Corte interamericana de derechos humanos



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72 Cfr. Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia, párrs. 9 y 12; Caso Escué Zapata Vs. Colombia, párrs. 8 y 10; Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, párrs. 42, 44, 51 y 52, Caso Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Fondo, 31 y 32; Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas, párrs. 7, 11 y 12; Caso Mohamed Vs. Argentina, párrs. 14 y 15; Caso Abrill Alosilla y otros Vs. Perú. Fondo Reparaciones y Costas, párrs. 12 y 13; Caso Barbani Duarte y otros Vs. Uruguay. Fondo Reparaciones y costas, párrs. 10 y 11, y Caso Gudiel Álvarez y otros ("Diario Militar") Vs. Guatemala. Fondo Reparaciones y Costas, párr. 16.

73 Cfr. Notas de la Secretaría CDH-12.573/226 de 12 de julio de 2013 y CDH-12.573/230 de 30 de julio de 2013.

74 Cfr. Alegatos Finales Orales del Estado ante la Corte Interamericana durante la durante audiencia pública de 12 de febrero de 2013.

75 Cfr. Corte Suprema de Justicia de Colombia, Sala de Casación Penal, Procesos radicado 10547, Sentencia de 15 de junio de 1999 y radicado 34653, Sentencia de 27 de septiembre de 2010: “La retractación, ha sido dicho por la Corte, no destruye per se lo afirmado por el testigo arrepentido en sus declaraciones precedentes, ni torna verdad apodíctica lo dicho en sus nuevas intervenciones. " […] hay que emprender un trabajo analítico de comparación y nunca de eliminación, a fin de establecer en cuáles de las distintas y opuestas versiones, el testigo dijo la verdad. Quien se retracta de su dicho ha de tener un motivo para hacerlo, el cual podrá consistir ordinariamente en un reato de conciencia, que lo induce a relatar las cosas como sucedieron, o en un interés propio o ajeno que lo lleva a negar lo que sí percibió. De suerte que la retractación solo podrá admitirse cuando obedece a un acto espontáneo y sincero de quien lo hace y siempre que lo expuesto a última hora por el sujeto sea verosímil y acorde con las demás comprobaciones del proceso". Véase asimismo Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Proceso radicado 28835, Sentencia de 15 de septiembre de 2010 .

76 Cfr. Corte Suprema de Justicia de Colombia, Sala de Casación Penal, Procesos: radicado 23438, Sentencia de julio 2 de 2008; radicado 21.939, Sentencia de 29 de septiembre de 2004, y Proceso radicado 31579, Sentencia de 27 de julio de 2009.

77 Cfr. Corte Suprema de Justicia de Colombia, Sala de Casación Penal, Proceso radicado 32672, Sentencia de 3 de diciembre de 2009.

78 Cfr. Corte Suprema de Justicia de Colombia, Sala de Casación Penal, Proceso radicado 32805, Sentencia de 23 de febrero de 2010.

79 Cfr. Corte Suprema de Justicia de Colombia, Sala de Casación Penal, Proceso radicado 32022, Sentencia de 21 de septiembre de 2009.

80 Cfr. Corte Suprema de Justicia de Colombia, Sala de Casación Penal, Proceso radicado 31150, Sentencia de 12 de mayo de 2009: “En el marco de la Ley de Justicia y Paz, la anterior conclusión permite pregonar que cuando el Fiscal formula una imputación, o incluso unos cargos, con base en la confesión del postulado, debe ofrecer al Magistrado de Garantías los argumentos de pertinencia, eficacia y profundidad con fundamento en los cuales aquél pueda estimar su mérito probatorio, teniendo en cuenta la coherencia interna y externa del relato, el objeto percibido, su nivel de descripción y, por tratarse de hechos que fueron cometidos con ocasión y durante la militancia del postulado en el aparato ilegal armado de poder, verificar si el modus operandi se corresponde con el patrón delictivo del grupo, para lo cual deberá auscultarse la razón de la victimización y si fuere del caso, su sistematicidad”.

