Corte interamericana de derechos humanos


I. INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA



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I.
INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA


  1. El caso sometido a la Corte. – El 25 de julio de 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) sometió a la jurisdicción de la Corte, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 61 de la Convención Americana, el caso de Marino López y otros (Operación Génesis) contra la República de Colombia (en adelante, “el Estado” o “Colombia”). La Comisión sometió la totalidad de los hechos contenidos en su Informe de fondo. El caso se refiere a la responsabilidad del Estado por alegadas violaciones de derechos humanos cometidas en relación con la denominada “Operación Génesis”, llevada a cabo entre el 24 y el 27 de febrero de 1997 en el área general del Río Salaquí y Río Truandó, zona cercana a los territorios de las comunidades afrodescendientes de la cuenca del río Cacarica, departamento del Chocó, que resultaron en la muerte de Marino López Mena y el desplazamiento forzado de cientos de personas, muchos de los cuales eran miembros de las comunidades afrodescendientes que habitaban en las márgenes del río Cacarica. Asimismo, se alega la violación del derecho a la propiedad colectiva de dichas comunidades sobre los territorios que han poseído ancestralmente y que el Estado les ha reconocido, tanto respecto de los desplazamientos como por explotaciones ilegales de recursos naturales realizadas por empresas con permiso o tolerancia del Estado. A su vez, se alega la falta de investigación de los hechos y de sanción de los responsables, así como la falta de protección judicial respecto de tales hechos.

  2. Trámite ante la Comisión. – El trámite ante la Comisión fue el siguiente:

    1. Petición. – El 1 de Junio de 2004 las presuntas víctimas, a través de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (en adelante “los peticionarios”), presentaron una petición alegando violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado, en relación con la Operación Génesis, en las comunidades de la cuenca del rio Cacarica.

    2. Medidas Cautelares. - El 8 de febrero de 2003 la Comisión Interamericana solicitó al Estado que extremara las medidas necesarias para que la fuerza pública proteja la vida y la integridad de las comunidades “Nueva Vida” y “Esperanza de Dios” y que la Subcomisión de Protección de la Comisión Mixta de Verificación del Cacarica considerara establecer la presencia permanente de representantes del Estado en los asentamientos como garantía de su seguridad.

    3. Informe de admisibilidad. – El 21 de octubre de 2006 la Comisión Interamericana aprobó el Informe de Admisibilidad No. 86/06, en el cual concluyó que era competente para examinar los reclamos presentados por los peticionarios sobre las presuntas violaciones a la Convención Americana1. Además, señaló que la petición era admisible por encontrarse conforme con los requisitos establecidos en los artículos 46 y 47 de la Convención.

    4. Informe de fondo. – En los términos del artículo 50 de la Convención, el 31 de marzo de 2011 la Comisión emitió el Informe de fondo No. 64/11 (en adelante “el Informe de fondo”), en el cual llegó a las siguientes conclusiones y formuló las siguientes recomendaciones al Estado:

      1. Conclusiones. La Comisión concluyó que el Estado era responsable por la violación de los siguientes derechos reconocidos en la Convención Americana:

  • en perjuicio de Marino López Mena, de los artículos 4 y 5 de la Convención Americana en relación con el 1.1 del mismo instrumento;

  • en perjuicio de los familiares de Marino López Mena, del artículo 5 en relación con el 1.1;

  • en perjuicio de los niños de las comunidades del Cacarica y de los hijos de Marino López, del artículo 19;

  • en perjuicio de las comunidades del Cacarica asociadas en Comunidades de Autodeterminación, Vida y Dignidad (en adelante “CAVIDA”) y las mujeres cabeza de familia que habitan en Turbo, del artículo 5 en relación con el 1.1;

  • en perjuicio de los miembros de las comunidades afrodescendientes del Cacarica asociados en CAVIDA y las mujeres cabezas de familia en Turbo, del artículo 22 en relación con los artículos 1.1, 5, 11, 17, 19, 21 y 24. Y en relación con el 19 en perjuicio de los niños de las comunidades;

  • en perjuicio de los miembros de las comunidades del Cacarica asociadas en CAVIDA y las mujeres cabeza de familia que habitan en Turbo, de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana en relación con su artículo 1.1, y

  • en perjuicio de los familiares de Marino López Mena, de los artículos 8 y 25, y asimismo el incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

      1. Recomendaciones. La Comisión recomendó al Estado:

  • llevar adelante una investigación completa, imparcial, efectiva y pronta de los hechos para establecer y sancionar la responsabilidad intelectual y material de todas las personas que participaron en los hechos que ocasionaron el desplazamiento forzado de las comunidades asociadas en CAVIDA y de las mujeres cabeza de familia que habitan en Turbo, así como para determinar la responsabilidad por la falta de investigación efectiva que ha derivado en la impunidad de los hechos;

