Corte interamericana de derechos humanos


Indemnizaciones compensatorias



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Indemnizaciones compensatorias

D.1. Argumentos de la Comisión y de las Partes


  1. La Comisión solicitó “adoptar las medidas necesarias para garantizar a los desplazados una justa compensación por las violaciones de las que fueron víctimas las comunidades afrodescendientes del Cacarica asociadas en CAVIDA y de las mujeres cabeza de familia que habitan en Turbo” y “reparar a los familiares de Marino López por el daño material e inmaterial sufrido en virtud de las violaciones a la Convención Americana establecidas en el presente informe”734.

  2. El Estado consideró que el programa masivo administrativo de reparación integral considerado en la Ley de Víctimas es la única manera de satisfacer el derecho a la reparación adecuada, pronta y efectiva de las víctimas del desplazamiento en Colombia, incluyendo, si las hay, aquellas que la Corte reconozca como víctimas en del presente caso, dada la situación que afronta el país.

  3. Al respecto, la Comisión consideró que las reparaciones no pueden ser canalizadas y satisfechas mediante esta ley porque a) se trata de una ley muy nueva que está en proceso de implementación y ajuste735, b) desvirtúa la naturaleza del sistema interamericano736 y sus alcances737. Por su parte, los representantes sostuvieron que dicha ley es insuficiente, dada la magnitud de los daños causados, así como la naturaleza y cuantía de las reparaciones que ella contempla. Argumentaron que se trata de una ley de carácter general738, cuya indemnización para personas desplazadas es precaria y contiene rubros que no aplican al caso concreto739; y que en ella se confunde la prestación de oferta dirigida a la población desplazada con las reparaciones740. Concluyeron que, de aplicarse esta ley en el caso, se estaría atentando contra los derechos de acceso a la justicia e igualdad de las víctimas.

  4. Asimismo, el Estado solicitó al Tribunal que, en virtud del principio de subsidiariedad, se abstenga de decretar reparación alguna como quiera que las presuntas víctimas no solicitaron reparaciones ante la jurisdicción contencioso administrativa, jurisdicción competente, y que en el caso colombiano se encuentra radicada en el Consejo de Estado, entidad que se ha caracterizado por sus pronunciamientos relativos al tema y por ordenar medidas de reparación integral. No obstante, solicitó que en el evento en que la Corte ordene reparaciones compensatorias, tenga en cuenta los pagos hechos a las presuntas víctimas en desarrollo de las disposiciones contenidas en el plano interno para la atención y reparación de las poblaciones desplazadas.

D.1.1. Daño Material


  1. Los representantes solicitaron por concepto de daño material: a) el pago a cada familia de US$ 1.244.633 (un millón doscientos cuarenta y cuatro mil seiscientos treinta y tres dólares de los Estados Unidos de América), lo cual incluye los conceptos de daño emergente741 y lucro cesante742; b) el pago a la familia de Marino López US$ 4’680.296 (cuatro millones seiscientos ochenta mil doscientos noventa y seis dólares de los Estados Unidos de América)743, y c) que se tengan en cuenta “los gastos en los que incurrieron los miembros de las comunidades de la cuenta del Río Cacarica en las gestiones que realizaron con el fin de retornar a su territorio, tales como movilizaciones y traslados a varias dependencias estatales”. Para acreditar el daño material, los representantes adjuntaron unas cotizaciones de materiales y una planta eléctrica entre otros, así como unas “Fichas del promedio calculado sobre censo de daños realizado por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz en el año 2011” las cuales “fueron diligenciadas por las familias víctimas bajo la gravedad de juramento”.

  2. La Comisión y el Estado no presentaron alegatos específicos con respecto a estas solicitudes de los representantes.

D.1.2. Daño Inmaterial


  1. Los representantes solicitaron que, con base en una serie de consideraciones744, la Corte debía conceder como daño moral a la familia de Marino López la suma de US$ 100.000,00 (cien mil dólares de los Estados Unidos de América); a los desplazados en Turbo, Bocas del Atrato y Bahía Cúpica US$ 80.000 (ochenta mil dólares de los Estados Unidos de América); y a las mujeres desplazadas de Turbo US$ 90.000 (noventa mil dólares de los Estados Unidos de América). Aunado a lo anterior, pidieron como medida diferenciadas por género, el otorgamiento de subsidios económicos a las mujeres cabeza de familia en reconocimiento a la pérdida de sus compañeros o esposos en la Operación Génesis o, si ya eran cabezas de familia, en razón a las dificultades padecidas745.

D.2. Consideraciones de la Corte


  1. En lo que concierne las medidas de compensación, la Corte nota que efectivamente fue presentada información relacionada con mecanismos administrativos internos de reparación existentes en Colombia, de reciente adopción, que beneficia a “aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1o de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno”746, y de manera concreta por violaciones de derechos humanos relativas a homicidio, desaparición forzada, secuestro, lesiones que produzcan incapacidad permanente y temporal, tortura o tratos inhumanos y degradantes, delitos contra la libertad e integridad sexual, reclutamiento forzado de menores y desplazamiento forzado747.