81 El Artículo 17 de la Ley 975 de 2005, Ley de Justicia y Paz, establece que la “versión rendida por el desmovilizado y las demás actuaciones adelantadas en el proceso de desmovilización, se pondrán en forma inmediata a disposición de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz con el fin de que el fiscal delegado y la Policía Judicial asignados al caso, de […] elaboren y desarrollen el programa metodológico para iniciar la investigación, comprobar la veracidad de la información suministrada y esclarecer los patrones y contextos de criminalidad y victimización”. Del mismo modo, artículo 4 del Decreto 4760 de 2005 estipula que “[r]ecibida la lista de postulados enviada por el Gobierno Nacional, el Fiscal Delegado competente asignado, previamente a la recepción de la versión libre, realizará las actividades tendientes a la averiguación de la verdad material, la determinación de los autores intelectuales, materiales y partícipes, el esclarecimiento de las conductas punibles cometidas, la identificación de bienes, fuentes de financiación y armamento de los respectivos grupos armados organizados al margen de la ley, así como los cruces de información y demás diligencias tendientes al cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de la Ley 975 de 2005 durante el plazo razonable que se requiera para el efecto, que no podrá exceder del término de seis (6) meses previsto en el artículo 325 de la Ley 600 de 2000 […]”.

82 Cfr. Corte Suprema de Justicia de Colombia, Sala de Casación Penal, Procesos radicado 31539, Sentencia de 31 de julio, radicado 32022, 21 de septiembre de 2009, y radicado 34423, Sentencia de 23 de agosto de 2011. Asimismo, véase Proceso radicado 30775, Sentencia de 18 de febrero de 2009, Proceso radicado 29992, Sentencia de 28 de julio de 2008, y Proceso radicado 32022, Sentenica de 21 de septiembre de 2009. Véase asimismo, Declaración de Javier Ciurlizza, perito propuesto por la Comisión, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante la audiencia pública de 11 de febrero de 2013.

83 Corte Suprema de Justicia de Colombia, Sala de Casación Penal, Proceso radicado 34423, 23 de agosto de 2011.

84 Cfr. Declaración de Miguel Samper, declarante a título informativo propuesto por el Estado, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante la audiencia pública de 12 de febrero de 2013.

85 Cfr. Fiscalía General de la Nación, Dossier del Bloque Elmer Cárdenas, Génesis (expediente de prueba, folios 44465, 45444, 45250, 45490, 45513, 45459, 45238 y ss.).

86 Cfr. Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones, párr. 201.

87 Los objetos de todas estas declaraciones se encuentran establecidos en la Resolución del Presidente de la Corte de 19 de diciembre de 2012, puntos resolutivos primero y quinto.

88 Cfr. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie C No. 33, párr. 43, y Caso Suárez Peralta Vs. Ecuador, párr. 38.

89 Cfr. Defensoría del Pueblo. Resolución Defensorial No. 025 Sobre las Violaciones Masivas de Derechos Humanos y Desplazamiento Forzado en la Región del Bajo Atrato Chocoano, octubre de 2002 (expediente de prueba, folio 229). Véase también: Declaración de Jesús Alfonso Flórez López, perito propuesto por los representantes de las presuntas víctimas, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante la audiencia pública de 12 de febrero de 2013.

90 Estos son: Apartadó, Carepa, Chigorodó, Necoclí, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Turbo, Arboletes, Murindó, Mutatá y Vigía del Fuerte.

91 Estos son: Acandí, Unguía, Riosucio y Carmén del DariéN° Cfr. Defensoría del Pueblo. Resolución Defensorial No. 025 Sobre las Violaciones Masivas de Derechos Humanos y Desplazamiento Forzado en la Región del Bajo Atrato Chocoano, octubre de 2002 (expediente de prueba, folio 229).

92 Cfr. Defensoría del Pueblo. Resolución Defensorial No. 025 Sobre las Violaciones Masivas de Derechos Humanos y Desplazamiento Forzado en la Región del Bajo Atrato Chocoano, octubre de 2002 (expediente de prueba, folio 229). Véase también: Declaración de Jesús Alfonso Flórez López, perito propuesto por los representantes de las presuntas víctimas, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante la audiencia pública de 12 de febrero de 2013.

93 Cfr. Defensoría del Pueblo. Resolución Defensorial No. 025 Sobre las Violaciones Masivas de Derechos Humanos y Desplazamiento Forzado en la Región del Bajo Atrato Chocoano, octubre de 2002 (expediente de prueba, folio 230). Asimismo, Declaración de Germán Castro, Testigo propuesto por el Estado, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante la audiencia pública de 12 de febrero de 2013.

