Corte interamericana de derechos humanos



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Idem. En el mismo sentido, véase Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General Número 9, E/C.12/1998/24, 3 de diciembre de 1998, párr. 10, y TEDH. Sidabras and Dziautas Vs. Lituania. Nos. 55480/00 y 59330/0. Sección segunda. Sentencia de 27 de julio de 2004, párr. 47.



36 TEDH. Airey Vs. Irlanda. No. 6289/73. Sentencia de 9 de octubre de 1979, párr. 26.



37 Véase el contenido de este precepto, supra, nota 25.



38 Caso Acevedo Buendía y otros Vs. Perú (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”), supra, párr. 12.



39 Sobre el particular, véanse las críticas de Ruiz-Chiriboga, Oswaldo, The American Convention and the Protocol of San Salvador: Two Intertwined Treaties. Non-enforceability of Economic, Social and Cultural Rights in the Inter-American System. Netherlands Quarterly of Human Rights. Vol. 31/2, 2013, pp. 156-183, en p. 167.



40 Cfr. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Competencia. Sentencia de 24 de septiembre de 1999. Serie C No. 54, párrs. 32 y 34; Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 23, y Caso García Prieto y otros Vs. El Salvador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serie C No. 168, párr. 38.



41 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 1, párr. 29, y Caso de los 19 Comerciantes Vs. Colombia. Excepción Preliminar. Sentencia de 12 de junio de 2002. Serie C No. 93, párr. 27.



42 Véase el contenido de este artículo, supra nota 25.



43 Cfr. Caso Acevedo Buendía y otros Vs. Perú (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”), supra, Punto Resolutivo 3.



44 Cfr. Caso Acevedo Buendía y otros Vs. Perú (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”), supra, párr. 100. No debe pasar inadvertido que en este asunto, la Comisión en su Informe de Fondo no estimó violado el contenido del artículo 26, como sí lo hicieron los representantes de las víctimas al solicitar expresamente que “el Estado es responsable por el incumplimiento del artículo 26 (Desarrollo Progresivo de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales) de la Convención, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma”, párr. 4 de la misma Sentencia del Caso Acevedo Buendía.



45 Voto concurrente del Juez Sergio García Ramírez en relación con la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) del 1 de julio de 2009, párrs. 15 a 21.



46 Cfr. Caso Acevedo Buendía y otros Vs. Perú (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”), supra, párr. 101.



47 Párr. 131 de la Sentencia.



48 Véanse, por ejemplo, el voto parcialmente concurrente y parcialmente disidente del Juez ad hoc Ramon Fogel, párrs. 23 y 30, en el Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay, supra, y el voto del Juez Antonio Cançado Trindade, párr. 7, en el Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de Noviembre de 2006. Serie C No. 158.



49 Véase el Preámbulo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Proclamación de Teherán 1948, párr. 13.



50 Cfr. Resolución 32/130 de la Asamblea General de Naciones Unidas, de 16 de septiembre de 1977, inciso 1, apartado a); Declaración sobre el derecho al Desarrollo Asamblea General en su resolución 41/128, de 4 de diciembre de 1986, párr. 10 del preámbulo y art. 6; Principios de Limburgo de 1986, en especial el núm. 3, y las Directrices de Maastritch sobre violaciones a los DESC de 1997, particularmente la núm. 3.



51 El análisis sobre el derecho a la integridad personal se desarrolla en los párrs. 123 a 160 de la Sentencia, si bien en muchos pasajes se relaciona con el derecho a la salud.



52 Párr. 154 de la Sentencia.



53 Párr. 152 de la Sentencia.



54 Nota 176 de la Sentencia. En esta nota refiere a la mención que se hace de la Carta de la OEA en el párr. 131 y de la cual deriva la Corte IDH el derecho a la salud, si bien estimo que debió considerarse el artículo 34.i) de la Carta de la OEA.



