Corte interamericana de derechos humanos



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Costas y gastos


  1. Los representantes indicaron que han estado realizando labores de acompañamiento a la comunidad desde el 28 de febrero de 1997 a la fecha, así como “aproximadamente once [...] años de litigio a nivel interno, y cuatro años de trabajo a nivel internacional.” Señalaron también que el promedio de gastos para acceder a las Zonas Humanitarias por persona de US$ 700 (setecientos dólares de los Estados Unidos de América) y que en actividades de “recolección de información, poderes de representación, construcción de la propuesta de reparación presentada en este escrito y actividades de información dirigidas a explicar a las víctimas” qué es el sistema interamericano, cuál ha sido el trámite del presente caso han incurrido en gastos por valor de US$ 17.500 (diecosoete mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América). Finalmente, estimaron gastos relativos al litigio ante la Corte Interamericana en US$ 6.000 (seis mil dólares de los Estados Unidos de América) y el valor de acompañamiento actualizado de 2002 a 2011754 en US$ 793.866 (setecientos noventa y tres mil ochocientos sesenta y seis dólares de los Estados Unidos de América). Para probar lo anterior los representantes anexaron una serie de facturas de servicios públicos, gastos de papelería, restaurantes, tiquetes aéreos y de bus, pagos realizados a nombre de algunas personas por parte de ellos, entre otros, sobre los cuales no aportaron mayores explicaciones.

  2. La Comisión no formuló pretensiones similares y el Estado no se refirió a la solicitud de los representantes.

  3. La Corte reitera que, conforme a su jurisprudencia755, las costas y gastos hacen parte del concepto de reparación, toda vez que las actividades desplegadas por las víctimas con el fin de obtener justicia, tanto a nivel nacional como internacional, implican erogaciones que deben ser compensadas cuando la responsabilidad internacional del Estado es declarada mediante una sentencia condenatoria.

  4. En cuanto al reembolso de gastos, corresponde a la Corte apreciar prudentemente su alcance, el cual comprende los gastos generados ante las autoridades de la jurisdicción interna, así como los generados en el curso del proceso ante el sistema interamericano, teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto y la naturaleza de la jurisdicción internacional de protección de los derechos humanos. Esta apreciación puede ser realizada con base en el principio de equidad y tomando en cuenta los gastos señalados por las partes, siempre que su quantum sea razonable756.

  5. Al respecto, la Corte nota que no obstante existir en el expediente una serie de facturas y recibos allegados por los representantes, ello no constituye respaldo probatorio para relacionar éstas con gastos realizados en virtud del caso y que permita justificar las cantidades solicitadas por los representantes por concepto de honorarios y servicios profesionales, toda vez que éstos no fueron acompañados con una explicación que de razón de su determinación757. Por consiguiente, la Corte fija en equidad la suma de US$ 80.000,00 (ochenta mil dólares de los Estados Unidos de América) para la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, por concepto de costas y gastos del presente proceso.
          1. Modalidad de cumplimiento de los pagos ordenados


  1. El Estado deberá efectuar el pago de las indemnizaciones por concepto de daño material e inmaterial y el reintegro de costas y gastos establecidos en la presente Sentencia directamente a las personas indicadas en la misma o, conforme a lo solicitado por los representantes a quien estas designen para que su cobro mediante instrumento que sea válido en el ordenamiento jurídico Colombiano, dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación del presente Fallo, en los términos de los siguientes párrafos.

  2. El Estado debe cumplir sus obligaciones monetarias mediante el pago en dólares de los Estados Unidos de América. Si por causas atribuibles a los beneficiarios de las indemnizaciones o a sus derechohabientes no fuese posible el pago de las cantidades determinadas dentro del plazo indicado, el Estado consignará dichos montos a su favor en una cuenta o certificado de depósito en una institución financiera colombiana solvente, en dólares estadounidenses, y en las condiciones financieras más favorables que permitan la legislación y la práctica bancaria. Si no se reclama la indemnización correspondiente una vez transcurridos diez años, las cantidades serán devueltas al Estado con los intereses devengados.