94 Cfr. Escrito de Contestación del Estado (expediente de fondo, folio 500).

95 Cfr. Defensoría del Pueblo. Resolución Defensorial No. 025 Sobre las Violaciones Masivas de Derechos Humanos y Desplazamiento Forzado en la Región del Bajo Atrato Chocoano, octubre de 2002 (expediente de prueba, folio 230) y Fiscalía General de la Nación, Unidad de Justicia y Paz, Dossier del Bloque Elmer Cárdenas, Génesis (expediente de prueba, folios 44466 a 44468). Véase también: Declaración de Jesús Alfonso Flórez López, perito propuesto por los representantes de las presuntas víctimas, ante la Corte Interamericana en la audiencia de 12 de febrero de 2013.

96 Cfr. Declaración de Jesús Alfonso Flórez López, perito propuesto por los representantes de las presuntas víctimas, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la audiencia de 12 de febrero de 2013. Véase asimismo, Defensoría del Pueblo, Resolución Defensorial N°39 de 2 de junio de 2005 (expediente de prueba, folios 47464 y 47465).

97 Cfr. “Informe Operación Génesis” citado en la Declaración rendida por afidávit el 31 de enero de 2013, por María Paulina Leguizamón Zarate, perito propuesto por el Estado (expediente de prueba, folio 15412). Véase también: Peritage Antropológico allegado en la declaración de Jesús Alfonso Flórez López, perito propuesto por los representantes de las presuntas víctimas, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante la audiencia pública de 12 de febrero de 2013 (expediente de prueba, folios 16474 y 16475).

98 El Bajo Atrato se encuentra situado al norte del departamento del Chocó, donde también se encuentra el municipio de Riosucio.

99 Cfr. Declaración de Jesús Alfonso Flórez López, perito propuesto por los representantes de las presuntas víctimas, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la audiencia de 12 de febrero de 2013. Asimismo, Defensoría del Pueblo, Resolución Defensorial N°39 de 2 de junio de 2005 (expediente de prueba, folio 47465).

100 Cfr. Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. Resolución No. 841 de 26 de abril de 1999 (expediente de prueba, folio 47058), y Corte Constitucional Colombiana, Sentencia T-955 de 17 de octubre de 2003 (expediente de prueba, folio 134). Del mismo modo, Declaración de Jesús Alfonso Flórez López, perito propuesto por los representantes de las presuntas víctimas, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante la audiencia pública de 12 de febrero de 2013, así como el peritaje antropológico entregado durante la misma (expediente de prueba, folios 16477 y 16485).

101 Cfr. Peritaje Antropológico de Jesús Alfonso Flórez López, perito propuesto por los representantes de las presuntas víctimas, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante la audiencia pública de 12 de febrero de 2013, y Fiscalía General de la Nación, Unidad de Justicia y Paz, Dossier del Bloque Elmer Cárdenas, Génesis (expediente de prueba, folios 44471 a 44473).

102 Cfr. Peritage Antropológico allegado en la declaración de Jesús Alfonso Flórez López perito propuesto por los representantes de las presuntas víctimas, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante la audiencia pública de 12 de febrero de 2013 (expediente de prueba, folios 16473 y 16475).

103 Cfr. Declaración rendida ante fedatario público (affidavit) el 31 de enero de 2013 por María Paulina Leguizamón Zarate, perito propuesto por el Estado (expediente de prueba, folio 15413). Del mismo modo, véase Corte Constitucional Colombiana Auto No. 005 de 26 de enero de 2009 de la (expediente de prueba, folios 15382 a 15474). En este sentido, documentos del Consejo Nacional de Política Económica y Social, Departamento Nacional de Planeación (en adelante “CONPES”), proyectan acciones positivas para atender a las poblaciones mencionadas: N° 3618 “Lineamientos de la política de generación de ingresos para la población en situación de pobreza extrema y/o desplazamiento” (expediente de prueba, folios 44587 a 44589); N° 3169 “Políticas para la población afrocolombiana” (expediente de prueba, folios 44859 a 44860); N° 3180 “Programa para la reconstrucción y desarrollo sostenible del Urabá Antioqueño y Chocoano y Bajo y Medio Atrato. Ampliación del CONPES No. 3169” (expediente de prueba, folios 44879 a 44890); N° 3310, “Política de acción afirmativa para la población negra colombiana” (expediente de prueba, folios 44901, 44915, 44922 a 44933); N° 3660, “Política para promover la igualdad de oportunidades para la población negra, afrocolombiana, palenquera y raizal” (expediente de prueba, folios 44992 a 45015). Además, Fiscalía General de la Nació N° Proceso Marino López Mena, Radicado 2332, Cuaderno 1 (expediente de prueba, folio 17194).

