Corte interamericana de derechos humanos


Los procedimientos jurisdiccionales



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Los procedimientos jurisdiccionales

I.1. Jurisdicción penal ordinaria


  1. Surge de la prueba que obra en el expediente, que por los hechos materia del caso existen dos investigaciones pendientes ante la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación (en adelante “UDH-FGN” o “UNDH-DIH”): la investigación No. 5767 (hoy 426)293 por el delito de concierto para delinquir y la investigación No. 2332294 por el delito de homicidio en persona protegida – Marino López Mena –, desplazamiento forzado y concierto para delinquir.

I.1.1. Investigación penal No. 5767 (hoy 426)


  1. El 19 de enero de 1999 la Fiscalía General de la Nación (en adelante “FGN”) inició una investigación previa contra Rito Alejo Del Río Rojas, bajo el radicado No. 5767 (hoy 426), por las denuncias sobre su presunta aquiescencia con grupos paramilitares entre 1996 y 1997, mientras fue Comandante de la Brigada XVII295. Asimismo, se vinculó al proceso mediante indagatoria al ex soldado Oswaldo de Jesús Giraldo Yepes296. El 21 de julio de 2001 la Fiscal Especializada de la UNDH-DIH de Bogotá, en coordinación con el Jefe de la UDH-FGN y en consulta con el Fiscal General Encargado, abrió investigación formal contra Del Río Rojas por los delitos de concierto para delinquir, peculado sobre bienes de dotación y prevaricato por omisión, y ordenó el allanamiento de su residencia y su captura297.

  2. El 23 de julio de 2001 un Fiscal Especializado de la UNDH-DIH y tres miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (en adelante “CTI”), coordinados por la Jefe de la UNH-FGN, ejecutaron la orden de captura del General Del Río Rojas y el allanamiento de su residencia298.

  3. El 27 de julio de 2001 la defensa de Rito Alejo Del Río Rojas, solicitó a la Fiscal que se abstuviera de resolver su situación jurídica por falta de competencia funcional, dada la condición de General de la República del procesado para la época en la que ocurrieron los hechos299. El 31 de julio de 2001 la Fiscal resolvió su situación jurídica, imponiéndole detención preventiva sin beneficio de excarcelación, por los delitos de concierto para delinquir agravado por los nexos probados de la Brigada XVII del Ejército con las Autodefensas Campesinas de Cordoba y Urabá, al accionar en su jurisdicción300.

  4. El 3 de agosto de 2001 la defensa del General Rito Alejo Del Río Rojas interpuso una acción de habeas corpus, que fue resuelta a su favor el 4 de agosto de 2001 por el Juzgado 31 Penal del Circuito de Bogotá, ordenándose su libertad por falta de competencia de la Fiscal para decretar su captura. Esto último debido a que, según surge de la prueba, las investigaciones que involucran militares con grado de General corresponden al Fiscal General de la Nación301. Asimismo, se ordenó investigar a la Fiscal y a los funcionarios que participaron en el allanamiento de la vivienda y captura de dicho militar302.

  5. La investigación fue remitida al despacho del Fiscal General de la Nación quien, mediante providencia de 9 de octubre de 2001, decretó la nulidad de la resolución de apertura de instrucción, de la diligencia de indagatoria y de la medida de aseguramiento proferida. Como consecuencia, se dispuso rehacer la actuación, citar a indagatoria al oficial superior y practicar pruebas303.

  6. El 16 de julio de 2002 el Padre Javier Giraldo, por intermedio de apoderado, interpuso demanda de parte civil popular en “representación de la humanidad” dentro del proceso 5767, la que fue rechazada el 13 de agosto de 2002 por el Fiscal General de la Nación304. Contra dicha resolución fue interpuesto un recurso de reposición, quien confirmó su fallo inicial305.

