Corte interamericana de derechos humanos



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. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de Septiembre de 2003. Serie C No. 100, párr. 115, y Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 101, párr. 210.



2 Caso Myrna Mack Chang, supra, párr. 211, y Caso De la Masacre de las Dos Erres, supra, párr. 120 y 255.



3 Al respecto, el artículo 239 del Código de Procedimiento Penal establecía que una vez recibida la contestación del encausado, el juez procedería a dictar auto de sobreseimiento o de apertura al plenario, según el caso.



4 Al respecto, el artículo 350 del Código de Procedimiento Penal establecía que dicho recurso debería ser juzgado en un plazo de 15 días.



5 Al respecto, el artículo 359 del Código de Procedimiento Penal establecía que una vez ejecutoriado el fallo, el proceso se remitiría a la instancia inferior para su inmediato cumplimiento.



6 La Corte nota que Melba Peralta Mendoza presentó diversos escritos de impulso procesal, por los cuales solicitó sucesivamente la tramitación de las diligencias pertinentes, la conclusión del sumario y el llamamiento a plenario, según correspondía (expediente de anexos al informe de fondo, folios 209 a 212).



7 Cfr. Código de Procedimiento Penal del Ecuador (1983), artículos 21, 23 y 169 (expediente de anexos a escrito de contestación, folios del 2687 al 2751). Caso Ximenes Lópes Vs. Brasil. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149, párr. 199, y Caso Albán Cornejo. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2007. Serie C No. 171, párr. 108.



8 Cfr. Laudon Vs. Alemania. No. 14635/03. Sección quinta. Sentencia de 26 de abril de 2007, párr. 72; Orzel Vs. Polonia. No. 74816/01. Sección cuarta. Sentencia de 25 de junio de 2003, párr. 55, y Inversen Vs. Dinamarca. No. 5989/03. Sección quita. Sentencia de 28 de diciembre de 2006, párr. 70.



9 Cfr. Laudon Vs. Alemania, supra, párr. 72.



10 Declaración pericial rendida por Laura Pautassi durante la Audiencia Pública.



11 Caso Ximenes Lopes, supra, párr. 204.



12 Código de Procedimiento Penal de Ecuador (1983), supra, artículo 17: Las sentencias ejecutoriadas en los procesos civiles no producen el efecto de cosa juzgada en lo penal excepto las que decidan las cuestiones prejudiciales indicadas en el artículo anterior. Las sentencias ejecutoriadas en los procesos penales producen el efecto de cosa juzgada en lo concerniente al ejercicio de la acción civil, solo cuando declaran que no existe la infracción; o, cuando existiendo, declaran que el procesado no es culpable de la misma. Por tanto, no podrá demandarse la indemnización civil mientras no exista una sentencia penal condenatoria firme que declare a una persona responsable penalmente de la infracción.



13 Constitución Política de la República del Ecuador (1998). Artículo. 24 “Para asegurar el debido proceso deberán observarse las siguientes garantías básicas, sin menoscabo de otras que establezcan la Constitución, los instrumentos internacionales, las leyes o la jurisprudencia: […] 13. Las resoluciones de los poderes públicos que afecten a las personas, deberán ser motivadas. No habrá tal motivación si en la resolución no se enunciaren normas o principios jurídicos en que se haya fundado, y si no se explicare la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Al resolver la impugnación de una sanción, no se podrá empeorar la situación del recurrente.” (expediente de anexos al escrito de contestación, folios del 2180 al 2240).



14 Cfr. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 107 y Caso López Mendoza Vs. Venezuela. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2011. Serie C No. 233, párr. 141.



15 Código de Procedimiento Penal, 1983. El artículo 348 establecía que: “Procede recurso de apelación cuando alguna de las partes lo interpusiere respecto de las siguientes providencias: […]3.- De los autos de inhibición y de prescripción que ponen fin al proceso” (expediente de anexos al escrito de contestación, folios 2687 a 2751).



