Corte interamericana de derechos humanos


X. REPARACIONES (Aplicación del artículo 63.1 de la Convención Americana)



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X.
REPARACIONES
(Aplicación del artículo 63.1 de la Convención Americana)


  1. Con base en lo dispuesto en el artículo 63.1 de la Convención656, la Corte ha indicado que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente657 y que esa disposición “recoge una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre responsabilidad de un Estado”658. Además, este Tribunal ha establecido que las reparaciones deben tener un nexo causal con los hechos del caso, las violaciones declaradas, los daños acreditados, así como con las medidas solicitadas para reparar los daños respectivos. Por lo tanto, la Corte deberá analizar dicha concurrencia para pronunciarse debidamente y conforme a derecho659.

  2. La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución, que consiste en el restablecimiento de la situación anterior. De no ser esto factible, como ocurre en la mayoría de los casos de violaciones a derechos humanos, el Tribunal determinará medidas para garantizar los derechos conculcados y reparar las consecuencias que las infracciones produjeron660. Por tanto, la Corte ha considerado la necesidad de otorgar diversas medidas de reparación, a fin de resarcir los daños de manera integral, por lo que además de las compensaciones pecuniarias, las medidas de restitución, satisfacción y garantías de no repetición tienen especial relevancia por los daños ocasionados661.

  3. En consecuencia, y sin perjuicio de cualquier forma de reparación que se acuerde posteriormente entre el Estado y las víctimas de desplazamiento forzado, en consideración de las violaciones a la Convención Americana declaradas en esta Sentencia el Tribunal procederá a disponer las medidas dirigidas a reparar los daños ocasionados. Para ello, tomará en cuenta las pretensiones de la Comisión y los representantes, así como los argumentos del Estado, a la luz de los criterios fijados en la jurisprudencia de la Corte en relación con la naturaleza y alcance de la obligación de reparar662.

  4. Respecto a las pretensiones generales de reparación de la Comisión y las partes, es del caso anotar que se ha dado un debate en cuanto a la suficiencia de las medidas contenidas en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras para reparar a las víctimas del presente caso. Este debate se analiza posteriormente en relación con las indemnizaciones compensatorias (infra párr. 469 a 475).
          1. Parte Lesionada


  1. Teniendo en cuenta que en el Capítulo VI se determinó que en el presente caso se daba aplicación del artículo 35.2 del Reglamento del Tribunal y que, por ende, el listado de víctimas objeto de revisión para la fijación de reparaciones es aquel que hace referencia a 531 personas y que fue presentado por los representantes como anexo a su escrito de solicitudes y argumentos, la Corte procede a determinar las cuestiones fácticas que, respecto de las víctimas de este caso, han generado discusiones al interior del proceso entre la Comisión, los representantes y el Estado, tal y como fue señalado previamente.

A.1. Argumentos de la Comisión y de las partes


  1. El Estado consideró, en primer lugar, que la comunidad como tal no podía tenerse como víctima al no haberse cumplido con los requisitos exigidos para ello663. Segundo, de manera individual y genérica informó que existen vacíos664 en la información de las personas que aparecen en la lista de los representantes y señaló la importancia de fijar un límite a los descendientes de las víctimas que están legitimados para recibir reparaciones. En tercer lugar, realizó un cruce entre los nombres de las víctimas del escrito de solicitudes y otros registros y listas nacionales que arrojó los siguientes resultados: a) Sistema de Información Interinstitucional de la Ley de Justicia y Paz (SIJYP) sólo coinciden 28665; b) Miembros de CAVIDA presentados por los representantes en el año 2006 para la solicitud de medidas cautelares: aparecen 581 nombres y sólo 111 coinciden con nombre, apellido e identificación con las 531666; c) Registraduría Nacional del Estado Civil667: sólo aparecieron 472668 registros de los cuales, 16 son de personas que han fallecido y 78 son “no existentes”669; así que sólo hay 378 registros vigentes en el Archivo Nacional; y d) Registro Único para la Población Desplazada (“RUPD”)670 el cual está siendo integrado al Registro Único de Víctimas (“RUV”): presenta dos problemas, a) sólo aparecen 158, es decir que 373 no están registras, y b) de las 158 hubo 143 que manifestaron haberse desplazado el 28 de febrero de 1997671 y de éstas últimas sólo 14 tienen como lugar de expulsión el Chocó672. De éstas 14, cinco manifestaron haberse desplazado colectivamente673, y nueve de manera individual674.

