Corte interamericana de derechos humanos


Desposesión y explotación ilegal de madera en el territorio colectivo



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Desposesión y explotación ilegal de madera en el territorio colectivo


  1. Como ya fuera constatado, la zona de la cuenca del río Cacarica se encuentra ubicada en una región reconocida por abundantes recursos naturales. La riqueza forestal de la zona también es importante para la supervivencia de las comunidades que habitan la cuenca del Cacarica, las cuales han vivido de la agricultura, de la pesca artesanal, de la caza, pero también del corte de madera (supra párr. 87).

  2. En 1967 el Congreso colombiano aprobó la Ley 31273, mediante la cual fue reconocido a las “comunidades negras” el derecho a la propiedad colectiva de los territorios que ocupan ancestralmente y, por ende, las facultades de uso y explotación de sus suelos y bosques, esto último, por ministerio de la ley o previa autorización de la autoridad ambiental, en los términos del Código de Recursos Naturales274. La Ley 70 fue promulgada el 31 de agosto de 1993 y mediante la misma se reconoce “a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes”275.

  3. En cuanto a las explotaciones madereras en la cuenca del río Cacarica en agosto de 1981 la empresa Maderas del Darién S.A. (en adelante “MADARIÉN”) solicitó al Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (en adelante “INDERENA”) el otorgamiento de dos Permisos de Aprovechamiento Forestal (en adelante también “PAF”) para los sitios Sábalos y Larga Boba. Posteriormente, en 1982, la misma empresa presentó ante la Corporación Nacional para el Desarrollo del Choco (“CODECHOCÓ”) la solicitud para obtener el PAF para el Proyecto Balsa II, localizado en la Zona de Puerto Escondido. Después de un largo proceso, originado principalmente por la presencia del INDERENA y de CODECHOCÓ, entidades que compartían jurisdicción y aplicaban normas distintas en el marco del Código de Recursos Naturales, la Junta Directiva de CODECHOCÓ aprobó en 1992 y 1993 varios permisos que habían sido solicitados276.

  4. Por otro lado, en relación a la situación de las comunidades del Cacarica, en 1992 el gobierno creó la Comisión Especial para las Comunidades Negras de conformidad con el artículo 55 transitorio de la Constitución, la cual expuso preocupación sobre la explotación maderera en la zona del río Cacarica en razón del taponamiento del río por los procedimientos de transporte de madera y la deforestación de las últimas reservas de cativales con que cuenta el país. Además, reveló las denuncias de las organizaciones sociales por los procedimientos mediante los cuales CODECHOCÓ otorgaba permisos de explotación forestal a madereras, en perjuicio de las comunidades, y contraviniendo el artículo 55 transitorio. Los comisionados insistieron en la necesidad de suspender la concesión de grandes permisos forestales mientras no se reglamentara la titulación colectiva de los territorios negros y se diseñaran políticas adecuadas para la protección del medio ambiente277.

  5. Por otra parte, el 13 de abril de 1993 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó tuteló el derecho fundamental al trabajo de los operarios de Maderas del Darién S.A. y ordenó a CODECHOCÓ perfeccionar, mediante contratos, los permisos de explotación forestal otorgados por la Resolución 3595 de diciembre de 1992 a nombre de dicha maderera. Esta decisión fue revocada en mayo de 1993 por la Corte Suprema de Justicia278 y, el 22 de Octubre de 1993, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional confirmó el fallo de la Corte Suprema279.

  6. Inmediatamente después del fallo de primera instancia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó, a finales de abril de 1993 CODECHOCÓ suscribió los contratos de aprovechamiento forestal Balsa II y Guamal (correspondientes a las Resoluciones 3595 y 3596 de 1992, supra párr. 132) y los PAF para para Sábalos y Larga Boba (correspondientes a las Resoluciones 655 y 656 de 1993, supra párr. 132). El 27 de julio de 1995 el Defensor del Pueblo solicitó al Tribunal Superior del Distrito Judicial del Chocó dejar sin efecto las resoluciones 3595 y 3596, y que CODECHOCÓ adoptara medidas en cumplimiento de las citadas sentencias. Tras examinar la solicitud, dicho Tribunal ordenó a CODECHOCÓ darle cumplimiento a las anteriores decisiones de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema. Además, sancionó al Director de CODECHOCÓ por desacato, pero la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia revocó la sanción por considerar que había sido impuesta con relación a orden judicial inexistente.

  7. A pesar de que mediante Resolución 1180 del 7 de septiembre de 1999, CODECHOCÓ había ordenado la suspensión de toda actividad de corte de madera en la cuenca del río Cacarica, el 9 de diciembre de 1999 CODECHOCÓ expidió la Resolución 1486, mediante la cual otorgó autorización al Consejo Comunitario de Balsita para el aprovechamiento forestal de la especia catival. Además, unos meses después, el 2 de junio de 2000 mediante oficio dirigido al Representante legal de Madarien, CODECHOCÓ autorizó la reanudación del PAF en Balsa II, que estaba suspendido desde 1997.