16 Código de Procedimiento Penal, (1983), supra. El artículo 453 establecía que: “Todo proceso penal se sustanciará conforme al procedimiento establecido en este Código, salvo las excepciones legales. En lo que no determine de una manera especial el presente Código, se observará lo prescrito en el Código de Procedimiento Civil, como Ley supletoria”. Código de Procedimiento Civil, 1987 (disponible en: http://www.ceda.org.ec). El artículo 871 del Código del Procedimiento Civil vigente al momento de los hechos establecía que: “Un juez, sea de tribunal o de juzgado, puede ser recusado por cualquiera de las partes, y debe separarse del conocimiento de la causa, por alguno de los motivos siguientes: […] 10.- No sustanciar el proceso en el triple del tiempo señalado por la Ley”.



17 Cfr. Código Penal de Ecuador (1971), artículo 114. La prescripción puede declararse a petición de parte, o de oficio, necesariamente, al reunirse las condiciones exigidas en este Código. (Sin referencia)



18 Cfr. Código de Procedimiento Penal (1983), supra, artículo 348.



19 Código Penal de Ecuador (1971). Artículo 108. Tanto la prescripción de la acción como la de la pena se interrumpen por el hecho de cometer el reo otra infracción que merezca igual o mayor pena, antes de vencerse el tiempo para la prescripción.



20 Código de Procedimiento Penal, (1983), supra. Artículo 398: “Los jueces de lo penal elevarán en consulta obligatoriamente, los autos de sobreseimiento a la Corte Superior respectiva. Los autos en que se declare la prescripción de la acción penal pública también se elevarán en consulta, tanto por los tribunales penales como por los jueces de lo penal. […]”.



21 Cfr. Corte Nacional de Justicia de Ecuador. Resoluciones No. 06-2009 de 13 de enero de 2009, y 20-2009 de 21 de enero de 2009, disponible en http://www.cortenacional.gob.ec (escrito de observaciones finales de la Comisión, folio 796).



22 Cfr. Corte Nacional de Justicia de Ecuador. Resolución No. 19-2009 de 15 de enero de 2009, visible en http://www.cortenacional.gob.ec (escrito de observaciones finales de la Comisión, folio 796).



23 Cfr. Ex Corte Suprema de Justicia. Gaceta Judicial, Prescripción de La Acción Penal, 26 de agosto de 1949 (escrito de alegatos finales del Estado, folio 880).



24 Cfr. Código Penal de Ecuador (1971), Artículo 108.



25 Código de Procedimiento Penal (1983). El artículo 14 establecía que: “La acción penal es de carácter público. En general, se ejercerá de oficio, pudiendo admitirse la acusación particular”. El artículo 23 disponía que “[s]erá necesaria la intervención del Ministerio Público en todos los procesos penales que, por la comisión de un delito, se iniciaren en los correspondientes tribunales y juzgados, aun cuando en dichos procesos actúe un acusador particular, siempre que tal infracción deba perseguirse de oficio”. El artículo 24 establecía que: “El Ministerio Público no podrá renunciar a la obligación de ejercer la acción penal o de perseguir la acción punitiva exhibida dentro del proceso penal, salvo que encuentre causas que justifiquen su renuncia”. El artículo 428 establecía que “[m]ediante acusación particular, los jueces penales juzgarán únicamente” algunos delitos, dentro de los cuales no figura ningún delito relacionado con lesiones o la mala praxis médica. El artículo 460 disponía que “Cuando el proceso suba al Superior, por recurso o por consulta, se pondrá en conocimiento del Ministerio Público para que emita su dictamen sobre lo principal y se pronuncie, de haber lugar, sobre las multas que deben imponerse por omisiones o retardos en la sustanciación del proceso. La omisión de este deber hará pecuniariamente responsable al Ministro Fiscal por las multas no cobradas”.



26 Cfr. Caso Albán Cornejo y otros, supra, párr. 92.



27 Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 64.



28 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez, supra, párr. 64, y Caso García y Familiares Vs. Guatemala, supra, párr. 142.



