Corte interamericana de derechos humanos


Consideraciones de la Corte



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Consideraciones de la Corte


  1. El derecho a la vida ocupa un lugar fundamental en la Convención Americana, por ser el presupuesto esencial para el ejercicio de los demás derechos416. Los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho inalienable y, en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él. Esta protección activa del derecho a la vida por parte del Estado no sólo involucra a sus legisladores, sino a toda institución estatal y a quienes deben resguardar la seguridad, sean éstas sus fuerzas de policía o sus fuerzas armadas417.

  2. Por otra parte, en la Convención Americana se establece el derecho a la integridad personal, física y psíquica, cuya infracción “es una clase de violación que tiene diversas connotaciones de grado y […] cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta”418. Además, la Corte ha sostenido en otras oportunidades que la mera amenaza de que ocurra una conducta prohibida por el artículo 5 de la Convención, cuando sea suficientemente real e inminente, puede en sí misma estar en conflicto con el derecho a la integridad personal419.

  3. Por su parte, el artículo 22.1 de la Convención reconoce el derecho de circulación y de residencia y a no tener que salir forzadamente del territorio del Estado en el cual se halle legalmente. La libertad de circulación es una condición indispensable para el libre desarrollo de la persona420. Asimismo, mediante una interpretación evolutiva del artículo 22.1 de la Convención, tomando en cuenta las normas de interpretación aplicables señaladas en el artículo 29.b de la misma, esta Corte ha considerado que aquella norma protege el derecho a no ser desplazado forzadamente dentro de un Estado Parte en la misma421.

  4. La Corte recuerda asimismo que la obligación de garantizar el derecho de circulación y residencia también debe tomar en consideración las acciones emprendidas por el Estado para asegurar que las poblaciones desplazadas puedan regresar a sus lugares de origen sin riesgo de que se vean vulnerados sus derechos. En ese sentido, este Tribunal reafirma que la obligación de los Estados de proteger los derechos de las personas desplazadas conlleva no sólo el deber de adoptar medidas de prevención sino también proveer las condiciones necesarias para un retorno digno y seguro a su lugar de residencia habitual o su reasentamiento voluntario en otra parte del país422. Para ello, se debe garantizar su participación plena en la planificación y gestión de su regreso o reintegración423.

  5. Del mismo modo, puesto que los hechos del presente caso ocurrieron en el contexto de un conflicto armado no internacional, el Tribunal considera útil y apropiado, tal como lo ha hecho en otras oportunidades424, interpretar el alcance de las obligaciones convencionales en forma complementaria con la normativa del Derecho Internacional Humanitario, habida consideración de su especificidad en la materia425, en particular los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949426; el artículo 3 común a los cuatro Convenios; el Protocolo II de los Convenios relativos a la protección de las víctimas de conflictos armados de carácter no internacional (en adelante también “Protocolo Adicional II”), del cual el Estado es parte427, y el derecho internacional humanitario consuetudinario428.

  6. Cabe recordar que, en otros casos, la Corte ha tenido la oportunidad de analizar la responsabilidad del Estado tomando en consideración algunos principios relevantes del Derecho Internacional Humanitario, a saber los principios de distinción, proporcionalidad y precaución en la utilización de la fuerza en el marco de conflicto armados de carácter no internacional429. Además, cuando en este tipo de conflictos se dan situaciones de desplazamiento, también resultan especialmente útiles para la aplicación de la Convención Americana las regulaciones sobre desplazamiento contenidas en el Protocolo Adicional II. Al respecto, el artículo 17 de éste Protocolo prohíbe ordenar el desplazamiento de la población civil por razones relacionadas con el conflicto, salvo que este en peligro la seguridad de los civiles o por razones militares imperiosas y, en este último caso, se deberán tomar “todas las medidas posibles para que la población civil sea acogida en condiciones satisfactorias de alojamiento, salubridad, higiene, seguridad y alimentación”430.

  7. Con respecto a los referidos derechos, la Corte reitera que su reconocimiento no sólo implica que el Estado debe respetarlos, sino que, además, requiere que se adopten todas las medidas apropiadas para garantizarlos, en cumplimiento de sus obligaciones generales establecidas en el artículo 1.1 de la Convención Americana431. De esas obligaciones generales derivan deberes especiales determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre432. Esto implica el deber de los Estados de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos433. Como parte de dicha obligación, el Estado está en el deber jurídico de “prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación”434.

  8. Es pertinente recordar que la responsabilidad internacional del Estado se funda en actos u omisiones de cualquier poder u órgano de éste, independientemente de su jerarquía, que sean violatorios de los derechos y obligaciones contenidos en la Convención Americana435. Asimismo, puede generarse responsabilidad internacional del Estado por atribución a éste de actos violatorios de derechos humanos cometidos por terceros o particulares cuando aquél incumple, por acción u omisión de sus agentes que se encuentren en posición de garantes, sus obligaciones de adoptar las medidas necesarias para asegurar la efectiva protección de los derechos humanos en las relaciones inter-individuales, contenidas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención436. Lo anterior implica valorar si el Estado ha adoptado las medidas necesarias y efectivas de prevención y protección ante el conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y las posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo437.

  9. Por otro lado, la Corte recuerda que no es un tribunal penal ni de alzada438, y que “corresponde a los tribunales del Estado el examen de los hechos y las pruebas presentadas en las causas particulares”439. El presente caso no se refiere a la inocencia o culpabilidad de los integrantes de las fuerza pública Colombiana que participaron en los hechos, sino a la conformidad de los actos u omisiones de los agentes estatales con la Convención Americana. Por ende, salvo en lo que atañe a cuestiones muy específicas conforme al objeto del presente caso y al ejercicio de su función contenciosa, la Corte determinará si el Estado es responsable por las violaciones a la Convención alegadas, sin analizar las “falencias probatorias” de la sentencia penal de primera instancia proferida por el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá en contra de Rito Alejo del Río el pasado 23 de agosto de 2012 (supra párr. 179).

  10. A continuación, el Tribunal pasa a examinar la responsabilidad del Estado por las alegadas violaciones a los artículos 4, 5 y 22 de la Convención Americana en el siguiente orden: 1) si de miembros las Fuerzas Militares pusieron en riesgo la vida e integridad y/o provocaron el desplazamiento forzado de los pobladores de las comunidades de la cuenca Cacarica por los bombardeos realizados en el desarrollo de la Operación Génesis, y 2) si le son imputables al Estado las incursiones paramilitares a la cuenca del Cacarica y la muerte del señor Marino López, las cuales, a su vez, habrían provocado el desplazamiento forzado de dichas comunidades.

B.1. Alegada violación de los derechos a la vida, integridad personal y a no ser desplazado forzadamente de miembros de las comunidades del Cacarica por bombardeos realizados en el desarrollo de la Operación Génesis


  1. Sobre los hechos del presente caso y los bombardeos que tuvieron lugar durante la Operación Génesis, la Corte constata que, de la prueba aportada y lo alegado por las partes y la Comisión, se desprende que hay dos versiones de lo ocurrido.

