Corte interamericana de derechos humanos



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; Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la NaturalizacióN° Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984. Serie A No. 4, párr 53 y Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010 Serie C No. 214, párr. 268.

584Cfr. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Vs. Paraguay, párr. 271, Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 80.

585 Cfr. Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la NaturalizacióN° Opinión Consultiva OC-4/84, párrs. 53 y 54, Caso Barbani Duarte y otros Vs. Uruguay. Fondo Reparaciones y costas, párr. 174, y Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 82.

586 Cfr. Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 82.

587 Dentro de éstos bienes señalaron “la escuela, el centro de salud, la tienda de mujeres, el Kiosko de reuniones, una canacha de fútbol, planta de luz, motor, bestias para el transporte de carga y motor colectivo […]”.

588 Señalaron los representantes que “no ha sido objetado por el Estado el hecho de que agentes económicos adelantaron acciones de explotación ilegal del territorio mientras las víctimas se encontraban en situación de desplazamiento forzado, y que a raíz de estas acciones ilegales la Corte constitucional profirió un fallo de tutela que ordenó la suspensión de la explotación madera y la Procuraduría inició procesos disciplinarios en contra de las autoridades ambientales locales, que avalaron la explotación ilegal del territorio”.

589 Cfr. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares. Sentencia de 1 de febrero de 2000. Serie C No. 66, párr. 148, y Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012. Serie C No. 245, párr. 145.

590 Cfr. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C No. párrs. 125, 124, 135 y 137, y Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, párr. 146.

591 Cfr. Ley 31 de 19 de julio de 1967, por la cual se aprueba el Convenio Internacional del Trabajo, relativo a la protección e integración de las poblaciones indígenas y tribuales en los países independientes, adoptado por la cuadragésima reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo.

592 Cfr. Ley 70 de 1993, Ley 99 de 1993, y artículo transitorio 55 de la Constitución Política de Colombia de 1991 (supra, párr. 131). El Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes 3169 de 23 de mayo de 2002 “Política para la población afrocolombiana”, indica en su Anexo 1 cuáles son los municipios que conforman la “Cuenta del Pacífico”, y en particular incluye el municipio de Riosucio dentro del cual se encuentra la cuenca del río Cacarica (expediente de prueba, folio 45944).

593 Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones, párr. 271. Además son normas de Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario relevantes en el presente caso: “Norma 8. Por lo que respecta a los bienes, los objetivos militares se limitan a aquellos bienes que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización contribuyan eficazmente a la acción militar y cuya destrucción total o parcial, captura o neutralización ofrezca, en las circunstancias del caso, una ventaja militar definida. Norma 9. Son bienes de carácter civil todos los bienes que no son objetivos militares. Norma 10. Los bienes de carácter civil gozan de protección contra los ataques, salvo si son objetivos militares y mientras lo sean”. Henkaerts, Jean – Marie, Doswald – Beck Louise, El derecho internacional humanitario consuetudinario, volumen I, normas, CICR, Buenos Aires, 2007, pp. 29 a 41.

594 Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones, párr. 272.

595 Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, Informe del Representante del Secretario General, Sr. Francis M. Deng, presentado con arreglo a la resolución 1997/39 de la Comisión de Derechos Humanos, E/CN°4/1998/53/Add.2, 11 de febrero de 1998. Anexo: Principios Rectores de los desplazamientos internos.

596 Cfr. Caso Uzcátegui y otros Vs. Venezuela. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 249, párr. 204, y Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones, párr. 273.