104 Cfr. Corte Constitucional Colombiana. Auto 005 de 26 de enero de 2009 (expediente de prueba, folio 1681 y ss.). Asimismo, véase Corte Constitucional Colombiana, Sentencias T-422 de 10 de septiembe de 1996; T-586 de 31 de julio de 2007, y Auto No. 222 de 17 de junio de 2009, citados por en la declaración rendida por afidávit por Olga Amparo Sánchez Gómez, perito propuesto por los representantes (expediente de prueba, folio 15196).

105 Cfr. Defensoría del Pueblo y otros Comunicado público de verificación de los atropellos cometidos por las Autodefensas y las FARC a las comunidades indígenas de pueblo de Antioquia, Salaquí, Chocó, 16 de septiembre de 2005 (expediente de prueba, folio 48112); Comisión Institucional de la Defensoría del Pueblo a la Cuenca del Río Jiguamiando, Informe 12-17 de marzo de 2003 (expediente de prueba, 48413, 48416 y 48422); Ministerio del Interior y de Justicia, Acción Social, Procuraduría General de la Nación, y Defensoría del Pueblo. Proyecto de Atención a Comunidades en Riesgo: Mesa de Concertación Bajo Atrato y Urabá (expediente de prueba, folio 50003 a 50014); Defensoría del Pueblo. Resolución Defensorial No. 51, Derechos Humanos en las Subregiones del Bajo Atrato y del Darién - Departamento del Chocó, Bogotá DC, 14 de diciembre de 2007 (expediente de prueba, folio 47981), y Resolución Defensorial N° 025 Sobre las Violaciones Masivas de Derechos Humanos y Desplazamiento Forzado en la Región del Bajo Atrato Chocoano., Bogotá, Octubre de 2002 (expediente de prueba, folios 229 y 230).

106 Cfr., Documentos CONPES, No. 3169, 23 de mayo de 2002 (expediente de prueba, folios 45916 a 45921); No. 3310, 20 de septiembre de 2004 (expediente de prueba, folios 45959. 45961, y 45962), No. 3660, 10 mayo de 2010 (expediente de prueba, folios 46005), y No. 3616 de 28 de septiembre de 2009 (expediente de prueba, folio 44541).

107 Cfr. “Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia”, 61º Período de Sesiones, 28 de febrero de 2005 (expediente de prueba, folios 2332 y 2333). En el mismo sentido, puede consultarse: Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas: El Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y todas las formas de Discriminación. Informe del señor Doudou Diène, Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia,Misión a Colombia, 23 de febrero de 2004, párr. 34. Véase también: Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD). Exámen de los Informes Presentados por los Estados partes de Conformidad con el Artículo 9 de la ConvencióN° Observaciones Finales Colombia a Colombia, 28 de agosto de 2009 parr 13-.”; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Informe “Los Afrocolombianos frente a los Objetivos de Desarrollo del Milenio” 20 de noviembre de 2011, y Tercer Informe de la Comisión Interamercicana de Derechos Humanos, “Derechos Humanos en Colombia” Capítulo XI: Los Derechos de las Comunidades Negras; Bogotá 1999. Páginas 327 a 328.

108 Cfr. Observatorio de Discriminación Racial: “El Derecho a no ser Discriminado. Primer Enfoque sobre Discriminación Racial y Derechos sobre la Población Afrocolombiana (versión resumida)”; Ediciones Unidas; Bogotá, Año 2008 (expediente de prueba, folios 8269 a 8272, 8255, 8271, 8282, 8283, 8284 y 828). Véase asimismo, Secretariado Nacional de Pastoral Social, CARITAS Colombia “Situación de guerra y violencia en el Departamento del Chocó 1996-2002, Bogotá; Noviembre 2002 (expediente de prueba, folios 8762, 8763, 8768 y 8769).

109 “Informe Operación Génesis” citado en la declaración rendida ante fedatario público (affidavit) por María Paulina Leguizamón Zarate de 31 de enero de 2013, perito propuesto por el Estado (expediente de prueba, folio 15413).

