Corte interamericana de derechos humanos


II. PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE



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II.
PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE


  1. Notificación al Estado y a los representantes.– El sometimiento del caso por parte de la Comisión fue notificado al Estado y a los representantes el 29 de noviembre de 2011.

  2. Escrito de solicitudes, argumentos y pruebas.– El 29 de enero de 2012 los representantes presentaron su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas3 (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”), en los términos de los artículos 25 y 40 del Reglamento.

  3. Escrito de contestación. – El 7 de junio de 2012 el Estado presentó ante la Corte su escrito de interposición de excepciones preliminares4, contestación al sometimiento del caso y observaciones a las solicitudes y argumentos (en adelante “contestación” o “escrito de contestación”). Inicialmente el Estado designó como Agentes a los señores Assad Jose Jater Peña, y a Jorge Alberto Giraldo Rivera. Posteriormente, a partir del 29 de enero de 2013, designó al señor Rafael Nieto Loaiza como Agente para este caso5.

  4. Observaciones a las excepciones preliminares.– Los días 9 y 10 de agosto de 2012 la Comisión y los representantes presentaron, respectivamente, sus observaciones a las excepciones preliminares y al acto denominado por el Estado como “reconocimiento parcial de responsabilidad”.

  5. Audiencia pública y prueba adicional.– El 19 de diciembre de 2012 el Presidente dictó una Resolución6, mediante la cual ordenó recibir declaraciones rendidas ante fedatario público (afidávit) de catorce presuntas víctimas; cuatro peritos, propuestos por los representantes; dos peritos ofrecidos por la Comisión, y dos peritos propuestos por el Estado. Asimismo, en esta Resolución el Presidente convocó a las partes y a la Comisión a una audiencia pública que fue celebrada el 11 y 12 de febrero de 2013 durante el 98° Período Ordinario de Sesiones de la Corte, la cual tuvo lugar en su sede7. En la audiencia se recibieron las declaraciones de dos presuntas víctimas y de un perito propuesto por los representantes; un perito propuesto por la Comisión, y un declarante a título informativo, un perito y un testigo propuestos por el Estado así como las observaciones y alegatos finales orales de la Comisión, el representante de las presuntas víctimas y el Estado, respectivamente. Durante la referida audiencia, la Corte requirió a las partes que presentaran determinada información y documentación para mejor resolver.

  6. Amici Curiae.- El 14 de enero, 27 de febrero y el 1, 12 y 14 de marzo de 2013, respectivamente, “Miembros de la Etnia Negra víctimas del desplazamiento forzado del Bajo Atrato – Chocó – Colombia”, Thomas Mortensen de Christian Aid RU e Irlanda, el Centro Internacional para la Justicia Transicional, Jaime Arturo Fonseca Triviño de “Confesión Voluntariado Misionero Cristiano MANOS UNIDAS”, “Coordinación Colombia Europa Estados Unidos”8, Macarena Sáez de American University Washington College of Law Impact Litigation Project9, presentaron escritos en calidad de amicus curiae.

  7. Alegatos y observaciones finales escritos.– El 13 de marzo de 201310, los representantes y el Estado remitieron sus alegatos finales escritos y la Comisión presentó sus observaciones finales escritas. El representante y el Estado dieron respuesta a las solicitudes de la Corte de información y documentación para mejor resolver.

  8. Observaciones sobre anexos a alegatos finales.– Los escritos de alegatos y observaciones finales escritos fueron transmitidos a las partes y a la Comisión el 4 de abril de 2013.

  9. Prueba para mejor resolver.- El Presidente otorgó un plazo al representante y al Estado para que presentaran las observaciones que estimaran pertinentes a la prueba para mejor resolver solicitada por la Corte (infra párrs. 61 a 69), así como a la información y anexos remitidos por los representantes y el Estado. Los días 24 y 30 de abril de 2013 los representantes11 y el Estado remitieron, respectivamente, las observaciones solicitadas.

  10. Observaciones de la Comisión.- El 26 de abril de 2013 la Comisión Interamericana presentó sus observaciones acerca de los anexos a los alegatos finales escritos de los representantes.