1 No obstante, al momento de emitir el Informe de Admisibilidad número 85/08 del 30 de octubre de 2008, mediante nota de secretaría de 7 de enero de 2009, la Comisión notificó el Informe de Admisibilidad en el que incluyó la posible responsabilidad por “la presunta violación de su deber de prevenir la vulneración de la integridad personal derivada de su deber de regular y fiscalizar la atención médica de salud como deberes especiales derivados de su obligación de garantizar los derechos consagrados en el artículo 5.1 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo Tratado”. Posteriormente, mediante nota de Secretaría de 26 de febrero de 2009, la Comisión informó que correspondía “hacer referencia a un error material involuntario que figura[ba] en el informe sobre Admisibilidad No. 85/09 que le fuera remitido el 8 de enero de 2009. La errata se enc[ontraba] en los párrafos 3, 48, 49 y decisión 1 del informe enviado, la cual [fue] debidamente corregida en el informe No. 85/08 que se adjunt[ó] a la presente”. Por esta razón, dicho informe excluyó referencia alguna a la posible violación del artículo 5 de la Convención.



2 La vulneración al derecho a la integridad personal (artículo 5 de la Convención) no fue alegada en el procedimiento ante la Comisión.



3 Cfr. Caso de la “Masacre de Mapiripán” Vs. Colombia. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 111, y Caso Ximenes Lopes, supra, párrs. 85 y 86. En ese mismo sentido, Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18, párr. 140.



4 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez, Fondo, supra, párrs. 165 y 166, y Caso Masacre de Santo Domingo, supra, párr. 188.



5 Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr. 243.



6 Cfr. Caso Ximenes Lopes, supra, párr. 99.



7 Cfr. Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99, párr. 127 y 132, y Caso Ximenes Lopes, supra, párr. 148.



8 Caso de la “Masacre de Mapiripán”, supra, párr. 111, y Caso Ximenes Lopes, supra, párr. 85 y 86; En ese mismo sentido, cfr. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03, supra, párr. 140.



9 Cfr. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 123, y Caso González y otras (“Campo Algodonero”), supra, párr. 280.



10 Cfr. Caso Albán Cornejo y otros, supra, párr. 117, y Caso Vera Vera y otra Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2011. Serie C No. 226, párr. 43.



11 Cfr. Caso Tibi Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondos, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, párr. 157, y Caso Vera Vera y otra, supra, párr. 44.



12 Cfr. Caso Ximenes Lopes, supra, párr. 89 y 90, y Caso Albán Cornejo y otros, supra, párr. 121; Véase también: Caso Lazar Vs. Rumania, No. 32146/05. Sección Tercera. Sentencia de 16 de mayo de 2010, párr. 66; Caso Z Vs. Polonia, No. 46132/08. Sección Cuarta. Sentencia de 13 de noviembre de 2012, párr. 76, y Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General Número 14, E/C.12/2000/4, 11 de agosto de 2000, párr. 12, 33, 35, 36 y 51.



13 Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2009 Serie C No. 198, párr. 101. En el mismo sentido: cfr. Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General Número 9, supra, párr. 10. Véase también: Caso Airey Vs. Irlanda, No. 6289/73. Sentencia de 9 de octubre de 1979, párr. 26 y Caso Sidabras and Dziautas Vs. Lituania, Nos. 55480/00 y 59330/00. Sección Segunda. Sentencia de 27 de julio de 2004, párr. 47. En el Caso Airey Vs. Irlanda el Tribunal Europeo señaló: “Si bien el Convenio recoge derechos esencialmente civiles y políticos, gran parte de ellos tienen implicaciones de naturaleza económica y social. Por eso, el Tribunal estima, como lo hace la Comisión, que el hecho de que una interpretación del Convenio pueda extenderse a la esfera de los derechos sociales y económicos no es factor decisivo en contra de dicha interpretación, ya que no existe una separación tajante entre esa esfera y el campo cubierto por el Convenio”.