110 Cfr. “Informe Operación Génesis” citado en Declaración rendida ante fedatario público (affidavit) el 31 de enero de 2013 por María Paulina Leguizamón Zarate, perito propuesto por el Estado (expediente de prueba, folio 15413). Asimismo, Defensoría del Pueblo. Resolución Defensorial N°39 de 2 de junio de 2005 (expediente de prueba, folio 47465).

111 Fiscalía General de la Nación, Unidad de Justicia y Paz, Dossier del Bloque Elmer Cárdenas, Génesis (expediente de prueba, folio 44475).

112 Cfr. Defensoría del Pueblo. Resolución Defensorial No. 025 Sobre las Violaciones Masivas de Derechos Humanos y Desplazamiento Forzado en la Región del Bajo Atrato Chocoano, octubre de 2002 (expediente de prueba, folio 230). Véase asimismo: Defensoría del Pueblo, Defensoría Delegada para la evaluación del riesgo de la población civil como consecuencia del conflicto armado, Sistema de Alertas Tempranas – SAT, informe de Riesgo N°044-05, 13 de septiembre de 2005 (expediente de prueba, folios 51152-51155); Fiscalìa General de la Nación, Unidad de Justicia y Paz, Dossier del Bloque Elmer Cárdenas, Génesis (expediente de prueba, folio 44470); “Informe Operación Génesis” citado en la declaración rendida ante fedatario público (affidavit) el 31 de enero de 2013 por María Paulina Leguizamón Zarate, perito propuesto por el Estado (expediente de prueba, folio 15413); Declaración del testigo Germán David Castro Díaz, propuesto por el Estado, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la audiencia de 11 de febrero de 2013.

113 La prueba indica que el EPL decidió desmovilizarse en el año 1991 aunque la totalidad de la organización no se acogió al proceso, siendo que un sector de esa guerrilla rompe con el resto de la organización y se retiró del proceso de paz. A partir de entonces se conformó la disidencia del EPL mientras que el resto de sus ex compañeros, es decir los que sí firmaron la Paz y se desmovilizaron, conformaron el movimiento político “Esperanza, Paz y Libertad” el cual inició en la zona de Urabá una disputa electoral importante con otro partido de izquierda, la Unión Patriótica.

114 Cfr. Fiscalía General de la Nación, Unidad de Justicia y Paz, Dossier del Bloque Elmer Cárdenas, Génesis (expediente de prueba, folio 44473). Véase asimismo. Declaración del Coronel Germán Castro, testigo propuesto por el Estado, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante la audiencia pública de 11 de febrero de 2013.

115 La FGN indicó en el dossier sobre el bloque Elmer Cárdenas que posteriormente a ello, ante ese nuevo escenario, las FARC y sus milicias bolivarianas, así como los disidentes del EPL comenzaron a atacar y asesinar a los reinsertados y a las bases políticas del nuevo movimiento político, como una manera de mermar su potencial electoral (según indica la FGN, sólo los asesinatos de sindicalistas entre 1991 y 2003 fueron 632, de los cuales el 66% se le atribuyen a las FARC), pues el grupo político de los “Esperanzados”, competía por los votos de izquierda con la Unión Patriótica. Más tarde, los ex-combatientes del EPL tomaron la decisión de formar los denominados “Comandos Populares”, como estructuras armadas conformados principalmente por reinsertados, que entraron en una disputa abierta con la guerrilla que seguía activa en la zona. Posteriormente, en el año 1995, según indicó el testigo Coronel Germán Castro, los integrantes de los Comandos Populares se desmovilizaron mientras que otros “terminaron entregándose a otro grupo armado legal como son los autodefensas ilegales”. El Testigo agregó que los mismo se unieron a “las filas de esas autodefensas ilegales y ellos conocían […] toda esta área, [..] siendo como conocedores del terreno de los mismos habitantes que estaban allí en medio de esa confrontación”. Cfr. Fiscalía General de la Nación, Unidad de Justicia y Paz, Dossier del Bloque Elmer Cárdenas, Génesis (expediente de prueba, folios 44489 y 44490). Véase asimismo, Declaración del Coronel Germán Castro, testigo propuesto por el Estado, ante la Corte Interamericana en la audiencia pública de 11 de febrero de 2013.

116 Cfr. Fiscalía General de la Nación, Unidad de Justicia y Paz, Dossier del Bloque Elmer Cárdenas, Génesis (expediente de prueba, folio 44475).

