Corte interamericana de derechos humanos



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Cfr. Procuraduría General de la NacióN° Resolución emitida de 5 de diciembre de 2002 (expediente de prueba, folios 2242). Véase también: Jaime Rodríguez Matiz, Asesor del Despacho de Derechos Humanos de la PGN° 10 de enero de 2010 (expediente de prueba, folio 45196).

391 Cfr. Despacho del PGN en el Expediente No. 001-14956 (expediente de prueba, folio 45284).

392 Cfr. Informe presentado por el Estado con información completa y actualizada sobre el estado actual de las investigaciones relacionadas con los hechos del caso. 4 de febrero de 2013 (expediente de prueba, folio 15512). El Radicado No. 155-58322-2001 se inició contra Funcionarios del Ministerio de Transporte de Bogotá y otros por establecer, por posibles acciones u omisiones de servidores públicos en relación con trabajos de dragado en los ríos Perancho y Peranchito y adecuación de caños en el río Cacarica en el año 2000 (expediente de prueba, folio 2246). Los procesos 155-58323 y 155-58324 contra Funcionarios de la Red de Solidaridad Social de la Presidencia de la República y contra Funcionarios del Ministerio de Transporte de Bogotá, respectivamente; por presunto incumplimiento en la entrega de alimentos y medicamentos a desplazados en el año 2002, también respectivamente (expediente de prueba, folio 2246).

393 Cfr. Informe del Estado de Colombia en MC 70/99. 12 de agosto de 2003 (expediente de prueba, folio 2246).

394 Cfr. Informe presentado por el Estado con información completa y actualizada sobre el estado actual de las investigaciones relacionadas con los hechos del caso. 4 de febrero de 2013 (expediente de prueba, folio 15512).

395 Cfr. Ministerio de Relaciones Exteriores. 27° Informe del Estado de Colombia sobre MC 70/99. 28 de marzo de 2006 (expediente de prueba, folio 4981).

396 Cfr. Informe del Estado de Colombia en MC 70/99. 12 de agosto de 2003 (expediente de prueba, folio 2246).

397 Cfr. Sentencia de la Sala Disciplinaria, Procuraduría General de la NacióN° 22 de agosto de 2003 (expediente de prueba, folio 4316). Véase también: Informe del Estado de Colombia en MC 70/99. 12 de agosto de 2003 (expediente de prueba, folio 2246). Las conductas investigadas radican en la falta de protección del medio ambiente en jurisdicción del Municipio de Riosucio (Chocó); irregularidades en el trámite de los procesos sancionatorios adelantados por aprovechamientos ilegales de productos forestales; irregularidades en los procesos para otorgar autorización a las comunidades negras del Cacarica, de aprovechamiento forestal; vulneración de los derechos de las comunidades negras de la Cuenca del Río Cacarica; obstaculizar las actuaciones del Ministerio Público en casos; extralimitación de funciones al otorgar la potestad sancionatoria a particulares y diversas irregularidades asociadas a las anteriores. Los cargos que se le imputaron al Director General, Secretario General y Subdirector son 9, 5 y 2 respectivamente, todas las condenas son confirmadas, salvo a uno para el Director y Secretario en las que son absueltos (Sentencia la Sala Disciplinaria, Procuraduría General de la NacióN° 23 de agosto de 2003. Expediente de prueba, folio 4316).

398 Cfr. Procuraduría General de la NacióN° Proceso 155-48718-2000 (expediente de prueba, folio 46256).

399 Cfr. Procuraduría General de la NacióN° Proceso 155-48718-2000 (expediente de prueba, folio 46258).

400 Cfr. Procuraduría General de la NacióN° Proceso 155-48718-2000 (expediente de prueba, folios 46262 y 46263).

401 Cfr. Acciones de Tutela presentadas por Rosalba Córdoba Rengifo, Pascual Ávila Carmona, Pedro Manuel Pérez Florez contra el Presidente de la República en mayo de 1997 (expediente de prueba, folios 1099 a 1137); Acción de Tutela presentada por Hermenegilda Mosquera Murillo contra el Presidente de la República (expediente de prueba, folios 1139 a 1148); Sentencia de Tutela de primera instancia del Juzgado del Circuito en lo Civil de Turbo de 29 de mayo de 1997, para ocho accionantes (expediente de prueba, folios 1474 a 1481.); y Cfr. Denuncia de incumplimiento de sentencias de Acciones de Tutela en contra del Presidente de la República presentada por Antonio René Córdoba, William Quejada Mosquera, Nora María Mosquera, Rosalba Córdoba Rengifo, Pascual Ávila Carmona, Jesús Arcilo Hurtado Quinto, Pedro Manuel Pérez Flores, Leovigildo Quinto Mosquera, Luis Emiro Quinto, Lourdes del Carmen Ortiz, Guillermo Vergara Serrano y J.A.Q. ante el Juez de Circuito en lo Civil de Turbo Antioquia de 12 de agostode 1997 (expediente de prueba, folios 2272 a 2277).

