Corte interamericana de derechos humanos



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Cfr. Fiscalía General de la Nación, presentación Powerpoint y documento “Operativo Cacarica” (expediente prueba, folios 19263 y 19255 a 19259).

536 Cfr. Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, radicación 2009-063, Procesado Rito Alejo del Río, sentencia de 23 de agosto de 2012 (expediente prueba, folio 14809).

537 Cfr. Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, radicación 2009-063, Procesado Rito Alejo del Río, sentencia de 23 de agosto de 2012 (expediente prueba, folio 14809).

538 Cfr. Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, radicación 2009-063, Procesado Rito Alejo del Río, sentencia de 23 de agosto de 2012 (expediente prueba, folio 14809).

539 Cfr. Fuerzas Militares de Colombia, Ejército Nacional, Decimoséptima Brigada, Informes de 6 y 20 de marzo de 1997 (expediente prueba, folios 5528 a 5531 y 5532 a 5537). La declaración ante fedatario público (affidavit) el 31 de enero de 2013 de María Paulina Leguizamón Zarate perito propuesto por el Estado (expediente de prueba, folio 15413) ni el testimonio de del Coronel Germán Castro, rendido en la audiencia pública del 12 de febrero de 2013 tampoco se refieren a enfrentamientos entre los grupos paramilitares y el Ejército.

540 Cfr. Fuerzas Militares de Colombia, Ejército Nacional, Decimoséptima Brigada, Informe de 6 de marzo de 1997 (expediente prueba, folios 5528 y ss.), y Fuerzas Militares de Colombia, Ejército Nacional, Decimoséptima Brigada, Informe de 20 de marzo de 1997 (expediente prueba, folios 5532 y ss.). Asimismo, véase Declaración rendida por afidávit por María Paulina Leguizamón Zarate, perito propuesto por el Estado (expediente prueba, folio 15413) y Declaración del Coronel Germán Castro, testigo propuesto por el Estado, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante la audiencia pública de 12 de febrero de 2013.

541 Lo antedicho contrasta fuertemente con la información de inteligencia extremadamente precisa sobre el lugar geográfico y la composición de las unidades de la guerrilla que figUrabá en los informes de inteligencia previos a la Operación Génesis. El anexo de inteligencia a la orden de operaciones 004 cuenta con información precisa sobre el número exacto de unidades guerrilleras en cada objetivo. Cfr. Declaración del Coronel Germán Castro, Testigo propuesto por el Estado, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante la audiencia pública de 12 de febrero de 2013.

542 Cfr. Declaración de Luis E. Cardoza, perito propuesto por el Estado, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante la audiencia pública de 12 de febrero de 2013.

543 Se entiende por desplazados internos a las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida. Cfr. Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas, U.N° Doc. E/CN°4/1998/53/Add.2 11 de febrero de 1998, párr. 2. Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador, párr. 187.

544 Cfr. Fredy Rendón Herrera, Versiones Libres Conjuntas de los postulados del Bloque Elmer Cárdenas sobre la Operación Génesis – Cacarica ante la Unidad Justicia y Paz, Fiscalia 48 Delegada, Medellín, 28 de abril de 2010 (expediente de prueba, folios 19157 a 19159), y Julio César Arce Graciano, Versiones Libres Conjuntas de los postulados del Bloque Elmer Cárdenas sobre la Operación Génesis – Cacarica ante la Unidad Justicia y Paz, Fiscalia 48 Delegada, Medellín, 28 de abril de 2010 (expediente de prueba, folio 19173).

545 Cfr. Declaración rendida por Emedelia Palacios Palacios ante la UNDH y DIH, 10 de febrero de 2007 (expediente de prueba, folio 8923); Declaración de J.B.V.P. ante la FGN Unidad Nacional de DDHH y DIH, 19 de diciembre de 2002 (expediente de prueba, folio 619); Declaración de Diego Luis Hinestrosa Moreno, ante la UNDH y DIH. 29 de Agosto de 2008, Cuaderno 2 radicado 2332 (expediente de prueba, folio 17697); Declaración de J.A.Q. del 4 de noviembre de 2008, citado en la calificación del delito en el proceso contra Rito Alejo del Rio del 26 de diciembre de 2008 Cuaderno 5 del radicado 2332 (expediente de prueba, folio 17533).