117 Cfr. De acuerdo a la información presentada por la Fiscalía, el mismo bloque fue teniendo denominaciones distintas a lo largo del tiempo, de su composición o de las alianzas. Por ejemplo se indica que desde mayo de 1995 hasta septiembre del mismo año, los grupos paramilitares que actuaban en la región eran llamados “los Guelengues”, de octubre de 1995 a diciembre de 1996 eran el “grupo de autodefensa la 70”, desde diciembre de 1996 a diciembre de 1997 era el “Bloque Chocó”, y luego de la muerte de Elmer Cárdenas en diciembre de 1997, pasó a llamarse “Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Campesinas. Véase Fiscalía General de la Nación, Unidad de Justicia y Paz, Dossier del Bloque Elmer Cárdenas, Evolución Militar 01 y Génesis (expediente de prueba, folios 45250 a 45267, y 44508 a 44529 ), Asimismo, Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, radicación 2009-063, Procesado Rito Alejo del Río, sentencia de 23 de agosto de 2012 (expediente de prueba, folios 14804, 14805 y 14808).

118 Cfr. Defensoría del Pueblo. Resolución Defensorial No. 025 Sobre las Violaciones Masivas de Derechos Humanos y Desplazamiento Forzado en la Región del Bajo Atrato Chocoano, octubre de 2002 (expediente de prueba, folio 230). Véase también: “Ordenes de batalla”, “informe Publico de la Decimoséptima Brigada sobre la situación de Derechos Humanos en el Urabá Antioqueño con fecha 31 de julio de 1997” e “Informe Operación Génesis” citados en la Declaración rendida ante fedatario público (affidavit) el 31 de enero de 2013 por María Paulina Leguizamón Zarate, perito propuesto por el Estado (expediente de prueba, folios 15407, 15408 y 15414); Fiscalía General de la Nación, Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Resolución de acusación dentro del Proceso No. 2332 seguido en contra del General retirado Rito Alejo del Río de 26 de diciembre de 2008 (expediente de prueba, folios, 8861 y 8862), y Fiscalía General de la Nación, Unidad de Justicia y Paz, Dossier del Bloque Elmer Cárdenas, Génesis (expediente de prueba, folio 44478). Asimismo, Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, radicación 2009-063, Procesado Rito Alejo del Río, sentencia de 23 de agosto de 2012 (expediente de prueba, folio 14804).

119 Cfr. Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, radicación 2009-063, Procesado Rito Alejo del Río, sentencia de 23 de agosto de 2012 (expediente de prueba, folio 14804).

120 Cfr. “Informe Operación Génesis” citado en la declaración rendida ante fedatario público (affidavit) el 31 de enero de 2013 por María Paulina Leguizamón Zarate, perito propuesto por el Estado (expediente de prueba, folio 15414), y Fiscalía General de la Nación, Unidad de Justicia y Paz, Dossier del Bloque Elmer Cárdenas, Génesis (expediente de prueba, folio 44478 ). Véase asimismo, Declaración de Jesús Alfonso Flórez López, perito propuesto por los representantes de las presuntas víctimas, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante la audiencia pública de 12 de febrero de 2013, y Defensoría del Pueblo. Resolución Defensorial N°39 de 2 de junio de 2005 (expediente de prueba, folio 47465).

121 Cfr. “Informe Operación Génesis” citado en la Declaración rendida ante fedatario público (affidavit) el 31 de enero de 2013 por María Paulina Leguizamón Zarate, perito propuesto por el Estado (expediente de prueba, folio 15414).

122 Cfr. Fiscalía General de la Nación, Unidad de Justicia y Paz, Dossier del Bloque Elmer Cárdenas, Génesis (expediente de prueba, folio 44476): “En la segunda mitad de la década de los noventa, más exactamente el 20 de diciembre de 1996 en el municipio de Riosucio Chocó se presentó una fuerte y cruenta incursión armada por un grupo paramilitar; a partir de esta fecha que se consolidó o concretó la presencia de las autodefensas en esta parte del departamento, logrando con el tiempo que la subversión se replegara hacia las zonas montañosas y selváticas”. El mismo Dossier agrega que a partir de 1996, el grupo paramilitar que estaba presente en la región comenzó una ofensiva con el propósito de apoderarse del control sobre el Atrato. Desde la población de Riosucio, cerca de Urabá, los miembros de las autodefensas comenzaron a avanzar rio arriba, cometiendo asesinatos selectivos, intimidaciones y amenazas a las poblaciones aledañas. El enfrentamiento más significativo entre estos dos grupos, fue precisamente el ocurrido en la población de Bojayá, en mayo de 2002”.