402 Cfr. Acciones de Tutela presentadas por Rosalba Córdoba Rengifo, Pascual Ávila Carmona, Pedro Manuel Pérez contra el Presidente de la República en mayo de 1997 (expediente de prueba, folios 1099 a 1137). Véase también: Acción de Tutela presentada por Hermenegilda Mosquera Murillo contra el Presidente de la República (expediente de prueba, folios 1139 a 1147).

403 Cfr. Sentencia de Tutela de primera instancia del Juzgado del Circuito en lo Civil de Turbo de 29 de mayo de 1997, para ocho accionantes, menciona la respuesta del Presidente (expediente de prueba, folios 1474 a 1481).

404 Cfr. Denuncia de incumplimiento de sentencias de Acciones de Tutela en contra del Presidente de la República presentada por Antonio René Córdoba, William Quejada Mosquera, Nora María Mosquera, Rosalba Córdoba Rengifo, Pascual Ávila Carmona, Jesús Arcilo Hurtado Quinto, Pedro Manuel Pérez Flores, Leovigildo Quinto Mosquera, Luis Emiro Quinto, Lourdes del Carmen Ortiz, Guillermo Vergara Serrano y J.A.Q. ante el Juez de Circuito en lo Civil de Turbo Antioquia de 12 de agosto de 1997 (expediente de prueba, folios 2272 a 2277).

405 Cfr. Resoluciones emitidas por los Jueces Tercero y Sexto de lo Civil del Circuito Medellín de rechazo a las acciones de tutela presentadas por Rosalba Córdoba Rengifo, Pascual Ávila Carmona y Pedro Manuel Pérez Florez por falta de competencia de 6 de mayo de 1997 (expediente de prueba, folios 2250 a 2269).

406 Sentencia de Tutela de primera instancia del Juzgado del Circuito en lo Civil de Turbo de 29 de mayo de 1997, para ocho accionantes (expediente de prueba, folio 1480).

407 Cfr. Denuncia de incumplimiento de sentencias de Acciones de Tutela en contra del Presidente de la República presentada por Antonio René Córdoba, William Quejada Mosquera, Nora María Mosquera, Rosalba Córdoba Rengifo, Pascual Ávila Carmona, Jesús Arcilo Hurtado Quinto, Pedro Manuel Pérez Flores, Leovigildo Quinto Mosquera, Luis Emiro Quinto, Lourdes del Carmen Ortiz, Guillermo Vergara Serrano y J.A.Q. ante el Juez de Circuito en lo Civil de Turbo Antioquia de 29 de mayo de 1997 (expediente de prueba, folios 2272 a 2277).

408 Cfr. Acta de acuerdos para el retorno entre las comunidades desplazadas de la cuenca del Cacarica asentadas provisionalmente en Turbo, Bocas del Atrato, Bahía Cupica y el Gobierno Nacional de 13 de diciembre de 1999 (expediente de prueba, folios 1632 a 1656).

409 Del mismo modo la Comisión notó que durante las incursiones paramilitares se perpetraron hechos de violencia contra los miembros de las comunidades del Cacarica destacando en particular los señalamientos, amedrentamiento de la población con disparos, lanzamiento de granadas en los techos de las viviendas, saqueos de bienes y quema de establecimientos; junto con la orden de desplazarse hacia Turbo. La Comisión también señaló que de una lectura integral del contexto, los antecedentes y los hechos del presente caso, para la época de los hechos existía en la zona “un patrón sistemático de operativos de la naturaleza descrita” conforme al cual los hechos fueron perpetrados en un contexto de “violencia sistemática padecida por los miembros de la comunidades afrodescendientes del Cacarica, lo cual constituye un crimen de lesa humanidad”. Por último, manifestó que de acuerdo a las reglas de la sana crítica resultaba “poco plausible” que fuerzas paramilitares hayan podido “operar e incursionar de manera tan libre, sin interrupciones en una secuencia de delitos de la mayor gravedad y magnitud que duró varios días, en una zona con presencia de la fuerza pública colombiana”.