546 Cfr. Fiscalía General de la Nación, Unidad de Justicia y Paz, Dossier del Bloque Elmer Cárdenas. Génesis. Antecedentes inmediatos de su nacimiento (expediente de prueba, folios 44465 a 44535).

547 Cfr. Defensoría del Pueblo. Resolución Defensorial No. 025 Sobre las Violaciones Masivas de Derechos Humanos y Desplazamiento Forzado en la Región del Bajo Atrato Chocoano, octubre de 2002 (expediente de prueba, folio 228).

548 Cfr. Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia y Caso de la Masacre de Mapiripan Vs. Colombia, y Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia.

549 Véase entre otros, Corte constitucional T-025/04, de 22 de enero de 2004 (expediente de prueba, folio 897). Del mismo modo véase, Corte Constitucional Colombiana, Sala Segunda de Revisión, Auto No. 004 de 26 de enero de 2009; Corte Suprema de Justicia de Colombia, Sala de Casación Penal, Sentencia de Segunda Instancia dentro del Proceso Rad. 35637 de 6 de junio de 2012, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera, Sentencias Radicación No.: 20001231000199803713 01, Expediente: 18.436 de 18 de febrero de 2010, y Radicación número: 20001-23-31-000-1998-03648-01(21417)B de 19 de noviembre de 2012.

550 Cfr. Defensoría del Pueblo. Resolución Defensorial No. 025 Sobre las Violaciones Masivas de Derechos Humanos y Desplazamiento Forzado en la Región del Bajo Atrato Chocoano, octubre de 2002 (expediente de prueba, folio 228).

551 Cfr. Centro Nacional de Memoria Histórica, “¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. Informe General Grupo de Memoria Histórica”, Imprenta Nacional, Colombia, año 2013, págs. 71-76; “Justicia y Paz ¿verdad judicial o verdad histórica?”, Colombia, año 2012, págs. 526-530; “Silenciar en Democracia. Las masacres de Remedios y Segovia, 1982–1997”, Ed. Semana, Colombia, año 2010, págs. 176-180; “La masacre de Bahía Portete: Mujeres Wayuu en la mira”, Ed. Semana, Colombia, año 2010, págs. 23, 33, 65-68; “San Carlos: Memorias del éxodo en la guerra”, Ed. Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, S. A., Colombia, año 2011, págs. 39-41, 108-116 y 183-186, y “Mujeres y guerra. Víctimas y resistentes en el Caribe colombiano”, Ed. Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, S. A., Colombia, año 2011, págs. 30-36 y 103-104.

552 Cfr. Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos de la Procuraduría General de la Nación, decisión del 30 de septiembre de 2002, citada en Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia, párr. 125.100.

553 Cfr. Declaración de Javier Ernesto Ciurlizza Contreras, perito propuesto por la Comisión, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante la audiencia pública de 12 de febrero de 2013. Peritaje antropológico rendido por Jesús A. Flores López, propuesto por los representantes, rendido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 12 de febrero de 2013.

554 Cfr. Declaración Jurada rendida por Federico Andreu-Guzmán en Caso Masacre de Mapiripán Vs. Colombia, pág. 32 y Caso Masacre de La Rochela vs. Colombia, párr. 57.a).