14 El artículo 26 de la Convención Americana (Pacto de San José) refiere al desarrollo progresivo “de los derechos que se derivan de las normas económicas [y] sociales […], contendidas en la Carta de la [OEA] […] en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados”. Contenido en dicha referencia se encuentra el derecho a la salud. Cfr. Observación General Numero 3. La índole de las obligaciones de los Estados Partes. Párrafo 2: “si bien la plena realización de los derechos pertinentes puede lograrse de manera paulatina, las medidas tendentes a lograr este objetivo deben adoptarse dentro de un plazo razonablemente breve tras la entrada en vigor del Pacto para los Estados interesados. Tales medidas deben ser deliberadas, concretas y orientadas lo más claramente posible hacia la satisfacción de las obligaciones reconocidas en el Pacto”. Párrafo 5: “Entre las medidas que cabría considerar apropiadas, además de las legislativas, está la de ofrecer recursos judiciales en lo que respecta a derechos que, de acuerdo con el sistema jurídico nacional, puedan considerarse justiciables. El Comité observa, por ejemplo, que el disfrute de los derechos reconocidos, sin discriminación, se fomentará a menudo de manera apropiada, en parte mediante la provisión de recursos judiciales y otros recursos efectivos”.



15 1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. 2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho: a. la atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad; [y] b. la extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado.



16 Cfr. Caso Albán Cornejo y otros, supra, párr. 117, y Caso Vera Vera y otra, supra, párr. 43.



17 Cfr. OEA, Indicadores de Progreso para Medición de Derechos Contemplados en el Protocolo de San Salvador, OEA/Ser.L/XXV.2.1, Doc 2/11 rev.2, 16 de diciembre de 2011, párrs. 66 y 67. En este documento se establece que: “El Protocolo hace referencia a la satisfacción de derecho en un contexto de desarrollo de un sistema de salud, que por básico que sea, debe garantizar el acceso al sistema de Atención Primaria en Salud (APS) y el desarrollo progresivo y continuo de un sistema de cobertura para toda la población del país […] además de aceptables desde el punto de vista cultural, los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser también apropiados desde el punto de vista científico y médico y ser de buena calidad. Ello requiere, entre otras cosas, personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado, agua limpia potable y condiciones sanitarias adecuadas”. Asimismo, dentro de los indicadores referidos se incluyen: “Existencia de instancias administrativas para radicar denuncias en materia de incumplimiento de obligaciones vinculadas al derecho a la salud. Competencias de los Ministerios o de las Superintendencias para recibir quejas de los usuarios del sistema de salud. Políticas de capacitación de jueces y abogados en materia de derecho a la salud”. En este mismo sentido, cfr. Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General Número 9, E/C.12/1998/24, 3 de diciembre de 1998, párr. 10. Véase también OEA., Carta Social de las Américas, aprobada por la Asamblea General de la OEA el 4 de junio de 2012, AG/doc.5242/12 rev. 2.



18 Cfr. Caso Ximenes Lopes, supra, párrs. 89 y 99.



19 Caso Ximenes Lopes, supra, párr. 99.



20 Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General Número 14, E/C.12/2000/4, 11 de agosto de 2000, párrs. 35 y 51. Dicho documento establece que: “[l]as obligaciones de proteger incluyen […] adoptar leyes u otras medidas para velar por […] [la] calidad de los servicios de atención de la salud […] y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación, experiencia y deontología”.“ Las violaciones de las obligaciones de proteger dimanan del hecho de que un Estado no adopte las medidas necesarias para proteger, dentro de su jurisdicción, a las personas contra las violaciones del derecho a la salud por terceros”, se incluyen como ejemplo de las mismas las “omisiones tales como la no regulación de las actividades de particulares, grupos o empresas con objeto de impedir que esos particulares, grupos o empresas violen el derecho a la salud de los demás”.



