Corte interamericana de derechos humanos



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234 Cfr. Declaración de M.A.C.M. ante la FGN Unidad Nacional de DDHH y DIH de 11 de diciembre de 2002 (expediente de prueba, folio 634), y Declaración de M.B.S. Serranoa ante la FGN Unidad Nacional de DDHH y DIH de 11 de diciembre de 2002 (expediente de prueba, folio 645).

235 Cfr. Resolución Defensorial No. 025 Sobre las Violaciones Masivas de Derechos Humanos y Desplazamiento Forzado en la Región del Bajo Atrato Chocoano, octubre de 2002, (expediente de prueba, folio 231).

236 Cfr. Defensoría del Pueblo, Defensoría seccional de Apartadó, Queja 9745030-Cacarica-Operacion Genesis-01-03-1997 (expediente de prueba, folio 50735).

237 Cfr. Defensoría del Pueblo. Resolución Defensorial No. 025 Sobre las Violaciones Masivas de Derechos Humanos y Desplazamiento Forzado en la Región del Bajo Atrato Chocoano, octubre de 2002. (expediente de prueba, folio 231). Véase también: Corte Constitucional. Sentencia T-955 de 17 de octubre de 2003 (expediente de prueba, folio 135); Declaración de M.A.C.M. ante la Comisión Especial de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de 11 de diciembre de 2002. (expediente de prueba, folio 634). Ver también: Declaración de M.B.S. Serrano ante la Comisión Especial de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de 11 de diciembre de 2002. (expediente de prueba, folio 645). Véase asimismo, Comunicado de Prensa N° 151 de la Defensoría del Pueblo, Bogotá, 17 de abril de 1997 (expediente de prueba, folio 51393).

238 Cfr. Declaración ante fedatario público (affidavit) de Francisco Frenio Fernandez Padilla de 21 de enero de 2013 (expediente de prueba, folio 15055). Véase también: Declaración ante fedatario público (affidavit) de Eleodoro Sánchez Mosquera de 21 de enero de 2013 (expediente de prueba, folio 15012). Véase asimismo, Comunicado de Prensa N° 151 de la Defensoría del Pueblo, Bogotá, 17 de abril de 1997 (expediente de prueba, folio 51393).

239 Cfr. Declaración ante fedatario público (affidavit) de Francisco Freno Frenandez Padilla de 21 de enero de 2013 (expediente de prueba, folio 15056). Véase también: Declaración ante fedatario público (affidavit) de Eleodoro Sánchez Mosquera de 21 de enero de 2013 (expediente de prueba, folio 15013). Véase asimismo, Comunicado de Prensa N° 151 de la Defensoría del Pueblo, Bogotá, 17 de abril de 1997 (expediente de prueba, folio 51393 ).

240 Cfr. Defensoría del Pueblo. Resolución Defensorial No. 025 - Sobre las Violaciones Masivas de Derechos Humanos y Desplazamiento Forzado en la Región del Bajo Atrato Chocoano, octubre de 2002 (expediente de prueba, folio 231). Véase también: Declaración ante fedatario público (affidavit) de Eleodoro Sánchez Mosquera de 21 de enero de 2013 (expediente de prueba, folio 15013).

241 Cfr. Defensoría del Pueblo, Comunicado de Prensa No. 869 de 21 de Agosto de 2003 (expediente de prueba, folio 4465); Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Informe sobre la Oficina en Colombia, al 54º período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos. E/CN 4/1998/16, 9 de marzo de 1998 (expediente de prueba, folios 752, 763 y 764) y Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Tercer informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia OEA/Ser.L/V/II.102. Doc. 9 rev. 1, 26 de febrero de 1999. Capítulo VI, párr. 46 (expediente de prueba, folio 774). Véase asimismo las declaraciones rendidas ante fedatario público (affidavit) el 21 de enero de 2013 por Henry Angulo Martínez, Jerónimo Pérez Argumedo, John Jairo Mena Palacio, Alicia Mosquera Hurtado, Marcos Fidel Velásquez y Elvia Hinestroza Roa (expediente de prueba, folios 15074, 14933, 14984, 14974, 14960 y 15032).