  8. Por otro lado, unas semanas antes, el 26 de abril de 1999, por medio de la Resolución 0841 del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (adelante “INCORA”), había sido otorgado a las 23 Comunidades Negras asociadas en el Consejo Comunitario de la Cuenca del Cacarica280 el título colectivo de propiedad de un terreno baldío localizado en su territorio, ubicado en la jurisdicción de Riosucio, departamento del Chocó. En lo que se refiere a la administración del territorio colectivo, la Resolución determinó que, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 1745 de 1995, sería administrado y manejado por la Junta del Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Cacarica, con base en el reglamento interno aprobado por la asamblea general del mismo.

  9. El 2 de septiembre de 1999 la Dirección Nacional del Medio Ambiente presentó un informe al Consejo Comunitario del Río Cacarica en el que expuso que en los territorios de los desplazados se adelantaba labor de explotación forestal con campamentos de explotación. El 10 de mayo de 2000 Maderas del Darién S.A. informó a CODECHOCÓ la decisión de iniciar las actividades con la participación de las comunidades asentadas en el área281.

  10. En junio de 2000 la Defensora del Pueblo de la Casa de la Justicia de la Cuenca del Río Cacarica, el Director del Parque Natural de los Kativos y las Asesoras de Derechos Humanos del Despacho del PGN, denunciaron la explotación forestal en el territorio de las comunidades en proceso de retorno, dentro del proceso de seguimiento y control de los acuerdos firmados por el gobierno nacional con las comunidades de retorno de la región282.

  11. En junio de 2000 CODECHOCÓ solicitó la suspensión de toda actividad de aprovechamiento forestal en Balsita hasta que se autorizase nuevamente, en razón de haberse agotado el volumen de corte autorizado283. Durante el 2000 y el 2001 continuaron las denuncias referentes a la explotación ilegal de madera, por parte de las comunidades de la cuenca del río Cacarica y, en respuesta de tales quejas, funcionarios de la PGN, de la Defensoría del Pueblo y otras entidades estatales realizaron algunas visitas a la zona. En mayo de 2001, se efectuó una nueva visita por parte de funcionarios del Ministerio del Medio Ambiente, la Procuraduría General de la Nación (en adelante también “PGN”), la Red de Solidaridad Social - RSS -, ACNUR y delegados de las comunidades retornadas - CAVIDA - y de la Comisión de Justicia y Paz, al cabo de la cual se confirmó la explotación inadecuada de madera de tipo mecanizado y la falta de presencia de la CAR quien no verificaba la aplicación de medidas de manejo adecuadas284.

  12. El 7 de septiembre de 2001 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tuteló los derechos fundamentales de las Comunidades del Río Cacarica a la salud en conexidad con la vida, a la tranquilidad y, entre otras medidas, ordenó a la Corporación Autónoma del Chocó que hiciera cumplir el acto administrativo que había decretado la suspensión de la explotación maderera en ese sector (supra párr. 136)285. Dicha decisión fue confirmada el 16 de noviembre de 2001 por el Consejo de Estado286. El 27 de octubre de 2001 la Junta del Consejo Comunitario de la Cuenca del Cacarica denunció, mediante comunicación pública, la continuación de explotación forestal en su territorio colectivo por parte de Empresas del Darién S.A287.

  13. En el año 2001 la PGN, inició un proceso disciplinario contra la junta directiva de CODECHOCÓ, por su complicidad con la actuación ilegal de las empresas Maderas del Darién S.A. y Pizano S.A., mediante el otorgamiento de permisos de extracción, la legalización de la madera a través de mecanismos irregulares y la contribución al enriquecimiento de terceros288. El 19 de diciembre de 2002 se resolvió declarar disciplinariamente responsable, y en consecuencia ordenó destituir, al Director General, al Secretario General y al Subdirector de Desarrollo Sostenible de la Corporación Autónoma Regional del Chocó, CODECHOCÓ289.

  14. El 22 de agosto de 2003 la Sala Disciplinaria de la PGN resolvió la apelación contra la fallo sancionatorio de primera instancia de la Comisión Especial Disciplinaria de 19 de diciembre de 2002 (supra párr. 142), oportunidad en que se abstuvo de decretar su nulidad y decidió confirmarlo, por considerar que no se habrían presentado causales que invalidasen lo actuado290. El 17 de octubre de 2003 la Corte Constitucional colombiana resolvió tutelar los derechos fundamentales amenazados por la indiscriminada explotación forestal en el territorio colectivo de los accionantes291. El 27 de abril de 2005 CODECHOCÓ, mediante la Resolución no. 538, impuso medida preventiva consistente en la suspensión de todo tipo de aprovechamiento forestal, excepto “el realizado por ministerio de la ley”, que se realicen en la jurisdicción del departamento del Chocó sin contar con el respectivo permiso, concesión o autorización expedida por CODECHOCÓ292.



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