55 Cfr. párr. 131 de la Sentencia. Se cita el Caso Vera Vera y otra, supra, párr. 43.



56 Cfr. párr. 131 de la Sentencia.



57 Cfr. párr. 131 de la Sentencia.



58 Cfr. párr. 152 de la Sentencia.



59 Cfr. párr. 131, in fine, de la Sentencia.



60 Cfr. Nota 179 de la Sentencia: Organización de Estados Americanos, Indicadores de Progreso para Medición de Derechos Contemplados en el Protocolo de San Salvador, aprobados por la Asamblea General, Resolución 2713 (XLII-0/12), Cuadragésimo Segundo Período Ordinario de Sesiones, Cochabamba, Bolivia, junio de 2012, párrs. 66 y 67. En nota 179 de la Sentencia, la Corte IDH transcribe parte de este documento: “El Protocolo hace referencia a la satisfacción de derecho en un contexto de desarrollo de un sistema de salud, que por básico que sea, debe garantizar el acceso al sistema de Atención Primaria en Salud (APS) y el desarrollo progresivo y continuo de un sistema de cobertura para toda la población del país […] además de aceptables desde el punto de vista cultural, los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser también apropiados desde el punto de vista científico y médico y ser de buena calidad. Ello requiere, entre otras cosas, personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados, en buen estado, agua limpia potable y condiciones sanitarias adecuadas. Asimismo, dentro de los indicadores referidos se incluyen: Existencia de instancias administrativas para radicar denuncias en materia de incumplimiento de obligaciones vinculadas al derecho a la salud. Competencias de los Ministerios o de las Superintendencias para recibir quejas de los usuarios del sistema de salud. Políticas de capacitación de jueces y abogados en materia de derecho a la salud”.



61 Cfr. notas 174, 182, 217, 220, 221 y 222 de la Sentencia.



62 Cfr. notas 175 y 179 de la Sentencia.



63 Nota 176 de la Sentencia.



64 Párr. 122 de la Sentencia.



65 La referencia se encuentra en la nota 176 del párr. 131 de la Sentencia, de donde la Corte IDH estima se deriva el derecho a la salud.



66 Cfr. artículo 1º del Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aprobado en la Asamblea General de la OEA en octubre de 1979.



67 Cfr. artículo 33 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.



68 Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”), supra, párrs. 16, 17 y 100.



69 Caso Furlan y Familiares, supra.



70 Voto concurrente de la jueza Margarette May Macaulay en el Caso Furlan vs. Argentina, supra, párr. 8.



71 Idem.



72 Únicamente 15 Estados han ratificado el Protocolo de El Salvador. Fuente: http://www.cidh.oas.org/Basicos/basicos4.htm.



73 Voto concurrente de la jueza Margarette May Macaulay en el Caso Furlan vs. Argentina, supra, párr. 9.



74 Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”), supra, párr. 100.



75 Con votos razonados del juez Sergio García Ramírez y del Juez ad hoc Víctor Oscar Shiyin García Toma.



76 Asimismo, véanse el párr. 131 y la nota 176 de la Sentencia.



77 Convención Americana: “Artículo 76. 1. Cualquier Estado parte directamente y la Comisión o la Corte por conducto del Secretario General, pueden someter a la Asamblea General, para lo que estime conveniente, una propuesta de enmienda a esta Convención”.