242 Cfr. Defensoría del Pueblo. Resolución Defensorial No. 025 Sobre las Violaciones Masivas de Derechos Humanos y Desplazamiento Forzado en la Región del Bajo Atrato Chocoano, octubre de 2002. (expediente de prueba, folio 235), Comisión Interamericana de Derechos Humanos Nota al Ministro de Relaciones Exteriores de 8 de junio de 2001, del trámite de la MC 70-99 (expediente de prueba, folio 1668) y Declaración ante fedatario público (affidavit) de Jerónimo Pérez Argumedo de 21 de enero de 2013 (expediente de prueba, folios 14933 y 14934).

243 Cfr. Subcomisión de Protección a la Consión Mixta de Verificaciòn y Acompañamiento a las Comunidades Desplazadas que se encuentran en Turbo, Bocas de Atrato y Bahía Cupica. Informe (expediente de prueba, folio 3887). Comisión Intereclesiástica de Justicia y Paz Comunicación “Situación Cacarica - Desplazamiento Forzado - Presencia Militar” presentada al Defensor del Pueblo el 22 de septiembre de 2003 (expediente de prueba, folio 50899). Defensoría del Pueblo de Colombia. Oficio No. 3010-04462 radicado en octubre de 2002 ante la Defensoria del Pueblo Seccional Urabá (expediente de prueba, folios 50907 y 50908). Comisión Intecongregacional de Justicia y Paz Acción Urgente sobre la situación que padecía la región de Urabá al dirigida al Presidente de la Republica Ernesto Samper Pizano, Ministro del Interior, Ministra de Relaciones Exteriores, Ministro de Justicia y del Derecho, Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación, Defensor del Pueblo y Consejero Presidencial para Derechos Humanos de 12 de marzo de 1997. Anexo de la petición inicial de 1˚ de junio de 2004, (expediente de prueba, folios 1598 y ss.). Al respecto, la Comisión realizó una visita in loco a Colombia entre el 1˚ y el 8 de diciembre de 1997 en la cual visitó el coliseo y los albergues en Turbo y el 17 de diciembre de 1997, la Comisión Interamericana dictó medidas cautelares para proteger la vida e integridad personal de estos desplazados. Tercer informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia OEA/Ser.L/V/II.102. Doc. 9 rev. 1, 26 de febrero de 1999. Capítulo VI, párr. 46 (expediente de prueba, folios 768 y ss.)

244 Cfr. Se realizó con un aporte de $144.908.450 y un aporte de la comunidad correspondiente a $355.140.920. Nota del Ministerio de Relaciones Exteriores de 27 de agosto de 2009, Nota del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 27 de agosto de 2009, párr. 112 (expediente de prueba, folios 7597 y 7598).

245 Cfr. Defensoría del Pueblo de Colombia. Comunicado de Prensa N° 869, de 21 de Agosto de 2003 (expediente de prueba, folio 51403). Son objetivos de estas comunidades: no participar en forma directa ni indirecta en el conflicto armado, no portar armas de fuego, no brindar ayuda de ninguna clase a los actores del conflicto, darse su propio reglamento y acatarlo, portar los distintivos de la comunidad con responsabilidad, comprometerse con una salida política y negociada del conflicto armado, fortalecer el trabajo comunitario y defender su identidad nacional y su territorio. En desarrollo de sus objetivos, estas comunidades solicitan a los actores del conflicto: a) respeto por sus áreas de vivienda y trabajo, b) respeto al libre desplazamiento, iii) levantamiento al estado de restricción de alimentos, c) evitar el proselitismo político armado dentro de la comunidad, en consecuencia no reclutar ni presionar a sus integrantes, d) respeto por su opción y acción no violenta, e) respecto de sus derechos ciudadanos y del derecho internacional humanitario, f) respecto de sus principios y autonomía, g) abstenerse de tomar represalias contra la comunidad por las personas que recurran a grupos armados, y en subsidio denunciar los hechos ante la Comisión Verificadora, Defensoría del Pueblo. Resolución Defensorial No.025. Sobre las Violaciones Masivas de Derechos Humanos y Desplazamiento Forzado en la Región del Bajo Atrato Chocoano, octubre de 2002, punto C, números 23 a 26. Corte Constitucional. T-955 de 17 de octubre de 2003 (expediente de prueba, folios 137 y 138). Véase asimismo, Somos Tierra de Esta Tierra. Memorias de una Resistencia Civil. CAVIDA (expediente de prueba, folio 301 y ss.).