  7. El 25 de septiembre de 2002 el Padre Javier Giraldo interpuso una acción de tutela ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia306 (en adelante también “CSJ”) contra el Fiscal General de la Nación puesto que, en su opinión, “con la negativa de permitirle constituirse en actor popular dentro del proceso penal que se sigue contra Rito Alejo Del Río Rojas, se le ha violado su derecho fundamental de acceso a la justicia”307. Dicha acción fue denegada el 8 de octubre de 2002 en consideración de que "el juez constitucional no puede conocer por vía de tutela de las providencias y actuaciones judiciales"308. La sentencia denegatoria fue seleccionada por la Corte Constitucional para su revisión, revocándose las resoluciones proferidas por el Fiscal General de la Nación y las decisiones adoptadas por la CSJ, ordenándole el 21 de marzo de 2003 al Fiscal General de la Nación que procediera a admitir la demanda de constitución de parte civil309.

  8. El 29 de mayo de 2003 el Fiscal General de la Nación definió la situación jurídica de Del Río Rojas sin dictarle medida de aseguramiento310 y decretó el cierre de la investigación. Finalmente, el 9 de marzo de 2004 calificó el sumario con resolución de preclusión de la investigación311.

  9. El 18 de febrero de 2009 el Procurador 30 Judicial II en lo Penal, en cumplimiento de comisión conferida por el Procurador General de la Nación, interpuso una acción de revisión en contra de la resolución anterior312, que fue declarada procedente el 11 de marzo de 2009 por la Sala de Casación Penal de la CSJ. Como resultado, fue levantada la cosa juzgada, y por tanto dispuesta la reapertura de la investigación penal No. 426, en virtud del surgimiento de prueba y hechos nuevos no conocidos a la época de decidir la preclusión313. La nueva prueba referida en la decisión consiste en las versiones libres de Éver Veloza García314, Salvatore Mancuso Gómez315 y Jorge Iván Leverde Zapata316, miembros de grupos paramilitares, rendidas ante la Unidad de Justicia y Paz de la FGN, como también la declaración de Elkin Casarrubia Posada ante la UDH-FGN317.

  10. El 27 de abril de 2009 el Fiscal General de la Nación emitió una resolución mediante la cual ordenó remitir la actuación a la Dirección Nacional de Fiscalías para que se disponga qué funcionario continuaría la investigación318. Por ende, el 18 de mayo de 2009 mediante resolución N° 0-1973 del Fiscal General de la Nación, se asignó el conocimiento de la causa a la Fiscalía 20 UNDH-DIH319, la que se avocó al caso abriendo nuevamente la investigación contra Del Río Rojas y ordenando el 2 de julio del 2009 ampliar la diligencia indagatoria320.

  11. En la ampliación de indagatoria, Del Río se negó a declarar aduciendo desconocer una serie de pruebas que le impedían ejercer su derecho de defensa y además, reclamó para sí el fuero constitucional321, que implica el conocimiento del caso por parte del Fiscal General de la Nación a la causa (supra párr. 163) 322. Mediante resolución posterior, se fijó nueva fecha de audiencia para el 26 de agosto de 2009323, oportunidad en la que el imputado se negó nuevamente a prestar declaración por iguales motivos que en la primera ocasión324.

  12. El 21 de septiembre de 2009, la Fiscalía 42 Especializada de la UNDH-DIH dio respuesta a un escrito presentado por la defensa del General Del Río solicitando, entre otras cosas, la unificación del proceso radicado bajo el número 2332 con el radicado 426325. Dicho pedido fue negado bajo el argumento de encontrarse los procesos mencionados en etapas procesales diferentes326. Finalmente, el 25 de noviembre de 2009, mediante resolución del Fiscal General de la Nación se acumularon bajo el número de Radicado 426 (antiguamente 5767) los procesos 11392, 12697 y 11722 seguidos contra el señor Alejo Del Río Rojas327.

  13. Sobre la cuestión de competencia planteada, durante el proceso por la defensa de Rito Alejo Del Río (supra párr. 147), el 18 de enero de 2010 el Fiscal General de la Nación se declaró impedido para conocer en la investigación328. Esta decisión del Fiscal fue revocada por la Sala Plena de la Corte Suprema el 12 de abril de 2010 ordenándole continuar con el trámite respectivo, en el entendimiento de que el impedimento invocado no se encontraba fundado329.