  2. Por un lado, surge de los alegatos de la Comisión y de los representantes que las Fuerzas Armadas colombianas habrían bombardeado comunidades de las cuencas del río Cacarica causando su desplazamiento forzado (supra párr. 103). Esta versión encuentra sustento en testimonios de pobladores de la región y de presuntas víctimas440 así como en informes de entidades internacionales441 u organizaciones no gubernamentales442 . Esta versión de los hechos es también manejada por la Fiscalía General de la Nación en el marco de sus investigaciones relativas a la Operación Cacarica443. Además, según han observado los representantes y la Comisión, el informe de inteligencia previo a la orden de operaciones 004 se refiere a 8 objetivos de la Operación Génesis dentro de los cuales se designan Puente América (objetivo N°6) y Teguerré (objetivo N°5), que son dos lugares geográficos que se encontrarían dentro del territorio de las Comunidades del Cacarica444.

  3. Por otro lado, la versión presentada por el Estado indica que las Fuerza Armadas no bombardearon la cuenca del río Cacarica y que ésta no se hizo presente en esa zona geográfica, tal como lo afirman algunos testimonios de pobladores de la región. El Estado también indicó que la acción únicamente se llevó a cabo sobre siete de los ocho objetivos indicados (supra párr. 106). Ésta segunda versión reposa sobre los siguientes elementos de prueba: testimonio de un integrante de las fuerzas armadas en la audiencia pública del presente caso445, testimonios de otros pobladores de la zona446, informes de resultados de operaciones447, peritajes en Derecho Operacional de la Coronel María Paulina Leguizamón Zárate y de Luis Emilio Cardozo Santamaría en la audiencia pública ante esta Corte448 y versiones libres de paramilitares postulados en el marco del proceso de Justicia y Paz449. Asimismo, en cuanto al objetivo N°5 de la Operación Génesis (Teguerré), el Estado alegó, sin que fuera controvertido por los representantes o la Comisión, que a pesar de la coincidencia en los nombres, el mismo denomina un lugar diferente a la Comunidad designada como “Teguerré Medio”450, siendo que el mismo se encuentra a más de 20 kilómetros de distancia del objetivo militar451. Los representantes alegaron al respecto que las coordenadas brindadas por el Estado correspondiente al objetivo N°5 se encuentran dentro del territorio del Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Cacarica comprendido dentro del Titulo Colectivo otorgado mediante Decreto 841 de 26 de abril de 1999del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA)452.

  4. La Corte pasa a analizar la hipótesis del bombardeo llevado a cabo por las Fuerzas Armadas colombianas sobre las comunidades de la cuenca del río Cacarica como supuesta causa de su desplazamiento forzado, ponderando la prueba aportada al expediente.

  5. En primer lugar, la sentencia de primera instancia del Juzgado 8 Penal del Circuito Especializado de Bogotá (supra párr. 179) no se refiere a bombardeos en la cuenca del rio Cacarica a pesar de que analiza la presunta colaboración entre miembros de las fuerzas armadas colombianas y grupos paramilitares en el marco de las operaciones Génesis y Cacarica. En segundo lugar, en lo que se refiere a la prueba proveniente de la Defensoría del Pueblo, la Corte constata que varios documentos suelen referirse a los bombardeos que tuvieron lugar en la región de la Cuenca del río Salaquí y Truandó y que habrían sido la causa principal de los desplazamientos forzados de miles de pobladores de la región; sin embargo, no mencionan que se hubiesen producido bombardeos en la cuenca del rio Cacarica453.

  6. En tercer lugar, la prueba testimonial de los pobladores de la zona que indica que las Comunidades de la Cuenca del Cacarica habrían sido bombardeadas, presenta inconsistencias y contradicciones. En tal sentido, se constata que: a) varios declarantes no hicieron referencia alguna a bombardeos454; b) otros señalaron que se escucharon bombardeos en la zona del río Salaquí, Playa Bonita, Teguerré, Caño Seco, o Tamboral455; c) otros se enteraron de los bombardeos indirectamente por terceras personas456; d) algunos señalaron haber visto aviones y/o helicópteros457; e) otros declararon no haber visto aviones458, y f) algunos pobladores escucharon bombardeos cerca de Puente América459.

  7. En cuarto lugar, otras declaraciones de paramilitares se refirieron a bombardeos o ametrallamientos por parte de helicópteros de las Fuerzas Armadas Colombianas y que habrían tenido lugar en el sitio llamado la “Loma” o la “Loma de Cacarica”460, mientras los paramilitares se encontraban en el Parque Nacional de los Katios cerca de Sautatá461, a unos 12 kilometros al norte de Puente América y unos 10 kilómetros del lugar llamado la Loma de Cacarica462. De esta manera, de acuerdo a lo señalado por el Estado, el sitio la Loma de Cacarica se encontraría aproximadamente a dos kilómetros al norte del lugar señalado como objetivo N°6 de la Operación Génesis, Puente América463. Lo anterior resulta consistente con algunos testimonios de moradores de La Virginia464, de Puente América465 y de El Limón466, quienes señalaron haber escuchado explosiones y/o bombardeos en el sitio de la Loma de Cacarica. Asimismo, esta versión de los hechos coincide con la hipótesis manejada por la FGN en torno a lo ocurrido durante la Operación Génesis según la cual, las Fuerzas Armadas habrían brindado apoyo aéreo a los paramilitares bombardeando zonas cercanas a Puente América467.

  8. Por otro lado, el Estado señaló que los pobladores de Bijao, comunidad situada a unos 30 kilómetros al norte de Teguerre, objetivo más cercano de la Operación Génesis 468, jamás podrían haber escuchado los bombardeos tan lejanos469 puesto que los mismos se desarrollaban cerca de los ríos Salaquí y Truando. Sin embargo, la Corte puede inferir, de manera razonable y consistente con el resto de la prueba, que los bombardeos escuchados por los habitantes tanto de Bijao como de poblaciones cercanas (Puente América, o El Limón) pueden haber correspondido a los bombardeos que ocurrieron en la Loma de Cacarica, situada a unos 10 u 11 kilómetros de allí470.

  9. Asimismo, de acuerdo a las versiones libres de algunos paramilitares en el marco de los procedimientos especiales de Justicia y Paz, no se escucharon bombardeos mientras se estaba llevando a cabo la Operación Cacarica471. Incluso, consta en las declaraciones, que pudieron percibir los cráteres de las explosiones cuando siguieron su trayecto hacia la zona del Salaquí, que, por cierto, coincide con varios de los lugares indicados por el Estado como los objetivos de la Operación Génesis472.

  10. En quinto lugar, en lo que se refiere a los ataques ocurridos en Teguerré, surge de la información remitida por el Estado que dicho objetivo no corresponde con la comunidad del mismo nombre (Teguerré Medio), distantes una de la otra casi unos 25 kilómetros de distancia473. Tampoco se presentaron alegatos o evidencias que indiquen que hubiese habido población o bienes civiles en el objetivo N°5 (Teguerré), que efectivamente fue atacado. Los representantes se limitaron a señalar que dicho objetivo se encontraba situado geográficamente dentro del territorio del Consejo Comunitario de las Comunidades de la Cuenca del Cacarica.