246 Cfr. Defensoría del Pueblo de Colombia. Comunicado de Prensa N° 869, de 21 de Agosto de 2003 (expediente de prueba, folio 51403); Corte Constitucional. Sentencia T-955 de 17 de octubre de 2003 (expediente de prueba, folio 139 y 140). Véase también: Defensoría del Pueblo. Resolución Defensorial No.025. Sobre las Violaciones Masivas de Derechos Humanos y Desplazamiento Forzado en la Región del Bajo Atrato Chocoano, octubre de 2002, Parr. 27 (expediente de prueba, folio 233).

247 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-955 de 17 de octubre de 2003 (expediente de prueba, folio 135). Véase también: Defensoría del Pueblo. Resolución Defensorial No.025. Sobre las Violaciones Masivas de Derechos Humanos y Desplazamiento Forzado en la Región del Bajo Atrato Chocoano, octubre de 2002, Parr. 27 (expediente de prueba, folio 233): “Las condiciones eran la construcción de dos nuevos asentamientos (Esperanza en Dios y Nueva Vida), la titulación colectiva de las tierras, la protección no armada del Estado, el desarrollo comunitario, y la reparación moral”; Véase asimismo: declaración ante fedatario público (affidavit) de John Jairo Mena Palacio del 21 de enero de 2013 (expediente de prueba, folios 14985 y 14986); Declaración ante fedatario público (affidavit) de Henry Anguro Martínez de 21 de enero de 2013 (expediente de prueba, folio 15075), y Declaración ante fedatario público (affidavit) de Marcos Fidel Velásquez de 21 de enero de 2013 (expediente de prueba, folios 14957 a 14959).

248 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-955 de 17 de octubre de 2003 (expediente de prueba, folio 139): el “Acta de Acuerdo Para el Retorno entre las Comunidades Desplazadas de la Cuenca del Cacarica Asentadas Provisionalmente en Turbo, Bocas de Atrato y Bahia, y el Gobierno Nacional”, por ejemplo, fue suscrita el 13 de diciembre de 1999. Del mismo modo, Carta de 7 de Enero de 1999 del Ministerio de Relaciones Exteriores a la Comisión (expediente de prueba, folio 3913).

249 Cfr. Defensoría del Pueblo de Colombia. Comunicado de Prensa N° 869, de 21 de Agosto de 2003 (expediente de prueba, folio 51403):. Según indica la Defensoría del Pueblo, “[l]a mayoría de estos proyectos han sido ejecutados con recursos del Presupuesto Nacional y supervisados por la Red de Solidaridad Social, el Ministerio de Transporte y el Banco Agrario, entre otros”; Véase asimismo, Somos Tierra de Esta Tierra. Memorias de una Resistencia Civil. CAVIDA (expediente de prueba, folio 301 y siguientes).

250 Esos aspectos serían: atención humanitaria hasta que las familias puedan garantizarse su subsistencia, documentación, construcción de 418 viviendas, entrega formal de la Resolución de adjudicación del territorio colectivo a la comunidad, el 15 de diciembre de 2000 en Turbo, desarrollo de medidas de protección y limpieza y canalización de los calos de Perancho y Peranchito. Cfr. Acta de Acuerdo Para el Retorno entre las Comunidades Desplazadas de la Cuenca del Cacarica Asentadas Provisionalmente en Turbo, Bocas de Atrato y Bahía, y el Gobierno Nacional (expediente de prueba, folios 1632 a 1658); Corte Constitucional Colombiana, Sentencia T-955 de 17 de octubre de 2003 (expediente de prueba, folio 139).

251 Cfr. Declaración ante fedatario público (affidavit) de John Jairo Mena Palacio del 21 de enero de 2013 (expediente de prueba, folio 14985).

