Corte interamericana de derechos humanos


Sobre la inclusión de la presunta violación del derecho a la integridad personal



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Sobre la inclusión de la presunta violación del derecho a la integridad personal


  1. Argumentos de la Comisión y de las partes





  1. El Estado manifestó que la presunta víctima vulneró el principio de buena fe procesal al no haber alegado la violación del artículo 5.1 de la Convención durante el trámite del caso ante la Comisión e introducir la presunta violación de este derecho en el proceso ante la Corte. El Estado consideró que dicha situación es un cambio evidente de la postura original del representante y ello afecta directamente al proceso interamericano, el derecho a la defensa del Estado y la seguridad jurídica. En este sentido, manifestó que “el derecho que ahora se pretende sea declarado[,] no fue discutido, ni presentado por la [Comisión] ante la […] Corte, y se debe mencionar que han transcurrido más de [cinco] años en los que las presuntas víctimas no invocaron ante la Comisión la supuesta violación del artículo 5.1”.




  1. El representante manifestó que el escrito de solicitudes y argumentos es un “documento autónomo donde las [v]íctimas o los beneficiarios presentan de manera independiente las alegaciones relacionadas al caso, y ello les permite a las [v]íctimas presentar nuevas argumentaciones en relación a los hechos planteados en la demanda”. En este sentido, alegaron que “[s]i bien es cierto [que] la Comisión Interamericana omitió examinar [el artículo 5 de la Convención] a la luz de los hechos invocados, de la lectura de los hechos descritos en la demanda se deduce claramente una omisión del Estado ecuatoriano en la prevención del suceso denunciado”.




  1. Por su parte, la Comisión alegó que el representante puede presentar hechos que permitan explicar, aclarar o desestimar los hechos mencionados en el Informe de Fondo, así como puede invocar la violación de otros derechos distintos a los comprendidos, en tanto son las presuntas víctimas las titulares de todos los derechos consagrados en la Convención.


  1. Consideraciones de la Corte





  1. La Corte ha establecido que las presuntas víctimas y sus representantes pueden invocar la violación de otros derechos distintos a los comprendidos en el Informe de Fondo, siempre y cuando se atengan a los hechos contenidos en dicho documento, en tanto son las presuntas víctimas las titulares de todos los derechos consagrados en la Convención3. Así, no es admisible alegar nuevos hechos, sin perjuicio de exponer aquellos que permitan explicar, aclarar o desestimar los que han sido mencionados en aquélla, o bien, responder a las pretensiones del demandante4. La aplicación de tales criterios al presente caso requiere que la Corte verifique si la alegada violación al artículo 5.1 de la Convención se refiere a hechos contenidos en el marco fáctico expuesto por la Comisión en el Informe de Fondo5.




  1. La Corte observa que el representante alegó la violación del artículo 5.1 de la Convención con fundamento en la falta de control del ejercicio profesional del médico que realizó la intervención quirúrgica de la presunta víctima Melba Suárez Peralta y las investigaciones practicadas en el curso del procedimiento penal. Así, explicó que las operaciones que se realizaron en la Clínica Minchala “fueron parte de un convenio que realizó una entidad estatal denominada Comisión de Tránsito de Guayas, donde el esposo de la [presunta] víctima laboraba, y que ofrecía a los familiares de sus empleados y oficiales operaciones a bajo [c]osto”.




  1. La Corte constata que en el Informe de Fondo la Comisión se refirió a la intervención quirúrgica a la cual fue sometida la presunta víctima Melba Suárez Peralta en la Clínica Minchala, los padecimientos sufridos como consecuencia de ésta, y el procedimiento penal interpuesto por la presunta víctima Melba Peralta Mendoza por la supuesta “operación sucia” que se le practicó a su hija, Melba Suárez Peralta6. En dicho procedimiento penal se realizó, inter alia, el reconocimiento del lugar de los hechos y la verificación de la situación laboral del médico Emilio Guerrero (infra párrs. 41, 42, 47, 53, 55 y 58).