  14. El 17 de junio de 2010 el Fiscal General de la Nación emitió una nueva resolución en el que se declara incompetente para conocer en la investigación que se sigue por el proceso No. 5767330. El 8 de julio de 2010 la Fiscalía 20 especializada de la UNDH-DIH se avocó al conocimiento de la investigación331, pero el 19 de julio del mismo año, el Fiscal se declaró impedido332. El 28 de julio de 2010 el Jefe de la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario asignó el conocimiento de la investigación al Fiscal 22 Especializado333.

  15. El 15 de abril de 2011 se llevó a cabo la diligencia de ampliación de indagatoria a Del Río Rojas334. En dicha oportunidad, la defensa mantuvo sus impugnaciones a la competencia asignada a la UNDH-DIH, las que obtuvieron respuesta el 19 de abril de 2011 por parte del Fiscal de la causa negándole razón a las peticiones y reafirmando su competencia para conocer en la investigación. Esta resolución fue impugnada mediante recurso ordinario de apelación por el apoderado del imputado, el que le fue concedido con efecto devolutivo el 18 de mayo de 2011335, pero no ha sido resuelto por quedar suspendido el 7 de julio de 2011 por decisión del Fiscal superior que debía entender en el recurso336.

  16. Surge de la prueba que obra en el expediente que el 10 de octubre de 2011 se designó para conocer en la investigación al Fiscal 2 Especializado de la UNDH-DIH por Resolución el Jefe de la Unidad337. Lo anterior, como consecuencia de que el 8 de septiembre del mismo año el Fiscal 22 Especializado, quien se hallaba conociendo en la causa, declaró su incompetencia por hallarse comprendido en una causal impeditiva establecida en el Código de Procedimiento Penal338.

  17. En virtud de la prueba obrante, la Corte toma nota que se siguieron practicando diligencias que han dado impulso al proceso, advirtiéndose la existencia, entre otros, de declaraciones339, exhortos340, oficios341, requerimiento de informe342, solicitudes343, inspecciones judiciales344, despachos comisorios345. La constancia más reciente se allegó a esta Corte en febrero del 2013346.

I.1.2. Investigación penal No. 2332


  1. La investigación de radicado No. 2332 se inició por los hechos ocurridos el 27 de febrero, contra algunos miembros del grupo paramilitar “Elmer Cárdenas” y Del Río Rojas347, por su incursión en el caserío de Bijao, el “homicidio en persona protegida” de Marino López Mena, el desplazamiento forzado de febrero de 1997 y el delito de concierto para delinquir.

  2. Al respecto, el Estado amplió la información señalando que los hechos que se investigan bajo radicado UNDH-DIH 2332 son lo ocurridos el 27 de febrero de 1997, atribuidos a un grupo de personas armadas, al parecer pertenecientes al grupo armado ilegal “Elmer Cárdenas”, quienes incursionaron en el poblado de Bijao (Departamento del Chocó) amenazaron y sometieron a algunos ciudadanos, dentro de los cuales se encontraba Marino López Mena, quien fue asesinado. Además se investiga el desplazamiento forzado de personas que pudo haber causado este grupo armado ilegal, en febrero 24, 25, 26 y 27 de 1997348. En ese proceso se admitió la demanda de parte civil presentada por la representante legal de Emedelia Palacios Palacios –viuda de Marino López-349.

  3. El 9 de julio de 2003 el Director Seccional de Fiscalías, mediante resolución No. 0105, resolvió “asignar el conocimiento de los hechos relacionados con el homicidio del señor Marino López, ocurridos en operaciones de bombardeos por parte de presuntos miembros de las autodefensas a la población de Riosucio para los días 27 y 28 de febrero de 1997, a la Fiscalía 15 de Riosucio”350.

  4. El 20 de octubre de 2005 el Fiscal General de la Nación, mediante resolución 0-3760, asignó provisionalmente la investigación a una Comisión Especial de Urabá Antioqueño y Chocoano351.

