Corte interamericana de derechos humanos



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IX
FONDO


  1. Si bien el presente caso ha sido tramitado como “Marino López y otros” y como “Operación Génesis”, la Comisión y los representantes han alegado violaciones a la Convención en relación con un marco fáctico más amplio, contenido en el Informe de fondo. Así, además de haberse alegado que el Estado es responsable por la muerte del señor López y por el desplazamiento forzado de las comunidades, causado presuntamente por bombardeos realizados en el marco de la Operación Génesis, también se alegó que dicho desplazamiento ocurrió como consecuenica de acciones de colaboración, aquiescencia o connivencia entre miembros de las Fuerzas armadas y unidades paramilitares que participaron en la llamada “Operación Cacarica”. Asimismo, se alegó que el Estado es responsable por las condiciones que enfrentaron las personas que fueron desplazadas tanto en Turbo como en Bocas de Atrato en los años siguientes a los hechos de febrero de 1997, así como por la desposesión y explotación ilegal de sus territorios comunales antes, durante y despues de esos hechos.

  2. Con respecto a lo anterior: a) a partir del 24 de febrero de 1997 fue iniciada, en la zona del río Salaquí y del río Truandó, municipio de Riosucio, Chocó, la Operación militar de contraguerrilla denominada “Génesis”, durante la cual habrían sido atacados por lo menos siete objetivos designados en la respectiva orden militar de operaciones (supra párr. 101); b) paralela y simultáneamente a esos hechos, y en el marco de lo que luego fue llamado “Operación Cacarica” por las autoridades que investigaron, unidades paramilitares del “Bloque Chocó” y del Grupo de “Pedro Ponte” incursionaron en la región de la cuenca del río Cacarica, varios kilómetros al norte del lugar donde se desarrollaba la Operación Génesis, amenazando y aterrorizando a los pobladores de la zona, ordenándoles dejar sus propiedades y desplazarse (supra párr. 102); c) en el marco de esas incursiones, el 26 de febrero de 1997 esas unidades paramilitares dieron muerte al señor Marino López en el poblado de Bijao (supra párr. 108), y d) en un período de tiempo que coincidió con parte del desarrollo de las Operación Génesis, un grupo importante de pobladores de la cuenca del Cacarica se vio forzado a desplazarse hacia Turbo, Bocas de Atrato y la República de Panamá (supra párr. 111). Con posterioridad al desplazamiento forzado, esos grupos de personas enfrentaron difíciles, inseguras e incluso graves condiciones de vida en los lugares de asentamiento provisional, luego de lo cual varios centenares de esas personas retornaron a territorios del Cacarica.

  3. En consecuencia, a los efectos de determinar los alcances de la responsabilidad del Estado en relación con los hechos anteriores, la Corte analizará lo siguiente: 1. La Operación Génesis y las incursiones paramilitares (“Operación Cacarica”) como causas del desplazamiento forzado de las comunidades de la cuenca del Cacarica y de la muerte del señor Marino López (artículos 4.1, 5.1 y 22 de la Convención); 2. Las condiciones de desplazamiento enfrentadas por las comunidades con posterioridad a los hechos de febrero de 1997 (artículos 5.1, 11, 17, 19, 22 y 24 de la Convención); 3. La desposesión y explotación ilegal de los territorios de las comunidades afrodescendientes del Cacarica (artículo 21 de la Convención), y 4. Las investigaciones y procesos penales y otros procedimientos (artículos 8.1 y 25 de la Convención).

IX.1.
LA “OPERACIÓN GÉNESIS” Y LAS INCURSIONES PARAMILITARES (“OPERACIÓN CACARICA”) COMO CAUSAS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO DE LAS COMUNIDADES DE LA CUENCA DEL CACARICA Y DE LA MUERTE DEL SEÑOR MARINO LÓPEZ
(Artículos 4, 5 y 22 de la Convención)

  1. Argumentos de la Comisión y de las partes


Derechos a la vida y a la integridad personal

  1. La Comisión sostuvo que en el presente caso el Estado “ordenó y ejecutó una operación militar cuyos bombardeos ocasionaron daños para la población civil, sin que haya tomado medidas preventivas o para su protección”. Respecto al operativo militar de contrainsurgencia conocido como “Operación Génesis”, señaló que el Estado tiene “deberes generales y especiales de protección de la población civil a su cargo, derivados del derecho internacional humanitario” y observó que los bombardeos de dicha operación “se realizaron de manera indiscriminada”, sin respetar las disposiciones de derecho internacional humanitario pertinentes como lo son en este caso los principios de distinción, proporcionalidad y precaución. Señaló también que estos “bombardeos […] se encuadran en una serie de acciones que causaron miedo y pusieron en riesgo la seguridad e integridad personal de los miembros de las comunidades afrodescendientes del Cacarica; y que ocasionaron su desplazamiento”. La Comisión indicó asimismo que existían “indicios claros sobre coordinación operativa entre miembros del Ejército y de grupos paramilitares” señalando en particular la dinámica del desarrollo de ambas operaciones”409.