21 El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado que: “[entre] las disposiciones fundamentales de la Convención [se exige a los Estados] la obligación […] de [adoptar] las medidas necesarias para proteger la vida de las personas bajo su jurisdicción […]. Estos principios también se aplican en el ámbito de la salud pública, en donde las obligaciones positivas […] implican el establecimiento, por parte del Estado, de un marco de entidades reguladas, sean públicas o privadas, adoptando las medidas requeridas para proteger la vida de sus pacientes.“ Véase además Caso Lazar, supra, párr. 66; Caso Z Vs. Polonia, supra, párr. 76, Caso Calvelli y Ciglio Vs. Italia. No. 32967/96. Sentencia de 17 de enero de 2002, párr. 49, Caso Byrzykowski Vs. Polonia. No 11562/05. Sección Cuarta. Sentencia de 27 de junio de 2006, párr. 104, y Caso Silih Vs. Eslovenia. No. 71463/014. Sentencia de 9 de abril de 2009, párr. 192.  Cfr. Caso Z Vs. Polonia, supra, párr. 76, TEDH. Caso Calvelli y Ciglio Vs. Italia, supra, párr. 49, y Caso Byrzykowski Vs. Polonia, supra, párr. 104. Cfr., mutatis mutandi, Caso Erikson Vs. Italia. No 37900/97. Sección Primera. Sentencia de 26 de octubre de 1999; Caso Powell Vs. Reino Unido. No 45305/99. Sección Tercera. Sentencia de 4 de marzo de 2000, y Caso Silih Vs. Eslovenia. No. 71463/014. Sentencia de 9 de abril de 2009, párr. 192





22 Esta normativa referente a garantizar y fiscalizar los servicios de salud fue analizada por esta Corte en el Caso Albán Cornejo y otros, supra, párrs. 123 y 132.



23 Constitución Política de la República del Ecuador, 1998 (expediente de anexos al escrito de contestación, folio 2190).



24 Código de Salud, 1971 (expediente de anexos al escrito de contestación, folio 2411).



25 El artículo 174 del Código de Salud, 1971 establecía que: “[p]ara el ejercicio de las profesiones de médico cirujano […] se requiere haber obtenido el título académico otorgado o revalidado por las universidades, los institutos técnicos superiores u otros centros de formación debidamente autorizados [;] Dichos títulos deb[ían] ser registrados en el Consejo Nacional de Educación Superior CONESUP, en el Registro Nacional de Profesiones Médicas del Ministerio de Salud Pública y en la Dirección Provincial de Salud de la circunscripción geográfica donde se vaya a ejercer la profesión”, supra, folio 2411).



26 Código de Salud, 1971, supra, folios 2412, 2415 y 2416. El procedimiento sancionatorio estaba previsto en los artículos 213 a 230 el cual comenzaba con una denuncia y se llevaba a cabo ante el Comisario de Salud, quien emitía una resolución apelable ante el Ministerio de Salud Pública. .



27 Ley de la Federación Médica Ecuatoriana (expediente de anexos a los alegatos finales, folios 3032 a 3043).



28 El artículo 15 del Código de Ética Médica disponía que: “El Médico no hará ninguna intervención quirúrgica sin previa autorización del enfermo, y si éste no pudiera darla recurrirá a su representante o a un miembro de la familia, salvo que esté de por medio la vida del paciente a corto plazo. En todos los casos de autorización incluirá el tipo de intervención, los riesgos y las posibles complicaciones”. (expediente de anexos a los alegatos finales, folios 3019 a 3030)



29 El artículo 1º de la Ley de Derechos y Amparo del Paciente, señala que los “Policlínicos” son considerados Centros de Salud establecidos conforme a la ley y que por consiguiente pertenecen al sistema de servicios de salud pública o privada (expediente de anexos al escrito de contestación, folios 2388 a 2391).



30 Cfr. Alegatos del Estado (expediente de fondo, folios 877 y 878), e Información proporcionada por la Defensoría del Pueblo (expediente de anexos a los alegatos finales, folios 3207 a 3216).



31 El artículo 32 de la Constitución de la República de Ecuador de 2008, establece que: “La salud es un derecho que garantiza el Estado […]. El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud […]. La prestación de servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia [y] eficacia, […]”. Asimismo, el artículo 363 dispone que “[e]l Estado [es] responsable de [f]ormular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, curación, rehabilitación y atención integral en salud”., (expediente de anexos al escrito de contestación, folios 2060 y 2154).