597 Los representantes indicaron que los y las afrocolombianas víctimas del presente caso eran propietarias de bienes materiales que se expresan en: a) “Viviendas, una de habitación familiar. Hechas por lo general en madera y techo de zinc y otra donde se guardaban los productos de la siembra, las herramientas de trabajo, entre otras”; b) “Las casas estaban dotadas con enseres como camas, colchones, radio, mesas y sillas, ropas, tendidos y toldillos para evitar los zancudos por la noche, utensilios de cocina, entre ollas, vajillas, pailas, vasos, cubiertos, molino, pilón, olla a presión”; c) “Bote tipo “casco” de madera artesanal realizado por personas de la comunidad en el que se movilizaban por el rio, trasportaban sus cosechas y hacían intercambio de productos con otras comunidades”; d) “Cosechas de arroz blanco, maíz, plátano, cacao, árboles frutales, tales como mango, coco, chontaduro, aguacate, limón, naranja, sapote, piña y mandarina (Esto lo tenía cada grupo familiar)”; e) “Herramientas de trabajo como, machetes, peinilla, pala, azadón, martillo, hacha, motosierra, serrucho, ente otros”, y f) “Animales domésticos que utilizaban para su trabajo diario y para su manutención, tales como gallinas, cerdos, perros, gatos, bestias, patos y pavos, caballos y otros”.

598 Dentro de estos bienes, los representantes indicaron que se destacaban: a) la escuela; b) el centro de salud; c) la tienda de mujeres; d) el kiosko de reuniones; e) una cancha de fútbol; f) planta de luz; g) bestias para el trasporte de carga, y h) un motor colectivo.

599 Según fuera observado en el capítulo de hechos, las unidades paramilitares procedieron a lanzar granadas a los techos de las casas. Cfr. Imputación Fiscal en la audiencia de imputación parcial de Diego Luis Hinestroza Moreno Tribunales de Justicia y Paz de Medellín, 30 de mayo de 2008 (minutos 23:43 a 24:15) (expediente de prueba, folio 1472). Véase también: Declaración de Luis Aristarco Hinestrosa (medio hermano de Marino Lopez) de 13 de abril de 2007 ante la Unidad Nacional de Derechos Humanos (expediente de prueba, folio 17338), y declaración de J.V.R. del 3 de marzo de 2007 antes la Unidad Nacional de Derechos Humanos en el cuadro del proceso radicado No. 2332 (expediente de prueba, folio 17333).

600 Según fuera observado en el capítulo de hechos, las unidades paramilitares procedieron a saquear los hogares de los pobladores del Cacarica. Cfr. Declaración juramentada con fines extraprocesales No. 8522 del 3 de abril de 2009 del testigo Bernardo Vivas Mosquera ante la Notaría 76 (expediente de prueba, folio 1541). Véase también: Alegatos precalificatorios presentados ante el Fiscal General de la Nación en el proceso 5767, por L.J.M., apoderado del Padre J.G., en el que solicita la resolución de acusación contra Rito Alejo del Rio Rojas por crímenes de lesa humanidad (expediente de prueba, folio 1286). William Manuel Soto Salcedo, Minuto a minuto de las versiones libres conjuntas de los postulados del Bloque Elmer Cárdenas sobre la Operación Génesis – Cacarica, Medellín, 29 de abril de 2010 (expediente de prueba, folio 19179).

601 Cfr. Corte Constitutional de Colombia. Sentencia No. T-506/92 de 21 de agosto de 1992, Sentencia citada en el caso Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Párr. 181.

602 En el capítulo X sobre reparaciones se hará la determinación de la parte lesionada.

603 Cfr. Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay, párrs. 124, 135 y 137, y Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, párr. 146.

604 Cfr. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay, párr. 164, y Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, párr. 147.

605 Cfr. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas, párrs. 73.61 a 73.74, y Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, párr. 147.

606 Cfr. Defensoría del Pueblo, Amicus Curie presentado ante la Corte Consititucional, “Aprovechamiento forestal y Derechos Humanos en la cuenca del río Cacarica en el departamento del Chocó” (expediente de prueba, folios 46539).

607 Asimismo, hubo acuerdos entre Madarién y Consejos Menores sin que exista concepto previo favorable de la Asamblea o de la Junta del Consejo Comunitario en relación con la firma de compromisos entre los Consejos Menores y las empresas madereras. Dichos acuerdos fueron aceptados por CODECHOCÓ. Cfr. Defensoría del Pueblo, Amicus Curie presentado ante la Corte Consititucional, “Aprovechamiento forestal y Derechos Humanos en la cuenca del río Cacarica en el departamento del Chocó” (expediente de prueba, folios 46563).

