Corte interamericana de derechos humanos



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Obligación de investigar

B.1. Argumentos de la Comisión y de las Partes


  1. La Comisión solicitó a la Corte que ordene al Estado llevar a cabo de forma completa, imparcial y efectiva las investigaciones relativas a los hechos que ocasionaron el desplazamiento forzado de las comunidades afrodescendientes del Cacarica asociadas en CAVIDA y de las mujeres cabeza de familia que habitan en Turbo, así como las torturas y el asesinato de Marino López689.

  2. Los representantes coincidieron con la Comisión y además solicitaron al Tribunal que ordene al Estado la creación de una Comisión especializada al interior de la Fiscalía General de la Nación para que lleve a cabo la investigación integral de las violaciones de derechos humanos aquí analizadas, así como los nexos entre paramilitares, agentes estatales690 y grupos empresariales que explotaron el territorio del cual se vieron obligados a salir los miembros de las comunidades de la cuenca del Cacarica691. Indicaron que dicha investigación debe contar con la participación de diferentes organismos del Estado y no puede verse truncada por la aplicación de leyes de amnistía, declaratorias de prescripción o concesión de principios de oportunidad, entre otros. Finalmente, piden medidas de protección para las víctimas que participen en estas investigaciones y que se garantice que los jefes paramilitares que sean extraditados brinden la información que tienen sobre el presente caso.

  3. El Estado no presentó alegatos específicos con respecto a estas solicitudes de la Comisión y de los representantes.

B.2. Consideraciones de la Corte


  1. En la presente Sentencia, la Corte declaró, tal como lo había reconocido parcialmente el Estado durante el trámite del presente caso (supra párr. 17), la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial por haber incumplido con su deber de investigar y en su caso juzgar y sancionar, en un tiempo razonable, a todos los responsables de los hechos del presente caso (supra párrs. 397 y 398).

  2. En razón de lo anterior, como se ha ordenado en otros casos692, el Estado deberá utilizar los medios que sean necesarios para continuar eficazmente y con la mayor diligencia las investigaciones abiertas, así como abrir las que sean necesarias, con el fin de individualizar, juzgar y eventualmente sancionar a todos los responsables de los hechos del presente caso y remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que puedan mantener la impunidad.
          1. Medidas de satisfacción, rehabilitación y restitución


  1. El Tribunal determinará medidas que buscan reparar el daño inmaterial y que no tienen naturaleza pecuniaria, así como medidas de alcance o repercusión pública693. La jurisprudencia internacional, y en particular de la Corte, ha establecido reiteradamente que la sentencia constituye per se una forma de reparación694. No obstante, considerando las circunstancias del caso sub judice, en atención de las afectaciones a las comunidades de la zona del Cacarica y las consecuencias de orden inmaterial o no pecuniario derivadas de las violaciones de la Convención Americana declaradas en su perjuicio, la Corte estima necesario analizar la pertinencia de las medidas de satisfacción, rehabilitación, restitución y garantías de no repetición.

  2. Además, la Corte toma nota de la solicitud general de la Comisión en la que pidió reparación “tanto en el ámbito individual como comunitario mediante mecanismos específicos a las víctimas de las comunidades afrodescendientes del Cacarica asociadas en CAVIDA y de las mujeres cabeza de familia que habitan en Turbo”. La Comisión consideró que lo anterior debe hacerse desde una óptica diferenciada695 que reconozca el impacto generado en la comunidad por la Operación Génesis y contando siempre con la participación de la comunidad.

  3. Los representantes solicitaron que a la hora de otorgar reparaciones estas tuvieran en cuenta perspectivas comunitaria, de género, étnica y etaria. El Estado no presentó alegatos específicos con respecto a estas solicitudes de la Comisión y de los representantes.

C.1. Medidas de Satisfacción

C.1.1. Publicación y difusión de la Sentencia


  1. Los representantes de las víctimas solicitaron a la Corte que ordene al Estado la “[p]ublicación de la sentencia de la Corte Interamericana en un diario de amplia circulación nacional y en otro de circulación local, y aspectos sustanciales en televisión privada y pública en horario Triple AAA”. La Comisión no formuló observaciones similares y el Estado no se refirió a la solicitud de los representantes.