  11. Lo señalado permite al Tribunal llegar a varias conclusiones. Por un lado, no existe prueba suficiente que demuestre que los bombardeos realizados por las Fuerzas Armadas hayan afectado directamente a las Comunidades de la Cuenca del Río Cacarica, pues los mismos se produjeron sobre objetivos militares en cercanías del río Salaquí o del río Truandó. Sin perjuicio de lo anterior, hay evidencia variada y congruente que indica que pudo haber un bombardeo o ametrallamientos por parte de un helicóptero de las Fuerza Aérea Colombiana en el sitio ubicado en la Loma de Cacarica, a unos dos kilómetros al Norte de Puente América, objetivo N°6 de la Operación Génesis. Por otro lado, no queda claro si es posible que pobladores de la Cuenca del Cacarica hubiesen podido escuchar los bombardeos que se produjeron varios kilómetros al sur, a orillas de los ríos Salaquí o Truandó. A pesar de lo anterior, esos testimonios podrían ser consistentes con lo que efectivamente ocurría en las inmediaciones del Río Salaquí, en particular, si se tiene en cuenta que las comunidades del Cacarica que se hallan más al sur se encuentran a unos pocos kilómetros del lugar de los bombardeos474.

  12. En lo referente a la responsabilidad del Estado por alegados daños directos ocasionados por los bombardeos, la Corte señala, con respecto al principio de distinción, que: a) los bombardeos de efectuados por la fuerza pública ocurrieron a varios kilómetros de las comunidades de la Cuenca del Río Cacarica (siendo que la distancia de 1.7 kilómetros que existe entre la Loma de Cacarica y Puente América es la distancia mínima – en el marco de los bombardeos de la Operación Génesis - que separa a una población o bienes civiles del lugar donde se podría haber producido un ataque); b) no se alegó o reportó que dichos bombardeos hubiesen ocasionado directamente la muerte o lesiones a los pobladores de las comunidades de la Cuenca del Río Cacarica; c) está en discusión si efectivamente las Fuerzas Armadas Colombianas bombardearon o ametrallaron el sito de la Loma de Cacarica situado en las cercanías de Puente América, y d) no fue aportada ninguna evidencia que indique la presencia de personas o bienes civiles en el lugar del ataque correspondiente al objetivo N°5: Teguerré.

  13. Por tanto, el Tribunal considera que no han sido presentadas evidencias que permitan concluir que los objetivos de los bombardeos de la Operación Génesis hayan incluido población o bienes de carácter civil. El hecho de que el objetivo N°5 (Teguerré) se encontrara ubicado dentro del Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Cacarica, no implica necesaria o automáticamente la violación al principio de distinción, ni tampoco que el Estado estuviera impedido per se para llevar a cabo operaciones de contrainsurgencia en este territorio, salvo si el ataque a este objetivo hubiera implicado un ataque directo a poblaciones o bienes civiles lo cual, como ya se señaló, no se encuentra acreditado.

  14. Con base en lo anterior, y específicamente en relación con los bombardeos realizados en oportunidad del desarrollo de la Operación Génesis, se concluye que el Estado no es responsable por la violación de los derechos a la vida y a la integridad personal, reconocidos en los artículos 4 y 5 de la Convención.

B.2. Alegada responsabilidad del Estado en las incursiones paramilitares a la cuenca del Cacarica y, por ende, en la que ocasionaron una alegada posible violación de los derechos a la vida e integridad personal del señor Marino López, las cuales, y a su vez, habrían conllevado el desplazamiento forzado de miembros de las comunidades del Cacarica, en alegada violación de los derechos a la integridad personal y a no ser desplazado.


  1. Son hechos no controvertidos: a) que a partir del 24 de febrero de 1997 fue iniciada la Operación Génesis, durante la cual habrían sido atacados por lo menos siete de los ocho objetivos designados en la orden de operaciones 004 (supra párr. 101); b) que los paramilitares del “Grupo Chocó” se hicieron presentes en Bijao y dieron muerte a Marino López el 27 de febrero de 1997 (supra párr. 108); c) que los paramilitares ordenaron a las poblaciones del Cacarica que dejaran sus propiedades y se desplazaran (supra párr. 102); d) que en un período de tiempo que coincidió con parte del desarrollo de la Operación Génesis, un número importante de pobladores de la Cuenca del Cacarica tuvo que desplazarse hacia Turbo, Bocas de Atrato y Panamá (supra párr. 111), y e) que el comandante de la Brigada XVII que tuvo participación en los hechos, fue condenado en primera instancia por el homicidio de Marino López en calidad de autor mediato (supra párr. 179).

  2. Con respecto a la planeación y desarrollo de la llamada “Operación Cacarica”, así como a la presunta responsabilidad del Estado en relación con la muerte de Marino López, el Tribunal reitera que existen dos versiones de lo ocurrido, que se desprenden tanto de la prueba que obra en el expediente, como de los alegatos de las partes y de la Comisión (supra párrs. 103 a 106).

  3. Por un lado, la versión presentada por los representantes y la Comisión indica que, simultánea y coordinadamente a la operación “Génesis”, los grupos paramilitares de las ACCU, en el desarrollo de la llamada “Operación Cacarica”, emprendieron un avance de norte a sur desde el Parque Nacional de los Katios a lo largo del río Cacarica, pasando por Bijao y otras comunidades ubicadas en la ribera de ese río, para finalmente llegar a las riberas de los ríos Salaquí y Truandó, donde habrían desarrollado operaciones conjuntas con el Ejército. Del mismo modo, parte de la prueba que obra en el expediente indicaría que la ejecución de la “Operación Génesis” fue simultánea y coordinada con la acción de los paramilitares (supra párr. 104).

  4. Por otra parte, la versión del Estado sostiene que las Fuerzas Armadas no sólo no bombardearon la cuenca del río Cacarica sino que además no se hicieron presentes en esa zona geográfica, y que la Guerrilla de las FARC sería responsable por los desplazamientos forzados que ocurrieron en esas fechas. De acuerdo con esta versión, no hubo colaboración, apoyo ni coordinación con los grupos paramilitares, y los ataques de las fuerzas armadas colombianas únicamente se dirigieron a los siete objetivos indicados (supra párr. 106).

  5. La prueba que sustenta la primera versión de los hechos es la siguiente: a) prueba testimonial de pobladores de la zona475; b) versiones libres de paramilitares desmovilizados en el marco del procedimiento especial de Justicia y Paz476; c) declaraciones de algunos integrantes o ex integrantes de las Fuerza Armadas477; d) investigaciones, informes y conclusiones de la Fiscalía General de la Nación478; e) consideraciones del Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá en la sentencia condenatoria a Rito Alejo Del Río Rojas479; f) informes de la Defensoría del Pueblo de Colombia480, y g) informes y reportes realizadas por organismos internacionales481 y organizaciones no gubernamentales482.