  2. Por último el Estado, no obstante reconocer que la calidad de desplazado se obtiene de facto, manifestó que las 373 víctimas que no aparecen en el RUPD hicieron caso omiso del sistema interno, dejando de lado los principios de subsidiariedad y complementariedad del sistema interamericano. Con base en todo lo anterior, el Estado solicitó abstenerse de reconocer como víctimas a quienes aparecen en la lista del escrito de los representantes por ser ésta ambivalente. De manera subsidiaria pidió genéricamente que sólo se tengan como víctimas aquellas que acrediten el nexo causal entre la Operación Génesis y el daño, y de manera concreta que “la Corte declare que s[ó]lo las doce personas que manifestaron haberse desplazado desde el municipio de Riosucio en febrero de 1997, sean consideradas como presuntas víctimas del desplazamiento de la cuenca del Cacarica”.

  3. La Comisión solicitó a la Corte tener en consideración los aspectos propios de complejidad del caso675 y sostuvo que las pruebas presentadas por el Estado para negar la calidad de víctimas se basaban en registros de entidades estatales como el Registro Único de la Población Desplazada (“RUPD”) y la Fiscalía, los cuales “no tienen la potencialidad probatoria para desvirtuar la existencia e identidad de las víctimas establecidas en el listado de los representantes, sino por el contrario, sólo evidencian las dificultades existentes para la determinación de las víctimas ante un fenómeno de dimensiones masivas como el desplazamiento ocurrido en este caso”. Por último, señaló que el RUPD de acuerdo a lo señalado por la propia Corte Constitucional de Colombia no tiene un efecto constitutivo de la calidad de víctima, toda vez que la “calidad de desplazado interno no es algo que pueda depender de ninguna forma en una decisión administrativa del propio Estado”.

  4. Los representantes reiteraron las dificultades que se han presentado para la identificación de las víctimas pero señalaron como definitivo el grupo de 531 personas que fue presentado en el escrito de solicitudes. Señalaron que el registro es declarativo más no constitutivo de la calidad de desplazado676 y que con anterioridad a éste existieron otros registros para lo cual adjuntaron una serie de declaraciones de funcionarios públicos que dan fe de la existencia de los mismos. Realizaron unos cruces entre la lista del escrito de solicitudes y: a) un censo llevado a cabo por la Red de Solidaridad Social (“RSS”), entidad adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República de Colombia, entre los años 1998 y 1999677, y b) otro censo realizado por la RSS y la Caja Agraria (entidad financiera denominada Caja de Crédito Agrario cuyo objeto era otorgar créditos a los agricultores colombianos) en el marco del programa “Vivir Mejor” de vivienda rural678. De los mencionados cruces concluyen que “no hay duda que las 531 víctimas representadas por la Comisión de Justicia y Paz ante el sistema interamericano de derechos humanos, habían sido plenamente identificadas por entes del Estado al momento del desplazamiento forzado y con posterioridad a este”.

A.2. Consideraciones de la Corte

A.2.1 Las víctimas del desplazamiento forzado


  1. Con base en el listado de 531 presuntas víctimas presentado por los representantes en el escrito de solicitudes (en adelante “el listado de víctimas”) (supra párr. 38), procede la Corte a determinar quiénes serán consideradas víctimas en el caso concreto.

  2. En primer lugar, el Tribunal nota que, al parecer por una omisión involuntaria de los representantes, la víctima Jhon James Oviedo Granada -enlistado como No. 29 en el informe de la Comisión y actualmente en el listado de víctimas- no fue excluido, a pesar de haber sido identificado por los representantes como una de las personas que “debido al paso de los años y el rigor del conflicto armado, abandonaron la comunidad desde hace años y que la Comisión de Justicia y Paz no ha tenido posibilidad de ubicar y contactar”679. Por tanto, la Corte no tendrá en cuenta el nombre de Jhon James Oviedo Granada dentro de la lista de víctimas en el presente caso.