  2. La Corte estima pertinente ordenar, como lo ha hecho en otros casos696, que en un plazo de seis meses a partir de la notificación de la presente Sentencia, el Estado publique en el Diario Oficial de Colombia y en un diario de amplia circulación nacional, por una única vez, el resumen oficial de la misma elaborado por la Corte y que asimismo, la presente Sentencia en su integridad, permanezca disponible por un período de un año, en un sitio web oficial de instituciones y órganos estatales colombianos.

C.1.2. Acto público de reconocimiento de responsabilidad


  1. La Comisión pidió al Tribunal que disponga que el Estado reconozca su responsabilidad por los hechos denunciados en el caso y realice un acto público en desagravio de las víctimas. Los representantes solicitaron que se ordene al Estado llevar a cabo un “evento público de reconocimiento de responsabilidad del Estado colombiano en Cacarica y Bogotá” en cuanto a los hechos sucedidos en el municipio de Riosucio, cuenca de Cacarica. El Estado no presentó alegatos específicos con respecto a estas solicitudes de la Comisión y de los representantes.

  2. La Corte dispone que el Estado realice un acto público de reconocimiento de su responsabilidad internacional por las violaciones declaradas en esta Sentencia. La determinación del lugar y modalidades del acto deberán ser consultados y acordados previamente con los miembros de la comunidad. El acto deberá ser realizado en una ceremonia pública, con la presencia de altas autoridades del Estado y de los miembros de la comunidad y deberá ser ampliamente difundido en los medios de comunicación. Para ello, el Estado cuenta con un plazo de un año, a partir de la notificación de la presente Sentencia697.

C.1.3. Otras medidas de satisfacción


  1. Los representantes solicitaron al Tribunal, como medidas encaminadas al mantenimiento de la Cultura Afrocolombiana y sus Tradiciones: a) la publicación de un libro698, la elaboración de una película699 y una serie radial700; b) el desarrollo e implementación de un Plan de Fortalecimiento de su Identidad Cultural que sea llevado a cabo con base en las Políticas Nacionales del Ministerio de la Cultura y en relación con el Ministerio de Comunicación, el cual debe incluir la creación de casas de la cultura en cada asentamiento701, y c) otras medidas relacionadas702. Adicionalmente solicitaron medidas relativas a la construcción y mantenimiento de museos y monumentos: d) la construcción del Museo de la Afrocolombianidad en Bogotá con una réplica en Cacarica703; e) la financiación del proyecto de monumento “en memoria de Marino López” y “por el desplazamiento forzoso en 5 puntos”704, y f) la conservación y el reconocimiento respecto de los monumentos ya existentes705. Por último, solicitaron la conformación de una Comisión Interinstitucional de investigación de los hechos sucedidos en el municipio de Riosucio, cuenca de Cacarica.

  2. El Estado señaló que la Red de Solidaridad Social, ya había efectuado un “video documental sobre el proceso y apoyó la producción de un CD con canciones alusivas al desplazamiento y retorno de estas comunidades”. Adicionalmente, indicó que había “cofinanci[ado] el montaje de una emisora comunitaria en la zona del Cacarica”. La Comisión no presentó alegatos específicos con respecto a estas solicitudes del Estado y de los representantes.

  3. El Tribunal no considera necesario ordenar las medidas solicitadas por los representantes, ya que la emisión de la presente Sentencia y las reparaciones ordenadas en la misma resultan suficientes y adecuadas.

C.2. Medidas de Rehabilitación


  1. La Comisión solicitó a la Corte que ordene al Estado garantizar “asistencia técnica para la rehabilitación”. Los representantes señalaron que el Estado debe: a) mejorar los centros de salud existentes en las Zonas Humanitarias706, b) promover la capacitación de promotores de salud707 y aceptar como tales a las víctimas que se han capacitado en ello, c) asegurar a todas las víctimas, incluidas las radicadas en Turbo, la afiliación a una “Empresa del Estado de Salud”708, y d) promover el desarrollo de programas de “atención biosocial” en cada asentamiento, así como programas de atención psicosocial709. El Estado no presentó alegatos específicos con respecto a estas solicitudes de la Comisión y de los representantes.