252 Cfr. Defensoría del Pueblo. Resolución Defensorial No.025. Sobre las Violaciones Masivas de Derechos Humanos y Desplazamiento Forzado en la Región del Bajo Atrato Chocoano, octubre de 2002. Parr. 37 (expediente de prueba, folio 233).

253 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-955 de 17 de octubre de 2003 (expediente de prueba, folio 140). Véase también: Defensoría del Pueblo. Resolución Defensorial No.025. Sobre las Violaciones Masivas de Derechos Humanos y Desplazamiento Forzado en la Región del Bajo Atrato Chocoano, octubre de 2002, Parr. 37 (expediente de prueba, folio 237).

254 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-955 de 17 de octubre de 2003 (expediente de prueba, folio 140). Véase también: Declaración ante fedatario público (affidavit) de Elvia Hinestroza Roa de 21 de enero de 2013 (expediente de prueba, folio 15034); Denuncia efectuada por Evangelina Mosquera Hinestroza, de fecha 27 de febrero de 1997 ante la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz en la que pone en conocimiento su desplazamiento del corregimiento de Cacarica hacia la localidad de Turbo (expediente de prueba, folio 17725). También: Defensoría del Pueblo de Colombia, Comunicado de Prensa N° 773, de 8 de octubre de 2002 (expediente de prueba, folio 51399).

255 Cfr. Defensoría del Pueblo de Colombia. Comunicado de Prensa N° 869, de 21 de Agosto de 2003. (expediente de prueba, folio 51403): “entidades gubernamentales que hacen parte de la Comisión Mixta (Programa Presidencial de Derechos Humanos, Ministerio del Interior, Red de Solidaridad Social, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, representantes de entidades internacionales y ONG’s, entre otras), han visitado en varias oportunidades tales asentamientos, conocen la situación de sus habitantes y pueden corroborar los compromisos adquiridos por las diferentes entidades del Gobierno y por la propia comunidad”. Véase asimismo: Corte Constitucional. Sentencia T-955 de 17 de octubre de 2003 (expediente de prueba, folios 137 y 138). Del mismo modo, consultar: Defensoría del Pueblo de Colombia. Comunicado de Prensa N° 773, de 8 de octubre de 2002 (expediente de prueba, folio 51399 y 51400) y “Somos Tierra de Esta Tierra. Memorias de una Resistencia Civil”, CAVIDA (expediente de prueba, folio 301 y ss.).

256 Cfr. Declaración ante fedatario público (affidavit) de John Jairo Mena Palacio del 21 de enero de 2013 (expediente de prueba, folio 14985).

257 Cfr. Nota del Ministerio de Relaciones Exteriores de 27 de agosto de 2009, párr. 110 (expediente de prueba, folio 7597).

258 Cfr. Nota del Ministerio de Relaciones Exteriores de 27 de agosto de 2009, párrs. 148 y 149 (expediente de prueba, folio 7870): Jornadas de atención integral en el 2005 y una en el 2006, de atención médico-quirúrgica alimentos, medicinas y atención psicosocial; en coordinación con la organización Comunidad Hábitat Finanzas (CHF), se construyó escuelas en los corregimientos de Bogotá (1), San Higinio (1) y El Limón (1), y se construyeron 150 albergues temporales para San Higinio, Bocas del Limón, La Tapa, Puente América, Santa Lucia, Barranquilla.

259 Cfr. Vicepresidencia de la República de Colombia, Ministerio de Relaciones Exteriores Documento Interno de Trabajo de 26 de septiembre de 2002 (expediente de prueba, folio 48117).

260 Cfr. Comisión Mixta de Verificación Entidades de Estado y Gobierno.Balance General de Gestión marzo de 2004 (expediente de prueba, folios 4988 a 4989).

261 Cfr. Nota del Ministerio de Relaciones Exteriores de 27 de agosto de 2009, párr. 104 (expediente de prueba, folio 7596): Las diferentes fases de retorno eran las siguientes: la exploración (el 13 de octubre de 1999), la avanzada (en diciembre de 1999), la primera (el 31 de enero de 2000), la segunda (el 13 de octubre de 2000), y la tercera (entre diciembre de 2000 y el 1˚ de marzo de 2001). Véase también: Acta de acuerdos para el retorno entre las Comunidades desplazadas de la Cuenca del Cacarica asentadas provisionalmente en Turbo, Bocas del Atrato y Bahía Cupica y el Gobierno Nacional (expediente de prueba, folio 1638).