555 Cfr. Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Informe del Representante del Secretario General sobre los desplazados internos presentado de conformidad con la resolución 1999/47 de la Comisión, E/CN°4/2000/83/Add.1, Párr. 25 (expediente de prueba, folio 1571); Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Informes sobre la Situación de los Derechos Dumanos en Colombia, E/CN°4/2001/15, 20 de marzo de 2001, párr. 131. (expediente de prueba, folio 2601); E/CN°4/2005/10, 28 de febrero de 2005, página 3 párr. 3, pág. 4 párr. 4, pág. 50 puntos 5, 6, 7 y 8; (expediente de prueba, folios 2337 y 2348); E/CN°4/2004/13, 17 de febrero de 2004, párrs. 23, 24, 65 y 73; (expediente de prueba, folios 2382, 2383, 2392, y 2393); E/CN°4/2003/13, 24 de febrero de 2003, párrs. 9, 34, 44, 74, 75 y 77; (expediente de prueba, folios 2445, 2450, 2452, 24659 y 2460); E/CN°4/2002/17, 28 de febrero de 2002, párr. 62. (expediente de prueba, folio 2520); E/CN°4/2000/11, 9 de marzo de 2000, párrs. 25, 110 y 111. (expediente de prueba, folios 2640, 2657 y2658); E/CN°4/1998/16, 9 de marzo de 1998, párrs. 29, 90, 91 y 175. (expediente de prueba, folios 744, 751 y 762); Naciones Unidas, Comité de Derechos Humanos, Examen de los Informes Presentados por los Estados partes en virtud del artículo 40 del Pacto. Quinto Informe Periódico. Colombia, 18 de septiembre de 2002, CCPR/C/COL/2002/5, párr. 452; Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Representación Regional para América Latina y el Caribe , Compilación de observaciones finales del Comité de Derechos Humanos sobre países de América Latina y el Caribe (1977-2004), págs. 162, 164 y 179; Ver también: Informes de la Comisión de Expertos en la aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) (Ordenados por año de sesión de la CEARC), CEACR 2009/80a reunióN° Colombia. Observaciones Individuales. Convenio 169, observación individual del año 2008. Además, véase: Naciones Unidas, ACNUR. Aplicación de la resolución 60/251 de la Asamblea General, de 15 de marzo de 2006, titulada "Consejo de derechos humanos": Informe presentado por el Representante del Secretario General sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Sr. Walter Kälin”, párr. 1.

556 Véase Anexos I.

557 El Estado indicó específicamente, que la “primera aproximación directa del Gobierno en el tema se dio a través del documento Conpes 2804 de 1995, por medio del cual se aprobó el Programa Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia. Ante las deficiencias institucionales presentadas, se expidió un nuevo Conpes, el 2924 de 1997, titulado Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia […] No obstante, ante el apremio de la situación, ejecutivo y legislativo unieron esfuerzos y se expidió la ley 387 de 1997. Esta ley dispuso una Atención Integral a la Población Desplazada basada en tres fases de atención del desplazamiento: Prevención, Atención Humanitaria y Estabilización Económica […]”. Señaló que “aunque para la fecha de los hechos no se encontraba vigente la Ley 387 de 1997 por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado, la atención, protección y consolidación y estabilización económica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia, que entró en vigencia el 18 de Julio de ese año, a partir de ese momento la atención y reparación a los desplazados quedó bajo la coordinación de la entonces Red de Solidaridad Social que adelantaba labores de impulso al fortalecimiento de los mecanismos y las instancias de gestión que, en los distintos niveles territoriales, materializaban el Sistema de Atención Integral a la Población Desplazada”. El Estado indicó asimismo que “i) prestó asistencia humanitaria de emergencia a la población que se movilizó de la cuenca del río Cacarica a las Bocas del Atrato y al municipio de Turbo; ii) Para asegurar la sostenibilidad del retorno de los pobladores, constituyó una comisión de verificación con la participación de un número sustantivo de ministerios e instituciones del Gobierno y gobiernos y agencias internacionales de cooperación, así como de representantes de las presuntas víctimas; iii) en ese marco se desarrollaron programas de salud, vivienda, proyectos productivos, atención y reunificación de núcleos familiares, entre otras muchas acciones destinadas a la atención de la población desplazada; iv) además, el Gobierno ordenó la titulación colectivas de tierras de más de cien mil hectáreas, en cabeza de las comunidades de la Cuenca”. También mencionó como medida positiva la titulación colectiva de las tierras y la intervención de diversos órganos de asistencia, entre los cuales se hallan la Comisión Mixta de Verificación, la Red de Solidaridad Social y el Instituto Colombiano de Bienestar Social.