608 Cfr. Defensoría del Pueblo, Amicus Curie presentado ante la Corte Consititucional, “Aprovechamiento forestal y Derechos Humanos en la cuenca del río Cacarica en el departamento del Chocó” (expediente de prueba, folios 46522 y ss.).

609 Sobre el particular señaló que los procesos en la justicia penal ordinaria no han tenido avances significativos ya que, uno de ellos fue precluído por el Estado durante más de cuatro años y reabierto en 2009 sin resultados hasta la fecha (Radicado N° 5767 luego 426), y el segundo no dio algún avance hasta apenas el año pasado cuando se profirió una sentencia en primera instancia condenando a 26 años de prisión al Ex General Rito Alejo del Río (Radicado N° 2332). Indicó que esa condena se limita a la muerte de Marino López Mena y aún no se encuentra en firme. Asimismo, puso de manifiesto que sólo se inició una investigación penal ordinaria por la incursión paramilitar al caserío de Bijao, más no se habrían iniciado investigaciones en dicho fuero por las demás incursiones paramilitares y que son materia del presente caso. Lo relacionado con las incursiones restantes se estaría ventilando ante los procesos de la Ley de Justicia y Paz, sólo respecto de los hechos ventilados en las versiones libres recibidas.

610 Sobre ésta última jurisdicción, la Comisión advirtió que el Estado no ha proferido ninguna sentencia condenatoria. Sin embargo, se llevó a cabo la extradición de un líder paramilitar que ha rendido información importante para el esclarecimiento de los hechos y sanción a los responsables.

611 Sobre el particular indicó que a fin de proteger la integridad física de los funcionarios de la Unidad de Derechos Humanos y miembros del Cuerpo Técnico de Investigación que participaron en esta investigación y para que se eviten actos de represalias contra ellos por las acciones emprendidas en ejercicio legítimo de sus funciones, fueron otorgadas las medidas cautelares a partir de las cuales se dio seguimiento a las presiones y amenazas sufridas por estos funcionarios en la etapa investigativa del proceso N° 5767. Agregó que el ex soldado O.J.G.Y. solicitó protección para él y su familia a fin de continuar declarando en el proceso penal y en un proceso disciplinario, debido a las amenazas a las que habría sido sometido sin que la misma sea otorgada, ocasionando que se retracte de sus dichos. Todo lo anterior, a criterio de la Comisión “constituyó una obstrucción al avance de la investigación y un incumplimiento en la búsqueda de la verdad y la sanción de los responsables”.

612 En este sentido, la Comisión recordó sus consideraciones acerca de que “la extradición de un desmovilizado para que responda en el extranjero por delitos menos graves que los que está confesando ante los jueces colombianos, resulta siendo una forma de impunidad”.

613 Para sustentar lo dicho anteriormente, los representantes analizaron las siguientes actuaciones de las autoridades colombianas: a) la falta de debida diligencia y la demora injustificada en el proceso ante la justicia ordinaria; b) las irregularidades y obstrucciones de la justicia en el proceso penal ordinario; c) las líneas lógicas de investigación no exploradas; d) las deficiencias adicionales de la investigación sobre los paramilitares involucrados en los hechos, y e) la ineficacia de los procesos disciplinarios y la ausencia de investigación por la explotación ilegal del territorio. Con respecto al primer punto de análisis advirtieron que el Estado no ha adelantado una investigación efectiva por el crimen de desplazamiento forzado, estando tipificado este delito desde el año 2000 de manera autónoma y que antes correspondía a la figura de constreñimiento ilegal, descrito en el artículo 276 del decreto 100 de 1890 . Bajo el mismo argumento, señalaron que en el proceso iniciado, bajo el radicado N° 2332, el crimen de Marino López fue investigado de manera aislada, sin considerar su naturaleza de crimen de lesa humanidad. Indicaron que se había excluido de esta investigación el desplazamiento, la incursión paramilitar y las infracciones al derecho internacional humanitario cometidas por agentes estatales en desarrollo de la “Operación Génesis”. En relación al segundo punto, señalaron que el desarrollo de las diferentes investigaciones se ha caracterizado por la ausencia de garantías para que las víctimas y testigos comparecieran a las autoridades y declararan los hechos, sin ser perseguidos, señalados y posteriormente, víctimas de montajes judiciales. En el tercer punto de análisis, los representantes señalan como factor principal de impunidad la negativa de las autoridades judiciales de investigar estos hechos de manera sistemática. Indicaron que los crímenes de que fueron víctimas las comunidades del Cacarica obedecen a una compleja estructura de colaboración criminal que incluyó militares, políticos y jefes de los grupos paramilitares y sus lugartenientes. Finalmente, señalaron los representantes que no se investigó adecuadamente la participación paramilitar en el asesinato, ni los vínculos entre los militares y los paramilitares involucrados.