32 Ley Orgánica de Salud (expediente de anexos al escrito de contestación, folio 2342). Esta norma establece, en parte, lo siguiente:i. Respecto al control de las prestaciones médicas, en su artículo 4: “[l]a autoridad sanitaria nacional es el Ministerio de Salud Pública, entidad a la que corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en salud; así como la responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia del cumplimiento de [esa] Ley”. Asimismo, el artículo 6 dispone que: “[e]s responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: […] [r]egular, vigilar, controlar y autorizar el funcionamiento de los establecimientos y servicios de salud, públicos y privados, con y sin fines de lucro, y de los demás sujetos a control sanitario”, dichas obligaciones también se establecen en los artículos 180 y 181;

iii. En lo referente a los derechos de los usuarios, el artículo 7 reconoce y regula diversos derechos de los pacientes. Asimismo, el artículo 9 establece que: “[c]orresponde al Estado garantizar el derecho a la salud de las personas, para lo cual tiene, entre otras, las siguientes responsabilidades: […] [i]mpulsar la participación de la sociedad en el cuidado de la salud individual y colectiva; y establecer mecanismos de veeduría y rendición de cuentas en las instituciones públicas y privadas involucradas”;

vi. En cuanto a la regulación del ejercicio de la profesión médica, el artículo 194 establece que: “[p]ara ejercer como profesional de salud, se requiere haber obtenido título universitario de tercer nivel, conferido por una de las universidades establecidas y reconocidas legalmente en el país, o por una del exterior, revalidado y refrendado. En uno y otro caso debe estar registrado ante el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (CONESUP) y por la autoridad sanitaria nacional”. En adición, el artículo 199 otorga competencias a la autoridad sanitaria nacional a los efectos investigar y sancionar la práctica ilegal de la medicina.





33 Cfr. Informe de las labores de la Defensoría del Pueblo del año 2009, y el Primer Informe de las condiciones de las áreas de neonatología en Hospitales Públicos del Ecuador, 22 de marzo de 2011. En ese mismo sentido, cfr. Información proporcionada por la Defensoría del Pueblo (expediente de anexos a los alegatos finales, folios 3207 a 3216); y alegatos finales de los representantes (expediente de fondo, folios 800 a 810).



34 El artículo 174 del Código de Salud dispone que “[p]ara el ejercicio de las profesiones de médico cirujano […] se requiere haber obtenido el título académico otorgado o revalidado por las universidades, los institutos técnicos superiores u otros centros de formación debidamente autorizados. Dichos títulos deb[ían] ser registrados en el Consejo Nacional de Educación Superior CONESUP, en el Registro Nacional de Profesiones Médicas del Ministerio de Salud Pública y en la Dirección Provincial de Salud de la circunscripción geográfica donde se vaya a ejercer la profesión” (expediente de anexos a la contestación, folio 2411)



35 Respuesta emitida por el Ministerio de Salud Pública el 8 de febrero de 2013 (expediente de fondo, folio 759). La Corte nota que este Certificado contiene únicamente firma electrónica.



36 Pregunta de los Jueces Roberto Figueiredo Caldas y Manuel Ventura Robles en la Audiencia Pública celebrada en este caso; y solicitud de prueba para mejor resolver (expediente de fondo, folios 771 a 775).



37 Asimismo, la Corte observa que al momento de los hechos se encontraba en vigencia el Convenio de Cooperación Científico Técnica en materia de Salud entre el Ministerio de Salud Pública de la República del Ecuador y el Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba, de 22 de septiembre de 1999 (expediente de anexos a los alegatos finales, folio 3162).



