Corte interamericana de derechos humanos


IX.4 INVESTIGACIONES Y PROCESOS EN SEDE PENAL Y OTROS PROCEDIMIENTOS (Artículos 8 y 25 de la Convención)



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IX.4
INVESTIGACIONES Y PROCESOS EN SEDE PENAL Y OTROS PROCEDIMIENTOS
(Artículos 8 y 25 de la Convención)

  1. Argumentos de la Comisión y de las partes


  1. La Comisión y los representantes consideraron que el Estado violó los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, establecidos en los artículos 8 y 25 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana y que en particular, incumplió con las obligaciones de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de las torturas perpetradas contra Marino López, conforme a los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en perjuicio de Marino López. A su vez, los representantes alegaron que el marco normativo del proceso de desmovilización, que otorga beneficios jurídicos a los miembros de los grupos paramilitares que se desmovilizan, afecta el derecho a la justicia de las víctimas y por tanto la obligación de adoptar disposiciones de orden interno, establecidas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención.

  2. La Comisión observó que, a más de 14 años de ocurridos los hechos, una de las investigaciones se encuentra aún en etapa de indagatoria y que ni el proceso penal ni las investigaciones tanto en la justicia ordinaria609 como en el marco de la Ley de Justicia y Paz610, han producido resultado alguno, en cuanto a administrar justicia y brindar reparación; ya que tampoco se han emitido aún condenas contra quienes han confesado haber participado en los hechos materia del presente caso. Consideró también que a pesar que en la “Operación Génesis” habrían participado al menos 38 miembros del Ejército y que en las incursiones de los paramilitares a la Cuenca del Cacarica habrían participado un gran número de miembros de grupos paramilitares, de los cuáles unicamente se ha procesado a un soldado y a un General del Ejército y a algunos miembros de grupos paramilitares.

  3. Del mismo modo la Comisión alegó que el proceso judicial seguido se ha dilatado, por lo que se han rebasado los plazos razonables conforme a lo establecido en la Convención, responsabilidad que le compete a las autoridades judiciales. Según la Comisión, en el presente caso el retardo ha disminuido la posibilidad de conocer la verdad de los hechos y juzgar a sus responsables. La Comisión también se refirió a ineficiencias en las investigaciones debido a la falta de protección a participantes en el proceso611. En cuanto a los procedimientos disciplinarios iniciados como consecuencia de los hechos del presente caso, la Comisión constató que ninguno ha dado un resultado efectivo, que algunos de ellos se encuentran en etapa preliminares y que otros han prescrito. Por último, indicó que la extradición a los Estados Unidos de personas que rendían declaraciones en el marco de la Ley de Justicia y Paz constituye un obstáculo a la desarticulación de la impunidad de los hechos612.

  4. Los representantes agregaron que el Estado ha incumplido con su deber de investigar y sancionar de manera imparcial y diligente, y en un tiempo razonable, a todos los responsables de los hechos del presente caso y, como consecuencia de ello “ha incumplido, con su obligación de garantizar a las víctimas el derecho a la verdad y el derecho a la justicia”. Indicaron asimismo que los procesos judiciales a nivel interno se caracterizaron por una falta de debida diligencia que se expresó en la ausencia de investigación integral de los hechos,. Indicaron que como resultado de lo anterior, luego de transcurridos cerca de 15 años, los hechos del presente caso, permanecen en impunidad613.

  5. En cuanto a las deficiencias adicionales en la investigación sobre los paramilitares presuntamente involucrados en los hechos, los representantes acusaron obstrucciones de facto y de jure que se han presentado como consecuencia del proceso de desmovilización. Además alegaron que el marco normativo del proceso de desmovilización que otorga beneficios jurídicos a los miembros de grupos paramilitares que se desmovilizan, afecta, en igual medida, el derecho a la justicia de las víctimas.

  6. Por último, los representantes indicaron que el fallo de tutela proferido por la Corte Constitucional T-955/03 ordenando la suspensión de la explotación maderera y algunos procesos disciplinarios iniciados en el ámbito de la PGN en contra de autoridades ambientales locales no han garantizado “el goce efectivo de los derechos a la propiedad colectiva y los recursos naturales, en los términos en lo que estos derechos son reconocidos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana”. Agregaron que el Estado “no ha tomado medidas eficaces para reparar los daños ambientales que esta situación ha generado y para garantizar que dichas actividades se sigan realizando”.

  7. En el Capítulo IV de esta Sentencia se estableció que el Estado reconoció su responsabilidad internacional por la violación de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de “los familiares de Marino López Mena, que resulten debidamente identificados e individualizados, así como de las víctimas de desplazamiento forzado que determine la Corte” dado que ha existido una violación del plazo razonable, sin que hasta el momento se haya podido determinar y sancionar a los autores intelectuales y materiales de dichas conductas delictivas. Se mantuvo abierta la controversia, respecto de la responsabilidad del Estado por la alegada violación a los demás derechos alegados violados por los representantes y la Comisión (supra párr. 22).

  8. No obstante lo anterior, el Estado indicó que el plazo razonable de una investigación no puede examinarse en abstracto, sino caso por caso, e indicó que si bien las investigaciones penales han sido realizadas con rigor y seriedad, los resultados no se han alcanzado debido a la complejidad de los hechos materia de investigación -originada en el modus operandi de las organizaciones ilegales generadoras de los hechos-, las condiciones de vulnerabilidad de la población que resultó víctima de ellos, y las difíciles circunstancias de acceso de los funcionarios judiciales a la zona donde ocurrieron los hechos.

  9. Además, en su escrito de 13 de agosto de 2013 de observaciones relativas a la prueba remitida por la Fiscalía General de la Nación, el Estado indicó inter alia que “la documentación aportada por la [FGN] da cuenta de los grandes esfuerzos y avances en la administración de justicia, así como del compromiso que tiene Colombia con la búsqueda de la verdad en el presente caso” y que el Estado “ha venido evaluando el funcionamiento del sistema de investigación penal en Colombia […] con la finalidad de combatir de una mejor manera la criminalidad organizada; conocer mejor el contexto del conflicto armado en Colombia para abordar mejor los procesos de justicia transicional; atender las exigencias de la sociedad civil; y en general, para hacer más efectiva la administración de justicia”. Resaltó que como consecuencia de lo anterior, recientemente se creó la Unidad Nacional de Análisis y Contextos como un ”instrumento de política criminal enfocada a enfrentar principalmente fenómenos de delincuencia organizada, mediante el uso de herramientas de análisis criminal y creación de contextos, con el objetivo de articular la información aislada que actualmente se encuentra en las diversas unidades de Fiscalía”614.



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