410 Sostuvieron que los hechos referidos configuran una violación del Artículo 4.1 de la Convención, en cuanto demuestran que el Estado a través de miembros de la estrategia paramilitar y en el marco de la operación “Génesis” atentaron contra ese derecho en perjuicio de Marino López.

411 Además observó que “las operaciones realizadas por la Fuerza Aérea se ejecutaron exclusivamente sobre objetivos militares previamente identificados, buscaron neutralizar grupos armados al margen de la ley que subvertían el orden público, y se ajustaron así al mandato constitucional y al fin de proteger la población civil y sus bienes”.

412 Agregó que de acuerdo con “los criterios jurisprudenciales de la Corte, para afirmar la existencia (e incluso caracterizar) un patrón, no es suficiente alegar que existió violencia generalizada o que dicha violencia se presentó contra miembros de un mismo grupo”. Indicó que resultaba “necesario que se pueda establecer una época muy concreta y un modus operandi de la manera como se realizan las conductas, cuestión que con claridad no ocurre en el caso”.

413 Al respecto, destacó que la sentencia emitida por el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá el 23 de Agosto de 2012 señaló que “los hechos fueron cometidos única y exclusivamente por miembros de las autodefensas ilegales o grupos paramilitares, sin ningún tipo de colaboración o aquiescencia por parte de agentes del Estado colombiano”.

414 El Estado mencionó que si bien hay una sentencia de primera instancia que condena al general Rio por el crimen del Sr. Marino Lopez, “lo hace con base en la teoría del autor mediato en aparatos organizados de poder”, la que “supone que el imputado hace parte de la organización criminal, no que la organización criminal actúa ’bajo instrucciones o dirección y control del Estado’” por ello consideró que “en cualquier caso el homicidio de Marino Lopez sería responsabilidad única y exclusiva de quienes sean condenados de manera definitiva, cuando el caso sea cosa juzgada, y su conducta de ninguna manera genera responsabilidad internacional para el Estado.”

415 El Estado indicó específicamente, que la “primera aproximación directa del Gobierno en el tema se dio a través del documento Conpes 2804 de 1995, por medio del cual se aprobó el Programa Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia. Agregó que ante las deficiencias institucionales presentadas, se expidió un nuevo Conpes, el 2924 de 1997, titulado Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia en el que se modificó la estructura institucional planteada anteriormente. […] No obstante, ante el apremio de la situación, ejecutivo y legislativo unieron esfuerzos y se expidió la ley 387 de 1997. Esta ley dispuso una Atención Integral a la Población Desplazada basada en tres fases de atención del desplazamiento: Prevención, Atención Humanitaria y Estabilización Económica […]”. Señaló que “aunque para la fecha de los hechos no se encontraba vigente la Ley 387 de 1997 por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado, la atención, protección y consolidación y estabilización económica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia, que entró en vigencia el 18 de Julio de ese año, a partir de ese momento la atención y reparación a los desplazados quedó bajo la coordinación de la entonces Red de Solidaridad Social que adelantaba labores de impulso al fortalecimiento de los mecanismos y las instancias de gestión que, en los distintos niveles territoriales, materializaban el Sistema de Atención Integral a la Población Desplazada”. “El Estado a) prestó asistencia humanitaria de emergencia a la población que se movilizó de la cuenca del río Cacarica a las Bocas del Atrato y al municipio de Turbo; b) Para asegurar la sostenibilidad del retorno de los pobladores, constituyó una comisión de verificación con la participación de un número sustantivo de ministerios e instituciones del Gobierno y gobiernos y agencias internacionales de cooperación, así como de representantes de las presuntas víctimas; c) en ese marco se desarrollaron programas de salud, vivienda, proyectos productivos, atención y reunificación de núcleos familiares, entre otras muchas acciones destinadas a la atención de la población desplazada, y d) además, el Gobierno ordenó la titulación colectivas de tierras de más de cien mil hectáreas, en cabeza de las comunidades de la Cuenca”.

416 Cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63 , párr. 144, y Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones, párr. 190.

417Cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo, párrs. 144 y 145, y Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones, párr. 190.

418 Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie C No. 33, párr. 57, y Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones, párr. 191.

419Cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo, párr. 165, Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones, párr. 191.

420Cfr. Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 15 de junio de 2005. Serie C No. 124, párr. 110, y Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 186.

421 Cfr. Caso de la “Masacre de Mapiripán” Vs. Colombia, párr. 188, y Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 186.