38 Cfr. Caso Ximenes Lopes, supra, párrs. 95 y 96, 138 y 139, y 141.



39 Caso Ximenes Lopes, supra, párr. 95.



40 Caso Ximenes Lopes, supra, párr. 96.



41 Wilson Minchala testificó que: “alquil[ó] el Quirófano de la Clínica Minchala de la cual [es] su Director Propietario, a la Dra. Jenny Bohórquez, por tratarse de una cirugía de emergencia (apendicitis), como consta en la Historia Clínica No 975, por lo que nunca examin[ó] ni cono[ció] a la paciente en mención por lo que no [era] paciente [suya] y como consta en autos, la paciente fue examinada en consulta externa del Policlínico de la Comisión de Tránsito de Guayas”. Por otra parte, también declaró que los médicos Emilio Guerrero y Jenny Bohórquez convivían en el mismo domicilio, y que “descono[cía] si est[aba] autorizado o no de ejercer la profesión de médico en nuestro país, pero en la Clínica de [su] propiedad, no consta[ba] como cirujano principal para realizar cirugía”. Testimonio indagatorio de Wilson Minchala de 19 de octubre de 2001, supra.



42 Testimonio de Jenny Bohórquez de 13 de noviembre de 2001, supra.



43 Auto Cabeza del Proceso de 13 de agosto de 2000 (expediente de anexos al informe de fondo, folios 26 a 28).



44 El artículo 213 del Código de Salud, 1971, establece que.- Recibido un parte, informe o denuncia del que pueda desprenderse que se ha cometido alguna infracción penada por este Código, el Comisario de Salud dictará un auto inicial que contendrá […]” (expediente de anexos al escrito de contestación, folio 2415).



45 Escrito presentado por Melba Peralta el 7 de junio de 2001 (expediente de anexos al informe de fondo, folio 71).



46 Cfr. Solicitud de prueba para mejor resolver, supra, folios 771 a 776.



47 Cfr. Oficio MSP-DGS-2013-00418, Información proporcionada por el Ministerio de Salud (expediente de anexos a los alegatos finales, folios 3182 a 3205).



48 Cfr. Caso Ximenes Lopes, supra, párr. 141.



49 Cfr. Caso Albán Cornejo y otros, supra, párr. 119.



50 Cfr. Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General Número 14, supra, párrs. 12 y 35.



51 Caso Albán Cornejo y otros, supra, párr. 119.



52 Cfr. TEDH. Caso Storck Vs. Alemania, No. 61603/00. Sección Tercera. Sentencia de 16 de junio de 2005, párr. 103. En dicho caso, el Tribunal Europeo estableció que: “El Estado tiene la obligación de asegurar a sus ciudadanos su derecho a la integridad física, bajo el artículo 8 de la Convención [Europea de Derechos Humanos]. Con esa finalidad, existen hospitales administrados por el Estado, que coexisten con hospitales privados. El Estado no puede absolverse completamente de su responsabilidad al delegar sus obligaciones en esa esfera a individuos u organismos privados. […][E]l Estado mant[iene] el deber de ejercer la supervisión y el control sobre instituciones […] privadas. Tales instituciones, […] necesitan no sólo una licencia, sino también una supervisión competente y frecuente, para averiguar si el confinamiento y el tratamiento médico están justificados.”



53 Cfr. Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General Número 14, supra, párr. 12. A este respecto, dicho Comité señaló que:El derecho a la salud en todas sus formas y a todos los niveles abarca los siguientes elementos esenciales e interrelacionados, cuya aplicación dependerá de las condiciones prevalecientes en un determinado Estado Parte:

a) Disponibilidad. Cada Estado Parte deberá contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y centros de atención de la salud, así como de programas [E]sos servicios incluirán los factores determinantes básicos de la salud, como agua limpia potable y condiciones sanitarias adecuadas, hospitales, clínicas y demás establecimientos relacionados con la salud, personal médico y profesional capacitado […];

b) Accesibilidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles a todos, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado Parte;

c) Aceptabilidad. Todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser respetuosos de la ética médica y culturalmente apropiados, […] y deberán estar concebidos para respetar la confidencialidad y mejorar el estado de salud de las personas de que se trate;

d) Calidad. Además de aceptables desde el punto de vista cultural, los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser también apropiados desde el punto de vista científico y médico y ser de buena calidad. Ello requiere, entre otras cosas, personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado, agua limpia potable y condiciones sanitarias adecuadas.