  3. Las cantidades asignadas en la presente sentencia como indemnización y como reintegro de costas y gastos deberán ser entregadas a las personas indicadas en forma íntegra, conforme a lo establecido en esta Sentencia, sin reducciones derivadas de eventuales cargas fiscales.

  4. En caso de que el Estado incurriera en mora, deberá pagar un interés sobre la cantidad adeudada correspondiente al interés bancario moratorio en la República de Colombia.



X.
PUNTOS RESOLUTIVOS




  1. Por tanto,

LA CORTE

DECIDE,

por unanimidad,



  1. Determinar que no corresponde pronunciarse con carácter previo acerca de los plantemientos formulados por el Estado como “excepciones preliminares”, en los términos de los párrafos 33 a 36 de la presente Sentencia.

DECLARA,

por unanimidad, que:



  1. El Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal y a no ser desplazados forzadamente (contenido en el derecho de circulación y residencia), reconocidos en los artículos 5.1 y 22.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los miembros de las comunidades afrodescendientes desplazadas de la cuenca del río Cacarica y/o que se encontraban presentes al momento de las incursiones paramilitares, de conformidad con lo expuesto en los párrafos 241 a 280 de la presente Sentencia.

  2. El Estado es responsable por la violación a los derechos a la vida y a la integridad personal, reconocidos en los artículos 4.1, 5.1 y 5.2 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Marino López Mena, por el incumplimiento de sus obligaciones de prevención, protección e investigación, así como por la violación del derecho a la integridad personal en perjuicio de sus familiares, de conformidad con lo expuesto en los párrafos 281 a 282 de la presente Sentencia.

  3. El Estado es responsable por haber incumplido sus obligaciones de garantizar la asistencia humanitaria y un retorno seguro, en violación del derecho de circulación y residencia y del derecho a la integridad personal, reconocidos en los artículos 22.1 y 5.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de las comunidades afrodescendientes de la cuenca del río Cacarica que estuvieron en situación de desplazamiento forzado, de conformidad con lo expuesto en los párrafos 315 a 324 de la presente Sentencia.

  4. El Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal, reconocido en el artículo 5 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 19 del mismo instrumento, en perjuicio de los niños y niñas desplazados de las comunidades afrodescendientes de la cuenca del río Cacarica, así como de aquellos que nacieron en situación de desplazamiento, señalados en los anexos II y III de la presente Sentencia, de conformidad con lo expuesto en los párrafos 327 a 331 de la misma.

  5. El Estado es responsable por la violación del derecho a la propiedad colectiva, contenido en el artículo 21 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los miembros de las comunidades afrodescendientes desplazadas de la cuenca del río Cacarica y de los miembros del Consejo Comunitario de las Comunidades de la Cuenca del río Cacarica, de conformidad con lo expuesto en los párrafos 344 a 358 de la presente Sentencia.

  6. El Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidos en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los familiares de Marino López, de los miembros de las comunidades afrodescendientes desplazadas de la cuenca del río Cacarica y del Consejo Comunitario de las Comunidades de la Cuenca del río Cacarica, de conformidad con lo expuesto en los párrafos 368 a 410 de la presente Sentencia

  7. El Estado no es responsable por la violación de los derechos a la vida y a la integridad personal, reconocidos en los artículos 4 y 5 de la Convención Americana, en relación con los bombardeos realizados en oportunidad del desarrollo de la Operación Génesis, según lo señalado en los párrafos 227 a 240 de la presente Sentencia.

  8. No corresponde pronunciarse acerca de las alegadas violaciones de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, según lo señalado en el párrafo 282 de la presente Sentencia.

  9. No corresponde pronunciarse acerca de la alegada violación de los derechos a la honra y dignidad, a la protección de la familia y a la igualdad ante la ley, contenidos en los artículos 11, 17 y 24 de la Convención Americana, ni acerca del alegado incumplimiento del deber de adoptar disposiciones de derecho interno establecido en el artículo 2 de la misma, según lo señalado en los párrafos 332 a 338 de la presente Sentencia.