  6. Por otra parte, la segunda versión de los hechos reposa en los siguientes elementos de prueba: a) testimonios de integrantes de las fuerzas armadas483; b) algunas versiones libres de paramilitares desmovilizados en el marco del procedimiento especial de Justicia y Paz484; c) versiones libres de guerrilleros desmovilizados en el marco del procedimiento especial de Justicia y Paz485; d) informes de operaciones de las Fuerzas Armadas; e) testimonios de algunos moradores de la zona486, y f) peritajes escritos y por declaración durante la audiencia pública en el presente caso487.

  7. Con la finalidad de determinar si el Estado es o no responsable internacionalmente por las incursiones paramilitares en las comunidades del Cacarica, la Corte procede a analizar si existía en Colombia y/o en la región del Urabá Chocoano, tal como lo señalaron los representantes y la Comisión, un contexto de omisión, de colaboración o de coordinación entre grupos paramilitares y miembros de la fuerza pública. En segundo lugar, el Tribunal revisará conjuntamente el contexto y las pruebas pertinentes con el objetivo de determinar cuál de las hipótesis es la más apta, idónea, razonable y pertinente para las determinaciones de la Corte sobre la responsabilidad del Estado en los hechos y alegados violaciones realizadas en el marco de las incursiones paramilitares.

B.2.1. El contexto de omisión, colaboración o coordinación entre grupos paramilitares y la fuerza pública


  1. A través de varias sentencias de esta Corte se ha podido comprobar, en distintos períodos y contextos geográficos, la existencia de vínculos entre miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia y grupos paramilitares. De acuerdo a lo determinado en esos casos, ese vínculo habría consistido en: a) acciones concretas de colaboración, apoyo o colaboración488, o en b) omisiones que permitieron o facilitaron la comisión de graves delitos por parte de actores no estatales489.

  2. Por otro lado, es un hecho público y notorio que varias decisiones de altas Cortes colombianas se han referido a los vínculos existentes entre grupos paramilitares e integrantes de la fuerza pública490, al igual que varios informes de la Defensoría del Pueblo491. También consta en la jurisprudencia de este Tribunal que en otras oportunidades se han tomado en cuenta informes y decisiones de la Procuraduría General de la Nación en las que se dio por probada la colaboración entre miembros del Ejército y grupos paramilitares en el departamento de Antioquia492. Asimismo, los informes publicados por el Centro Nacional de Memoria Histórica, referenciado por el declarante a título informativo ofrecido por el Estado, señor Miguel Samper493, así como por el perito Javier Ciurlizza494, también relatan distintos escenarios en los cuales hubo vínculos entre la fuerza pública colombiana y los grupos paramilitares495.

  3. Además, según surge de evidencia que consta en las investigaciones de la FGN (basada en declaraciones de Fredy Rendón y en estructuras paramilitares que actuaban en otras zonas del Urabá entregadas por éste), se destaca la corta distancia que había entre centros de operaciones de algunos de los grupos paramilitares y la ubicación de comandos de la fuerza pública, como indicador o indicio de la colaboración o aquiescencia de ésta con auqellos. Así por ejemplo, en 1995, en Necoclí (Urabá Antioqueño), la Base 1 de operaciones del grupo los “Guelengues” quedaba a una distancia de 50 metros del Comando de la Policía de esa ciudad y a 500 metros de la base militar situada “en el campamento de obras públicas ubicado a la salida de la cabecera municipal de Necoclí hacia Turbo”496. En el mismo documento de la FGN se menciona que, según declaró dicho jefe paramilitar: a) las “relaciones con los militares” eran “inmejorables” (refiriéndose a seis militares de distintos rangos con los cuales “se daban coordinaciones”); b) en agosto de 1996 los grupos paramilitares que operaban en Unguía y Acandí (Urabá Chocoano), efectuaban coordinaciones con el Ejército; c) el grupo paramilitar que ubicó en Ríosucio del 21 de diciembre de 1996 al 15 de febrero de 1997 tuvo “pemanentes y excelentes relaciones con la Comandancia de la Estación de Policía del Municipio de Río Sucio”497, y d) la existencia de coordinaciones con autoridades y fuerza pública en la Operación de Entrada a Vigía del Fuerte el 22 de mayo de 1997498.

  4. En la misma línea de lo que fuera señalado por varias instituciones del Estado, distintos órganos y entidades de Naciones Unidas (Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Comité de Derechos Humanos del Pacto International de Derechos Civiles y Políticos499) y la OIT500) hicieron alusión a ese contexto de vínculos entre la fuerza pública y los paramilitares. Por último, algunos peritajes presentados en éste proceso501 y en otros procesos502 ante el Tribunal (incorporados a la prueba documental en el presente caso) dan cuenta de esos vínculos.

  5. Al respecto, resulta ilustrativo el Cuarto Informe de la Defensoría del Pueblo al Congreso de Colombia del año 1997, en el que se señala que los grupos paramilitares se han convertido en el brazo ilegal de las fuerzas armadas y la policía, para quienes realizan la labor que estas no pueden hacer en cuanto autoridades sujetas al imperio de la ley. Así, según el Defensor del Pueblo, la actividad paramilitar representaba una nueva forma de ejercer la represión ilegal a ultranza503.

  6. Además, en el expediente existen pruebas que indican de manera concreta que la Brigada XVII del Ejército, que operaba en la región de la cuenca del Cacarica y sus alrededores, habría sido señalada en varios casos por tener con grupos paramilitares504. Dentro del proceso ante esta Corte fue presentada evidencia indicando que altos mandos del Ejército podrían haber tenido vínculos con grupos paramilitares en la región del Urabá y en otras regiones. Lo anterior se sustenta en: a) testimonios y denuncias de militares y ex integrantes de la fuerza pública505; b) información de la Fiscalía General de la Nación506; c) confesiones y declaraciones de paramilitares desmovilizados507; y d) un peritaje presentado en audiencia en el presente caso508.

  7. Por último, cabe reiterar que el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, llegó a semejantes conclusiones en su sentencia de 23 de agosto de 2012 en la cual se condenó a Rito Alejo Del Río Rojas por el homicidio de Marino López, haciendo referencia al contexto de aquiescencia en la región entre la fuerza pública y los paramilitares. En particular, el Juzgado señaló que se encontraba “suficientemente documentado en el expediente que en otras regiones cercanas al Urabá Chocoano, también se presentó el fenómeno del contubernio entre militares y autodefensa, lo cual refuerza que la misma situación aconteció en el Chocó”509.

B.2.2. Las incursiones paramilitares y la responsabilidad del Estado


  1. Con respecto a las incursiones de los paramilitares a las comunidades del Cacarica, si bien el Estado planteó un escenario en el cual la guerrilla de las FARC sería responsable por los desplazamientos forzados que ocurrieron en esas fechas (supra párr. 115), no controvirtió la presencia de los paramilitares en Bijao el día 26 de febrero de 1997, ni tampoco que los mismos hubiesen llevado a cabo el homicidio de Marino López (supra párr. 108). El Estado también afirmó que varios combates entre las FARC y los paramilitares habrían tenido lugar en distintas localidades de la Cuenca del Cacarica desde períodos anteriores a la Operación Génesis510. Esto es también afirmado en una versión libre de un paramilitar511. Por otro lado, los testimonios de varios pobladores indicaron haber visto paramilitares en otras localidades de la Cuenca del Cacarica512.

