueba electrónica, folio 51361).

732 Cfr. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. párr. 275, Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 404, y Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. Fondo, y Reparaciones, párr. 313.

733 El Plan Nacional de Asistencia y Reparación Integral de Víctimas del conflicto armado colombiano Prosperidad para Todos” (en adelante “PNARIV”) “contempla como uno de sus pilares fundamentales la Construcción de la Paz, la cual conforme a los objetivos del Plan de Desarrollo, se alcanza inter alia mediante la implementación de mecanismos para la reparación integral de las víctimas del conflicto armado en sus diferentes categorías: a) restitución; b) compensación; c) rehabilitación; d) satisfacción, y e) garantías de no repeticióN° El marco legal del PNARIV está compuesto por: a) Las leyes de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011); b) Dos documentos CONPES: No. 3712 de 2011 y No. 3726 de 2012; c) Decretos Nos 4800/11, 4801/11, 4802/11, 4829/11, 4633/11, 4634/11, 4635/11 y 0599/12; d) Programa para la Atención Psicosocial y Salud Integral a las Víctimas en el Marco de la Ley 1448/11 del Ministerio de Salud y Protección social en noviembre de 2012, y e) la resolución No. 459/12 (Protocolo y Modelo de atención integral para víctimas de crímenes sexuales).

734 La Comisión recomendó, en materia de indemnizaciones, para los familiares de Marino López la reparación por el daño material e inmaterial sufrido en virtud de las violaciones a la Convención Americana; reparar integralmente tanto en el ámbito individual como comunitario mediante mecanismos específicos a las víctimas de las comunidades afrodescendientes del Cacarica asociadas en CAVIDA y de las mujeres cabeza de familia que habitan en Turbo con base en el principio de no discriminación, a la participación de las víctimas en el diseño e implementación de las medidas reparatorias y a criterios reparatorios diferenciados para los desplazados afrodescendientes los cuales deben incluir sus necesidades especiales, el reconocimiento y respeto de su identidad, cultura, territorios y la participación de sus autoridades en las decisiones que los afectaN° Establecer una medida de reparación comunitaria que reconozca el impacto que tuvo la “Operación Génesis”, las incursiones paramilitares y el desplazamiento sufrido por las comunidades afrodescendientes del Cacarica, con la participación de las comunidades en su diseño e implementacióN° Reparar adecuadamente a las mujeres desplazadas de las comunidades afrodescendientes del Cacarica asociadas en CAVIDA y las mujeres cabezas de familia que habitan en Turbo con base en el criterios de género que incluyan sus necesidades especiales y específicas de las madres cabeza de familia. Reparar a los niños y las niñas de las comunidades afrodescendientes del Cacarica asociadas en CAVIDA e hijos de las mujeres cabeza de familia que habitan en Turbo a través de medidas en las que prevalezca el interés superior del niño, el respeto de su dignidad, el principio de no discriminación, el derecho de participación de los niños y niñas así como el respeto de sus opiniones en el proceso de diseño e implementación de las medidas de reparacióN° Las medidas reparatorias deberán orientarse a asegurar las condiciones necesarias para que estos niños y niñas puedan gozar de educación y un estándar de vida adecuado que les permita alcanzar su desarrollo pleno como seres humanos.

735 La Comisión mencionó que la efectividad y eficacia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras no están probadas y que a la fecha no se ha hecho un análisis que permita determinar su conformidad respecto a estándares internacionales.

736 La Comisión sostuvo que la obligación de reparar es consecuencia de la determinación de la responsabilidad internacional del Estado por la violación a los derechos consagrados en la Convención y que conlleva a un correlativo derecho a recibir esa reparación por parte de las víctimas, por lo que no es admisible que para ejercer ese derecho se les exijan cargas adicionales en el ámbito interno, por más sumarias éstas seaN°

737 La Comisión señaló que condicionar la reparación internacional a una ley interna constituye en sí mismo un límite a la especificidad y alcance de las reparaciones que podría ordenar la Corte, las cuales son propias del Sistema y pueden incluir actuaciones por parte de diversas autoridades así como medidas que exceden lo pecuniario y que en algunos casos van más allá de las autorizadas en sede nacional por los marcos legales.

738 Los representantes indicaron que la Ley 1448 de 2011, no cubre a las víctimas específicas del caso pues cubre a todas las víctimas del conflicto armado colombiano a partir del año 1985.