  5. El 25 de enero de 2006, mediante resolución No. 0-0121, la FGN asignó la investigación al Fiscal Delegado ante los Jueces Penales del Circuito especializado que por reparto correspondiera, adscrito a la UNDH-DIH, con sede en la ciudad de Bogotá352.

  6. El Estado informó, sin que fuera controvertido, que el 9 de febrero de 2007 la Policía Judicial subscribió el acta de la inspección técnica al cadáver de quien en vida correspondía a Marino López Mena353. Luego de los exámenes de identificación genéticos, los restos óseos de Marino López fueron entregados el 12 de febrero a sus familiares354. El 9 de abril de 2007, mediante Resolución 000059 de la UNDH-DIH, se reasignó el caso al Fiscal 14 como responsable de esta investigación355.

  7. El 26 de diciembre de 2008 el Fiscal 14 de la UDH-FGN declaró la apertura de la instrucción de la investigación y ordenó escuchar en indagatoria a Luis Muentes Mendoza, Fredy Rendón Herrera, Diego Luis Hinestroza Moreno y Marino Mosquera Fernández, paramilitares desmovilizados acogidos a la ley 975, de “Justicia y Paz”, de 2005356.

  8. El 29 de agosto de 2008 fueron escuchados en diligencia de Indagatoria Luis Muentes y Diego Luis Hinestroza357. El 3 de septiembre de 2008, el Fiscal de Conocimiento resolvió la situación jurídica de estos dos paramilitares imponiendo medidas de aseguramiento de detención preventiva en su contra358. En esta misma decisión, la Fiscalía resolvió llamar a indagatoria al comandante de la Brigada 17, Rito Alejo Del Río Rojas, por el homicidio del señor Marino López Mena359.

  9. El 4 de septiembre de 2008 fue capturado el señor Rito Alejo Del Río Rojas y desde entonces, permanece “bajo custodia” en una guarnición militar en la Brigada XIII en Bogotá360.

  10. El 5 de septiembre de 2008 se llevó a cabo la diligencia de indagatoria al General Del Río Rojas, cuya situación jurídica se resolvió el 12 de septiembre del mismo año, imponiéndole medida de aseguramiento -detención preventiva-, como posible coautor material del delito de homicidio en persona protegida361.

  11. El 26 de diciembre de 2008 el Fiscal 14 Especializado profirió Resolución de Acusación en contra Rito Alejo Del Río Rojas como autor mediato en estructuras organizadas de poder, por el tipo penal de homicidio agravado del que fue víctima el ciudadano Marino López Mena362.

  12. El 24 febrero de 2009 la Resolución de Acusación fue confirmada por la Unidad de Fiscalías Delegadas ante el Tribunal Superior de Bogotá, luego de que la decisión fuera apelada por parte de la defensa363. Como consecuencia, se produjo la ruptura procesal respectiva y el proceso adelantado en contra del General retirado Rito Alejo Del Río Rojas pasó a etapa de juicio364.

  13. La competencia del juicio se estableció en un Juez Promiscuo del Circuito de la localidad de Riosucio. Sin embargo, luego de una solicitud realizada por el fiscal de la causa, la Corte Suprema de Justicia ordenó el cambio de radicación del proceso No. 2332 al Distrito Judicial de Bogotá, mediante providencia del 24 de marzo de 2009365. El proceso fue asignado al Juez Octavo Penal Especializado del Circuito de Bogotá366.

  14. Mediante una comunicación cursada al Fiscal 14 Especializado UNDH-DIH en mayo de 2010, el procesado Rubén Darío Rendón Blanquicet manifestó su voluntad de acogerse a la sentencia anticipada367.

  15. El 23 de noviembrede 2010 fue escuchada la declaración de Carlos Alfonso Velásquez Romero, segundo comandante de la Brigada 17 para 1996 ante el Juzgado 8 Especializado del Circuito de Bogotá. En su declaración, el Coronel Velásquez Romero alegó la ausencia de voluntad del Comandante de la Brigada, Rito Alejo del Rio, para combatir de manera decidida a los grupos paramilitares368.