  2. Del mismo modo, las versiones libres de paramilitares desmovilizados indican que los mismos habrían incursionado a la Cuenca del Cacarica pasando por las siguientes Comunidades: Bijao, Bocas de Limón, La Virgina y San Higinio, hasta llegar a las riberas del río Salaquí513. Asimismo, la Fiscalía General de la Nación, a raíz de esas declaraciones y de investigaciones posteriores, indicó que dos grupos paramilitares, provenientes de Cutí y de Turbo, se habrían encontrado en Sautatá y habrían ido incursionando en distintas comunidades de la cuenca del río Cacarica, donde habrían sostenido combates con guerrilleros de las FARC hasta llegar a las riberas del Río Salaquí514. Esa misma versión de los hechos es manejada por el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá515.

  3. Una primera conclusión a la cual es razonable arribar, de conformidad con la prueba que figura en el expediente, es que hubo incursiones de grupos paramilitares, concretamente del “Bloque Chocó” y de “Pedro Ponte” en distintas comunidades de la cuenca del río Cacarica que empezaron en el Parque Nacional de los Katios, pasando cerca de La Loma de Cacarica, que continuaron por Bijao, Bocas de Limón, La Virgina y San Higinio, hasta llegar a las riberas del río Salaquí, incursiones que son conocidas como “Operación Cacarica” (supra párr. 104). El Estado no presentó elementos de prueba que permitan llegar a conclusiones diferentes.

  4. En segundo lugar, diferentes testimonios indican que, en el transcurso de la “Operación Cacarica”, además de provocar la muerte de Marino López, los paramilitares habrían amenazado a varios pobladores de esas comunidades y producido daños y destrucciones a sus viviendas y propiedades (supra párr. 102). La Fiscalía General de la Nación y el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá516 también relataron esas circunstancias. Por su parte, el Estado únicamente reconoció que los paramilitares eran responsables por la muerte de Marino López y no controvirtió los otros actos que habrían realizado contra los pobladores de la Cuenca del Cacarica.

  5. En tercer lugar, el Tribunal nota que hay una serie de elementos de prueba en los cuales se indica que cuando los paramilitares estaban desarrollando la “Operación Cacarica”, llegaron a la localidad de Teguerré, se habrían encontrado con las Fuerzas Armadas y habrían efectuado operaciones conjuntas sobre algunos de los objetivos militares fijados en la orden de operaciones 004. En particular, habrían participado en los ataques a los objetivos Teguerré (Objetivo N°5); Tamboral (Objetivo N°1); Caño Seco y Bocas de Guineo (Objetivo N°4), y La Loma de Salaquí (Objetivo N°2). Esa hipótesis reposa sobre los siguientes elementos de prueba: a) conclusiones del Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá517; b) documentos presentados por la Fiscalía General de la Nación en los cuales se tuvo en cuenta las declaraciones de los algunos paramilitares y su ulterior verificación518; c) testimonios de pobladores que habrían percibido a paramilitares efectuar operaciones junto con integrantes de las Fuerzas Armadas519, y d) versiones libres de paramilitares desmovilizados520.

  6. Por su parte, como fuera señalado, el Estado controvirtió esa información e indicó que: a) en la Operación Génesis sólo intervinieron tropas regulares; b) no es política del Estado trabajar en unidad de acción con los grupos de autodefensas ilegales; c) no es un patrón o práctica sistemática la connivencia con autodefensas; d) el Estado no es responsable del desplazamiento, ni su Operación Génesis, sino que son las FARC; e) no se acepta la denominación “operaciones conjuntas” para aludir a supuestas acciones ejecutadas entre miembros del Ejército Nacional y miembros de los grupos armados al margen de la ley, y f) es contradictorio afirmar que el Estado no adoptó medidas para proteger a la comunidad cuando al mismo tiempo se reconoce que las Fuerzas Militares se encontraban en la región realizando operaciones.

  7. El Estado agregó que los informes de marzo de 1997, posteriores a las primeras fases de la Operación Génesis, no hacen alusión a misiones conjuntas con grupos paramilitares, lo cual también se predica de algunas versiones libres de paramilitares521. A la vez, el Estado señaló que varios de los paramilitares que declararon en ese sentido, también presentaron versiones anteriores o posteriores con un contenido opuesto y sobre el cual se basa gran parte de la prueba presentada por la Comisión y los representantes para sustentar la hipótesis de las operaciones conjuntas. Por ende, concluyó que la validez del conjunto de esas declaraciones representa una enorme dificultad tanto para el Estado, como para la justicia (supra párr. 70).

  8. Adicionalmente, los representantes y la Comisión indicaron que, además de llevar a cabo operaciones conjuntas, el Estado había colaborado en otras fases de la Operación Cacarica, a saber, en los bombardeos que habrían tenido lugar en el sector de la Loma de Cacarica (supra párr. 103).

  9. Como fuera referido por el declarante a título informativo, Miguel Samper (supra párr. 75), según lo establece la legislación colombiana y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia (supra párr. 74), las versiones libres, inclusive las que pueden ser consideradas contradictorias o inconsistentes y/o que fueron emitidas por un mismo postulado, pasaron por el tamiz de verificación y comprobación por parte del órgano de investigación en el marco de los procesos de Justicia y paz. En este caso, la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación. Por tanto, la versión de los hechos que ese órgano pudo finalmente comprobar, luego de haber cotejado todas las versiones, es la que figura en la posición de la Fiscalía tanto ante los órganos jurisdiccionales colombianos (supra párr. 76), como en la confección de sus documentos sobre el “bloque Elmer Cárdenas” o sobre la “Operación Cacarica”522 (por ejemplo en el “dossier” al respecto). Además, según consta en la prueba remitida ante este Tribunal, en el presente caso la FGN emprendió y sigue cursando tareas de valoración, investigación y verificación de lo afirmado en las versiones libres por los paramilitares desmovilizados que se postularon a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz523. En lo que respecta a las versiones contradictorias, la Corte ya ha señalado en el capítulo de prueba que el Tribunal debe tomar en cuenta las coincidencias con otros elementos probatorios y de contexto para determinar cuál de las versiones resulta más consistente con el resto de la evidencia presentada (supra párrs. 78 y 79).