739 Los representantes consideron que en el presente caso no cabría la reparación a través de la adjudicación, la permuta o la titulación de tierras, toda vez que ya les fue titulado su territorio ancestral en el año 2000. Agregaron que deberían adoptarse otras medidas como garantizar la salida de las empresas del territorio y la desmovilización definitiva del paramilitarismo (medidas no contenidas en la Ley).

740 Conforme al Artículo 60 de La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras la oferta a la población desplazada está vigente siempre que sea prioritaria, prevalente y que atienda sus vulnerabilidades específicas, tiene efecto reparador

741 Los representantes señalaron que el daño emergente total por familia es de US$ 372.854 (trescientos setenta y dos mil ochocientos cincuenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de América) y se compone por dos rubros: a) bienes inmuebles por valor total de $12.348.000 (doce millones trescientos cuarenta y ocho mil pesos colombianos, no indicaron el valor en dólares americanos) los cuales incluyen vivienda de habitación, vivienda para guardar herramientas, productos y embarcaciones; b) bienes muebles por total de $480.972.101 (cuatrocientos ochenta millones novecientos setenta y dos mil ciento un pesos colombianos, no indicaron el valor en dólares americanos. Estos se obtuvieron así: $1.416.293 (un millón cuatrocientos diez y seis mil doscientos noventa y tres pesos colombianos) por concepto de herramientas, $36.153.700 (treinta y seis millones ciento cincuenta y tres mil setecientos pesos colombianos) por concepto de animales, $404.529.123 (cuatrocientos cuatro millones quinientos veintinueve mil ciento veintitrés pesos colombianos) por concepto de productos agrícolas, y $38.872.985 (treinta y ocho millones ochocientos setenta y dos mil novecientos ochenta y cinco) pesos colombianos por concepto de enceres abandonados por el desplazamiento. Adicionalmente se hizo referencia a bienes comunitarios por valor total de US$ 33.009 (treinta y tres mil nueve dólares de los Estados Unidos de América).

742 Los representantes indicaron que el lucro cesante se calculó por familia durante los años que estuvieron desplazados (1998- 2000) para ello se sumó el valor de animales y productos; y se restó un 30% por concepto de consumo familiar, obteniéndose un total de US$ 871.779 (ochocientos setenta y un mil setecientos setenta y nueve dólares de los Estados Unidos de América) producto de los siguientes valores: a) Año 1998: $494.909.448 (cuatrocientos noventa y cuatro millones novecientos nueve mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos colombianos), b) Año 1999: $539’125.820 (quinientos treinta y nueve millones ciento veinticinco mil ochocientos veinte pesos colombianos), y c) Año 2000: $502.067.080 (quinientos dos millones sesenta y siete mil ochenta pesos colombianos).

743 Para la familia de Marino López, los representantes incluyeron los valores de daños materiales anteriores incrementados por el lucro cesante (de la misma manera como se hizo en el rubro anterior) de los años 2001 a 2011 (con el respectivo incrementos del IPC), teniendo en cuenta que se quedaron en Turbo y nunca regresaroN° Los valores de esos años se detallaron así: Año 2001: $548.678.121 (quinientos cuarenta y ocho millones seiscientos setenta y ocho mil ciento veintiún pesos colombianos), Año 2002: $552.599.373 (quinientos cincuenta y dos millones quinientos noventa y nueve mil trescientos setenta y tres pesos colombianos), Año 2003 $555.570.018 (quinientos cincuenta y cinco millones quinientos setenta mil dieciocho pesos colombianos), Año 2004: $ 561.451.895 (quinientos sesenta y un millones cuatrocientos cincuenta y un mil ochocientos noventa y cinco pesos colombianos), Año 2005 $565.313.886 (quinientos sesenta y cinco millones trescientos trece mil ochocientos ochenta y seis pesos colombianos), Año 2006 $567.512.010 (quinientos sesenta y siete millones quinientos doce mil diez pesos colombianos), Año 2007: $560.323.049 (quinientos sesenta millones trescientos veinte y tres mil cuarenta y nueve pesos colombianos), Año 2008: $548.559.295 (quinientos cuarenta y ocho millones quinientos cincuenta y nueve mil doscientos noventa y cinco pesos colombianos), Año 2009: $582.246.410 (quinientos ochenta y dos millones doscientos cuarenta y seis mil cuatrocientos diez pesos colombianos), Año 2010: $575.295.100 (quinientos setenta y cinco millones doscientos noventa y cinco mil cien pesos colombianos), Año 2011: $594.128.990 (quinientos noventa y cuatro millones ciento veintiocho mil novecientos noventa pesos colombianos).

