Corte interamericana de derechos humanos



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Cfr. Fiscalía 48 Delegada Ante El Tribunal de Justicia y Paz, Dossier del Bloque Elmer Cárdenas. Génesis. Antecedentes inmediatos de su nacimiento (expediente de prueba, folios 44465 a 44536), Estructuras entregadas por Fredy Rendón, en versión libre rendida en fecha 26 de noviembre de 2009 (expediente de prueba, folios 45250 a 45443), Ideología de la organización (expediente de prueba, folios 45238 a 45248, y 45459 a 45489), Cadena de mando (expediente de prueba, folios 45490 a 45512), y Proceso de desmovilización (expediente de prueba, folios 45513 a 45526).

640 Cfr. Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia, párr. 166.

641 Cfr. Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 08 de julio de 2009, considerando 40.

642 En el proceso 30451, la Sala de Casación Penal emitió concepto negativo respecto de la solicitud de extradición de una persona postulada a los beneficios previstos en la Ley de Justicia y Paz en base a los siguientes argumentos: (i) se vulnera el espíritu de la Ley 975 de 2005; (ii) se desconocen los derechos de las víctimas; (iii) se traumatiza el funcionamiento de la administración de justicia colombiana, y (iv) la gravedad de los delitos cometidos por el ciudadano pedido en extradición es menor respecto de los delitos que se le imputan en Colombia. Citado en Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia, párr 166.

643 Cfr. El derecho a no ser discriminado. Primer informe sobre discriminación racial y derechos de la población adfrocolombiana (versión resumida), Año 2008, Bogotá: Universidad de los Andes. Observatorio de Discriminación Racial. Programa de Justicia Global y Derechos Humanos y CIJUS: Proceso de Comunidades Negras (PCN): Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) (expediente de prueba, folios 8242 a 8311); Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. El proyecto paramilitar en Colombia (expediente de prueba, folios 8587 a 8602); Secretariado Nacional de Pastoral Social Bogotá, “Situación de guerra y de violencia en el Departamento del Chocó 1996-2002”, Noviembre de 2002, pp. 56 y ss. (expediente de prueba, folios 8756 a 8817); Pasión y muerte de un denunciante en Colombia, (expediente de prueba, folios 9764 a 9800), e Informe “Un Giro Erróneo”, emitido por Human Rights Watch en noviembre de 2002 (expediente de prueba, folio 9806).

644 Cfr. Caso de la “Masacre de Mapiripán” Vs. Colombia, párr. 215, y Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones, párr. 167.

645 Cfr. Caso Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Fondo, párr. 203, y Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones, párr. 167.

646 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, Fondo, párr. 177, y Caso Mendoza y otros Vs. Argentina, párr. 218.

647 Cfr., inter alia, Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia, párr. 184, Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 293, Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia, párr. 156, y Caso Furlan y Familiares Vs. Argentina, párr. 156.

648 Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 177. Véase asimismo Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9, párr. 24.

649 Cfr. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, párr 261, y Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987, párr. 24.

650 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, Fondo, párrs. 63, 68 y 81 y Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220, párr. 142. Asimismo, Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8) Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9, párr. 24.

651 Cfr. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Competencia. Sentencia de 28 de noviembre de 2003. Serie C No. 104, párr. 73, y Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2013. Serie C No. 268, párr. 228.

652 Cfr. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, párr. 263 y, mutatis mutandi, Caso Baena Ricardo y otros, Competencia Vs. Panamá, párr. 82 y Caso Mejía Idrovo Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2011. Serie C No. 228, párr. 104.

653 Cfr. Caso Furlan y Familiares Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 209 y Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá, Competencia, párr. 82.

654 Cfr. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Expediente A.T 00-1378 de 7 de septiembre de 2001 (expediente de prueba, folio 46913).

655 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-955 de 17 de octubre de 2003, págs. 92 a 95 (expediente de prueba, folios 23 a 226).

656 El artículo 63.1 de la Convención Americana establece: “Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”.

657 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas, párr. 25, y Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador, párr. 243.

658Caso Castillo Páez Vs. Perú. Reparaciones y Costas, párr. 50, y Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador, párr. 243.

659Cfr. Caso Ticona Estrada y otros Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 110, y Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador, párr. 245.

660 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas, párr. 26, y Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador, párr. 244.

661 Cfr. Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 294, y Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador, párr. 244.

662 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas, párrs. 25 a 27, y Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador, párr. 246.

663 El Estado alegó que para que la comunidad sea considerada víctima, es necesario que se prueben: sus características etnoculturales, su relación con la tierra y todas aquellas características socioculturales que permiten a una pluralidad de personas, tanto de manera objetiva como subjetiva, considerarse y ser parte de dicha comunidad.