  10. El Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá estableció, en su sentencia de 23 de agosto de 2012 a través de la cual se condenó a Rito Alejo Del Río Rojas por el homicidio de Marino López, lo siguiente: “[d]ebe advertirse que si bien los testigos Casarubia y Mosquera (y en algún momento el mismo alias “El Alemán”), en su segunda versión, pretenden una especie de retractación o aclaración, o mostrarse inseguros sobre determinado punto de su testimonio inicial, el despacho considera que debe darse plena credibilidad a las exposiciones primigenias, no solo por la espontaneidad y consistencia de las mismas, sino porque en las supuestas ‘aclaraciones’ que se expresan en versiones posteriores se denota cierta prevención del testigo para realizar un relato libre. Es de pensar que la existencia de posibles ‘presiones’ sobre los testigos […] haya ocasionado cierto temor para relatar la verdad de los hechos, lo cual explica que hayan optado por intentar disminuir la contundencia de su testimonio inicial o variar en algún aspecto lo inicialmente manifestado. Sin embargo, ello no impide que el juzgador, acogiendo reglas de la sana crítica, pondere esas versiones, y extracte el verdadero alcance de cada una, especialmente en cuanto determinado sentido del testimonio coincide con el resto del acervo probatorio, especialmente con la manifestado por otros declarantes que también les consta los mismos hechos. En ese sentido, por ejemplo, nótese que el testigo alias HH dice que también a Casarrubia le consta la vinculación del General Del Rio con grupos de autodefensa […], por lo que su supuesta ‘retractación’ carece de credibilidad”524.

  11. Lo anterior, junto con otros elementos de prueba, permitió al Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá llegar a la conclusión de que, “como lo sostiene la Fiscalía […] en el propósito común de combatir la guerrilla, surge un ‘contubernio’ entre algunos militares de la Brigada XVII y los grupos de Autodefensa de la región”525. Además, en la misma decisión judicial se agregó que “no es difícil entender que tal grupo mixto tenía como Comandantes o Jefes, además de Castaño, Mancuso y El Alemán [entre otros], el [m]ismo General Rito Alejo del Río Rojas quién por tanto era el encargado de diseñar la estrategia y/o los operativos junto con aquellos, así como asignar responsabilidad a los Comandantes de segunda línea […] quienes a su vez transmitían las [ó]rdenes a los Comandantes de los grupos operativos y ejecutores […] todo lo cual demuestra un verdadera organización piramidal”526.

  12. Del mismo modo, la Corte constata la evidencia brindada por el Estado para sustentar su versión de los hechos, la que, entre otros elementos de prueba, reposa en versiones libres de desmovilizados (tanto paramilitares como integrantes de la guerrilla). Sin embargo, el Estado no indicó si esas versiones pudieron ser verificadas o si luego de una investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación esa versión de los hechos fue descartada o confirmada por la autoridad competente. Por el contrario, sí consta en la prueba remitida que la versión presentada por la Comisión y los representantes que reposa sobre versiones que fueron objeto de investigación y verificación por la FGN, por lo que estaría investida de una propensión probatoria de mayor entidad o peso que las versiones no verificadas o que las que fueron verificadas y desestimadas.

  13. En cuanto a otros elementos de prueba presentados por el Estado para sustentar su posición, es posible constatar que los mismos reposan en documentos producidos por las propias Fuerzas Armadas colombianas, por declaraciones del mismo General Del Río, o testimonios y declaraciones de otros integrantes de las Fuerzas Armadas (supra párr. 246), y en consecuencia deben ser valorados dentro de tal contexto.

  14. Por otra parte, en lo que concierne a los bombardeos que podrían haber ocurrido en la “Loma del Cacarica”, la Corte reitera que existe evidencia que indica que se pudo haber producido un bombardeo o ametrallamientos por parte de un helicóptero de las Fuerzas Armadas en el sitio ubicado en la Loma de Cacarica, a unos dos kilómetros al Norte de Puente América, objetivo N°6 de la Operación Génesis (supra párr. 237).

  15. Adicionalmente a las observaciones y valoraciones sobre el contexto y a los elementos específicos de prueba presentados para el caso, la Corte, como en otros casos y de forma complementaria, toma en consideración otros indicios, pruebas circunstanciales e inferencias lógicas para llegar a conclusiones en relación con las versiones contradictorias sobre los hechos. El Tribunal ha establecido que es legítimo el uso de la prueba circunstancial, los indicios y las presunciones para fundar una sentencia, “siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos”527.

  16. La Corte ha señalado que corresponde a la parte demandante, en principio, la carga de la prueba de los hechos en que se funda su alegato. No obstante, ha destacado que, a diferencia del Derecho penal interno, en los procesos sobre violaciones de derechos humanos la defensa del Estado no puede descansar sobre la imposibilidad del demandante de allegar pruebas, cuando es éste quien tiene el control de los medios para aclarar hechos ocurridos dentro de su territorio528.

  17. En primer término, llama la atención que tanto la Operación Génesis como la “Operación Cacarica” ocurrieron o fueron iniciadas, a finales de febrero de 1997, es decir casi simultáneamente529. Lo anterior podría, sin embargo, constituir un elemento importante, pero no definitorio, en particular si se tiene en cuenta que a priori no existiría una coincidencia en el tiempo en cuanto a la planeación de las dos operaciones. Sobre el particular, entonces paramilitar Freddy Rendón señaló ante la Unida de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación que, la Operación en el Cacarica había sido planeada desde agosto o septiembre de 1996530 mientras que los hechos que desencadenaron la Operación Génesis (secuestro de los cuatro extranjeros, de los diez soldados y de los niños por parte de las FARC) datan de enero de 1997 (supra párr. 97).

  18. En segundo lugar, además de la coincidencia en el tiempo, existió una “identidad geográfica”531 entre las dos operaciones en el sentido que ambas “tenían por objetivo ocupar la zona del río Salaquí y áreas colindantes”532. Del mismo modo, surge de la prueba obrante que parte de la “Operación Cacarica” se desarrolló en lugares geográficos que coinciden con varios de los objetivos de la Operación Génesis533.

  19. A lo anterior se suma el hecho que el objetivo N°6 (Puente América), ubicado varias decenas de kilómetros al Norte del río Salaquí, habría sido el único de los ocho objetivos que las Fuerzas Armadas no atacaron por considerar que por inteligencia militar sus recursos no eran suficientes para atacar la totalidad de los mismos y porque éste era menos prioritario que los demás . El Tribunal no puede dejar de advertir que, precisamente, Puente América se sitúa en un punto muy cercano al lugar de entrada de los paramilitares a la Cuenca del Cacarica534. Es incluso presumible que Puente América puede haber constituido uno de los lugares por los cuales los grupos paramilitares transitaron durante el desarrollo de su incursión a la Cuenca del Cacarica535.

  20. Además, cabe reiterar que existen indicios y pruebas circunstanciales contundentes indicando que el Ejército habría efectuado un “fuego de cobertura”, un ametrallamiento o un bombardeo en la zona situada unos dos kilómetros al norte de Puente América (supra párr. 237). Lo antedicho podría estar indicando que la coincidencia o superposición geográfica entre las dos operaciones no surge únicamente de la presencia de las Fuerzas Armadas y de las Autodefensas en las riberas del río Salaquí, sino que podría también haberse concretado en las zonas cercanas a Puente América.