  • llevar adelante una investigación completa, imparcial, efectiva y pronta para establecer y sancionar a los responsables de las torturas y el asesinato de Marino López, y para determinar la responsabilidad por la falta de investigación que ha derivado en la impunidad de su muerte;

  • adoptar las medidas necesarias para evitar la repetición de patrones sistemáticos de violencia, en concertación con las comunidades;

  • reconocer su responsabilidad internacional por los hechos denunciados en el caso Marino López y otros (Operación Génesis) y realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad en relación con los hechos de este caso y de desagravio de las víctimas;

  • adoptar las medidas necesarias para garantizar a los miembros de CAVIDA y las mujeres cabeza de familia que habitan en Turbo, el derecho a la libre circulación y residencia, el goce y disfrute efectivo de sus tierras y de los recursos naturales que en ellas se encuentran sin que se vean amenazados por la explotación forestal indiscriminada; y garantizar el regreso libre y voluntario de los desplazados no retornados en condiciones de seguridad;

  • adoptar las medidas necesarias para garantizar a los desplazados una justa compensación por las violaciones de las que fueron víctimas las comunidades afrodescendientes del Cacarica asociados en CAVIDA y de las mujeres cabeza de familia que habitan en Turbo;

  • adoptar los procedimientos necesarios para reconocer la vulnerabilidad y las diferencias de los grupos víctimas de desplazamiento en mayor riesgo de violaciones de derechos humanos, a fin de que la respuesta del Estado esté orientada a la atención de sus necesidades especiales y adoptar las medidas necesarias para garantizar su participación plena y en condiciones de igualdad en los asuntos públicos, a tener igualdad real de acceso a los servicios públicos y a recibir asistencia para la rehabilitación, e

  • indemnizar adecuadamente las violaciones de derechos humanos declaradas en el Informe de fondo tanto en el aspecto material como moral2.

    1. Notificación al Estado. – El Informe de fondo fue notificado al Estado el 25 de abril de 2011, otorgándosele un plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones. El 27 de junio de 2011 el Estado solicitó una prórroga, la cual fue concedida hasta el 11 de julio de 2011. El Estado presentó su respuesta el 12 de julio de 2011.

    2. Sometimiento a la Corte. – Vencido el plazo indicado y las prórrogas otorgadas, la Comisión sometió el presente caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana “por la necesidad de obtención de justicia para las víctimas ante el incumplimiento de las recomendaciones por parte del Estado”. La Comisión designó como delegados a la Comisionada María Silvia Guillén y a su entonces Secretario Ejecutivo, Santiago A. Cantón, y como asesores legales a su Secretaria Ejecutiva Adjunta, Elizabeth Abi-Mershed, así como a Karla I. Quintana Osuna y Karin Mansel, abogadas de la Secretaría Ejecutiva.

  1. Solicitud de la Comisión Interamericana. – Con base en lo anterior, la Comisión Interamericana solicitó al Tribunal que declarara la responsabilidad internacional de Colombia por la violación de los siguientes derechos reconocidos en la Convención Americana:

    1. “la violación de los derechos a la vida y a la integridad personal consagrados en los artículos 4 y 5 de la Convención, en relación con su artículo 1.1 en perjuicio de Marino López y el artículo 5 en perjuicio de sus familiares”;

    2. “la violación del derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5 de la Convención, en relación con su artículo 1.1 en perjuicio de los miembros de las comunidades del Cacarica asociadas en CAVIDA y las mujeres cabeza de familia que habitan en Turbo y también en relación con su artículo 19, en perjuicio de sus niños y de los hijos de Marino López”;

    3. “la violación del derecho a la circulación y residencia consagrado en el artículo 22 de la Convención, en relación con sus artículos 1.1, 5, 11, 17, 19, 21 y 24 en perjuicio de los miembros de las comunidades afrodescendientes del Cacarica asociadas en CAVIDA y de las mujeres cabeza de familia que habitan en Turbo y también en relación con su artículo 19, en perjuicio de los niños”;

    4. “la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención, en relación con su artículo 1.1 y de los artículos 1, 6 y 8 de Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en perjuicio de los familiares de Marino López”, y

    5. “ la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención, en relación con su artículo 1.1, en perjuicio de los miembros de las comunidades del Cacarica asociadas en CAVIDA y de las mujeres cabeza de familia que habitan en Turbo”.

  1. Adicionalmente, la Comisión Interamericana solicitó al Tribunal que ordene al Estado determinadas medidas de reparación, que se detallarán y analizarán en el capítulo correspondiente (infra Capítulo X).



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