  3. Asimismo, el Estado indicó que únicamente 28 de las personas contenidas en el listado de víctimas aparecían registradas en el Sistema de Información Interinstitucional de Justicia y Paz. Sobre el particular la Corte señala que el hecho de no figurar en el mencionado registro en nada afecta la calidad de víctima de una persona en el presente caso, pues si bien es cierto que se trata de un registro nacional con el cual opera la jurisdicción de Justicia y Paz en Colombia, el hecho de no haberse constituido como víctima en el procedimiento de Justicia y Paz no guarda relación con el proceso seguido ante el sistema interamericano. Por tanto, la Corte estima que este alegato del Estado no es relevante para determinar el listado de víctimas del caso.

  4. El Tribunal tampoco efectuará un análisis detallado en relación con el cruce realizado entre el listado de presuntas víctimas de este caso y la lista de 581 personas presentadas por los representantes en el año 2006 en su solicitud de medidas cautelares puesto que los objetivos de los dos procedimientos no son los mismos. En particular, es claro que una solicitud de protección ante la Comisión se refiere a una potencial situación de riesgo actual que podría estar afectando a una persona o un grupo de personas, mientras que un procedimiento contencioso ante esta Corte se encuentra relacionado con una alegada violación a derechos humanos de una persona o un grupo de personas ocurridas en el pasado. Por tanto, no existe ningún motivo fundado por el cual los beneficiarios de medidas cautelares dispuestas por la Comisión deban ser las mismas personas que las presuntas víctimas de un caso contencioso en conocimiento del Tribunal. Por tanto, la Corte estima que este alegato del Estado no es relevante para determinar el listado de víctimas del caso.

  5. En lo que respecta al cruce con la Registraduría Nacional del Estado Civil se hacen dos precisiones. En primer lugar, la Corte nota que el hecho de no aparecer en el registro no puede llevar a la conclusión de la inexistencia de una persona. En particular, el Estado no indicó si todas las personas que nacen en Colombia cuentan con registro civil de nacimiento y/o con cédula de ciudadanía. Adicionalmente, el Tribunal nota que varios nombres de presuntas víctimas aparecen escritos de manera distinta en los documentos que fueron presentados ante esta Corte, también es posible que el registro pueda contener nombres escritos de forma diferente y por tanto arrojar resultados erróneos en cuanto a la “existencia” o no de determinadas presuntas víctimas. En segundo lugar, las 16 personas cuyas cédulas aparecen canceladas por muerte tampoco serán excluidas, como quiera que el Estado no acreditó que su muerte tuvo lugar con anterioridad al 28 de febrero de 1997, motivo por el cual, de declararse una indemnización a su favor, quienes sean considerados sus herederos conforme a las normas de derecho interno, estarían legitimados para reclamarla, salvo que se pruebe que los causantes fallecieron antes de los hechos. En consecuencia, la Corte estima que este alegato del Estado no es relevante para determinar el listado de víctimas del caso.

  6. En cuanto a las personas que nacieron con posterioridad al retorno a las comunidades de paz en la cuenca del río Cacarica, si bien es presumible que puedan verse afectados por haber nacido en situación de desplazamiento de sus padres o por las condiciones de vida que han enfrentado, también es cierto que los mismos no fueron propiamente víctimas del desplazamiento forzado provocado por las incursiones paramilitares, ni por las condiciones de desplazamiento en Turbo, Bocas de Atrato o Panamá. Por lo anterior, se excluyen a las 12 personas que nacieron durante el retorno de la lista de víctimas remitida por los representantes.

