Corte interamericana de derechos humanos


Hechos posteriores al desplazamiento



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Hechos posteriores al desplazamiento


  1. Con posterioridad a los hechos de febrero de 1997, los desplazados siguieron siendo objeto de actos de hostigamiento, amenazas y violencia, por parte de grupos paramilitares241. Consta asimismo que, entre 1996 y 2002, varias personas habrían sido asesinadas y desaparecidas242. Además, a partir de marzo de 1997, el Estado estaba al tanto de la situación de inseguridad pues había sido requerido para la toma de medidas de protección al respecto243.

  2. Por otra parte, surge de la prueba que en 1998 Acción Social presentó un proyecto de mejoramiento de vivienda para atender a 418 familias, de cuyo subsidio fueron responsables los peticionarios y con el mismo se beneficiaron 147 familias244.
    1. El retorno de los desplazados y la continuación de los hechos de violencia en contra de los desplazados del Cacarica


  1. En febrero de 1999 un sector de las comunidades desplazadas del Cacarica se declaró como “Comunidad de Paz” denominada “Comunidad de Autodeterminación, Vida y Dignidad” (en adelante “CAVIDA”)245. Luego de permanecer casi tres años en el coliseo de Turbo y en la hacienda El Cacique - Bahía Cupica (Chocó), iniciaron un proceso de retorno a su territorio, previo acuerdos entre el gobierno nacional y la comunidad, y el acompañamiento de una Comisión Mixta de Verificación. Otro grupo de la población desplazada optó por ubicarse definitivamente en el municipio al que se habían desplazado246. Debido a la situación de inseguridad y carencias solicitaron al gobierno condiciones socioeconómicas y de seguridad adecuadas para regresar247.

  2. Lo anterior posibilitó que fueran suscritos acuerdos con el gobierno colombiano248. Algunos de los acuerdos contemplados por el gobierno, las comunidades y la Comisión Mixta de Verificación preveían la construcción de viviendas, un proyecto productivo, el “destaponamiento” de los caños y la presencia permanente de la Defensoría del Pueblo como parte de un esquema integral de protección249. Además, el 13 de diciembre de 1999 se suscribió el “Acta de Acuerdo Para el Retorno entre las Comunidades Desplazadas de la Cuenca del Cacarica Asentadas Provisionalmente en Turbo, Bocas de Atrato y Bahía, y el Gobierno Nacional”, la cual incluía los componentes que el gobierno debía llevar adelante para el retorno definitivo de las comunidades250.

  3. En total, el desplazamiento forzado de estas comunidades tuvo una duración de cuatro años251, desde febrero de 1997 hasta marzo de 2001, sabiendo que el proceso de retorno se inició en enero de 2000252. Es un hecho no controvertido que, en la primera fase, retornaron 270 personas; en la segunda fase, 84 personas, y más adelante 450 personas; y en la última fase, aproximadamente 150 personas253. Además, debido a la persistencia en la región de los factores que originaron el desplazamiento en 1997 (ACCU y guerrilla de las FARC), las comunidades agrupadas en el proceso CAVIDA decidieron voluntariamente y con el auspicio del Estado y de la comunidad internacional, conformar dos asentamientos llamados “Esperanza en Dios” y “Nueva Vida”, y resolvieron impedir la entrada de los actores armados a sus zonas de habitación y cultivo, definidas como zonas humanitarias254. Los miembros de CAVIDA optaron por acoger un reglamento interno de convivencia en el que establecen permanecer al margen del conflicto armado, y no dialogar con ninguno de los actores en confrontación255.

  4. Se tiene que durante estos cuatro años que duró el desplazamiento256, el Estado se limitó a brindar como ayudas para el retorno: a) atención humanitaria a diez familias que en el 2004257 se repatriaron de manera voluntaria de Jaqué (Panamá) a Nueva Vida, b) acciones en la cuenca del Cacarica dirigidas a la atención de las comunidades, de las cuales se benefició una familia de “Nueva Vida”258, c) ayuda humanitaria, atención sicológica y adecuación de los albergues de parte de la Consejería Presidencial para los desplazados y algunas ONG, enero de 1999259, d) alimentos en Cupica y Turbo desde de mayo de 1999 y enero de 2000, respectivamente, hasta diciembre de 2000, por valor, en pesos colmbianos, de $1.243.475.684; e) realizó pagos de servicios públicos de agua y energía eléctrica suministrada a Turbo y a los dos albergues por valor de $68.233.062, y f) hizo entrega de “kit de aseo, vajilla, hábitat y cocina por valor de $172.676.618”260.

  5. Consta además que el Estado apoyó técnica y financieramente la implementación de las diferentes fases de retorno a la zona261, preparando las condiciones iniciales para el retorno, mediante la siembra de cultivos y el alquiler de embarcaciones, y posteriormente con los proyectos de vivienda, productivo y otras actividades de restablecimiento. Asimismo, en septiembre de 2000 se trasladó a 201 personas de la Bahía Cupica a Turbo para ayudar a la reintegración familiar y brindó atención humanitaria a diez familias que se repatriaron de manera voluntaria de Jaqué (Panamá) a Nueva Vida en 2004262. Finalmente, se realizaron acciones en la cuenca del Cacarica dirigidas a la atención de las comunidades, de las cuales se benefició una familia de “Nueva Vida”263.

  6. Sin embargo, los representantes y las víctimas indicaron que el cumplimiento de los acuerdos a los que se comprometió el gobierno fue parcial264 y que el proyecto de construcción de viviendas en dichos asentamientos, iniciado en octubre de 2000, presentó un rendimiento deficiente. Además, señalaron que el proceso de cedulación y registro de las personas que retornaron a la Cuenca se realizó parcialmente265; y que “[a] pesar de la puesta en marcha de los diferentes mecanismos de prevención, los objetivos propuestos no se han logrado en su integridad, debido a la deficiente respuesta de la fuerza pública266. Sin perjuicio de lo anterior, surge de la prueba que entre mayo de 1999 a diciembre de 2000 el Estado entregó alimentos a las personas del proceso de retorno a los territorios del Cacarica, que se encontraban en Turbo y en Cúpica, por un costo aproximado de $1.243.475.684.00 pesos colombianos267.

  7. Por otro lado, como fuera observado (supra párr. 121), consta en la información presentada por distintas entidades del Estado que las comunidades del Cacarica, en particular las de “Esperanza en Dios” y “Nueva Vida”, siguieron siendo objeto de amenazas, hostigamientos y actos de violencia por parte de integrantes de los grupos armados268. Entre 1996 y 2002, habrían sido asesinadas 106 personas pertenecientes a las Comunidades de Paz y al proceso de retorno de Cacarica, y 19 personas fueron desaparecidas269. A pesar de nuevos hechos de violencia, en octubre de 2002, 939 personas decidieron continuar el proceso de retorno270. El 7 de septiembre de 2001 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tuteló los derechos fundamentales de las comunidades del río Cacarica a la salud en conexidad con la vida, a la tranquilidad, y a obtener de las autoridades respuesta a sus peticiones271. Además, los representantes indicaron que hubo dos incursiones de grupos paramilitares a los asentamientos de las comunidades durante el 2001: la primera el 9 de junio de 2001 y la segunda el 10 de junio de 2001272.



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