614 El Estado también indicó que dicha Unidad se ha organizado en nueve grupos, de tal manera que cada uno de éstos trabaja en coherencia con líneas lógicas de investigación que respondan a las diferentes problemáticas del país. Señaló también que uno de dichos grupos ha sido denominado “Grupo de investigación de la violencia ocurrida en la región de Urabá”.

615 Cfr. Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia, párr. 17, y Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones, párr. 151.

616 Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo, párr. 173, y Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones, párr. 47.

617 Cfr. Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 319, y Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones, párr. 156.

618 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez, Fondo, párr. 177, y Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 248.

619 Cfr. Caso Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Fondo, párr. 143, y Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones, párr. 157.

620 Cfr. Caso Gómez Palomino Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 136, párr. 80, y Caso González Medina y familiares Vs. República Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de febrero de 2012. Serie C No. 240, párr. 220.

621 Cfr. Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 156, y Caso Gudiel Álvarez y otros ("Diario Militar") Vs. Guatemala, párr. 230.

622 Cfr. Caso Gudiel Álvarez y otros ("Diario Militar") Vs. Guatemala, párr. 230, y Caso La Cantuta Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162, párr. 157.

623 Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 156.

624 Cfr. Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 158, y Caso Masacre de Rio Negro Vs. Guatemala, párr. 194.

625 Se hizo alusión en particular a la retractación de algunos declarantes, por ejemplo O.J.G.Y..

626 Cfr. Comisión Interamericana, MC 185-01. Pedro Díaz Romero y otros (expediente de prueba, folio 1882). Véase asimismo: CIDH, Informe Anual 2001 III C. 1, párr. 20 (expediente de prueba, folio 1983).

627 Cfr. Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatelama. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C No101, párr 199, y Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 171.

628 Cfr. Caso Kawas Fernández vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 106.

629 Fiscalía General de la Nación, Radicado 426, Cuaderno 9 (expediente de prueba, folios 41561, 41563 y 41564).

630 Cfr. Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, radicación 2009-063, Procesado Rito Alejo del Río, sentencia de 23 de agosto de 2012 (expediente de prueba, folios 14791 y 14792).

631 Cfr. Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, radicación 2009-063, Procesado Rito Alejo del Río, sentencia de 23 de agosto de 2012 (expediente de prueba, folio 14800).

632 Esta situación fue detalladamente expuesta en el Capítulo de Hechos Probados de esta sentencia, y son numerosos los documentos que dan prueba de los diversos conflictos de competencia suscitados a lo largo de este expediente. Cfr. Entre otras, Decisión de hábeas corpus del Juzgado 31 Penal del Circuito de Bogotá, de 4 de agosto de 2001, radicado con el No. 0004/2001 (expediente de prueba, folio 1969); Despacho del Fiscal General de la Nación, de 18 de enero de 2010, dentro del Radicado No. 426, Cuaderno original No. 20 (expediente de prueba, folio 43746); Informe secretarial sobre decisión de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia en sesión ordinaria de 18 de marzo de 2010, de 12 de abril de 2010. Dentro del Radicado No. 426, Cuaderno original No. 20 (expediente de prueba, folio 43771); Despacho del Fiscal General de la Nación, de 17 de junio de 2010, dentro del Radicado No. 426, Cuaderno original No. 20 (expediente de prueba, folio 43788); Resolución del Fiscal 20 Especializado UNDH-DIH, de 8 de julio de 2010, dentro del Radicado No. 426, Cuaderno original No. 20 (expediente de prueba, folio 43808); Resolución del Fiscal 22 Especializado UNDH-DIH, de 18 de mayo de 2011, dentro del Radicado No. 426, Cuaderno original No. 20 (expediente de prueba, folio 44091).