  7. Por otro lado, el Tribunal constata que, según indicó el Estado, únicamente figurarían 158 personas en los registros de población desplazada (RUPD), no así el resto de los enumerados en el listado de víctimas. Sin embargo, como la Corte ya ha señalado en otros casos, y tal como lo ha reconocido la Corte Constitucional colombiana, “[e]l desplazamiento forzado por ser una situación de hecho no necesita, como requisito indispensable para adquirir la condición de desplazado ser declarado por ninguna entidad ni pública ni privada para configurarse. Cuestión diferente es el hecho de que el gobierno haya establecido un procedimiento para incluir a la población en un Registro Nacional de Población Desplazada, que reglamenta el acceso a las ayudas contempladas (ayuda inmediata, atención humanitaria de emergencia y programas de retorno, reasentamiento o reubicación), mas no es un mecanismo que pretende dar una declaración indebida a una situación de hecho”680.

  8. En relación con lo anterior, según fue constatado en una reciente Resolución de supervisión de cumplimiento de la Sentencia dictada por esta Corte en el caso Masacres de Ituango Vs. Colombia681, la Corte Constitucional de Colombia, en su sentencia T-367 de 11 de mayo de 2010, consideró que determinadas entidades estatales habían vulnerado los derechos fundamentales a la vida digna y a la justicia, al exigir a las víctimas de las Masacres de Ituango, la inscripción en el Sistema de Información para Población Desplazada (SIPOD) como requisito previo para acceder a algunas de las medidas de reparación (vivienda, seguridad y servicio médico principalmente) ordenadas por este Tribunal a su favor. El alto tribunal constitucional colombiano consideró que, en ese caso, el referido Registro Único se había constituido “en un obstáculo insalvable que [perpetuó] la vulneración de los derechos fundamentales de los afectados”, quienes son parte de la población desplazada por la violencia, la cual ha sido reconocida “como sujeto de especial protección debido a la extrema vulnerabilidad en que se encuentra”, por lo que sus derechos al pronto resarcimiento y reparación de los derechos vulnerados deben ser diligentemente garantizados por las autoridades competentes.

  9. Como lo ha establecido el Tribunal en otros casos, el Registro de Desplazados constituye una herramienta declarativa de la calidad de desplazado más no constitutiva de ella y, por ende, no corresponde excluir a las 360 personas que no hacen parte del RUPD, del listado de victimas. Tal como lo ha indicado Juan Pablo Franco, perito propuesto por el Estado, “es claro que una persona se considera desplazada interna en el momento en que configuren los hechos por los cuales se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional, abandonado su localidad de residencia o actividades económicas habituales”682.

  10. Respecto de las 158 personas que hacen parte del RUPD y del RUV, la Corte señala que las condiciones temporales y espaciales de los hechos objeto del presente caso se limitan a aquellos que tuvieron lugar en el municipio de Riosucio en el departamento del Chocó durante el año 1997, por lo que las personas que se desplazaron desde otros lugares y en otras fechas no pueden ser consideradas víctimas de los hechos propiamente analizados en el presente caso. Lo anterior teniendo en cuenta que, si bien es cierto que el registro no es constitutivo de la condición de desplazado, no pueden dejarse de lado las declaraciones hechas por estas personas en la cuales, presumiendo que dijeron la verdad, manifestaron haberse desplazado desde lugares y en momentos diferentes a los hechos del caso sub judice.

  11. La obligación de reparar que incumbe al Estado surge como consecuencia de su responsabilidad por los hechos del caso y las víctimas afectadas por esos hechos, por lo que no es posible para la Corte ordenarle reparar a personas que, aún siendo víctimas de otras situaciones, no han sido declaradas víctimas en el caso concreto. Adicionalmente, los representantes no controvirtieron las argumentaciones del Estado en este sentido, ni manifestaron algo respecto de la idoneidad de los listados que fueron allegados para estos fines. Así las cosas, sin perjuicio de las reparaciones que les puedan corresponder reclamar a nivel interno, no serán tenidas como víctimas del presente caso: a) las 11 personas que declararon ante el Registro de Desplazados haberse desplazado en otro período de tiempo distintos a las semanas posteriores a la ocurrencia de la Operación Cacarica y a las incursiones paramilitares (de éstas, 5 no eran de Riosucio), y b) las 135 personas que declararon ante el Registro haberse desplazado desde un lugar distinto al municipio de Riosucio. Por tanto, respecto de las 158 personas que hacen parte del RUPD y del RUV, la Corte tendrá como víctimas del presente caso únicamente a 12 de esas personas683.