  16. El 11 de mayo de 2011 rindió su declaración C.A.F., quien sostuvo que como soldado profesional de la brigada 17, fue testigo de los apoyos existentes entre los grupos paramilitares y el Ejército Nacional369. Por su parte, Fredy Rendón Herrera prestó su declaración el 12 de mayo de 2011370.

  17. Diego Luis Hinestroza Moreno se sometió a sentencia anticipada, para lo cual se labró acta de formulación de cargos por homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado y concierto para delinquir, el 18 de enero de 2011371. Sin embargo, el 28 de junio de 2012 el Juzgado Penal de Circuito Especializado de Quibdó declaró nula el acta de formulación y aceptación de cargos para sentencia anticipada del señor Hinestroza Moreno y, por tanto el magistrado se abstuvo de emitir sentencia anticipada372.

  18. El 23 de agosto de 2012 el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá profirió sentencia condenatoria en contra Rito Alejo Del Río Rojas en calidad de autor mediato por dominio de una estructura organizada de poder, frente al homicidio de Marino López Mena373. Dicha sentencia fue apelada por la defensa y se encuentra en estudio en el Tribunal Superior de Bogotá374.

  19. Con respecto a los demás procesados en esta causa, la Corte constata que el 26 de octubre de 2012 se modificó la situación jurídica de Luis Muentes Mendoza y Fredy Rendón Herrera por la de posibles coautores de homicidio agravado, desplazamiento forzado y concierto para delinquir, en concurso, manteniéndoles vigente la detención preventiva375. El 28 de septiembre de 2012 se resolvió la situación jurídica de William Manuel Soto Salcedo, sindicándolo como posible coautor de los delitos de desplazamiento forzado, concierto para delinquir y homicidio agravado, en concurso. Asimismo, se dispuso medida de aseguramiento en su contra376.

I.1.3 Otros procedimientos ante la justicia ordinaria


  1. Como respuesta a la solicitud hecha por el Presidente de la Corte al Estado de remitir “[…] información completa y actualizada sobre el estado actual de las investigaciones relacionados en los antecedentes y los hechos posteriores al desplazamiento” (supra párr. 13), se recibió prueba sobre el Radicado No. 1042377. Dicho proceso, seguido contra Luis Muentes Mendoza por el delito de homicidio, desplazamiento forzado, concierto para delinquir y amenazas, se inició el 4 de junio de 2001 y se tramita ante la Fiscalía 14 Especializada UNDH-DIH. La Corte hace notar que no le ha sido aportada mayor información acerca del curso del Radicado No. 1042. Sólo se tiene noticia sobre diversas diligencias procesales a las que se ha referido el Estado en la prueba para mejor resolver entregada, sin aportar respaldo documental que acredite dichos actos378.

I.2. Investigaciones en el marco del procedimiento especial de Justicia y Paz


  1. De acuerdo a la información que fuera presentada, en el marco de la Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz, diez desmovilizados de las autodefensas manifestaron haber participado en los hechos del presente caso, ya sea en versiones libres conjuntas379 o de manera individual380. Cinco de ellos se encuentran imputados con medida de aseguramiento381. Según fue señalado por el Estado y no controvertido por los representes o la Comisión, los hechos referidos en versiones libres están siendo objeto de verificación de veracidad por la Unidad Nacional de Justicia y Paz parte de la Fiscalía General de la Nación (en adelante “FGN-UNJP”)382.

  2. Asimismo, consta en la prueba enviada por la FGN que la UNJP ha ido elaborando un dossier que contiene información y detalle acerca de diversos aspectos referidos al Bloque paramilitar “Élmer Cárdenas” y en donde figuran datos relativos a su origen y antecedentes383, a su estructura384, a su ideología385, al armamento que utilizaba386, a la cadena de mando387, y al proceso de desmovilización de sus miembros388, que visibilizan los patrones sistemáticos de las actividades ilícitas que caracterizaban el actuar del grupo.

  3. Por otra parte, es escasa la información que sobre la situación procesal en que se hallan los postulados en la FGN-UNJP. Los datos que fueron enviados por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, si bien no se controvirtieron, datan del año 2009. Finalmente, esta Corte resalta que hay prueba de la existencia de comunicación de elementos de prueba entre las Unidades Delegadas de la FGN, esto es, entre la UNDH-DIH y la FGN-UNJP389.