123 Hasta esa fecha, la guerrilla de las FARC había “utilizado el departamento como una especia de retaguardia estratégica, pues desde allí podía abastecerse gracias a su cercanía al mar, y replegarse cuando fuera necesario. Otros grupos como el Ejército Revolucionario Guevarista (Erg), y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) han seguido el ejemplo de las FARC”. Defensoría del Pueblo, Estudio “Chocó, Víctima del Conflicto y Codicia” citado por, Fiscalía General de la Nación, Unidad de Justicia y Paz, Dossier del Bloque Elmer Cárdenas, Génesis (expediente de prueba, folios 44477 y 44478). Véase asimismo, “Informe Operación Génesis” citado en la Declaración rendida ante fedatario público (affidavit) el 31 de enero de 2013 por María Paulina Leguizamón Zarate, perito propuesto por el Estado (expediente de prueba, folios 15414 y 15415).

124 Fiscalía General de la Nación, Unidad de Justicia y Paz, Dossier del Bloque Elmer Cárdenas, Génesis (expediente de prueba, folio 44478). Véase asimismo, Cuerpo Técnico de Investigación, Informe No. 116 de 9 de noviembre de 2009 a las Fiscalías 122 Seccional y 48 delegada ante los Jueces de Justicia y Paz, Proceso Radicado 2332 seguido en contra de Marino López Mena (expediente de prueba, folio 17199).

125 Cfr. Fiscalía General de la Nación, Unidad de Justicia y Paz, Dossier del Bloque Elmer Cárdenas, Génesis (expediente de prueba, folios 44477 y 44478).

126 Cfr. Fiscalía General de la Nación, Unidad de Justicia y Paz, Dossier del Bloque Elmer Cárdenas, Génesis (expediente de prueba, folio 44476). Sobre el desplazamiento véase también “Informe Operación Génesis” citado en Declaración rendida ante fedatario público (affidavit) el 31 de enero de 2013 por María Paulina Leguizamón Zarate, perito propuesto por el Estado (expediente de prueba, folios 15414 y 15415). Asimismo, Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, radicación 2009-063, Procesado Rito Alejo del Río, sentencia de 23 de agosto de 2012 (expediente de prueba ,folio 14804).

127 Cfr. Fiscalía General de la Nación, Unidad de Justicia y Paz, Dossier del Bloque Elmer Cárdenas, Génesis (expediente de prueba, folio 44476). Véase asimismo, “Informe Operación Génesis” citado en Declaración rendida ante fedatario público (affidavit) el 31 de enero de 2013, por María Paulina Leguizamón Zarate, perito propuesto por el Estado (expediente de prueba, folios 15414 y 15415). Asimismo, Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, radicación 2009-063, Procesado Rito Alejo del Río, sentencia de 23 de agosto de 2012 (expediente de prueba, folio 14804).

128 Cfr. Defensoría del Pueblo. Resolución Defensorial No. 025 Sobre las Violaciones Masivas de Derechos Humanos y Desplazamiento Forzado en la Región del Bajo Atrato Chocoano, octubre de 2002 (expediente de prueba, folio 230).

129 Defensoría del Pueblo. Resolución Defensorial No. 025 Sobre las Violaciones Masivas de Derechos Humanos y Desplazamiento Forzado en la Región del Bajo Atrato Chocoano, octubre de 2002 (expediente de prueba, folio 230). Véase asimismo, Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, radicación 2009-063, Procesado Rito Alejo del Río, sentencia de 23 de agosto de 2012 (expediente de prueba, folio 14808).

130 Cfr. Fiscalía General de la Nación, Unidad de Justicia y Paz, Dossier del Bloque Elmer Cárdenas, Génesis (expediente de prueba, folio 44478). El documento señala que por ejemplo, los grupos armados obligaban a las poblaciones del lugar a cumplir con horarios o pago de vacunas.