  2. La Corte reconoce y valora los logros alcanzados por autoridades del Estado en cuanto al otorgamiento de prestaciones de salud para población desplazada. Sin embargo, en atención a los padecimientos de las víctimas la Corte, como lo ha hecho en otros casos710, ordena determinadas medidas de rehabilitación. Lo anterior, teniendo en cuenta que a la fecha, conforme a lo manifestado en el peritaje de Juan Pablo Franco, el Ministerio de Protección Social está diseñando un programa de atención psicosocial711, es decir, que el mismo no ha entrado en vigencia y por ende estas víctimas requieren atención psicosocial adecuada, teniendo en cuenta que su cobertura en salud ha sido catalogada por la propia Corte Constitucional como “bajísima”712.

  3. Como se ha constatado que los daños sufridos por las víctimas se refieren no sólo a aspectos de su identidad individual, sino también a la pérdida de sus raíces y vínculos comunitarios, resulta pertinente disponer una medida de reparación que busque reducir padecimientos psicosociales. Con el fin de contribuir a la reparación de estos daños, el Tribunal considera que el Estado debe brindar gratuitamente, sin cargo alguno, el tratamiento adecuado y prioritario que requieran dichas personas, previa manifestación de voluntad, dentro del plazo de seis meses contado a partir de la notificación de esta Sentencia, y por el tiempo que sea necesario, incluida la provisión de medicamentos. Al proveer el tratamiento psicológico se deben considerar las circunstancias y necesidades particulares de cada persona, de manera que se les brinden tratamientos colectivos, familiares e individuales, según lo que se acuerde con cada uno de ellos y después de una evaluación individual. Para estos efectos, el Estado deberá otorgar dicho tratamiento a través de los servicios nacionales de salud, para lo cual las víctimas deberán acudir a los programas internos de reparación a los cuales se remite esta Sentencia (infra párrs. 471 a 473), específicamente a los programas dispuestos para hacer efectivas las medidas de rehabilitación. Las víctimas deberán tener acceso inmediato y prioritario a las prestaciones de salud, independientemente de los plazos que la legislación interna haya contemplado para ello, evitando obstáculos de cualquier índole.

C.3. Medidas de Restitución


  1. La Comisión solicitó de manera genérica la toma de medidas que garanticen el mejoramiento de la calidad de vida de los miembros de CAVIDA y de las mujeres cabeza de familia que habitan en Turbo713, atendiendo sus necesidades especiales y adoptando medidas que garanticen su participación plena y en condiciones de igualdad.

  2. Los representantes solicitaron medidas que catalogaron como de “etno-educación” y que incluyen: a) la creación de un Proyecto Educativo Institucional (“PEI”)714; b) mejorar las escuelas existentes las Zonas Humanitarias, construir dos nuevos colegios en cada Zonas715 y otras instituciones de educación superior716; c) la promoción de procesos de capacitación para que las víctimas puedan formarse como profesores/as y prestar sus servicios a la comunidad717, y d) entre otras medidas718.

  3. Adicionalmente, solicitaron otra serie de reparaciones con el ánimo de mejorar: a) la capacidad productiva: estudio la factibilidad y la oportunidad de comercialización de los productos cosechados o manufacturados por los miembros de la comunidad719 y la elaboración de proyectos productivos individuales y comunitarios por parte de las mujeres de CAVIDA y las no retornadas de Turbo720, b) las viviendas: instalación de eco-aldeas, mejoramiento de las viviendas de las dos Zonas Humanitarias721 que revista características especiales cuando se trate de casas de mujeres722, y entrega de “viviendas dignas, conforme al núcleo familiar” para las mujeres desplazadas en Turbo y la compañera de Marino López, c) la prestación servicios públicos y las comunicaciones: drenaje de ríos723 que permita la movilidad entre las comunidades724, cobertura de telefonía celular725, tratamiento idóneo al manejo de residuos y basuras726 el suministro de agua potable, acueductos comunitarios y energía limpia, y d) la recreación de los menores727.