I.3. Investigación en el fuero disciplinario


  1. El 27 de junio de 2002 la Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria de radicado No. 155-73307-2002, contra Del Río Rojas y los oficiales del Ejército Jaime Arturo Remolina, Rafael Alfredo Arrázola, Guillermo Antonio Chinome y Luis Elkin Rentería por las denuncias del miembro del Ejército Oswaldo De Jesús Giraldo Yepes sobre la relación de la Brigada 17 con los paramilitares de la zona del Urabá. Dicha investigación fue archivada el 5 de diciembre de 2002 y se absolvió al General Del Río Rojas. La Procuraduría General de la Nación declaró cosa juzgada al establecer que los mismos hechos ya habían sido resueltos en la investigación con radicación No. 001-14956390.

  2. El proceso disciplinario 001-14956 se había iniciado el 9 de septiembre de 1996 y tuvo como objeto la investigación de dos conductas constitutivas de posibles faltas disciplinarias. Uno de los hechos investigados fue el homicidio múltiple de cuatro campesinos ocurrido el 7 de septiembre de 1996 en el Corregimiento de San José de Apartadó. Según los dichos de testigos, las muertes habrían obedecido a la participación de las víctimas en las negociaciones para el retorno a sus lugares de origen de las familias campesinas desplazadas que se alojaban transitoriamente en el coliseo de Turbo. La segunda de las conductas investigadas fue la relativa a la presión, ultraje y trato calumnioso dado a los integrantes de la mesa de diálogo para el retorno a los lugares de origen de algunos desplazados de los municipios de Turbo y Apartadó por parte de Alejo del Río Rojas. Sin embargo, se verificó que tales ultrajes y malos tratos no constaban en las actas de los acuerdos suscritos con los campesinos que ocuparon pacíficamente el coliseo de Turbo. Sobre el primero de los hechos analizados, se ordenó compulsar copias del expediente por la masacre para evaluar la posible responsabilidad de un soldado que fue sindicado por los testigos como posible partícipe del crimen. Así, el Procurador General de la Nación (en adelante “PGN”) ordenó el archivo de las diligencias del 14 de diciembre de 1999391.

  3. Asimismo, fueron iniciadas otras investigaciones disciplinarias. El proceso con radicación No. 155-58322-2001, al que se le acumularon los procesos 155-58323-2001 y 155-58324-2001 en el año 2002, y cuyo archivo por falta de mérito fue decretado el 12 de agosto de 2005392. Por otro lado, se abrió la investigación No. 155-62251-2001 contra miembros del Ejército Nacional, Riosucio, Chocó (y otros por establecer), por los hechos de omisión de la fuerza pública al no intervenir ante anuncios de presencia paramilitar en Cacarica durante los años 1999 a 2000. El 31 de mayo de 2002 se prorrogó la indagación preliminar por 6 meses393, y el 23 de enero de 2004 esta investigación fue archivada por falta de mérito394. Igualmente archivado está el Radicado No. 022-090508-2003 contra el Ejército Nacional por omitir contrarrestar incursiones de grupos armados al margen de la ley en Cacarica395.

  4. En el año 1999 se inició la investigación disciplinaria con radicación No. 155-33124-1990 contra el Director General, el Secretario General y el Subdirector de Desarrollo Sostenible del Chocó - CODECHOCÓ. El 19 de diciembre de 2002 se profirió fallo de Instancia Única con sanción de destitución del cargo de los 3 acusados e inhabilitación para ejercer cargos públicos por 5 años396. Dicha resolución fue apelada por la defensa y confirmada por la Sala Disciplinaria con respecto a los cargos por los que habían sido condenados, salvo en relación a uno de ellos, en que se absolvió al Director y al Secretario General397.