  2. En relación con las medidas de reparación, la Corte resalta que el Derecho Internacional contempla la titularidad individual del derecho a la reparación. Sin perjuicio de ello, el Tribunal indica que, en escenarios de justicia transicional en los cuales los Estados deben asumir su deber de reparar masivamente a números de víctimas que exceden ampliamente las capacidades y posibilidades de los tribunales internos, los programas administrativos de reparación constituyen una de las maneras legítimas de satisfacer el derecho a la reparación. En esos contextos, esas medidas de reparación deben entenderse en conjunto con otras medidas de verdad y justicia, siempre y cuando se cumplan con una serie de requisitos relacionados, entre otros, con su legitimidad –en especial, a partir de la consulta y participación de las víctimas-; su adopción de buena fe; el nivel de inclusión social que permiten; la razonabilidad y proporcionalidad de las medidas pecuniarias, el tipo de razones que se esgrimen para hacer reparaciones por grupo familiar y no en forma individual, el tipo de criterios de distribución entre miembros de una familia (órdenes sucesorales o porcentajes), parámetros para una justa distribución que tenga en cuenta la posición de las mujeres entre los miembros de la familia u otros aspectos diferenciales tales como si existe propiedad colectiva de la tierra o de otros medios de producción748.

  3. Asimismo, un criterio de justicia respecto a la reparación pecuniaria debe involucrar aspectos que, en el contexto específico, no resulten ilusorios o irrisorios y permitan una contribución real para que la víctima enfrente las consecuencias negativas que dejaron las violaciones de derechos humanos en su vida.

  4. En el presente caso, la Corte reconoce y valora los avances llevados a cabo por el Estado en materia de reparación de víctimas del conflicto armado, los cuales se han venido desarrollando, con más ahínco, a partir de la promulgación de la Ley de Víctimas. Asimismo, resulta claro que, tal y como lo mencionó el declarante a título informativo en su exposición durante la audiencia y en el documento que entregó durante ésta749, la situación a la que ha llegado el Estado ha sido producto de una evolución del conflicto y de las medidas tomadas por el gobierno no solo para combatirlo, sino también para que independientemente de lo que suceda con aquél, las víctimas tengan derecho a una reparación. De acuerdo con lo manifestado en el peritaje de Juan Pablo Franco, propuesto por el Estado, la Corte Constitucional ha reconocido los avances que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras ha representado en materia de reparaciones750.

  5. Por otro lado, también fue remitida información relativa al Decreto 4635 de 2011, “[p]or el cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de tierras a las víctimas pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras”, el cual contempla, cuando se trate de comunidades afrocolombianas que hayan sufrido daño colectivo, la posibilidad de conferirles además de la indemnización administrativa individual, una indemnización colectiva y un Programa de asesoría y acompañamiento para la inversión de los recursos entregados a título de indemnización colectiva o individual. Todo lo anterior se realiza a través de un Plan Integral de Reparación Colectiva (“PIRC”) procedimiento concertado con las comunidades que incluye la consulta previa y que está descrito en el Decreto751.

  6. Por último, no puede dejarse a un lado el principio de complementariedad del derecho internacional, reconocido por el préambulo de la Convención Americana752 y que ha también sido tenido en cuenta por la Corte en otros casos753 para reconocer las indemnizaciones compensatorias otorgadas a nivel interno y abstenerse de ordenar reparaciones en ese sentido, de ser ello pertinente.

  7. La Corte dispone que el Estado colombiano garantice que todas las personas que hayan sido reconocidas como víctimas en esta Sentencia (supra párrs. 431) tengan acceso prioritario a las referidas indemnizaciones administrativas, y se proceda cuanto antes al pago de las mismas, independientemente de los plazos que la legislación interna haya contemplado para ello, evitando obstáculos de cualquier índole. Lo anterior debe ejecutarse en un término no superior a un año contado a partir de la notificación de la presente Sentencia.

  8. Por otra parte, en lo que se refiere a los familiares de Marino López, la Corte nota que los mismos fueron afectados de diversas formas por la muerte del mismo, a saber: a) por las circunstancias particularmente crueles en las cuales Marino López fue ejecutado (supra párr. 435), y b) por el hecho que ese hecho se mantuvo durante quince años en la impunidad y que aún hoy sus responsables no han sido juzgados o en su caso sancionados. En atención a los criterios establecidos en la jurisprudencia constante de este Tribunal, la Corte estima pertinente fijar en equidad, por concepto de daños materiales e inmateriales ocasionados al señor Marino López Mena, la cantidad de US$ 70,000.00 (setenta mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en pesos colombianos, la cual deberá ser pagada en el plazo fijado para tal efecto (infra párr. 482) a la señora Palacios, compañera del señor López, así como la cantidad de US$ 35,000.00 (treinta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en pesos colombianos, a cada hijo del señor Lopéz Mena, y US$ 10,000.00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América) a cada uno de sus hermanos, que se determinen conforme lo señalado anteriormente (supra párr. 435).
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