422 Cfr. Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serie C No. 212, párr. 149, y Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 188.

423 Cfr. Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala, párr. 149, y Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 188.

424 Cfr. Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 179, y Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones, párr. 187.

425 Cabe recordar que el derecho internacional humanitario debe ser aplicado por las partes en el marco de conflictos armados no internacionales, siempre y cuando los hechos correspondan a situaciones que se producen con ocasión y en desarrollo de un conflicto armado. En el presente caso, no hay controversia en torno al hecho que la situación debe ser analizada por la Corte interpretando la Convención Americana a la luz de las disposiciones pertinentes del derecho internacional humanitario. Cfr. Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones, nota al pie de página 254.

426 Véase en particular Convenio de Ginebra relativo a la Protección de Personas Civiles en Tiempo de Guerra, Aprobado el 12 de agosto de 1949 en Ginebra. Entrada en vigor: 21 de octubre de 1950 y ratificado por Colombia el 8 de noviembre de 1961.

427 Colombia es parte del Protocolo adicional II a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional desde el 14 de agosto de 1995.

428 Cfr. Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones, párr. 187.

429 Cfr. Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones, párrs. 212, 214 y 216.

430 Cfr. Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. Fondo, y Reparaciones, párr. 172 y Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, párrs. 113 a 120. Asimismo, véase Corte Constitucional Colombiana, Sentencia C-225 de 18 de mayo de 1995, párr. 33: “en el caso colombiano, además, la aplicación de esas reglas por las partes en conflicto se revela particularmente imperiosa e importante, puesto que el conflicto armado que vive el país ha afectado de manera grave a la población civil, como lo demuestran, por ejemplo, los alarmantes datos sobre desplazamiento forzado de personas”. Del mismo modo, también puede resultar útil como criterio de interpretación hermenéutica del contenido del derecho a la circulación y residencia establecido en el artículo 22 de la Convención Americana, los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos emitidos el Representante del Secretario General de las Naciones Unidas (Cfr. Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas, E/CN°4/1998/53/Add.2 de 11 de febrero de 1998).

431 Cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo, párr. 139, y Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones, párr. 188.

432 Cfr. Caso Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Fondo, párr. 111, y Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones, párr. 188.

433 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, Fondo, párr. 166, y Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones, párr. 189.

434 Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo, párr. 174, y Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones, párr. 189.

435 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez. Fondo, párr. 164, y Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones, párr. 188.

436 Cfr. Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. Fondo, y Reparaciones, párr. 111, y Caso Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Fondo, párr. 113.

437 Cfr. Caso Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Fondo, párr. 123, y Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr. 78.

438 La Corte no es un tribunal de alzada o de apelación para dirimir los desacuerdos que tengan las partes sobre determinados alcances de la prueba o de la aplicación del derecho interno en aspectos que no estén directamente relacionados con el cumplimiento de obligaciones internacionales en derechos humanos. Cfr. Caso Nogueira de Carvalho y otro vs. Brasil. Excepciones Preliminares y Fondo. Sentencia de 28 de noviembre de 2006. Serie C No. 161, párr. 80, y Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones, párr. 193.

439 Caso Nogueira de Carvalho y otro Vs. Brasil, párr. 80, y Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones, párr. 193.

440 Cfr. Declaraciones ante fedatario público (affidavit) del 21 de enero de 2013 rendidas por Jhon Jairo Mena, Eleodro Sanchez Mosquera, Marco Fidel Velásquez y Ernestina Valencia Teheran (expediente de prueba, folios 14982, 14983, 15011, 14950 y 15021) y la Declaración de M.A.C.M. ante la Fiscalía General de la Nación Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, de 11 de diciembre de 2002 (expediente de prueba, folio 632).

441 Cfr. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) sobre la Oficinia en Colombia, al 54 período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos. E/CN°4/1998/16, de 9 de marzo de 1998, párr. 103 (expediente de prueba, folio 752). Véase también: Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Informe del Representante del Secretario General sobre los desplazados internos presentado de conformidad con la resolución 1999/47 de la Comisión, E/CN°4/2000/83/Add.1 (expediente de prueba, folios 712,713 y 715).

442 Cfr. Amnistía Internacional. Colombia. Retorno a la esperanza: las comunidades desplazadas de Urabá y del Medio Atrato, junio de 2000 (expediente de prueba, folio 1157); Secretariado Nacional de Pastoral Social Bogotá, “Situación de Guerra y de Violencia en el Departamento del Chocó 1996-2002, noviembre de 2002, pp. 32, 40, 76 (expediente de prueba, folio 8773).