664 El Estado señaló los siguientes vacíos: hay 55 personas que no aparecen identificadas, 60 presentan irregularidades en sus documentos de identificación, hay otras cuyos nombres están incompletos, otras no tienen acreditada su relación con los hechos o de parentesco y por último algunas no otorgaron poder a sus representantes. En el caso de la familia de Marino López de las 13 personas nombradas, únicamente respecto de dos se mencionó que se trataba de “hijos de crianza” sin aportar prueba alguna al respecto.

665 Cfr. Cruce del listado definitivo con el Sistema de Información de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación (expediente de prueba, folio 16941).

666 Cfr. Listado de las supuestas víctimas beneficiarias de las medidas cautelares (expediente de prueba, folios 16943 a 16957).

667 Cfr. Cruce de víctimas con la Registraduría Nacional del Estado Civil (expediente de prueba, folios 16922 a 16939).

668 El Estado informó que al cruzar los nombres de las víctimas comprendidas en el escrito de solicitudes, 52 no tenían número de identificación (quedando entonces 479) y 7 eran menores de edad (posteriormente se demostró que dos de estos ya eran mayores), arrojando un total de 472.

669 El Estado explicó que se entiende por “no existente” cuando al consultar Archivo Nacional de Identificación no aparece asignado el registro a persona alguna bien porque sea errado o falso. También indicó que en una posterior búsqueda de información de estos 78 nombres aparecieron varios homónimos

670 Cfr. Alegatos Finales Escritos del Estado Colombiano Anexo No. 7, caso No. 12.573 Marino Lopez y otros vs Colombia, 8 de abril de 2013 (expediente de fondo, folio 16894)

671 El Estado indicó que las 15 víctimas restantes de las 158 que aparecen en el escrito de los representantes y en el RUPD dicen haberse desplazado entre el 1999 y el 2011.

672 Informó el Estado que en el RUPD aparece que las restantes 129 personas que no indicaron como lugar de expulsión el Chocó, manifestaron haberse desplazado desde San Juan de Urabá. Adicionalmente, entre estos 129 están los dos testigos que declararon en la audiencia pública ante la Corte: Bernardo Vivas Mosquera y Ana Sofía Roa Ramirez.

673 El Estado señaló que las víctimas que se desplazaron colectivamente recibieron “pagos del banco por un total de” US$ 767 “y pagos de vivienda por un total de” US$ 117.000.

674 El Estado señaló que las víctimas que se desplazaron individualmente recibieron “pagos de banco entre” US$ 734 y US$ 294.

675 Los aspectos de complejidad del caso para lo Comisión son: a) la situación enmarcada dentro de la violencia generalizada derivada del conflicto armado colombiano; b) el desplazamiento ocasionado por la Operación Génesis con dimensiones masivas, c) la vulnerabilidad acentuada en que se encuentran las víctimas del caso, y d) el transcurso del paso del tiempo que ha ocasionado variaciones en la situación de las víctimas.

676 Los representantes sostuvieron durante la audiencia pública que existen fundamentos fácticos que demuestran la calidad de víctimas de los hechos del caso, pues mantenían un contacto directo con el Estado y hacían parte de una asociación con la cual Presidentes anteriores (Ernesto Samper Pizano y Andrés Pastrana Arango) firmaron acuerdos, situación que fue verificada por la propia Procuraduría.

677 Los representantes informaron que al cruzar este censo conocido como "Presidencia de la República Red de Solidaridad Social b, d, e y f. Familias retornadas a Cacarica, incluyendo los asentamientos Esperanza en Dios y Nueva Vida, tomado del censo remitido por la unidad Territorial de Urabá" con la lista del escrito de solicitudes se obtuvo que 425 personas aparecen en el censo, por ende existe una diferencia de 106 personas de las 531.

678 Los representantes informaron que al cruzar las 531 víctimas del escrito de solicitudes con el censo realizado por la RSS y la Caja Agraria se obtuvo que 47 de las víctimas aparecen en el censo. Respecto a las personas restantes, 3 de ellas se reubicaron temporalmente en Bogotá hasta hace muy poco, y 24 se encontraban desplazadas en otros lugares de la geografía nacional.

679 Escrito de solicitudes y argumentos (expediente de fondo, folio 356). Asimismo, Listado de víctimas (expediente de prueba, folio 8215).