558 Detalló en particular el “Programas y Ayudas Adicionales a las entregadas en el marco de la CMV: Además de las ayudas entregadas en el marco de la CMV es preciso indicar que en Colombia, en el marco del actual Plan Nacional de Desarrollo, Prosperidad para todos, se ha generado un nuevo arreglo institucional que evidencia los esfuerzos del Estado por garantizar la inclusión y movilidad social de manera que todos los colombianos y colombianas independientemente de la región de donde provenga, su condición como víctima de conflicto armado, su origen étnico, condición de género, generación o discapacidad tenga igual oportunidad de acceder a los beneficios del desarrollo y así apropiarse de las herramientas fundamentales que le permitan labrar su propio destino.[…] Programas Más Familias en Acción […] Estrategia Red de Seguridad Alimentaria: El Consejo Nacional de Política Económica y Social aprobó el 31 de marzo de 2008, la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN)[…] Inclusión productiva: […] Política de Generación de Ingresos para la Población en Situación de Pobreza Extrema y/o Desplazamiento […]”.

559 El Estado indicó que en “cumplimiento de los acuerdos y compromisos suscriptos, el Ministerio de Educación Nacional ha realizado las siguientes actividades: Educación: en la etapa de emergencia o atención humanitaria: -capacitación a jóvenes voluntarios de la comunidad en el campamente de Pavarandó con el fin de brindar a los maestros, adultos y jóvenes herramientas conceptuales y metodológicas para desarrollar procesos educativos alternativos a los modelos establecidos. –[…] Fondo Educativo de Compensación […] Asistencia Técnica.[…] Dotación de 400 pupitres […] Capacitación a maestros […] Acciones del ICBF Regional Chocó en la Cuenca del río Cacarica […] Salud: el Estado se permite informar a la Corte […] que los servicios básicos se han atendido a través de Brigadas de Salud coordinadas por el Ministerio de Protección Social y el Hospital de Turbo. En algunos casos las personas son atendidas en los hospitales de Turbo y Apartadó y en ocasiones, cuando es necesario, son trasladados al a ciudad de Medellín […]”.

560 Respecto de las madres cabeza de familia, afirmó la Comisión que los “cambios de roles y responsabilidades generados por el desplazamiento están fundamentalmente asociados a la necesidad de garantizar las necesidades básicas de las familias y a las oportunidades que encuentran para lograrlo”, ante lo cual “las mujeres desplazadas han tenido que asumir la responsabilidad de sostenimiento económico de sus familias, aprender a conocer y desempeñarse en el mundo de lo público cuando tienen que acudir a las diversas agencias estatales y privadas para gestionar asistencia humanitaria”, entre otras actividades.

561 Cfr. Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala, párr. 141.

562 Cfr. Caso de la “Masacre de Mapiripán” Vs. Colombia, párr. 179, y Caso Masacre de Rio Negro Vs. Guatemala, párr. 174.

563 Cfr. Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-025 de 22 de enero de 2004 (expediente de prueba, folios 4363 y ss.). Véase también: Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 211.

564Cfr. Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, Informe del Relator Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho de no discriminación a este respecto, E/CN°4/2005/48, 3 de marzo de 2005, párr. 38. Asimismo, Caso de la “Masacre de Mapiripán” Vs. Colombia, párr. 175, y Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 212.

565 Cfr. Naciones Unidas, Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, E/CN°4/2003/13, 24 de febrero de 2003, párr. 94 (expediente de prueba, folio 3717).

566 Cfr. Caso de la “Masacre de Mapiripán” Vs. Colombia, párr. 175, y Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 213.

567 Cfr. Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-025 de 22 de enero de 2004 (expediente de prueba, folios 897 y ss.), y sus Autos de seguimiento, entre ellos, Auto 005 de 26 de enero de 2009, de Protección de los derechos fundamentales de la población afroescendiente víctima del desplazamiento forzado, en el marco del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004 (expediente de prueba, folios 1681 y ss.); Auto 092 de 14 de abril de 2008, de Medidas de protección a los derechos fundamentales de las mujeres víctimas de desplazamiento forzado (expediente de prueba, folios 2756 y ss.); informe del Gobierno Nacional a la Corte Constitucional sobre el Avance en el Estado de Cosas Inconstitucional declarado mediante la Sentencia T-025 de 2004 (expediente de prueba, folios 13280 y ss); Ley 1448 de 2011 “de Víctimas y Restitución de Tierras” (referido en El Arreglo de Justicia Transicional Vigente en Colombia entregado por el Viceministro de Justicia, declarante informativo del Estado Miguel Samper durante la audiencia llevada a cabo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 11 de febrero de 2013, expediente de prueba, folio 16521), y su reglamentación, Decreto 4800 de 2012 (referido en El Arreglo de Justicia Transicional Vigente en Colombia entregado por el Viceministro de Justicia declarante informativo del Estado Miguel Samper durante la audiencia llevada a cabo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 11 de febrero de 2013 (expediente de prueba, folio 16522).

