Corte interamericana de derechos humanos


Sobre la Clínica Minchala



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Sobre la Clínica Minchala





  1. De la prueba que obra en el expediente se desprende que el 8 de mayo de 2002 la prensa ecuatoriana publicó que la Clínica Minchala fue clausurada luego de una inspección realizada por el Control Sanitario de Guayas, al constatarse que “[la clínica] atendía entre cuatro y cinco pacientes en cada habitación, por falta de espacio para recuperación. En el área de laboratorio se decomisaron [cuarenta] reactivos con más de un año de caducidad”92. Asimismo, el 14 de octubre de 2007 fue publicado en la prensa ecuatoriana que la Clínica Minchala “fue clausurada por la Dirección Provincial de Salud porque no tenía el permiso de funcionamiento actualizado y por las malas condiciones sanitarias. Permanecer[ía] cerrada hasta que cumpl[iera] los requisitos y adecuaciones necesarias, […] [no obstante] la medida no se aplic[ó] por [un]a supuesta mala práctica médica”. En ambas situaciones, se ignora las fechas de reapertura93.


VII

Alcance DEL”Acuerdo de Cumplimiento“





  1. Determinados los hechos, procede señalar, de manera complementaria, los efectos de los actos de aceptación de responsabilidad realizados por el Estado en el acuerdo de cumplimiento e implementación de las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo de la Comisión, firmado entre el Estado y la señora Melba Suárez Peralta el 8 de septiembre de 2011.



  1. Acuerdo de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo de la Comisión





  1. Luego de la adopción del Informe de Fondo de la Comisión, el Estado y la señora Melba Suárez Peralta y su representante se reunieron para negociar un acuerdo de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en dicho Informe (supra párr. 2.e). El 8 de septiembre de 2011 el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, representado por la Ministra de Justicia Johana Pesántez Benítez, y la señora Melba del Carmen Suárez Peralta celebraron un “Acuerdo de Cumplimiento”, cuyo objetivo era:

[C]umplir las recomendaciones ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dentro del Informe de Fondo No 75/11, Caso 12.683 […]. Para tal efecto, se acord[ó] entre el M[inisterio y las Beneficiarias] un cronograma de ejecución de las medidas de reparación1.




  1. Las partes acordaron prestaciones respecto de cada una de las cinco recomendaciones emitidas por la Comisión, las que se cumplirían según un “cronograma de ejecución”2, entre el período de octubre de 2011 y octubre de 2012, a saber:

[1. El] Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos se compromete a: [p]oner en conocimiento de la Fiscalía General del Estado [y del Consejo de la Judicatura] los hechos y el Informe de Fondo, a fin de que se proceda a la investigación y respectiva sanción penal [y administrativa] a los operadores de justicia por cuya conducta haya resultado en la demora excesiva en la tramitación del proceso penal y consecuente falta de acceso a la justicia para las víctimas” [Plazo: octubre de 2011].

[…]

[2. El Estado pagará] una indemnización por concepto de procuración judicial, daño material y daño moral a saber USD $250,000 a Melba del Carmen Peralta, USD $30,000 a Melba Peralta Mendoza y USD $20,000 por la atención médica acordada con la beneficiaria3, […] por un total de USD$ 300,000 [Plazo: noviembre 2011].



[3.] Asimismo […], coordinará la colocación de una placa de disculpas públicas en el Edificio de la Corte Provincial de Justicia de Guayaquil [y] la publicación de una parte del texto de la recomendación en el diario El Universo de Guayaquil, el mismo que será acordado con la beneficiaria” [Plazo: noviembre de 2011].

[4.] Adoptar las medidas necesarias para brindar de manera inmediata y gratuita, a través de sus instituciones de salud especializadas y en el lugar de residencia de la señora Suárez Peralta, el tratamiento médico requerido, incluyendo los medicamentos que ella requiera y en consideración con sus padecimientos […]. Teniendo en cuenta que en reuniones previas, el señor Cerezo y la [b]eneficiaria manifestaron que no aceptarán la atención médica de salud en hospitales, centros de salud y clínicas públicas, se acordó que el Estado pagará el monto de USD$ 20,000 por concepto de atención médica [Plazo: noviembre de 2011]..



[…]

[5.] El Estado […] deberá dictar y reformar normas dirigidas a los profesionales de la salud, mismas que deberán reunir los estándares nacionales e internacionales en la materia, resaltando y dando plena vigencia a los derechos de los pacientes. [Asimismo…], se compromete a presentar un proyecto normativo en el que se incluyan las reformas pertinentes sobre mala práctica médica y sobre derechos de [los] pacientes [Plazo: Octubre de 2012].



[6.] El Estado [realizará] capacitaciones a profesionales de la salud sobre derechos de [los] pacientes tanto en el ámbito público como privado de manera planificada y sostenible [Plazo: Octubre de 2012].