  11. Medidas Provisionales.- El 30 de mayo de 2013, mediante resolución de la Corte, se desestimó una solicitud de medidas provisionales interpuesta a favor de Bernardo Vivas Mosquera, Jhon Jairo, Sofía Roa, Elvia Hinestroza Roa, Etilvia Páez, Edwin Orejuela, Sofía Quinto, Ángel Nellys Palacios, Emedelina Palacios, Josefina Mena, Pascual Ávila Moreno y Alicia Mosquera Hurtado12.

III.
COMPETENCIA


  1. La Corte es competente para conocer del presente caso, en los términos del artículo 62.3 de la Convención, ya que Colombia es Estado Parte en la Convención desde el 31 de julio de 1973 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 21 de junio de 1985. Asimismo, el 2 de diciembre de 1998 Colombia ratificó la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

IV.
RECONOCIMIENTO PARCIAL DE RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL

  1. Manifestación del Estado y observaciones de la Comisión y de los representantes


Manifestaciones del Estado

  1. El Estado reconoció parcialmente su responsabilidad internacional en el presente caso, en los siguientes términos:

  1. Por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, establecidos en los artículos 8 y 25 de la Convención en relación a la obligación de respetar los derechos contenida en el artículo 1.1 del mismo instrumento, respecto de los familiares de Marino López Mena “que resulten debidamente identificados e individualizados” por la existencia de una violación al plazo razonable que, a la fecha ha impedido determinar y sancionar a los autores intelectuales o materiales de la muerte de Marino López Mena.

  2. Con respecto a las víctimas de desplazamiento forzado que sean consideradas como tales por la Corte, la violación a los artículos 8 y 25 de la Convención, por el retardo injustificado en la determinación y sanción de los autores materiales e intelectuales de dicho desplazamiento, en violación del plazo razonable.

  3. Desde el inicio del caso contencioso, se han detallado los esfuerzos y avances de las autoridades judiciales con la finalidad de esclarecer los hechos alegados en el caso, señalando los recursos que se encuentran a disposición de las víctimas para obtener su protección judicial13; a pesar de los esfuerzos realizados y la existencia de investigaciones penales14, sin embargo actualmente no se han obtenido resultados concretos debido a “la complejidad de los hechos materia de investigación, originada especialmente en el modus operandi de las organizaciones ilegales generadoras de los hechos, las condiciones de vulnerabilidad de la población que resultó víctima de ellos, las difíciles circunstancias de acceso de los funcionarios judiciales a la zona donde ocurrieron los hechos”.

Observaciones de la Comisión y de los representantes

  1. La Comisión alegó que “este reconocimiento de responsabilidad, si bien es valorado positivamente, tiene un alcance limitado y abarca únicamente uno de los múltiples factores de impunidad acreditados en el presente caso, esto es, el incumplimiento de la garantía de plazo razonable”15. Asimismo, indicó que aún subsiste la controversia relativa a la violación de los demás derechos establecidos en la Convención Americana y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura16. Por lo anterior, la Comisión solicitó a la Corte: a) que otorgue efectos jurídicos al reconocimiento; b) que efectúe una descripción pormenorizada de los hechos y de las violaciones ocurridas, y c) que haga un análisis de fondo sobre las violaciones parcialmente aceptadas y las objetadas, procediendo a declarar la responsabilidad internacional del Estado en este caso.

  2. Por su parte, las representantes expresaron que valoraban “de manera positiva que el Estado reconozca la condición de vulnerabilidad de las víctimas y las dificultades de acceso al lugar de los hechos”, pero que en realidad “las investigaciones realizadas por el Estado carecieron de rigor y seriedad y que fueron estas circunstancias y no las dificultades señaladas por el Estado las que explican porque, luego de 15 años el caso permanece en total impunidad”. Por tanto, consideraron que el Estado “no reconoce los fundamentos de hecho y de derecho que llevaron a la Comisión a declararlo responsable de la violación de los artículos 8 y 25 en perjuicio de las víctimas” y que, en consecuencia, ese acto procesal “no está dirigido a cesar la controversia sobre este hecho, por lo que no puede ser considerado un reconocimiento de responsabilidad como tal, ni una contribución positiva al desarrollo del presente caso”, ni está contribuyendo al establecimiento de la verdad de lo que ha acontecido. Así, solicitaron que se desestime el reconocimiento de responsabilidad realizado por el Estado y que la Corte proceda “a la determinación puntual de los hechos ocurridos”.



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