680 Cfr. Corte Constitucional Colombiana, Sentencia T-327 de 2001. Véanse también: Corte Constitucional Colombiana, Sentencia T-468-06; Corte Constitucional Colombiana, Sentencia T-211/10; Corte Constitucional Colombiana, Sentencia T-367/10 (mencionada en el Caso de las Masacres Ituango vs. Colombia, Resolución Supervisión de Cumplimiento de Sentencia, del 21 de mayo de 2013), y Corte Constitucional Colombiana, Sentencia T-582/11 y T-1000/12.

681 Cfr. Caso Masacres de Ituango Vs. Colombia. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de 21 de mayo de 2013, Considerandos 28 a 31.

682 Cfr. Dictámen pericial rendido por Juan Pablo Franco por afidávit el 31 de enero de 2013 (expediente de prueba, folio 15350).

683 Para llegar a la lista final de 372 personas: a) la Corte tomó las 158 que aparecían en el RUPD y restó las 129 que tenían como lugar de expulsión el departamento de Antioquia, de lo que se obtuvo un total de 29 víctimas: 28 que fueron expulsadas del departamento del Chocó y una que tiene como departamento y municipio de expulsión “país” quien por favorabilidad fue incluida. De las 29 víctimas, se excluyeron 6 que tenían como municipio de expulsión Cármen del Daríen, Nuuquí, Quibdo, Alto Baudó y Belén Bajirá , quedando entonces sólo 23 víctimas: 22 provenientes de Riosucio y la de “país”. Finalmente, a las 23 que quedaban se restaron 11 que se desplazaron en una fecha diferente a 1997 y así se obtuvo la lista final de 12 personas. b) Además, se sumaron esas 12 persons a las 360 personas que no figuran en ningún registro de RUPD y del RUV.

684 Los cinco familiares de Marino Lopez incluidos en el listado fueron: 1) Emedelia Palacios Palacios, 2) Erlenson Palacio Palacio, 3) Libia Luz Palacio Palacio, 4) Yenesid Gamboa Palacio y 5) Jhon Freddy Palacio Palacio

685 Cfr. Listado de Víctimas. Caso Marino López y otros (Operación Génesis), remitido por la Comisión a la Corte y recibido por ésta en 10 de febrero de 2012 (expediente de fondo, folio 179; expediente de prueba, folio 51408 y ss.).

686 Emedelia Palacios Palacios, Erlenson Palacio Palacio, Libia Luz Palacio Palacio, Yenesid Gamboa Palacio, Jhon Freddy Palacio Palacio, Maria Bonifacia Mosquera Peñaloza, Luis Aristarco Hinestroza, Yulis Maria Hinestroza Mosquera, Alberto Hinestroza Mosquera, Arinson Hinestroza Mosquera, Aristarco Hinestroza Mosquera, Aurelina Hinestroza Mosquera, Alirson Hinestroza Mosquera y Leonardo Lopez Garcia.

687 Cfr. Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, radicación 2009-063, Procesado Rito Alejo del Río, sentencia de 23 de agosto de 2012 (expediente de prueba, folios 14791 a 14823).

688 Cfr. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia, párr. 237; Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Surinam, párr. 178; Caso Masacre de Plan de Sánchez Vs. Guatemala. Reparaciones. Sentencia de 19 de noviembre 2004. Serie C No. 116, párr. 67, y Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia, párrs. 358 y 359.

689 La Comisión pidió de manera expresa que dichas investigaciones se lleven a cabo desde la perspectiva del grupo afectado y tomando en consideración la forma de discriminación que sufre. Adicionalmente, solicitó que las personas halladas responsables materiales e intelectuales en estas investigaciones sean sancionadas.

690 Los representantes reiteran la importancia de investigar no sólo a los funcionarios estatales que participaron directamente en las hostilidades, sino también aquellos que han permitido la explotación económica del territorio de la cuenca del Cacarica por parte de grupos empresariales.

691 Los representantes indicaron que lo anterior debe llevarse adelante teniendo en cuenta el contexto y los patrones de conducta, pues los crímenes fueron cometidos en el marco de un ataque sistemático y generalizado.

692 Cfr. Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia, párr 216, y Caso Uzcátegui y otros Vs. Venezuela, párr 248.

693 Cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas, párr. 84, y Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 251.

694 Cfr. Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú. Reparaciones y Costas, párr. 56, y Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador, párr. 250.