Investigación en el fuero disciplinario No. 48718-2000 contra Rito Alejo del Rio Rojas

  1. En el año 2000 la Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria (radicado No. 155-48718-2002) contra Del Río Rojas como consecuencia de las denuncias presentadas por la Comisión Intecongregacional de Justicia y Paz. Éstas últimas, referidas a la alegada relación de la Brigada XVII con los paramilitares, los ataques producidos por la Operación Génesis, así como los homicidios, desaparición y desplazamiento forzado de las comunidades pertenecientes al Municipio de Rio Sucio, corregimiento de San José de Apartadó y Turbo, ocurridos en el primer semestre de 1997398.

  2. El 27 de enero de 2003 se determinó respecto a esta investigación, declarar la cosa juzgada por los vejámenes y maltrato a algunos integrantes de la mesa de diálogo para el retorno de las familias desplazadas a su lugar de origen, y cuyo responsable sindicado era el señor Del Río pues ya habían sido evaluados y archivados en el Radicado No. 001-14956399.

  3. Por su parte, se declaró la prescripción disciplinaria de la causa con relación a la supuesta responsabilidad de Rito Alejo del Río Rojas en los bombardeos indiscriminados a los pobladores de Ríosucio, Chocó, como violatorios de los principios de distinción y proporcionalidad en perjuicio de la población civil ajena al conflicto, desde que había transcurrido el plazo legal de 5 años establecido, desde la fecha en que acaecieron los hechos en 1997400.

I.4. Acciones judiciales iniciadas por el desplazamiento forzado


  1. En 1997 se presentaron al menos 13 acciones de tutela401 por el desplazamiento forzado de las comunidades del Cacarica ante juzgados de los circuitos de Medellín, Turbo, Riosucio y Bogotá. En dichas acciones se solicitó la protección de los derechos a no ser desplazado, a la vida, la igualdad, la diversidad étnica, la paz, los derechos del niño, la vivienda, la seguridad social y la alimentación por el desplazamiento y sus condiciones precarias e inhumanas de subsistencia. Además, se reclamó la restitución a la situación anterior al desplazamiento, en condiciones adecuadas, y el cumplimiento por parte del gobierno del Plan de Atención a la Población Desplazada402. El 27 de mayo de 1997 el Presidente de la República dio una respuesta conjunta a estas acciones señalando: a) que el fin de la acción de tutela no era proteger derechos colectivos; b) que la fuerza pública no tolera ni patrocina la presencia de grupos armados ilegales, y c) que el gobierno había creado un comité para atender a los desplazados403.

  2. De las acciones de tutela que fueron incoadas, ocho obtuvieron decisiones favorables a los accionantes404. Los fallos en contra se justificaron en: a) que la tutela no era un mecanismo para proteger derechos colectivos; b) la falta de competencia territorial pues los hechos habían ocurrido en un territorio diferente a su ámbito de jurisdicción; c) que el derecho a la paz y la aplicación de tratados internacionales no podían ser protegidos por vía de tutela, por su carácter excepcional; d) que no se había evidenciado el riesgo del derecho a la vida, la alimentación y el trabajo, y e) que los desplazamientos de la población civil en Colombia se deben a la lucha fratricida que desde años atrás vienen librando grupos al margen de la ley405.

  3. Las decisiones favorables establecieron que a los desplazados “se les brindarán las condiciones adecuadas de seguridad, tal como lo aseveró el Dr. Ernesto Samper Pizano, Presidente de la República de Colombia en la respuesta a la cual se hizo mérito en las motivaciones”406.

  4. Se presentó denuncia contra el Presidente de la República en sede judicial por incumplimiento, desacato y fraude a resolución judicial407. Dicha denuncia fue rechazada el 10 de septiembre de 1997, al considerar que el gobierno sí estaba cumpliendo con lo ordenado y se hizo referencia a las órdenes emitidas para que las Fuerzas Armadas protegieran a los desplazados en su retorno.

  5. El 13 de diciembre de 1999, la Vicepresidencia de la República realizó una serie de acuerdos con las comunidades desplazadas de la Cuenca del Cacarica; comprometiéndose a solicitar a los órganos de investigación y a la rama judicial informes periódicos sobre el estado de las investigaciones, los responsables del desplazamiento forzado y los homicidios408.



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