78 Cfr. Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”), supra, párr. 100.



79 Cfr., por orden alfabético, entre otros, Abramovich, Víctor y Rossi, Julieta, “La tutela de los derechos económicos, sociales y culturales en el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, en Revista Estudios Socio-Jurídicos, año/vol. 9, núm. especial, Universidad del Rosario, Bogotá, 34-53; Burgorgue-Larsen, Laurence, y Úbeda de Torres, Amaya, especialmente el capítulo 24 escrito por la primera autora: “Economic and social rights”, The Inter-American Court of Human Rights. Case Law and Commentary, New York, Oxford University Press, 2011, pp. 613-639; Cavallaro, James L. y Brewer, Stephanie Erin “La función del litigio interamericano en la promoción de la justicia social”, en Sur. Revista Internacional de Derechos Humanos, núm. 8, 2008, pp. 85- 99; Cavallaro, James L. y Schaffer, Emily, “Less as More: rethinking Supranational Litigation of Economic and Social Rights in the Americas”, en Hastings Law Journal, No. 56, núm. 2, 2004, pp. 217-281; Cavallaro, James y Schaffer, Emily, “Rejoinder: Finding Common Ground to Promote Social Justice and Economic, Social and Cultural Rights in the Americas”, en New York University Journal of International Law and Politics, No. 39, 2006, pp. 345-383; Courtis, Christian, “La protección de los derechos económicos, sociales y culturales a través del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos” en Eduardo Ferrer Mac-Gregor y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea (coords.), La ciencia del derecho procesal constitucional. Estudios en homenaje a Héctor Fix-Zamudio en sus cincuenta años como investigador del derecho, México, UNAM-Marcial Pons-IMDPC, 2008, tomo IX: “Derechos humanos y tribunales internacionales”, pp. 361-438; Melish, Tara J., La Protección de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Quito, CDES, Yale Law School, 2003, pp. 379-392; de esta misma autora "Rethinking the “Less as More” Thesis: Supranational Litigation of Economic, Social and Cultural Rights in the Americas", en New York University Journal of International Law and Politics, No. 39, 2006, pp. 171-343; de esta misma autora, "Counter-Rejoinder. Justice vs. justiciability?: Normative Neutrality and Technical Precision, The Role of the Lawyer in Supranational Social Rights Litigation", en New York University Journal of International Law and Politics, No. 39, 2006, pp. 385-415; Parra Vera, Oscar, Justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales ante el Sistema Interamericano, México, CNDH, 2011; Pelayo Moller, Carlos María. El "mínimo vital" como estándar para la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Revista Metodhos, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, No. 3, 2012, pp. 31-51; Ruiz-Chiriboga, Oswaldo, The American Convention and the Protocol of San Salvador: Two Intertwined Treaties. Non-enforceability of Economic, Social and Cultural Rights in the Inter-American System, op. cit. supra 39; Uprimny, Rodrigo, y Diana Guarnizo, “¿Es posible una dogmática adecuada sobre la prohibición de regresividad? Un enfoque desde la jurisprudencia constitucional colombiana”, en Eduardo Ferrer Mac-Gregor y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea (coords.), La ciencia del derecho procesal constitucional. Estudios en homenaje a Héctor Fix-Zamudio en sus cincuenta años como investigador del derecho, México, UNAM-Marcial Pons-IMDPC, 2008, tomo IV: “Derechos fundamentales y tutela constitucional”, pp. 361-438; y Urquilla, Carlos, La justiciabilidad directa de los derechos económicos, sociales y culturales, San José, IIDH, 2009.



80 Protocolo de San Salvador: “Artículo 4. No Admisión de Restricciones. No podrá restringirse o menoscabarse ninguno de los derechos reconocidos o vigentes en un Estado en virtud de su legislación interna o de convenciones internacionales, a pretexto de que el presente protocolo no los reconoce o los reconoce en menor grado”.



81 Cfr. Caso de la "Masacre de Mapiripán", supra, párr. 188;



82Cfr. El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal. Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999. Serie A No. 16, párr. 114, y Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239, párr. 83.



83Cfr. El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal. Opinión Consultiva OC-16/99, supra, párr. 114, y Caso Atala Riffo y Niñas, supra, párr. 83.



84 En el Caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009. Serie C No. 196, párr. 148, la Corte tuvo en cuenta para su análisis que: “se advierte que un número considerable de Estados partes de la Convención Americana ha adoptado disposiciones constitucionales reconociendo expresamente el derecho a un medio ambiente sano”.