  12. Por tanto, de conformidad con las consideraciones anteriores, del listado original de 531 víctimas presentado por los representantes, la Corte considerará a 372 personas como víctimas del presente caso, siendo que 341 personas tuvieron que desplazarse por los hechos del presente caso (Anexo I), de las cuales 203 eran menores de edad al momento del desplazamiento (Anexo II), mientras que 31 niñas y niños nacieron en condiciones de desplazamiento forzado con posterioridad a los hechos de febrero de 1997 (Anexo III).

A.2.2 Los familiares de Marino López


  1. En cuanto a los familiares de Marino López, el listado inicial de 446 personas del informe 64/11 presentado por la Comisión no hizo referencia alguna a ellos. Sin embargo, en el listado de 497 personaspresentado por los representantes a la Comisión y que fue allegado a la Corte en septiembre de 2011, sin realizarse aclaración pertinente alguna, fueron incluidos cinco familiares de Marino López684 que entraron a hacer parte de la Familia 1 del Listado N° 2. Más adelante, en el listado presentado por los representantes a la Comisión en noviembre de 2011, que fue allegado a la Corte por parte de ésta en enero de 2012685, se presentó un listado de 14686 familiares del señor López. Finalmente en el escrito de solicitudes los representantes excluyeron a Leonardo Lopez Garcia sin argumentación alguna, quedando así una lista definitiva de 13 familiares de Marino.

  2. El Estado señaló que en el listado presentado por los representantes en el escrito de solicitudes “se enumeran 13 personas quienes presuntamente serian familiares del señor Marino López pero sobre los cuales no reposa mayor información”; que únicamente respecto de quienes aparecen en los numerales 4 y 5 (Yenesid Gamboa Palacio y Jhon Freddy Palacio Palacio) dice que se trata de “hijos de crianza”, pero “no se aporta prueba que certifique dicha relación. De las 11 personas restantes, el Estado no encuentra en el listado cuál es el parentesco que estas tienen con el señor Marino López ni prueba que así lo certifique”. Por lo anterior, solicita “que la Corte declare que s[ó]lo las dos personas que han sido reconocidas como familiares de Marino López en el proceso penal que se adelanta por su homicidio sean consideradas como presuntas víctimas de su muerte”.

  3. En lo que respecta a las personas que deben ser reconocidas como familiares de Marino López, la Corte encuentra que se cuenta únicamente con un listado presentado por los representantes, sin que el mismo goce de respaldo probatorio alguno que conduzca a la acreditación de una relación de parentesco con el señor López, motivo por el cual no puede la Corte reconocerles como “familiares”. Lo anterior fue notado y controvertido en varias oportunidades por el Estado, sin que los representantes presentaran alegatos ni prueba en lo concerniente. Por tanto, teniendo en consideración que únicamente la señora Emedelia Palacios Palacios se encuentra acreditada y reconocida por el Estado, en calidad de compañera permanente, y que los representantes no han brindado mayor información sobre las personas que ellos consideran como familiares, este Tribunal considera que, con base en lo reconocido por el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá687, solamente se puede reconocer la condición de familiar de Marino López a la señora Emedelia Palacios.

  4. Sin embargo, habiendo elementos de información que permiten concluir que el señor Marino López tenía otros familiares, la Corte establece, como ha hecho en otros casos, que las indemnizaciones ordenadas en esta Sentencia (infra párr. 476) deben ser entregadas a los familiares inmediatos que comparezcan, siempre que se presenten ante las autoridades competentes del Estado entre el momento de la notificación de la presente Sentencia y hasta un año después de la fecha de convocatoria pública de ellos que debe realizar el Estado. Los familiares deberán aportar información necesaria para su identificación y comprobación de parentesco688. Para estos efectos, el Estado deberá realizar anuncios a través de radio, con cubrimiento nacional y local, por lo menos una vez al mes y durante el término de seis meses desde la publicación de la presente Sentencia, en horarios y espacios de alta audiencia, convocando a los familiares inmediatos del señor Marino López para que se presenten con la información necesaria e informando del procedimiento por seguir para esos fines.
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