131 Cfr. Documento CONPES No. 3180, 15 de julio de 2002, (expediente de prueba, folio 45947) y Fiscalía General de la Nación, Unidad de Justicia y Paz, Dossier del Bloque Elmer Cárdenas, Génesis (expediente de prueba, folio 44478). Véase también: Declaración de Jesús Alfonso Flórez López, perito propuesto por los representantes de las presuntas víctimas, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la audiencia Pública de 12 de febrero de 2013. De manera más general: Documento CONPES No. 2924, 28 de mayo de 1997,(expediente de prueba, folio 45564): “la confrontación armada y la acción de los grupos armados ilegales han generado en los últimos años un creciente y alarmante desplazamiento individual y masivo de la población”. Asimismo, Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, radicación 2009-063, Procesado Rito Alejo del Río, sentencia de 23 de agosto de 2012 (expediente de prueba, folio 14808).

132 Cfr. Defensoría del Pueblo, Comunicado de Prensa No. 773 de 8 de octubre de 2002 (expediente de prueba, folio 51399); Defensoría del Pueblo. Resolución Defensorial No. 025 Sobre las Violaciones Masivas de Derechos Humanos y Desplazamiento Forzado en la Región del Bajo Atrato Chocoano, octubre de 2002 (expediente de prueba, folios 228 a 230), y Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, radicación 2009-063, Procesado Rito Alejo del Río, sentencia de 23 de agosto de 2012 (expediente de prueba, folio 14808).

133 Cfr. Defensoría del Pueblo, Comunicado de Prensa N°. 773 de 8 de octubre de 2002 (expediente de prueba, folio 51399). El documento agrega que “[l]a seguridad alimentaria de las comunidades campesinas, negras e indígenas ha sido gravemente afectada; la insuficiente y esporádica atención en salud, unida a las condiciones ambientales de la región y a la creciente malnutrición, ha aumentado la morbilidad”.

134 Cfr. Defensoría del Pueblo, Comunicado de Prensa 773 de 8 de octubre de 2002 (expediente de prueba, folio 51399). El documento agrega que “[l]a reconstrucción económica y social de esta región, una de las más afectadas por el conflicto armado en el país, ha sido permanentemente interrumpida por el bloqueo del tránsito de alimentos desde Turbo y Riosucio hacia las comunidades rurales del bajo Atrato, la ruptura de los circuitos de comercialización de los productos agropecuarios de la zona, el cierre de las escuelas rurales, y en general por el aislamiento cada vez mayor al que los grupos armados han sometido a las comunidades”.

135 Cfr. Defensoría del Pueblo. Resolución Defensorial No. 025. Sobre las Violaciones Masivas de Derechos Humanos y Desplazamiento Forzado en la Región del Bajo Atrato Chocoano, octubre de 2002 (expediente de prueba, folio 230): “[…] el 20 de diciembre de 1996 en el municipio de Riosucio Chocó se presentó una fuerte y cruenta incursión armada por un grupo paramilitar; a partir de esta fecha que se consolidó o concretó la presencia de las Autodefensas en esta parte del departamento […] es enviado junto con ocho (8) hombres más a incursionar a sangre y fuego en el Departamento del Chocó, en desarrollo de la llamada operación “Toma a Riosucio” realizada el 20 de diciembre de 1996 por hombres de los diferentes grupos de las ACCU que operan en el Urabá, logrando el dominio territorial y político social de ese municipio chocoano” Fiscalía General de la Nación, Unidad de Justicia y Paz, Unidad de Justicia y Paz, Dossier del Bloque Elmer Cárdenas. Génesis y Estructuras Armadas Cadenas de Mando (expediente de prueba, folios 44520, y 45283 a 45284).

136 Cfr. Defensoría del Pueblo. Resolución Defensorial No. 025 Sobre las Violaciones Masivas de Derechos Humanos y Desplazamiento Forzado en la Región del Bajo Atrato Chocoano, octubre de 2002 (expediente de prueba, folio 230).

137 Cfr. Declaración de J.B.V.P. y C.M.R., ante la Fiscalía General de la Nación Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de 11 y 19 de diciembre de 2002 (expediente de prueba, folios 619 a 620, y 613); Defensoría del Pueblo, Queja No. 9745030 de 1° de marzo de 1997, dirigida al Defensor del Pueblo por parte del Responsable de la Oficina Seccional Apartadó (expediente de prueba, folio 50731), y Fiscalía General de la Nación, Unidad de Justicia y Paz, Dossier del Bloque Elmer Cárdenas. Génesis. Antecedentes inmediatos de su nacimiento (expediente de prueba, folio 44478).
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