  21. En cuarto lugar, tal como lo destacó el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá en su sentencia de 23 de agosto de 2012, las dos operaciones se enmarcan en una serie de acciones encaminadas a cumplir con un propósito u objetivo común: combatir la guerrilla de las FARC que tenía presencia en la zona536. En quinto lugar, como ya fuera destacado por el Juzgado en mención, hay varios testimonios de campesinos que señalan haber visto “desplazamientos conjuntos de Ejército y autodefensas”537.

  22. En sexto lugar, como lo indicó en su sentencia el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, resulta llamativo que “el traslado de tropas del Bloque Chocó, desde el Parque Nacional de los Katios hasta el Rio Salaquí, se realizara precisamente en un momento en que esa región estaba siendo objeto de una operación militar de grandes dimensiones”. Dicho juzgado agregó que “[s]i se parte de la base de que el Ejército tiene la misión legal de combatir también a los grupos de autodefensa, el avance de aquellas [u]nidades paramilitares hacia la zona de operaciones no resulta lógico, lo correcto era precisamente lo contrario, es decir no ingresar al área, replegarse o permanecer inactivos a efectos de evitar enfrentamientos con tropas oficiales que efectuaban un barrido en la región”538.

  23. Del mismo modo, es de resaltar que si bien las Fuerzas Armadas colombianas tenían también la obligación de combatir a grupos paramilitares o grupos armados al margen de la ley, para la época del desarrollo de la Operación Génesis no se reporta ningún enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y esos grupos539, a pesar de que ambos destacamentos se encontraban en la zona del río Salaquí, en lugares muy cercanos a los objetivos de la Operación Génesis indicados en la “orden de operaciones 004”. Los informes posteriores a la Operación Génesis destacan enfrentamientos con la guerrilla durante el desarrollo de la misma540, pero no hacen alusión alguna a los grupos paramilitares que se encontraban en el lugar y que lógicamente el Ejército tendría que haber combatido puesto que se estaban desarrollando operaciones en los mismos lugares geográficos.

  24. Por otra parte, es preciso subrayar que la versión presentada por el Estado no permite dar respuesta a varios puntos relacionados con los hechos del presente caso. En particular, esta versión no brindaría explicaciones sobre los motivos por los cuales las unidades paramilitares emprendieron un ataque a las comunidades del Cacarica precisamente en los mismos días que se estaba llevando a cabo la Operación Génesis en las riberas de los ríos Salaquí y Truandó, ni sobre el hecho de que el Estado no tuviera conocimiento de movimientos de unidades paramilitares que habrían salido de Cutí (grupo Chocó) y del centro poblado de Turbo (Grupo “Pedro Ponte”)541. Al respecto, llama la atención que Luis E. Cardoza, perito propuesto por el Estado, señaló que “la inteligencia, que es la base con la que se inician las operaciones, es una inteligencia que tiene que estar permanentemente alimentando esa maniobra; porque si no es así, no se podrían los planes ir cambiando en la medida en que se van desarrollando las operaciones”542. Por ello, no le queda claro al Tribunal por qué motivo la inteligencia, que estaría constantemente “alimentando la maniobra”, no alertó a la fuerza pública sobre los desplazamientos masivos que se estaban produciendo y sobre la presencia de las unidades paramilitares y, si así lo hizo, por qué motivo ésta no actuó para prevenir y corregir las causas del desplazamiento de centenares de pobladores. Lo alegado por el Estado tampoco explica las razones por las cuales no se dieron combates entre unidades paramilitares y del Ejército, cuando la evidencia indica que los paramilitares siguieron avanzando hacia el río Salaquí precisamente cuando se estaba llevando a cabo la Operación Génesis. Tampoco se explica el hecho de que las unidades paramilitares se hicieron presentes precisamente en varios de los lugares designados como objetivos militares de la Operación Génesis (en particular el Estado no controvierte la presencia paramilitar en las comunidades más al norte). La versión del Estado tampoco brinda una explicación acerca de las afirmaciones de los paramilitares desmovilizados, así como varios testimonios de campesinos, que fueron investigados y verificados por la FGN, así como valorados por la justicia penal colombiana, en las cuales se indica que había habido colaboración con la fuerza pública.

  25. Por último, la Corte constata que la versión de los hechos que resulta probada razonable, satisfactoria y suficiente indica: a) que existía un contexto a nivel nacional y a nivel regional, anterior y posterior, en que se habían reportado vínculos de diferente naturaleza entre grupos paramilitares e integrantes de la fuerza pública; en el Urabá Chocoano y en zonas cercanas también se presentaron situaciones de contubernio entre ejército y paramilitares (supra párr. 248 y ss.); b) testimonios de varios ex integrantes de la fuerza pública en los cuales se indica que el Rito Alejo Del Río Rojas, Comandante de la Brigada XVII, estaría vinculado con grupos paramilitares (supra párr. 245); c) confesiones de varios paramilitares desmovilizados que fueron objeto de diligencias de investigación y verificación por parte de la FGN, así como de valoración judicial por parte del Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, en las cuales se señala que existieron esos vínculos en el marco de la Operación Génesis (supra párr. 245); d) no consta que los testimonios de los paramilitares que indicaron lo contrario hubiesen podido ser confirmadas por la FGN, por el contrario, la misma Fiscalía parece haberlos descartado (supra párr. 266); e) varios testimonios de pobladores de la región señalan haber visto integrantes de las Autodefensas patrullar en compañía de miembros del Ejército, en las riberas del río Salaquí, en los días en los cuales se desarrolló la Operación Génesis (supra párr. 275); f) el “dossier” del Bloque Elmer Cárdenas elaborado por la Fiscalía General de la Nación, y otros documentos de la misma entidad, indican claramente que existió colaboración entre ese grupo paramilitar y la fuerza pública colombiana en ocasión de la Operación Génesis (supra párr. 76), y g) existe una serie de indicios, inferencias lógicas y pruebas circunstanciales que son susceptibles de contribuir la determinación de los hechos en el presente caso (supra párrs. 271 a 278).

  26. Por todo lo expuesto, la Corte concluye que en las acciones en la cuenca del río Cacarica se produjeron actos de colaboración entre integrantes de la fuerza pública que ejecutaron la Operación Génesis y las unidades paramilitares que llevaron a cabo la “Operación Cacarica”. Del mismo modo, aplicando las reglas de la lógica y de la sana crítica, es insostenible una hipótesis en la cual los paramilitares hubiesen podido llevar a cabo la “Operación Cacarica” sin la colaboración, o al menos la aquiescencia de agentes estatales, o que ello hubiese ocurrido sin que se presentaran enfrentamientos con las unidades de la fuerza pública en los lugares en donde ambos cuerpos armados se hicieron presentes y donde tendrían que haber coincidido (supra párr. 277).