262 Cfr. Nota del Ministerio de Relaciones Exteriores de 27 de agosto de 2009, párr. 110 (expediente de prueba, folio 7597).

263 Cfr. Nota del Ministerio de Relaciones Exteriores de 27 de agosto de 2009, párr. 111 (expediente de prueba, folio 7597): Jornadas de atención integral en el 2005 y una en el 2006, de atención médico-quirúrgica alimentos, medicinas y atención psicosocial; en coordinación con la organización Comunidad Hábitat Finanzas (CHF), se construyó escuelas en los corregimientos de Bogotá (1), San Higinio (1) y El Limón (1), y se construyeron 150 albergues temporales para San Higinio, Bocas del Limón, La Tapa, Puente América, Santa Lucia, Barranquilla.

264 Cfr. Declaración ante fedatario público (affidavit) de Henry Angulo Martínez de 21 de enero de 2013 (expediente de prueba, 15075); Declaración ante fedatario público (affidavit) de Jerónimo Pérez Argumedo de 21 de enero de 2013 (expediente de prueba, folio 14932), y Declaración ante fedatario público (affidavit) de John Jairo Mena Palacio de 21 de enero de 2013 (expediente de prueba, folio 14986).

265 Cfr. Defensoría del Pueblo. Resolución Defensorial No.025. Sobre las Violaciones Masivas de Derechos Humanos y Desplazamiento Forzado en la Región del Bajo Atrato Chocoano, octubre de 2002, Punto E, numero 10 (expediente de prueba, folio 240).

266 Cfr. Defensoría del Pueblo. Resolución Defensorial No.025. Sobre las Violaciones Masivas de Derechos Humanos y Desplazamiento Forzado en la Región del Bajo Atrato Chocoano, octubre de 2002, Parr. 15 (expediente de prueba, folio 241).

267 Cfr. Balance General de Gestion de la Comisión Mixta de Verificación de marzo de 2004 (expediente de prueba, folios 4988 y 4989). La nota del Ministerio de Relaciones Exteriores de 24 de abril de 2001, del trámite de la MC 70-99 recibido el 25 de abril de 2001 indica que fueron de $11.154.769.286.00 pesos (expediente de prueba, folios 1658 y ss.).

268 Cfr. Defensoría del Pueblo, Sistema para la prevención de violaciones masivas a los derechos humanos, Alerta Temprana, de 30 de noviembre de 2001 (expediente de prueba, folio 51083); Defensoría del Pueblo, Sistema de Alertas Tempranas, Evaluación y calificación de riesgo, 8 de febrero de 2002 (expediente de prueba, folio 51087); Defensoría del Pueblo, Sistema de Alertas Tempranas, Informe de riesgo N°017-03, 14 de maro de 2003 (expediente de prueba, folio 51103); Defensoría del Pueblo. Resolución Defensorial No.025. Sobre las Violaciones Masivas de Derechos Humanos y Desplazamiento Forzado en la Región del Bajo Atrato Chocoano, octubre de 2002, parrs. 36 a 47 (expediente de prueba, folios 237 y 238); Defensoría del Pueblo de Colombia. Comunicado de Prensa N° 667-A, de 19 de diciembre de 2001, (expediente de prueba, folio 51396); Defensoría del Pueblo de Colombia. Comunicado de Prensa N° 691, de 8 de febrero de 2002 (expediente de prueba, folio 51397); Defensoría del Pueblo de Colombia. Comunicado de Prensa N° 753, de 14 de agosto de 2002 (expediente de prueba, folio 51398); Defensoría del Pueblo de Colombia. Comunicado de Prensa N° 1349, de 16 de octubre de 2008 (expediente de prueba, folio 51407), y Defensoría del Pueblo, Oficio N°. 402501/1040-08, Informe de Riesgo de Inminencia N°025-08, para el Municipio Rio Sucio – Chocó de 4 de noviembre de 2008 (expediente de prueba, folio 51185). Véase también: Declaración ante fedatario público (affidavit) de Etilbia Del Carmen Paez Cierra de 21 de enero de 2013 (expediente de prueba, folio 15044); Declaración ante fedatario público (affidavit) de Elvia Hinestroza Roa de 21 de enero de 2013 (expediente de prueba, folio 15034); Declaración ante fedatario público (affidavit) de Marcos Fidel Velásquez de 21 de enero de 2013 (expediente de prueba, folio 14960). Véase asimismo, Defensoría del Pueblo de Colombia. Comunicado de Prensa N° 773, de 8 de octubre de 2002 (expediente de prueba, folio 51399).

