Corte interamericana de derechos humanos



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IV
COMPETENCIA





  1. La Corte es competente para conocer del presente caso, en los términos del artículo 62.3 de la Convención, ya que Ecuador es Estado Parte en la Convención desde el 28 de diciembre de 1977 y reconoció la jurisdicción contenciosa de la Corte el 24 de julio de 1984.



V
PRUEBA





  1. Con base en lo establecido en los artículos 46, 47, 50, 57 y 58 del Reglamento, así como en su jurisprudencia respecto de la prueba y su apreciación1, la Corte examina y valora los elementos probatorios documentales remitidos por las partes en diversas oportunidades procesales, las declaraciones y testimonios rendidos mediante declaración jurada ante fedatario público (affidavit) y en la audiencia pública, así como las pruebas para mejor resolver solicitadas por la Corte. Para ello se atiene a los principios de la sana crítica, dentro del marco normativo correspondiente2.



    1. Prueba documental, testimonial y pericial





  1. La Corte recibió diversos documentos presentados como prueba por la Comisión, el representante y el Estado, adjuntos a sus escritos principales (supra párrs. 4 a 11). Asimismo, la Corte recibió las declaraciones rendidas ante fedatario público (affidavit) por los testigos Dennis Cerezo Cervantes, Rodolfo Sánchez Jiménez, Luis Humberto Córdova Ramos, y de los peritos Hugo Miguel Morán Sánchez, Verónica Valencia y Jaysoon Abarca. En cuanto a la prueba rendida en audiencia pública, la Corte escuchó la declaración de la presunta víctima Melba Suárez Peralta y el peritaje de Laura Pautassi (supra párr. 9).



    1. Admisión de la prueba




  1. Admisión de la prueba documental





  1. En el presente caso, como en otros, la Corte admite aquellos documentos remitidos por las partes en la debida oportunidad procesal (supra párrs. 4 a 11) que no fueron controvertidos ni objetados, ni cuya autenticidad fue puesta en duda3. Los documentos solicitados por la Corte en audiencia pública, que fueron aportados por las partes con posterioridad a la misma, son incorporados al acervo probatorio en aplicación del artículo 58 del Reglamento.




  1. En cuanto a las notas de prensa y videos presentados por las partes y la Comisión junto con sus distintos escritos, la Corte ha considerado que podrán ser apreciados cuando recojan hechos públicos y notorios o declaraciones de funcionarios del Estado, o cuando corroboren aspectos relacionados con el caso, por lo que decide admitir los documentos que se encuentren completos o que, por lo menos, permitan constatar su fuente y fecha de publicación, y los valora tomando en cuenta el conjunto del acervo probatorio, las observaciones de las partes y las reglas de la sana crítica4.




  1. Por otra parte, la Corte observa que el representante no aportó las declaraciones a ser rendidas ante fedatario público (affidavit) del testigo Eduardo Tigua Castro ni de los peritos Ignacio Hanna Musse e Iván Castro Patiño, las cuales fueron ofrecidas por el propio representante de las presuntas víctimas y solicitadas mediante Resolución del Presidente de 20 de diciembre de 20125.




  1. En relación con los documentos aportados mediante los alegatos finales escritos, el Estado solicitó la exclusión de prueba allegada por el representante en virtud de que no se presentó en el momento procesal oportuno. Al respecto, la Corte observa que, en particular, el representante remitió una declaración jurada del señor Moisés Daniel Arguello Bermeo, la cual no fue solicitada como prueba para mejor resolver por un juez o la Corte durante la audiencia pública del caso. En razón de lo anterior, de acuerdo con el artículo 57 de su Reglamento, la Corte declara inadmisible la presentación de la referida prueba por parte del representante por no haber sido aportada en el momento procesal oportuno.



  1. Admisión de las declaraciones de la presunta víctima y de una perito




  1. En relación con la impugnación del Estado sobre el ofrecimiento por parte de la Comisión del peritaje de la señora Laura Pautassi, la Corte reitera que dicha impugnación fue resuelta mediante Resolución del Presidente de 20 de diciembre de 20126, en la cual se estimó pertinente recibir e incorporar la prueba referida. En virtud de lo anterior, se estimó procedente admitir la declaración de la señora Pautassi, la cual fue rendida en la audiencia pública ante la Corte.




  1. Finalmente, respecto de la declaración de la presunta víctima Melba del Carmen Suárez Peralta y el contenido del peritaje de la señora Laura Pautassi, rendidos en audiencia pública, la Corte los estima pertinentes sólo en aquello que se ajusta al objeto que fue definido por el Presidente en las Resoluciones mediante las cuales ordenó recibirlos (supra párr. 9). Asimismo, conforme a la jurisprudencia de la Corte, la declaración rendida por la presunta víctima no puede ser valorada aisladamente sino dentro del conjunto de las pruebas del proceso, ya que es útil en la medida en que pueda proporcionar mayor información sobre las presuntas violaciones y sus consecuencias7.



VI

HECHOS PROBADOS




  1. Antecedentes e intervención quirúrgica





  1. Melba del Carmen Suárez Peralta (en adelante “Melba Suárez Peralta”), ecuatoriana, de 22 años de edad al momento de los hechos, es actualmente madre de tres hijos. Es compañera del señor Dennis Edgar Cerezo Cervantes (en adelante “Edgar Cerezo”), quien al momento de los hechos trabajaba en la Comisión de Tránsito de Guayas como vigilante de tránsito1.




  1. El 1 de junio de 2000 la Comisión de Tránsito de Guayas emitió la Orden General número 1977, en la cual promovía servicios médicos a sus funcionarios y familiares, prestados por dos médicos cubanos en el Policlínico de la referida Comisión de Tránsito2, a saber:

Se comunica al Personal del Cuerpo de Vigilancia, que los Señores Médicos del hermano País de Cuba se encuentran prestando sus servicios en el Policlínico de la Institución, hasta el día Viernes 30 de Junio del 2000, […] Dr. Emilio Guerrero Gutiérrez en Cirugía General [y] Dr. Rafael Amador en Cirugía Traumatología y Ortopédica. […] La asistencia médica se hace extensiva también para [los] familiares.




  1. El 28 de junio de 2000 Melba Suárez Peralta realizó una consulta con Emilio Guerrero Gutiérrez, en el Policlínico de la Comisión de Tránsito de Guayas, por síntomas de dolor abdominal, vómitos y fiebre3. En la mencionada consulta, Emilio Guerrero le diagnosticó apendicitis crónica, y le indicó la necesidad realizar una intervención quirúrgica urgente4. Conforme el testimonio de Jenny Bohórquez, Emilio Guerrero indicó a Melba Suárez Peralta la realización de exámenes de laboratorio5, no obstante la señora Suárez Peralta señaló que no se le realizaron dichos exámenes6.




  1. El 1 de julio de 2000 Melba Suárez Peralta realizó una nueva consulta con el mismo médico, esta vez en la Clínica Minchala (clínica privada ubicada en Guayaquil, Ecuador). En la misma, Emilio Guerrero decidió su intervención quirúrgica, bajo el diagnóstico de una apendicitis aguda7. Según el historial clínico de esa institución, la intervención se llevó a cabo el 1 de julio y estuvo a cargo de la médico Jenny Bohórquez, del primer ayudante Emilio Guerrero Gutiérrez, del anestesista César García y de la circulante Olga, sin mención a su apellido8.






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