  2. En cuanto a la muerte de Marino López, la Comisión señaló que éste no constituyó un hecho aislado sino que se “realizó en un contexto predeterminado y con objetivos específicos […] de aterrorizar a la población para lograr [su] desplazamiento forzado”. Agregó que “más allá de la valoración de la prueba sobre la autoría material de las torturas y el asesinato de Marino López, corresponde aplicar los criterios de responsabilidad del Estado por los actos cometidos por miembros de un grupo paramilitar dado que éste no adoptó diligentemente las medidas necesarias para proteger a la población civil en función de las circunstancias descritas”. Por tanto la Comisión indicó que le son imputables al Estado las violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar con ocasión a las torturas y la ejecución extrajudicial de las que fue víctima Marino López, ,así como por el incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas necesarias para prevenir las mismas proteger su vida en detrimento de los artículos 4.1, 5.1 y 5.2 de la Convención, en conexión con su artículo 1.1.

  3. Asimismo, la Comisión consideró que tanto las torturas como la ejecución extrajudicial mencionadas generan además la responsabilidad internacional del Estado por la violación del derecho a la integridad personal en perjuicio de sus familiares, en violación del artículo 5.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de mismo instrumento.

  4. Los representantes coincidieron con la Comisión y añadieron que “[l]a responsabilidad del Estado de Colombia por la violación del derecho a la vida en el presente caso está dada por dos circunstancias. La primera, por la violación del derecho de Marino López a no ser privado de la vida arbitrariamente; y la segunda, por el incumplimiento de su obligación de proteger y garantizar la creación de condiciones para que las personas sometidas a su jurisdicción puedan gozar de una vida en condiciones de dignidad”410. Los representantes señalaron que el Estado era también responsable por la violación a los artículos 1 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura toda vez que el tratamiento del cual fue víctima Marino López también se ajusta a la definición de tortura. Finalmente, indicaron que “el homicidio de Marino López no ha sido efectivamente investigado y en la actualidad ningún responsable ha sido condenado, ni tampoco se ha identificado o sancionado a quiénes se beneficiaron del mismo” siendo de esta forma el Estado ”incumplió mandatos convencionales en cuanto respeto y garantía de dicho derecho inalienable”.

  5. Los representantes agregaron que las violaciones de derechos humanos deberían ser interpretadas teniendo en cuenta la condición de afrodescendientes de las víctimas, los principios y normas del derecho internacional humanitario y la constitución de los mismos como crímenes de lesa humanidad, toda vez que estos tuvieron lugar en un contexto de ataque sistemático contra la población civil.

  6. Por su parte, el Estado manifestó que la Operación Génesis fue una acción militar legítima; que se planeó, preparó, ejecutó y consolidó dentro el marco de la Constitución Política, observando en todas sus fases los parámetros definidos por el Derecho Internacional Humanitario, en la que intervinieron “de manera exclusiva tropas regulares” integrantes de las Fuerzas Militares de Colombia411. Del mismo modo, el Estado indicó que la Operación Génesis se desarrolló, fue diseñada y planificada conforme el derecho internacional humanitario y “el uso de la fuerza fue dirigido única y exclusivamente contra objetivos militares debida y cuidadosamente identificados en la planeación de la misma”. El Estado rechazó esta operación como causal del desplazamiento forzado de los habitantes de la cuenca del río Cacarica, como quiera que la misma fue concebida para ejecutarse […] en el área de las cuencas de los ríos Salaquí y Truando”, y no allí y además porque el “éxodo obligado fue producto de una orden ilegítima impartida por las FARC”.

  7. Por otro lado, el Estado alegó que si se estableciera que el eventual temor que puede causar el uso lícito de su fuerza y las decisiones que tomen los ciudadanos con base a tal miedo, generan responsabilidad internacional en cabeza del Estado, “sería imposible para el mismo cumplir no ya con su derecho sino con su obligación de procurar la neutralización de los violentos y combatir el delito”.

  8. Además, el Estado negó la afirmación de los representantes de las presuntas víctimas en el sentido de que existe una estrategia paramilitar, que se presenta como una política generalizada de Colombia. Para ello sostuvo que nunca ha sido una política suya trabajar en unidad de acción con los grupos de autodefensas ilegales, ni permitir o consentir por acción u omisión sus prácticas delictivas “la existencia del paramilitarismo y la infortunada y casuística connivencia con algunos miembros de las fuerzas de seguridad del Estado es algo que ya ha sido reconocido por la Corte […], pero en ninguno de esos casos se ha considerado la existencia de una política institucional del Estado dirigida a favorecer o fortalecer a las autodefensas ilegales”.

  9. El Estado señaló también que en este caso no se dan las circunstancias de sistematicidad alegadas por la Comisión y que el término “lesa humanidad” no puede ser entendido sino con el propósito de “dimensionar las consecuencias jurídicas de las violaciones alegadas en el caso y que por lo tanto ese dimensionamiento carece de consecuencias jurídicas en el ámbito de las investigaciones penales internas que se encuentran en curso”412.