B.2.3. Alegada violación de los derechos a la vida e integridad de Marino López Mena


  1. Con base en lo anterior, la Corte concluye que los actos crueles, inhumanos y degradantes a que fue sometido el señor Marino López Mena en el poblado de Bijao, así como la privación de su vida, cometidos por miembros de grupos paramilitares, son atribuibles al Estado por la aquiescencia o colaboración que prestaron agentes de la fuerza pública para las operaciones de esos grupos, lo cual les facilitó las incursiones a las comunidades del Cacarica y propició o permitió la comisión de este tipo de actos. En consecuencia, el Estado es responsable por haber incumplido sus obligaciones de prevenir y proteger los derechos a la vida y a la integridad personal del señor Marino López, reconocidos en los artículos 4.1 y 5.1 y 5.2 de la Convención, así como de investigar eficazmente los hechos, en relación con la obligación general de garantía reconocida en el artículo 1.1 de la misma.

  2. En cuanto a los alegatos de los representantes relacionados con la presunta violación de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Corte no se pronunciará al respecto por considerar que los hechos han sido suficientemente analizados, y las violaciones conceptualizadas bajo los derechos a la vida y a la integridad personal de Marino López, en los términos de los artículos 4.1, 5.1 y 5.2 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma.

B.2.4. Alegada violación del derecho de las comunidades afrodescendientes del Cacarica a no ser desplazado forzadamente


  1. Con respecto a los desplazamientos forzados de las comunidades del Cacaricá, la Corte constata que se han planteado dos problemáticas jurídicas diferentes, pero conexas que deben ser resueltas separadamente. La primera se refiere a la alegada responsabilidad del Estado en el desplazamiento mismo de los pobladores de esa zona, mientras que la segunda se refiere a las acciones u omisiones del Estado una vez que las poblaciones ya se encontraban en esa condición y para efectos de su retorno. La segunda problemática implica analizar de qué forma el Estado se hizo cargo de garantizar o no los derechos a la integridad física, a la dignidad, a la protección de la familia, a proteger sus derechos sin discriminación, y a la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. En este apartado la Corte analiza lo relativo a la primera problemática y, en el siguiente capítulo, la segunda (infra Capítulo IX.2).

  2. Los hechos del caso denotan situaciones que se caracterizan como desplazamiento forzado interno543, que en algunos casos llevaron luego a las víctimas a otros países. La prueba indica que la mayoría de las personas que cruzaron la frontera en búsqueda de protección internacional o asilo lo hicieron en la República de Panamá. La Corte constata que no está controvertida la calidad de población desplazada de varias de las presuntas víctimas, siendo que el Estado únicamente controvierte el número de presuntas víctimas desplazadas. La controversia sobre los hechos reside en las causas del desplazamiento. Mientras los representantes y la Comisión indican que el mismo se debió a las incursiones paramilitares y a los bombardeos de la Operación Génesis (supra párr. 112), el Estado afirmó que éstos habrían sido producto de las acciones de la guerrilla de las FARC y/o que serían consecuencia de enfrentamientos entre paramilitares y guerrillas de las FARC, que se habrían producido en los territorios de las comunidades del Cacaricá desde épocas anteriores a los hechos materia del presente caso, y en particular a partir de 1996 (supra párr. 115).

  3. La Comisión y los representantes alegaron que los bombardeos podrían haber sido uno de los hechos que, junto con otros hechos de violencia contra la población civil, provocaron los desplazamientos forzados de las poblaciones del Cacarica (supra párr. 113). La Corte ya estableció que no estaba probado que los bombardeos realizados en desarrollo de la operación Génesis pusieran directamente en riesgo la vida e integridad personal de las comunidades del Cacarica (supra párr. 240). En el mismo sentido, los bombardeos habrían ocurrido a varios kilómetros de distancia de las poblaciones del Cacarica, por lo que el Tribunal considera que no le fueron aportados suficientes elementos de prueba para concluir que las acciones de bombardeo durante la Operación Génesis hubiesen sido la causa directa y principal de los desplazamientos forzados.

  4. En relación con las demás hipótesis que sustentan las causas del desplazamiento forzado, la Corte reitera que la hipótesis según la cual habría sido la guerrilla de las FARC las responsables por el desplazamiento forzado reposa en versiones libres544 que, genéricamente y de forma poco precisa, hacen alusión a la situación del Cacarica y sobre las cuales no fue aportada mayor información que indicara si esas confesiones habrían sido verificadas o no por la FGN.

  5. Por otra parte, en lo que se refiere a la versión según la cual serían los combates entre la guerrilla de las FARC y los paramilitares los que habrían provocado el desplazamiento, la Corte constata lo siguiente: a) los testimonios de los paramilitares desmovilizados hacen alusión a enfrentamientos en Bijao, en Teguerré y en las riberas del río Salaquí, pero no mencionan otros lugares o comunidades en donde los combates se hubiesen producido, b) los testimonios de los pobladores de la zona indican que las causas de los desplazamientos fueron la ejecución de Marino López y los actos de violencia y de amenazas que protagonizaron las unidades paramilitares545. Asimismo, sumado a esas inconsistencias entre la versión del Estado y la prueba obrante, la Corte nota que aquella hipótesis tampoco explica por qué motivos las poblaciones no habrían regresado a sus hogares una vez que los combates cesaron.

  6. Por otra parte, la hipótesis según la cual fueron los paramilitares quienes deliberadamente provocaron los desplazamientos forzados cuando incursionaron en las comunidades, es más consistente con la prueba obrante y el contexto de los hechos. Lo anterior concuerda con lo establecido por la FGN en relación con la operación Cacarica546, así como por la Defensoría del Pueblo547.

  7. Las conclusiones anteriores resultan consistentes con un contexto de desplazamientos forzados provocados en ésta y otras regiones de Colombia por grupos paramilitares, en aras de hacerse con la posesión de territorios y propiedades colectivas de los pobladores de los mismos, que ya pudieron ser establecidos en casos anteriores548. Lo anterior ha sido verificado por la Corte Constitucional549, la Defensoría del Pueblo550, informes del Centro de Memoria Histórica mencionados por el perito Ciurlizza y por el declarante a título informativo propuesto por el Estado551, la PGN552, peritajes producidos en el marco de este proceso553 y otros casos ante la Corte554, así como por informes de entidades internacionales555.

  8. Resulta razonable inferir que los desplazamientos forzados se dieron por acción de los grupos paramilitares que, en el marco de la operación “Cacarica”, ordenaron a los pobladores de las comunidades de la cuenca del río Cacarica desalojar sus territorios provocando así un desplazamiento masivo de población. En consecuencia, tomando en consideración que ya ha sido determinada la responsabilidad del Estado en relación con el desarrollo de la operación “Cacarica” (supra párr. 280), la Corte concluye que el Estado es responsable por haber incumplido con su obligación de garantizar los derechos a la integridad personal y a no ser desplazados forzadamente (contenido en el derecho de circulación y residencia), reconocidos en los artículos 5.1 y 22.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de una gran parte de los miembros de las Comunidades del Cacarica desplazados y que se encontraban presentes al momento de las incursiones paramilitares556. Había otros sectores de las comunidades que también fueron desplazados, aunque no todos conformarían el grupo de presuntas víctimas del presente caso.



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