85 En Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá, supra, y Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C No. 190, la Corte IDH tuvo en cuenta sentencias de tribunales internos de Bolivia, Colombia, México, Panamá, Perú, y Venezuela sobre la imprescriptibilidad de delitos permanentes como la desaparición forzada. Además, en el Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2009. Serie C No. 202, la Corte IDH utilizó pronunciamientos de tribunales constitucionales de países americanos para apoyar la delimitación que ha realizado al concepto de desaparición forzada. Otros ejemplos son el Caso Atala Riffo y Niñas, supra, y el Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012. Serie C No. 245.



86 Caso “Instituto de Reeducación del Menor”, supra, párr. 148. En el mismo sentido, el Caso de las Niñas Yean y Bosico, supra, párr. 185. A mi entender la figura del corpus iuris lleva implícita la interdependencia e indivisibilidad de los derechos que lo conforman. Sobre los indicadores, véase Abramovich, Víctor y Pautassi, Laura (comps.), La medición de derechos en las políticas sociales, Buenos Aires, Editores del Puerto, 2010.





87 Cfr. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa, supra, parr. 163; mutatis mutandi, Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, supra, párr. 155, y Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek, supra, párrs. 215 y 216.



88 Cfr. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek, supra, párrs. 215 y 216, párrs. 194 a 217. Citando lo siguiente: Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC), ONU. Observación General No. 15. El derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto), (29º período de sesiones 2002), U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 117 (2002); CDESC, Observación General No. 12, 12 de mayo de 1999, E/C.12/1999/5, párrs. 6 a 8; CDESC, Observación General No. 13, 8 de diciembre de 1999, E/C.12/1999/10, párr. 50; CDESC, Observación General No. 21, diciembre 21 de 2009, E/C.12/GC/21, párr. 38; Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, artículo 27.1; Paul Hunt. Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of health, A/HRC/14/20/Add.2, 15 de abril de 2010.



89 Caso del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku, supra, párr. 232.



90 Cfr. Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serie C No. 212, párrs. 164 a 170. Ver también, ONU. Comité de los Derechos del Niño. Observación General No. 11 (2009). Los niños indígenas y sus derechos en virtud de la Convención, 12 de febrero de 2009, párr. 82.



91 Cfr. Caso De la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, párrs. 188, 190 y 191.



92 Cfr. Caso Gelman, supra, párrs. 121 y 122.



93 Cfr. Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de octubre de 2012 Serie C No. 252, párr. 179.



94 Cfr. Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, párrs. 270 – 272.



95 Por ejemplo, podría también utilizarse los Indicadores de Progreso para Medición de Derechos Contemplados en el Protocolo de San Salvador, OEA/Ser.L/XXV.2.1, Doc 2/11 rev.2, 16 de diciembre de 2012.



96 Sobre este aspecto, véase Melish, Tara J. “The Inter-American Court of Human Rights: Beyond Progressivity", en Langford, Malcolm (ed.), Social Rights Jurisprudence: Emerging Trends in Comparative and International Law, Cambridge University Press, 2008, capítulo 19.



97 Parra Vera, Oscar, Justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales ante el Sistema Interamericano, México, CNDH, 2011, p. 60.



98 Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”), supra, párrs. 92-106, particularmente párrs. 99-103, este último, in fine, señala: “cabe afirmar que la regresividad resulta justiciable cuando de derechos económicos, sociales y culturales se trate”.



99 Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”), supra, párr. 16.



100 Cfr. Caso Ivcher Bronstein, supra, párrs. 32 y 34; Caso Heliodoro Portugal, supra, párr. 23, y Caso García Prieto y otros Vs. El Salvador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serie C No. 168, párr. 38.



101 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez, supra, párr. 29, y Caso de los 19 Comerciantes Vs. Colombia. Excepción Preliminar. Sentencia de 12 de junio de 2002. Serie C No. 93, párr. 27.


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