Y DISPONE,

por unanimidad, que:



  1. Esta Sentencia constituye per se una forma de reparación.



  1. El Estado deberá utilizar los medios que sean necesarios, para continuar eficazmente y con la mayor diligencia las investigaciones abiertas, así como abrir las que sean necesarias, con el fin de individualizar, juzgar y eventualmente sancionar a todos los responsables de los hechos del presente caso y remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que puedan mantener la impunidad, de conformidad con lo expuesto en los párrafos 439 a 440 de la presente Sentencia.



  1. El Estado debe realizar las publicaciones dispuestas, de conformidad con lo establecido en el párrafo 445 de la presente Sentencia.



  1. El Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos del presente caso, de conformidad con lo establecido en el párrafo 447 de esta Sentencia.



  1. El Estado debe brindar el tratamiento médico adecuado y prioritario que requieran las víctimas del presente caso, en el marco de los programas de reparaciones previstos en la normatividad interna, de conformidad con lo establecido en los párrafos 452 y 453 de esta Sentencia.



  1. El Estado debe restituir el efectivo uso, goce y posesión de los territorios reconocidos en la normativa interna a las comunidades afrodescendientes agrupadas en el Consejo Comunitario de las Comunidades de la Cuenca del río Cacarica, de conformidad con lo establecido en el párrafo 459 de esta Sentencia.



  1. El Estado debe garantizar que las condiciones de los territorios que se restituyan a las víctimas del presente caso, así como del lugar donde habitan actualmente, sean adecuadas para la seguridad y vida digna tanto de quienes ya han regresado como de quienes aún no lo han hecho, de conformidad con lo establecido en los párrafos 460 y 461 de esta Sentencia.



  1. El Estado debe garantizar que todas las personas que hayan sido reconocidas como víctimas en esta Sentencia reciban efectivamente las indemnizaciones establecidas por la normatividad interna pertinente a las que se refiere el párrafo 475 de esta Sentencia, en el plazo de un año contado a partir de la notificación de la misma.



  1. El Estado debe pagar las cantidades fijadas en el párrafo 476 de la presente Sentencia por concepto de daños materiales e inmateriales ocasionados al señor Marino López Mena y sus familiares, para lo cual deberán realizarse las emisiones y publicaciones pertinentes, así como pagar las cantidades fijadas por concepto de reintegro de costas y gastos, en el plazo de un año, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia, en los términos señalados en los párrafos 479 y 481 de la misma.



  1. El Estado debe rendir al Tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de esta Sentencia.



  1. En ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Corte supervisará el cumplimiento íntegro de la presente Sentencia, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma.

Redactada en español en San José, Costa Rica, el 20 de noviembre de 2013.


Diego García-Sayán

Presidente

Manuel E. Ventura Robles Alberto Pérez Pérez

Eduardo Vio Grossi Roberto F. Caldas


Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot
Pablo Saavedra Alessandri

Secretario

Comuníquese y ejecútese,

Diego García-Sayán

Presidente

Pablo Saavedra Alessandri



Secretario

ANEXO I. PERSONAS DESPLAZADAS


Personas desplazadas

1

Ferney

de Jesus

Acosta

 

2

Abernego

 

Acosta

López

3

Carmen

Edith

Acosta

Matias

4

Mileydis

 

Acosta

Matia

5

Ana

Rosa

Álvarez

Lozano

6

Edilsa

 

Angulo

Martínez

7

Gloribel

 

Angulo

Martínez

8

Henrry

 

Angulo

Martínez

9

Jarlenson

 

Angulo

Martínez

10

Feliciano

 

Arboleda

Hurtado

11

Luisa

Albertina

Argumedo

De Perez

12

Arley

 

Avila

Correa

13

Feliberto

 

Avila

Moreno

14

Teofilo

 

Avila

Julio

15

Yecely

 

Avila

Correa

16

Delis

 

Ávila

Moreno

17

Deysy

 

Ávila

Álvarez

18

Emperatriz

 

Ávila

Julio

19

Federman

 

Ávila

Carmona

20

Ferley

 

Ávila

Quinto

21

Jorge

Eliecer

Ávila

Moreno

22

Lenis

 