  1. Con fundamento en lo anterior, la Corte considera que, al alegar la supuesta violación del artículo 5.1 de la Convención, el representante se refirió al marco fáctico planteado por la Comisión en el Informe de Fondo y amplió elementos contextuales a los expuestos. Por lo tanto, la Corte decide pronunciarse en su análisis de fondo sobre la presunta violación del artículo 5.1 de la Convención planteada por el representante.



  1. Solicitud de inclusión de presuntas víctimas en el caso


  1. Argumentos de la Comisión y de las partes



  1. El Estado alegó que “la Corte deberá declarar su incompetencia para conocer sobre las reparaciones alegadas a favor de Dennis Cerezo Cervantes, Gandy Alberto Cerezo Suárez, Katherine Madeleine Cerezo Suárez y Marilyn Melba Cerezo Suárez, en razón de que […] el derecho de acción para presentar un caso ante la Corte, le corresponde a la [Comisión], [y] no a la presunta víctima[,] por tanto la declaración de quienes serían las víctimas y beneficiarios de una eventual reparación no podrían ser otras personas que las determinadas por la Comisión en su [I]nforme de [F]ondo, hecho que circunscribe los límites del caso”.




  1. El representante alegó que el escrito de solicitudes y argumentos constituye un escrito autónomo e independiente de las alegaciones del Informe de Fondo presentado por la Comisión, por medio del cual se pueden incorporar otros beneficiarios o víctimas que se encuentren en el contexto de los hechos denunciados. En virtud de ello, estimó que los integrantes de la familia Cerezo Suárez, entendiendo por tal a Dennis Cerezo Cervantes, esposo de la señora Suárez Peralta, y sus hijos comunes, a saber, Gandy Alberto, Katherine Madeleine y Marilyn Melba, todos de apellido Cerezo Suárez, son también víctimas de las presuntas violaciones en perjuicio de la señora Melba del Carmen Suárez Peralta.




  1. Por su parte, la Comisión consideró que la determinación de víctimas en este caso es un tema que debe ser analizado en la etapa de fondo.

  1. Consideraciones de la Corte





  1. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 35.1 del Reglamento de la Corte, la Comisión consignó en su escrito de sometimiento que las presuntas víctimas de este caso eran las señoras Melba del Carmen Suárez Peralta y Melba Peralta Mendoza. No obstante, el representante indicó como víctimas adicionales a Dennis Cerezo Cervantes, y Gandy Alberto, Katherine Madeleine y Marilyn Melba, todos de apellido Cerezo Suárez.




  1. Al respecto, la Corte recuerda su jurisprudencia constante en el sentido de que las presuntas víctimas deben estar señaladas en el Informe de Fondo de la Comisión emitido según el artículo 50 de la Convención y en la presentación del caso ante la Corte, de acuerdo con el artículo 35.1 del Reglamento7. De conformidad con el mismo artículo, corresponde a la Comisión, y no a la Corte, identificar con precisión y en la debida oportunidad procesal a las presuntas víctimas en un caso ante ella8. La seguridad jurídica exige, como regla general, que todas las presuntas víctimas estén debidamente identificadas en ambos escritos, no siendo posible añadir nuevas presuntas víctimas luego del Informe de Fondo, salvo en la circunstancia excepcional contemplada en el artículo 35.2 del Reglamento de la Corte9. La Corte hace notar que el presente caso no se trata de uno de los supuestos del referido artículo 35.2 que podría justificar la identificación de presuntas víctimas con posterioridad al Informe de Fondo o sometimiento del caso.




  1. Por lo tanto, en aplicación del artículo 35.1 de su Reglamento y de su jurisprudencia constante, la Corte declara que solamente puede considerar como presuntas víctimas aquellas personas que se encuentren señaladas en el Informe de Fondo, es decir las señoras Melba del Carmen Suárez Peralta y Melba Peralta Mendoza.






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