  10. Sobre la muerte del señor López Mena el Estado sostuvo que “este deplorable hecho, cuya autoría ha sido reivindicada por desmovilizados de las autodefensas ilegales […] no guarda ningún tipo de relación y menos se encuentra asociado con el proceso de planeamiento, preparación y ejecución de la operación ‘Génesis’”. Además, aseveró que “no existen indicios a partir de los cuales se pueda inferir que en el execrable homicidio de Marino López Mena” haya habido participación de tropas regulares o al mismo se le pueda atribuir el desplazamiento forzado de los habitantes de la cuenca del río Cacarica. Del mismo modo, el Estado indicó que no puede ser responsable internacionalmente por la violación del derecho la vida en su perjuicio porque no fueron agentes del Estado quienes lo asesinaron, tampoco fueron agentes del Estado los que dieron la orden de matarlo, y “mucho menos agentes del Estado estuvieron presentes el día en que ocurrieron los hechos”413.

  11. Sobre el particular, señaló que la teoría de la responsabilidad internacional del Estado tiene su base en el derecho consuetudinario, incluso en materia de derechos humanos y que “la teoría del riesgo según la cual el Estado responde simplemente porque es Estado, carece de todo asidero jurídico”414.

Derecho de circulación y residencia

  1. La Comisión y los representantes alegaron que como consecuencia de los bombardeos de la ‘Operación Génesis’, las incursiones paramilitares a la Cuenca del Cacarica y los hechos de violencia ocurridos en este contexto que comprenden la tortura y muerte de Marino López, así como las amenazas proferidas por los paramilitares contra la población civil, las comunidades afrodescendientes, en especial las mujeres y los niños, la población se vio obligada a desplazarse forzosamente. Con base en lo anterior, el Estado es responsable por la violación de los artículos 2, 5, 17 de la Convención en conexidad con el 11.1, 19, 22 y 24 de la misma.

  2. La Comisión destacó que el Estado ha incurrido en responsabilidad internacional por el desplazamiento forzado en dos niveles distintos pero relacionados: por su rol activo en originar el mismo y, por la falta de respuesta adecuada y efectiva con posterioridad a éste.

  3. Los representantes sostuvieron que el Estado “vulneró de manera grave el derecho a la circulación en perjuicio de las víctimas del presente caso”, por “tres elementos fundamentales para establecer esta responsabilidad”: a) la “limitación absoluta del derecho de circulación de los miembros de las comunidades en los días en que los paramilitares y militares realizaron la incursión en la Cuenca del Cacarica”; b) “el desplazamiento forzado masivo de las comunidades del Cacarica originado por el propio Estado a través de la acción de los militares y la estrategia paramilitar y orientado por éste mismo hacia Turbo”, y c) el hecho de que el “Estado no ha adoptado las medidas tendientes a garantizar el retorno integral de las comunidades a sus territorios, y a su vida en familia y en comunidad”.

  4. Los representantes solicitaron que se tenga presente la “responsabilidad del Estado a la luz del derecho internacional humanitario […] conforme las obligaciones de respeto y garantía” en virtud del artículo 29 de la Convención; la responsabilidad agravada del Estado porque los hechos se encuadran en un “patrón de violencia sistemática contra la población civil que afectó gravemente un grupo humano en condición de vulnerabilidad manifiesta” y porque la investigación de los hechos “no ha sido realizada conforme los estándares de debida diligencia”. Finalmente, los representantes estimaron también que los hechos del presente caso debían ser calificados como crímenes de lesa humanidad, en la medida que “existía un plan de cometer un ataque sistemático contra las comunidades afrodescendientes habitantes de la cuenca del río Cacarica”.

  5. El Estado manifestó su “rechazo y desacuerdo con la perspectiva de la Comisión y de los representantes que [lo] señala[n] […]como responsable general y abstracto de la existencia de los grupos armados ilegales llamados autodefensa o paramilitares”. Asimismo destacó la “ausencia de elementos” que permitan demostrar “el nexo causal entre el desplazamiento alegado por las ’víctimas’ y los hechos acaecidos entre el 24 y 27 de febrero de 1997 con ocasión de Operación Génesis”. No obstante, y como muestra de los esfuerzos realizados para atender y solucionar el fenómeno del desplazamiento en la región, el Estado presentó una serie de medidas, acciones y políticas implementadas de buena fe con ocasión a lo ocurrido y que incluyeron el seguimiento del retorno al Cacarica de las comunidades desplazadas que se habían asentado en Turbo, Bahía Cupica y Bocas del Atrato”. Por lo anterior, concluyó que “el desplazamiento forzado de los pobladores del Cacarica no es atribuible al Estado, pues como ha sido informado, la población civil no fue ni es objeto de operaciones emprendidas por las Fuerzas Armadas Colombianas”.

  6. Además, el Estado observó que en “el presente proceso se ha probado con suficiencia que la movilización de la población de las comunidades que habitan en la Cuenca no fue causada por una acción u omisión imputable a los agentes del Estado”. En tal sentido señaló que “el desplazamiento fue una situación de facto no generada por la fuerza pública” y destacó “conjunto de acciones [realizadas] a favor de los desplazados”415.



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