  4. El Estado mencionó en sus alegatos finales escritos una serie de medidas educativas implementadas durante la “etapa de Emergencia o Ayuda Humanitaria” que incluyeron la entrega de materiales y la capacitación de maestros728, y también la existencia actual del programa “Familias en Acción” el cual tiene medidas particulares relacionadas con la educación729. En lo que respecta a la mejora de comunicaciones, el Estado se refirió al Contrato de Obras de Adecuación y Mantenimiento del Río Perancho730, respecto del cual los representantes solicitaron su drenaje. En cuanto a las demás medidas solicitadas por la Comisión y los representantes no realizó manifestación alguna.

  5. En el presente caso, la Corte ha dado por probado que, como consecuencia de los desplazamientos forzados provocados por las incursiones paramilitares, las víctimas del presente caso tuvieron que abandonar sus territorios, viviendas y pertenencias (supra párr. 111). Además, conforme a lo que fuera reconocido por el propio Estado, y tal como ha sido señalado por la Defensoría del Pueblo Delegada para la Prevención de Riesgos de Violaciones de Derechos Humanos y DIH731, en la actualidad continúa la presencia de los actores armados del conflicto en Riosucio que propicia una situación que genera violencia e inseguridad.

  6. La Corte señala que, producto del incumplimiento del deber estatal de garantizar el derecho a la propiedad colectiva (supra párrs. 353 y 358), las comunidades del Cacarica han sufrido un daño que va más allá del mero detrimento patrimonial. Del acervo probatorio se evidencia que éstas tienen una relación especial con los territorios que habitaban y que, por ende, se vieron profundamente afectadas no solo al ser despojadas de los mismos, sino también al haberse permitido la realización de acciones de explotación ilegal de recursos naturales por parte de terceros. Por lo anterior, y en aras de evitar que estos hechos se repitan, el Tribunal ordena al Estado que restituya el efectivo uso, goce y posesión de los territorios reconocidos en la normativa a las comunidades afrodescendientes agrupadas en el Consejo Comunitario del Cacarica.

  7. Asimismo, la Corte es consciente de que los miembros de las comunidades del Cacarica se sienten inseguros, en particular debido a la presencia de actores armados. Es posible que esta situación no cambie hasta que se restablezca el órden público y hasta que se efectúen investigaciones y procesos judiciales efectivos que tengan como resultado el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables. Por tanto, el Tribunal considera, como lo ha hecho en otros casos732, que el Estado deberá garantizar que las condiciones de los territorios que el Estado debe restituirles, así como del lugar donde habitan actualmente, sean adecuadas para la seguridad y vida digna tanto de quienes ya han regresado como de quienes aún no lo han hecho. A tales efectos, el Estado deberá enviar periódicamente, al menos una vez al mes, representantes oficiales a los territorios de los cuales fueron desplazados, y en particular a las Comunidades de Paz (“Esperanza de Diós” y “Nueva Vida”), durante los cinco años siguientes a la notificación de esta Sentencia para verificar la situación de orden público, para lo cual deberán reunirse efectivamente con las comunidades o los representantes por éstas designados. Si durante esas reuniones mensuales los habitantes de las comunidades expresan preocupación en relación con su seguridad, el Estado debe adoptar las medidas necesarias para garantizarla, las cuales serán diseñadas en acuerdo con los destinatarios de las medidas.

  8. Por otra parte, la Corte estima que no es procedente ordenar otras medidas adicionales solicitadas por los representantes. Sin perjuicio de ello, los programas internos de reparación se refieren específicamente a programas habitacionales y a mecanimos de restitución de tierras, así como a otras medidas de rehabilitación, de satisfacción y de no repetición733. En consecuencia, las víctimas del presente caso también deberán tener acceso prioritario a esas otras formas de reparación en el plazo máximo de un año, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia.
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