443 Fiscalía General de la Nación, documento y presentación Powerpoint “Operación Cacarica” (expediente de prueba, folios 19258 y 19263); Fiscalía General de la Nación, Dossier del Bloque Elmer Cárdenas, Informe N°260 de 25 de junio de 2012 (expediente de prueba, folio 45156); Fiscalía 14 Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Resolusión de Acusación dentro del Radicado 2332 de 26 de diciembre de 2008: “[…] siendo por ende de suyo concluir que existió un Proyecto común entre autodefensas y ej[é]rcito, de un lad[o] las ACCU en su afán de dominio político - territorial y el Ej[é]rcito en su faceta de someter al grupo subversivo de las FARC […] En esta zona del departamento del Chocó, especialmente en la comprensión de los municipios de Riosucio, Carmen de Darién y Murindó (Antioquia), donde […] para la época de los hechos […] hacían presencia armada el frente "paramilitar" Élmer Cárdenas de las Autodefensas, los frentes 57 y 34 de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, el grupo compuesto que en adelante denominaremos "Contubernio Autodefensas-Paramilitares" y miembros de las Brigadas XV y XVII del Ejército Nacional quienes sostuvieron, entre sí ya individualmente ya en alianzas, continuos enfrentamientos con los resultados conocidos […]”(expediente de prueba, folios 8862 y 8863); “[…] Conclusion II: La muerte de Marino Lopez Mena no es aislada, eso forma parte de una estrategia de consolidación paramilitar, toma de territorio y sometimiento de un enemigo común (resaltado en el original) […] causar Terror para lograr el desalojo de una población civil no combatiente, posesión de territorios y por ende ostentar un balance de guerra positivo para el objetivo Castaño y rentable para los intereses de Del Rio […]” (expediente de prueba, folio 8873); […] Conclusion III.- El acuerdo Autodefensa - Ejército, tiene como una de sus estrategias la acción simultánea de ataque, por una parte la Operación Génesis a cargo del Ej[é]rcito y por la otra el Grupo Elmer C[á]rdenas de las AUC (autores materiales del homicidio). El efecto se da en la totalidad del territorio a dominar, observemos que el sonido de los artefactos explosivos lanzados en desarrollo de esta acción, como es de suyo tiene sus nefastas repercusiones en Salaquí pero también se percibe en el lugar denominado BIJAO, por lo que se puede colegir de bulto, que el efecto se toleró por unos y otros de los ubicados en estas cuencas hidrográficas. Igual de nefasto y generalizado es el efecto de la muerte de MARINO toda vez que genera desplazamientos aquí, allá y en todo el territorio; por lo tanto se funde en un solo contexto, vale decir, [l]a Operación Génesis y la acción del Elmer C[á]rdenas, generando un tercer grupo denominado “Contubernio Autodefensas-Militares" el cual realiza la tarea conjunta que de contera genera un terror descomunal, a unos causa la muerte como es el caso de Marino Lopez Mena, a otros la "locura" y a mas el desarraigo de su contexto vital […]” (expediente de prueba, folio 8875); “[…] Existió simultaneidad de las operaciones y permanencia del grupo irregular por un lapso no inferior a diez días, acreditándose de manera diáfana la relación entre el General Rito Alejo Del Rio y el grupo paramilitar , para facilitar a través de un tercer grupo mixto, los objetivos comunes ya reseñados […] Se encuentra acreditado que en el sector o área del Cacarica y Salaquí (aledañas) hay una operación simult[á]nea y conjunta formada de una parte por la denominada Génesis (militar) y de la otra la muerte de Marino Lopez (autodefensas), donde se utilizaron naves aéreas (aviones - helicópteros) con capacidad para transitar este reducido espacio aéreo en instantes, como que la distancia es de 36.35 kilometros […] No hubo enfrentamientos entre militares y autodefensas, quienes por el contrario se reunieron en el sitio denominado "Bocachica" y transitaron por la zona de la operación G[é]nesis de manera conjunta en helicópteros del Estado […]” (expediente de prueba, folios 8877 y 8878); Fiscalía General de la Nación Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario Resolución para Resolver Situación Jurídica dentro del Radicado No. 426, de 31 de julio de 2001 (expediente de prueba, folio 40373); Alegatos de la Fiscalía General de la Nación citados por el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá en la Sentencia dentro del proceso Radicación 2009-063, de 23 de agosto de 2012 (expediente de prueba, folio 44393).
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