568 Cfr. Departamento Nacional de Planeación, Documento No. 2804, “Programa Nacional de Atencion Integral a la Población Desplazada por la Violencia”, Santafé de Bogotá, D.C., 13 de septiembre de 1995 (expediente de prueba, folios 45537 y ss.); Documento Conpes No. 2924, “Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia”, Santafé de Bogotá, D.C., 28 de mayo de 1997 (expediente de prueba, folios 45559 y ss.); Documento Conpes No. 3616, “Lineamientos de la Política de Generación de Ingresos para la Población en Situación de Pobreza Extrema y/o Desplazamiento”, Bogotá, D.C., 28 de septiembre de 2009 (expediente de prueba, folios 45579 y ss.); Documento Conpes No. 3057, “Plan de acción para la prevención y atención del desplazamiento forzado”, Santafé de Bogotá, D.C., 10 de Noviembre de 1999 (expediente de prueba, folios 45721 y ss.); Documento Conpes No. 3115, “Distribución Presupuestal Sectorial para el Cumplimiento del Conpes 3057, Plan de Acción para la Prevención y Atención del Desplazamiento Forzado”, Santa Fe de Bogotá, D.C., mayo 25 de 2001 (expediente de prueba, folios 46113 y ss.); Documento Conpes No. 3400, “Metas y Priorización de Recursos Presupuestales para Atender a la Población Desplazada por la Violencia en Colombia”, Bogotá, D.C., 28 de Noviembre de 2005 (expediente de prueba, folios 46123 y ss.).

569 Cfr. Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-025 de 22 de enero de 2004 (expediente de prueba, folios 897 y ss.). Vease tambien: Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 214.

570 Cfr. Nota del Ministerio de Relaciones Exteriores de 27 de agosto de 2009, párr. 111 (expediente de prueba, folio 7597): Jornadas de atención integral en el 2005 y una en el 2006, de atención médico-quirúrgica alimentos, medicinas y atención psicosocial; en coordinación con la organización Comunidad Hábitat Finanzas (CHF), se construyeron escuelas en los corregimientos de Bogotá, San Higinio y El Limón, y se construyeron 150 albergues temporales para San Higinio, Bocas del Limón, La Tapa, Puente América, Santa Lucia, Barranquilla.

571 Cfr. Comisión Mixta de Verificación Balance General de Gestión marzo de 2004 (expediente de prueba, folios 4986 y ss.).

572 Véase Anexos I y III.

573 Cfr. Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011 Serie C No. 221, párr. 125, y Caso Artavia Murillo y otros ("Fecundación in vitro") Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 noviembre de 2012. Serie C No. 257, párr. 145. Ver asimismo, Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 del 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17, párr. 66.

574 Cfr. Caso Gelman Vs. Uruguay, párrafo 121, y Caso Forneron e hija Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de abril de 2012. Serie C No. 242, párr. 44.

575 Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. Fondo, y Reparaciones, párr. 156, y Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones, párr. 239.

576Cfr. Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones, párr. 238.

577 Cfr. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02, párr. 65, y Caso Forneron e hija Vs. Argentina, párr. 48.

578 Cfr. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02, párr. 60, y Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 108.

579 Cfr. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02, párr. 61, y Caso Furlán y Familiares Vs. Argentina, párr. 126.

580 Cfr. Balance General de Gestion de la Comisión Mixta de Verificación de marzo de 2004 (expediente de prueba, folios 4986 y ss.).

581 Véase Anexo II.

582 Véase Anexo III.
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