633 Cfr. Resolución del Fiscal General de la Nación, de 9 de marzo de 2004 dentro del Radicado 426, Cuaderno Original No. 11 (expediente de prueba, folio 42334).

634 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia de acción de revisión (Proceso 30510), de 11 de marzo de 2009 (expediente de prueba, folio 2143).

635 La Defensa del General Del Río planteó la incompetencia de las fiscalías Especializadas de la UNDH-DIH para entender en la causa, en todas las audiencias fijadas para que amplíe su declaración indagatoria. Cfr. Diligencia de Indagatoria rendida por Rito Alejo del Río Rojas ante la Fiscalía 20 UNDH-DIH, 2 de julio de 2009 (expediente de prueba, folio 42500); Diligencia de ampliación de Indagatoria rendida por Rito Alejo del Río Rojas ante la Fiscalía 20 Especializada UNDH-DIH (expediente de prueba, folios 42515 y 42516); Diligencia de ampliación de indagatoria que rinde Rito Alejo del Río Rojas, en 15 de abril de 2011 ante la UNDH-DIH (expediente de prueba, folio 43985).

636 Cfr. Resolución No. 0105 de 9 de Julio de 2003. Director Seccional de Fiscalías de Quibdó (expediente de prueba, folio 9879).

637 Cfr. Declaración rendida por Luis Muentes Mendoza, en 29 de agosto de 2008, dentro del Radicado No. 2332 (expediente de prueba, folio 17386); Declaración rendida por Diego Luis Hinestroza Moreno, en 29 de agosto de 2008, dentro del Radicado No. 2332 (expediente de prueba, folio 17697); Diligencia de indagatoria rendida por el señor William Soto Salcedo, en 5 de diciembre de 2011, dentro del Radicado No. 2332 (expediente de prueba, folio 17697), y Diligencia de ampliación de indagatoria rendida por Diego Luis Hinestroza Moreno, en 18 de enero de 2011, dentro del Radicado No. 2332 (expediente de prueba, folio 17708).

638 Cfr. Versión libre donde se refiere al caso del seños Marino López Mena: Fredy Rendón Herrera, en 24 de octubre de 2007 (expediente de prueba, folio 17247), Diego Luis Hinestroza Moreno, en 2 de abril de 2008 (expediente de prueba, folio 17164), Luis Muentes Mendoza, en 22 de abril de 2008 (expediente de prueba, folio 17165) y en 1° de diciembre de 2008 (expediente de prueba, folios 17167 y 17252), Alberto García Sevilla, en 28 de agosto de 2008 (expediente de prueba, folio 1766), Rubén Darío Rendón Blanquiceth, en 17 de julio de 2008 (expediente de prueba, folio 17169), Franklin Hernandez Seguro, en 6 de agosto de 2008 (expediente de prueba, folio 17171), William Manuel Soto Salcedo, en 9 de julio de 2008 (expediente de prueba, folio17167); Versión Conjunta Operación Cacarica (Génesis) en 28, 29 y 30 de abril de 2010, de los postulados Fredy Rendón Herrera, William Manuel Soto Salcedo, Diego Luis Hinestroza Moreno, Luis Muentes Mendoza, Franklin Hernandez Seguro, Alberto García Sevilla y Julio César Arce Graciano (expediente de prueba, folios 17870 a 17932 y 17935); Manifestaciones del extinto Bloque Élmer Cárdenas AC, con relación a la denominada “Operación Cacarica (Génesis)” (expediente de prueba, folios 18372 a 18398).
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