695 En el sometimiento, la Comisión señaló que debe haber diferenciaciones respecto: a) a la comunidad: teniendo en cuenta sus necesidades especiales, el reconocimiento y respeto de su identidad, cultura, territorios y la participación de sus autoridades en las decisiones que los afectan; b) al género: con base en el principio de no discriminación y a criterios de género que incluyan sus necesidades especiales y las necesidades específicas de las madres cabeza de familia, y c) a los niños y las niñas: prevaleciendo su interés superior, el respeto de su dignidad, el principio de no discriminación, el derecho de participación, el respeto de sus opiniones en el proceso de diseño e implementación de las medidas de reparación, para asegurar que puedan gozar de educación y un estándar de vida adecuado que les permita alcanzar su desarrollo pleno como seres humanos.

696 Cfr. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Reparaciones y Costas, párr. 79, y Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador, párr. 254.

697 Cfr. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, párr. 305.

698 Los representantes agregaron que la Corte debe ordenar al Estado “[q]ue consigne la memoria de su desplazamiento, sus causas y la historia que los identifica como pueblo y comunidad”.

699 Los representantes solicitaron que en la película debe conservarse “[l]a memoria de lo qué es su cultura, de lo que son en la actualidad, de lo que fueron y de lo que quieren ser”.

700 Los representantes pidieron una serie radial “[d]e su memoria que se divulgará por medios nacionales, radios comunitarias”.

701 Los representantes consideraron que cada casa de la cultura debe tener: instrumentos musicales autóctonos, biblioteca con bibliografía especializada sobre el tema de la afrocolombianidad, teatro, equipos de audio y video, espacio para los niños y niñas dotado completamente con juguetes propios de la comunidad, camas, libros y computadores.

702 Los representantes solicitaron también la construcción una media torta en cada Zona Humanitaria, para promover las actividades artísticas, espacios de encuentro y reunión; implementación de televisión comunitaria o cine comunitario y la capacitación correspondiente a los miembros de las comunidades; y el otorgamiento de licencia de funcionamiento y dotación de una radio comunitaria en las frecuencias de AM y FM y procesos de formación a los jóvenes de la comunidad.

703 Los representantes pidieron que dicho museo tuviera: a) la historia de la población afrocolombiana; b) un espacio para la memoria; c) un homenaje a las víctimas afro, y d) una tienda en la que comercialice únicamente productos elaborados por las comunidades afro.

704 Con el término 5 puntos los representantes hacen referencia al pliego de exigencias de 5 puntos, a través del cual reclamaron al Gobierno su retorno en condiciones de dignidad, seguridad, justicia y reparación moral presentado el 20 de abril de 1998.

705 Los representantes solicitaron el “[r]econocimiento como Museo Nacional, Mantenimiento y conservación del monumento ubicado en Nueva Vida” y “Reconocimiento conservación y difusión del monumento ubicado en el Coliseo de Turbo y en Bahía Cupica.” Escrito de Solitudes, Argumentos y Pruebas, párrafo 928 (expediente de prueba, folio 205).

706 Los representantes consideraron que los centros de salud existentes debían mejorarse mediante la dotación de personal, equipos y medicinas que aseguren su prestación gratuitamente.

707 Para los representantes estos promotores de salud comunitaria debe ser incluidos en la nómina municipal de Riosucio y se les debe garantizar un pago oportuno.

708 Los representantes piden que se garantice que las Empresas de Salud atiendan a las víctimas de manera eficaz, teniendo especialmente en cuenta aquellas enfermedades que por su gravedad no puedan ser tratadas en los centros de salud primarios de cada zona humanitaria.

709 Los programas de atención psicosocial solicitados por los representantes deben tener “énfasis en manejo del miedo y elaboración del duelo” y estar dirigidos especialmente a desarrollar el potencial de las mujeres víctimas para lo cual se deben formar promotores de atención psicosocial de las mismas zonas humanitarias.

710Cfr. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Reparaciones y Costas, párr. 51, y Caso de las Masacres de El Mozote Vs. El Salvador, párr. 352.

711 Cfr. Declaración mediante fedatario público (affidavit) de Juan Pablo Franco, perito propuesto por el Estado, de 31 de enero de 2013 (expediente de prueba, folio 15338).

712 En el dictamen presentado por el perito del Estado Juan Pablo Franco Jiménez se informó que la Corte Constitucional colombiana, mediante Auto No. 219 de 2011, consideró que no era necesario hacer seguimiento al servicio de salud prestado por el gobierno a la población desplazada con excepción del acceso a la salud de las comunidades afrocolombianas: “sin embargo, la Corte Constitucional mantiene el seguimiento permanente para el caso del acceso efectivo a la salud de las comunidades indígenas y afrocolombianas. En su concepto, para estas comunidades el cumplimiento es “bajísimo” y solicitó nueva información que muestre las acciones para corregir estas falencias para la atención en salud oportuna adecuada de estas comunidades”.


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