269 Cfr. Defensoría del Pueblo. Resolución Defensorial No. 025 - Sobre las Violaciones Masivas de Derechos Humanos y Desplazamiento Forzado en la Región del Bajo Atrato Chocoano, octubre de 2002, Párr. 2 (expediente de prueba, folio 235). El 8 de junio de 2001, la Comisión Interamericana solicitó al Estado que extreme las medidas de protección para los pobladores de “Esperanza en Dios” y “Nueva Vida”, en vista de que un grupo de paramilitares habría incursionado en el asentamiento “Esperanza en Dios” y habrían retenido 20 de sus miembros Cfr. Nota de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Ministro de Relaciones Exteriores de 8 de junio de 2001, del trámite de la MC 70-99 (expediente de prueba, folio 1668).

270 Cfr. Defensoría del Pueblo. Resolución Defensorial No.025. Sobre las Violaciones Masivas de Derechos Humanos y Desplazamiento Forzado en la Región del Bajo Atrato Chocoano, octubre de 2002, Parr. 26 a 48 (expediente de prueba, folio 237 y 238). Véase también: Fiscalía General de la Nación, Unidad de Justicia y Paz, Dossier del Bloque Elmer Cárdenas, Estructuras Entregadas por Fredy Rendón, sobre ‘Descripción Operación Tormenta del Atrato 17 de abril de 2002 II (Bojayá) (expediente de prueba, folios 44477).

271 Cfr. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Expediente A.T 00-1378 de 7 de septiembre de 2001 (expediente de prueba, folio 46890); Corte Constitucional Colombiana. Sentencia T-955 de 17 de octubre de 2003, pág. 24 (expediente de prueba, folio 156).

272 Cfr. Defensoría del Pueblo. Resolución Defensorial No.025. Sobre las Violaciones Masivas de Derechos Humanos y Desplazamiento Forzado en la Región del Bajo Atrato Chocoano, octubre de 2002, párrs. 45 y 46 (expediente de prueba, folio 238).

273 Cfr. Ley 31 de 19 de julio de 1967, por la cual se aprueba el Convenio Internacional del Trabajo, relativo a la protección e integración de las poblaciones indígenas y tribuales en los países independientes, adoptado por la cuadragésima reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo.

274 La Ley 31 de 1967, permitió incrementar las políticas estatales de reconocimiento territorial a las comunidades y fue la base legal para la solicitud de los campesinos negros del Atrato realizada desde 1986 sobre el otorgamiento del título comunitario y su oposición a la explotación de maderas en sus territorios. Cfr. Corte Constitucional Colombiana. Sentencia T-955 de 17 de octubre de 2003 (expediente de prueba, folio 143).

275 Ley 70 de 1993, Diario Oficial No. 41.013 de 31 de agosto de 1993, Artículo 1º (expediente de prueba, folio 695). La Ley 70 de 1993 se complementa con el artículo transitorio 55 de la Constitución Política de Colombia que tuvo por objeto, entre otros, reconocer a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva, de conformidad con sus disposiciones.

276 Los permisos fueron otorgados mediante resoluciones 3595 y 3596 de 30 de diciembre de 1992, 655 de 16 de abril de 1993 y 656 de 28 de mayo de 1993. No obstante, la Junta Directiva de CODECHOCÓ sujetó los permisos a que en los contratos se estipulara "una cláusula que condicionará su continuidad a lo que finalmente decidiera el legislador en desarrollo del artículo 55 transitorio de la Constitución", norma que reconocía el derecho de propiedad colectiva a las comunidades negras que por años habían ocupado tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de la cuenca del Pacífico.
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