Corte interamericana de derechos humanos



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Chaoulli Vs. Quebec (Fiscal General) [2005] 1 S.C.R. 791, 2005.

155
 Cfr. National Health Service Act 2006, y The Health and Social Care Act. 2012 No. 1319 (C. 47) (2012).

156
 Constitutional Court of South Africa, Minister of Health et al. vs. Treatment Action Campaign (TAC) et al. Case CCT 8/02, 5 July 2002.

157
 Para un análisis de casos en Colombia, Costa Rica, Argentina, India, Brasil y Sudáfrica, ver los trabajos reunidos en Yamin, Alicia Ely y Gloppen, Siri (coords.) La lucha por los derechos de la salud. ¿Puede la justicia ser una herramienta de cambio?, Buenos Aires, Siglo XXI, 2013.

158
 Párr. 123 de la Sentencia. Asimismo, resultó de utilidad la declaración pericial de la doctora Laura Pautassi, relativa a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en casos como el presente, donde la indemnización civil estaba sujeta a la conclusión del proceso penal, el deber de investigar en un plazo razonable se incrementa dependiendo de la situación de salud de la persona afectada; véase párr. 102 y nota 135 de la Sentencia.

159
 Párr. 154 de la Sentencia.

160
 Caso Suárez Peralta, supra, párr. 130.

161
 Idem.

162
 Idem.

163
 Si bien del Informe de Fondo de la Comisión Interamericana, del Escrito de Argumentaciones, Solicitudes y Pruebas a cargo de los representantes de las víctimas y de la Contestación del Estado, existen referencias al derecho a la salud, véanse infra notas 174, 175 y 176.

164
 Cfr. Caso Cantos Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de Noviembre de 2002, Serie C No. 97, párr. 58; Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52, párr. 166, y Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008, Serie C No. 177, párr. 61.

165
 Cfr. CPJI. Caso de S.S. “Lotus”. Serie A No. 10. Sentencia de 27 de septiembre de 1927, pág. 31, y TEDH. Handyside Vs. Reino Unido. No. 5493/72. Sentencia de 7 de diciembre de 1976, párr. 41. Cfr. Caso Godínez Cruz Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, párr. 172.

166
 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, supra, párr. 163.

167
 Cfr. Caso Godínez Cruz, supra, párr. 172.

168
 Cfr. Caso Cantos Vs. Argentina, supra, párr. 58

169
 Cfr. Caso de la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, párrs. 186 y 187.

170
 Cfr. Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros Vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de junio de 2002. Serie C No. 94, párr. 107.

171
 Cfr. Caso Vera Vera y otra, supra, párrs. 100 y 101; y Caso Ximenes Lopes, supra, párr. 155.

172
 Cfr. Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C No. 129, párr. 85.

173
 Cfr. Caso Vélez Loor, supra, párr. 184, y Caso Usón Ramírez Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2009. Serie C No. 207, párrs. 53 y 54.

174
 Cfr. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 137.

175
 Cfr. Caso Contreras y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2011. Serie C No. 232, párr. 109.

176
 Cfr. Caso Gudiel Álvarez (Diario Militar) Vs. Guatemala. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 noviembre de 2012. Serie C No. 253, párr. 308.

177
 Informe de Fondo 75/2011, de 20 de julio de 2011, página 22, párr. 83: “[…] cuando la conducta de las autoridades estatales conlleva una falla de las garantías protegidas a nivel interno y a nivel interamericano —que habría obstaculizado el derecho de acceso a la justicia vinculado con un reclamo sobre el derecho a la salud, que es un bien público cuya protección está a cargo de los Estados—“ (subrayado añadido).

178
 Asimismo, Escrito de Argumentaciones, Solicitudes y Pruebas a cargo de los representantes de las víctimas de 28 de abril de 2012, página 42: “la normativa ecuatoriana consagra el derecho a la salud como un derecho humano fundamental y establece la obligación del Estado de regular la atención de la salud de las personas sujetas a su jurisdicción, ya sea directamente o a través de terceros”.

179
 Cfr. Escrito de contestación del Estado, págs. 221 a 226.

180
 Asimismo, véase especialmente el párr. 131 y nota 176 de la Sentencia.

181
 Resolución A/RES/63/117 adoptada el 10 de diciembre de 2008 por la Asamblea General de la ONU. Entró en vigor el 5 de mayo de 2013. Entre los 10 países que lo han ratificado se encuentra Ecuador. Las partes firmantes se comprometen a reconocer la competencia del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para examinar de comunicaciones de personas o grupos que afirman violación al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

182
 Ruiz-Chiriboga, Oswaldo, op. cit. supra, nota 39, p. 160.

183
 Cfr. Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”), supra, párr. 100.

184
 Cfr. Caso Ticona Estrada y otros Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008, Serie C No. 191, párr. 110.

185
 Al respecto, véase von Bogdandy, Armin, Fix-Fierro, Héctor, Morales Antoniazzi, Mariela y Ferrer Mac-Gregor, Eduardo (coords.), Construcción y papel de los derechos sociales fundamentales. Hacia un Ius Constitutionale Commune en América Latina, México, UNAM-IIJ-Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional-Max-Planck-Institut für ausländisches öffentiliches Recht und Völkerrecht, 2011.

186
 Cfr. Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”), supra, párrs. 99-103.



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