  1. El 14 y 15 de septiembre de 2011 los representantes y el Estado, respectivamente, informaron a la Comisión sobre la firma del acuerdo. Asimismo, mediante dicho escrito el Estado solicitó a la Comisión la homologación del referido documento4. La Comisión no se pronunció al respecto. Seguidamente, el 10 de octubre de 2011 el Estado solicitó a la Comisión un plazo adicional de tres meses a fin de informar los avances logrados en el cumplimiento de sus recomendaciones5. Al respecto, el 24 de octubre de 2011 la Comisión comunicó la concesión de la prórroga solicitada, informó que el nuevo plazo para cumplir las recomendaciones vencería el 26 de enero de 2012, y que el 5 de enero de 2012 se debía informar el estado de avance en la materia6.




  1. Posteriormente, el 28 de diciembre de 2011, la señora Melba Suárez Peralta y su madre Melba Peralta Mendoza, juntamente con el Estado, proyectaron un segundo Acuerdo de Cumplimiento, el cual explícitamente remplazaría el primer documento firmado el 8 de septiembre de 2011. Dicho documento establecería también un nuevo cronograma de ejecución de las mismas disposiciones acordadas previamente, pero no llegó a ser formalizado. Al respecto, el 18 de enero de 2012 los representantes informaron a la Comisión que habían firmado dicho segundo acuerdo y afirmaron que todavía no había sido cumplido por parte del Estado. Por su parte, el Estado señalo a la Corte que el segundo Acuerdo de Cumplimiento no fue suscrito a nombre del Estado, debido a que las facturas de respaldo no cubrían el monto alegado.




  1. El 26 de enero de 2012 el Estado comunicó a la Comisión el estado de cumplimiento del acuerdo de 8 de septiembre de 20117. Al respecto, informó que no había cumplido el pago de las indemnizaciones acordadas debido a que habiéndose solicitado al cónyuge de la “víctima documentación de respaldo que justifi[cara] el daño material sufrido”, sus documentos acompañados “justifica[ban] el gasto de diecinueve mil seiscientos veinte nueve dólares con treinta y siete centavos (19,629,37)”. La diferencia con los valores acordados “limit[ó] considerablemente la acción [del] Estado al momento de cumplir el pago de trescientos mil dólares”. En tal sentido, el Estado informó a la Comisión que “solicitar[ía] por segunda vez […] documentación adicional que justifi[cara] de forma objetiva y contundente los gastos en los que h[ubiera] incurrido desde el año 2001”. Al respecto, la Corte observa que la acreditación de los gastos no estaba prevista en el Acuerdo y que el pago no estaba sujeto a condición. Asimismo, en cuanto a la recomendación de prestaciones médicas, el Estado señaló que funcionarios de “la Cartera de Salud brindaría[n] las facilidades logísticas necesarias para atender a la señora Melba Suárez Peralta”, pero que habiendo visitado a la víctima en su domicilio, de acuerdo con lo indicado por el Estado, ésta rechazó las prestaciones del sistema público de salud.




  1. Además, en la misma comunicación a la Comisión, el Estado señaló que en lo que respecta al cumplimiento de extender disculpas públicas a las víctimas, se había efectuado una publicación en el diario El Universo de Ecuador, en fecha 25 de enero de 2012, del siguiente tenor (en lo pertinente):

“MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS

PUBLICACIÓN DE DISCULPAS PÚBLICAS

[El] Estado Ecuatoriano lamenta profundamente que funcionarios estatales de la administración de justicia hayan dilatado indebidamente el proceso en perjuicio de las víctimas y que no se haya podido esclarecer con veracidad y en el marco de las garantías del debido proceso, a los responsables de este hecho.


[El] Estado Ecuatoriano, sobre la base [del] Acuerdo de Cumplimiento suscrito entre esta Cartera de Estado y la señora Melba Suárez Peralta el 08 de septiembre de 2011 […] hace extensible las debidas disculpas públicas a la señora Melba del Carmen Suárez Peralta y a su madre, Melba Peralta Mendoza por haber incurrido en la violación de sus derechos humanos, específicamente por no haber hecho efectivos los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana [sobre] Derechos Humanos8”.


  1. Finalmente, en la misma fecha el Estado informó a la Comisión que instalaría una placa de disculpas públicas en el Edificio de la Corte Provincial de Justicia de la Provincia de Guayas, en el siguiente tenor9:

“REPÚBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS

El Estado ecuatoriano, a través de la presente placa, extiende las debidas disculpas públicas a la señora Melba del Carmen Suárez Peralta y su madre, Melba Peralta Mendoza por haber incurrido en la violación de sus derechos humanos, específicamente por no haber hecho efectivos los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos que se refieren a garantías judiciales y protección judicial.


Esta placa constituye una forma de reparación de conformidad con el acuerdo de cumplimiento suscrito […] el 8 de septiembre de 2011. […] Guayaquil, 23 de enero de 2012” (F. 2341)


  1. La placa fue instalada en la Corte Provincial de Justicia de Guayas el 3 de agosto de 201210.






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