744 Los representantes solicitaron que se tenga en cuenta: a) las torturas inferidas a Marino López, en presencia de varios miembros de la comunidad, la sevicia con que fue asesinado, y desmembrado; b) los efectos devastadores de la operación “Génesis” para las comunidades, tanto físicos como psicológicos; c) la participación conjunta de militares y paramilitares en la operación “Génesis”; d) la forma en que las personas debieron salir del territorio, bajo presiones, aterrorizadas, con miedo a perder su vida y la de sus seres queridos; e) las condiciones en las que las personas tuvieron que sobrevivir en Turbo, en Bocas del Atrato y en Bahía Cupica; f) la ruptura del tejido social y étnico, de las tradiciones y costumbres; g) el daño inferido al territorio en ausencia de las comunidades; h) las persecuciones y amenazas que debieron enfrentar las víctimas mientras se encontraban en situación de desplazamiento; i) la negación del Estado de los hechos y la ausencia de políticas eficaces para atender la situación; j) la continuidad de los hechos de violencia y amenaza en contra de las víctimas, y k) la denegación de justicia durante quince años, desde la fecha de los hechos.

745 Señalaron los representantes que debe tenerse en cuenta que para las mujeres cabeza de familia en la actualidad, de conformidad con la ley 1232 de 2008 hay algunas ayudas en materia de educación y empresa, pero no subsidios económicos especiales para ellas.

746 Cfr. Ley de Víctimas y Restitución de Tierras colombiana, artículo 3º referido en “El Arreglo de Justicia Transicional Vigente en Colombia” entregado por el Viceministro de Justicia, declarante informativo del Estado Miguel Samper Strouss durante la audiencia llevada a cabo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 11 de febrero de 2013.

747 Cfr. Decreto 4800 de 2012, referido en El Arreglo de Justicia Transicional Vigente en Colombia entregado por el Viceministro de Justicia declarante informativo del Estado Miguel Samper Strouss durante la audiencia llevada a cabo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 11 de febrero de 2013 .

748 En términos similares, véase Naciones Unidas, Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Instrumentos Del Estado De Derecho Para Sociedades Que Han Salido De Un Conflicto. Programas de Reparaciones, 2008.

749 Cfr. El Arreglo de Justicia Transicional Vigente en Colombia entregado por el Viceministro de Justicia declarante informativo del Estado Miguel Samper Strouss durante la audiencia llevada a cabo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 11 de febrero de 2013.

750 Cfr. Declaración del perito Juan Pablo Franco rendida el 31 de Enero de 2013 ante federatario público (affidavit). El perito no refirió a decisiones concretas de la Corte Constitucional, expresó “[l]a Corte Constitucional reconoció avances en la reformulación de las políticas de tierras, verdad justicia y reparación a partir de 2010 (…). Sobre la política de verdad justicia, reparación y garantías de no repetición destacó los avances en la formulación de los lineamientos apartir de la expedicion de la Ley 1448 de 2001”. Además, las indemnizaciones administrativas a las que esta Corte hace referencia incluyeron la última interpretación dada por la Corte Constitucional colombiana, en su sentencia C-426 de 2013, respecto del artículo 132 de la Ley de Víctimas, en la cual determina que, para víctimas de desplazamiento forzado, la indemnización es adicional a los mecanismos señalados por el parágrafo 3º del mismo artículo (expediente de prueba, folio 15310).

751 Cfr. Referencia a Política de Atención a las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenquras..

752 Cfr. Preámbulo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969: “Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos”.

753 Cfr. Caso Masacre Santo Domingo Vs. Colombia, párrafo 336, y Caso Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia, párrafo 246.

754 El valor total del acompañamiento de 2002 a 2011 fue discriminado por los representantes así: a) 49, 5% de gastos de personal ; b) 23, 9% correspondiente a gastos de viajes y transportes ; c) 3,7% de trámites jurídicos; y d) 22,9% correspondiente a gastos administrativos..

755 Cfr. Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 1998. Serie C No 39, párr. 79, y Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador, párr. 316.

756 Cfr. Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina. Reparaciones y Costas, párr. 82, y Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador, párr. 316.

757 Cfr. Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala, párr. 287, y Caso Suárez Peralta Vs. Ecuador, párr. 219.

*** Los nombres para los cuales no hay datos fueron identificados como personas menores de edad al momento del desplazamiento por los representantes y no controvertidos por el Estado.



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