Ávila

Bautista

23

Neider

Camilo

Bautista

 

24

Heney

 

Bautista

Mantilla

25

Lucelis

 

Bautista

Pérez

26

Luis

Fernando

Bautista

Perez

27

Luz

Deisy

Bautista

Perez

28

Maryuri

 

Bautista

Perez

29

Ana

Bertilde

Berrio

Mosquera

30

Félix

Antonio

Berrio

Berrio

31

Jhohan

Arley

Berrio

Berrio

32

Rosa

Albina

Berrio

Berrio

33

Juan

Francisco

Bertel

Ojeda

34

Maritza

 

Blandón

Mosquera

35

Virgelina

 

Blandón

Palacio

36

Bencol

 

Chaverra

Zalazar

37

Jhon

Jairo

Chaverra

Salazar

38

Luz

Estela

Chaverra

Salazar

39

Luz

Dari

Chaverra

Salazar

40

Yeffer

 

Chaverra

Zalazar

41

Yisela

 

Chaverra

Zalazar

42

Baldoino

 

Chaverra

Salazar

43

Angie

 

Copete

Mosquera

44

José

Lucio

Copete

Córdoba

45

Luz

Nelly

Copete

Mosquera

46

María

Romelia

Córdoba

 

47

José

 

Córdoba

Palacio

48

Rosalba

 

Córdoba

Rengifo

49

Yaduvis

 

Córdoba

Córdoba

50

Rubiela

 

Cossio

Cossio

51

Mirna

Luz

Cuadrado

 

52

Juan

Carlos

Cuesta

Miranda

53

Juan

Carlos

Cuesta

Miranda

54

José

Efrain

Dávila

Hibarguen

55

Virginia

 

Del Socorro

Martínez

56

Edilberto

 

Furnieles

Páez

57

Francisco

 

Gallego

 

58

Edilson

 

García

Páez

59

Diober

 

Giraldo

Marquez

60

Alexander

 

Gómez

Ávila

61

Augusto

Manuel

Gómez

Rivas

62

Emperatriz

 

Gómez

Ávila

63

Onny

Livis

Gómez

Ávila

64

María

Del Carmen

Gómez

 

65

Carolina

 

Herrera

Gomez

66

Alberto

 

Hinestroza

Mosquera

67

Alerson

 

Hinestroza

Mosquera

68

Arinson

 

Hinestroza

Mosquera

69

Aristarco

 

Hinestroza

Mosquera

70

Aurelina

 

Hinestroza

Mosquera

71

Luis

Demetrio

Hinestroza

 

72

Samir

 

Hinestroza

Ramirez

73

Yulis

María

Hinestroza

Mosquera

74

Hernán

De Jesús

Holguín

Rivera

75

Jorge

Luis

Holguín

Rivera

76

Jose

Deyler

Hurrutia

Martínez

77

Leydis

 

Hurrutia

Martínez

78

Maria

Nelly

Hurtado

 

79

Juan

David

Ibarguen

 

80

Betzaida

 

Julio

Santana

81

Robinson

 

Largacha

Casade

82

Justa

 

Lemos

De Palomeque

83

Isaias

 

Leon

Cuadrado

84

Elizabeth

 

Lopez

Julio

85

Escarlet

 

Lopez

Julio

86

Januar

 

López

Julio

87

Albarina

 

Martinez

De Salazar

88

Juan

Sebastian

Martinez

Sanchez

89

Ana

Del Carmen

Martínez

Moreno

90

Arley

Miguel

Martínez

Ramos

91

Emilsen

 

Martínez

Martínez

92

Félix

 

Martínez

M.

93

Gloria

Luz

Martínez

Ramo

94

Irma

 

Martínez

Murillo

95

Liseth

María

Martínez

 

96

Liseth

María

Martínez

 

97

Luis

Enrique

Martínez

Valderrama

98

Martin

Emilio

Martínez

Valderrama

99

Oswaldo

Miguel

Martínez

Ramos

100

Fidel

 

Matia

Mercado

101

Jhon

Jameth

Matia

M.



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