54 Cfr. Caso Ximenes Lopes, supra, párr. 99. Ver también; Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General Número 14, supra, párrs. 12, 33, 35, 36 y 51.



55 Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General Número 14, supra, párr. 12.



56 En su declaración rendida durante la audiencia pública el 11 de febrero de 2013, la señora Melba Suárez Peralta afirmó que: “[su]s niños estaba[n] pequeños, […]desde que [ha] padecido hasta ahora […] no les pued[e] atender, […] [sus] niños han padecido mucho […]. [Su] esposo […] ha padecido con [ella] a cada rato”.



57 Informe del señor Eduardo Tigua Castro (expediente de anexos al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, folios 1964 a 1966). La Corte observa que no se aportaron las declaraciones del testigo Eduardo Tigua Castro rendidas ante fedatario público (affidavit), las cuales fueron ofrecidas por el representante de las presuntas víctimas y solicitadas mediante Resolución del Presidente de 20 de diciembre de 2012, supra.



58 Cfr. Caso de la “Masacre de Mapiripan”, supra, párrs. 144 y 146, y Caso de la Masacre de Pueblo Bello, supra, párr. 154.



59 Cfr. Caso Blake Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie C No. 36, párr. 114, y Caso García y Familiares, supra, párr. 161.



60 Caso Aloeboetoe y otros Vs. Suriname. Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de septiembre de 1993. Serie C No. 15, párr. 76.



61 Cfr. Caso Ximenes Lópes, supra, párrs. 156 a 163, y Caso Vera Vera y otra, supra, párrs. 100 a 105.



62 Informe del señor Eduardo Tigua Castro (expediente de anexos al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, folios 1964 a 1966).



1El artículo 63.1 de la Convención dispone que “[c]uando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en [la] Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”.



2 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de julio de 1989. Serie C No. 7, párr. 25, y Caso Masacre de Santo Domingo, supra, párr. 290.



3 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez, Reparaciones, y Costas, supra, párrs. 25 a 27, y Caso García y Familiares, supra, párr. 191.



4 Caso Ticona Estrada Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 191, párr. 110, y Caso Masacre de Santo Domingo, supra, párr. 291.



5Cfr. Caso de la “Masacre de Mapiripán”, supra, párr. 294, y Caso Masacre de Santo Domingo, supra, párr. 292.



6 Cfr. Caso Bayarri Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie C No. 187, párr. 126, y Caso Nadege Dorzema, supra, párr. 244.



7 Cfr. Caso De la Masacre de las Dos Erres, supra, párr. 233, y Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de octubre de 2012 Serie C No. 252, párr. 325.



8 Informe respecto al proceso administrativo seguido contra el ex juez (expediente de anexos al escrito de contestación, folios 2241 a 2251).



9 Cfr. Caso Vera Vera y otra, supra, párrs. 117 y 118 y Caso Vélez Restrepo y Familiares Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, párr. 282.



10 Cfr. Caso Albán Cornejo y otros, supra, párr. 111, y Caso Vélez Restrepo y Familiares, supra, párr. 283.



11 Cfr. Caso Barrios Altos Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 14 de marzo de 2001. Serie C No. 75, párr. 41 y Caso Vélez Restrepo y Familiares Vs. Colombia, supra, párr. 283.



12 Cfr. Caso El Amparo Vs. Venezuela. Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de septiembre de 1996. Serie C No. 28, párr. 35, y Caso Masacre de Santo Domingo, supra, párr. 323.



13 Cfr. Caso Fontevecchia y D’Amico Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2011. Serie C No. 238, párr. 110.



14 Cfr. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de diciembre de 2001. Serie C No. 88, párr. 79, y Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012. Serie C No. 250, párr. 287.



15Cfr. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C No. 42, párr. 150, y Caso Furlan y Familiares Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012 Serie C No. 246, párr. 285.



16 Cfr. Caso Furlan y Familiares, supra, párr. 285.



17 Cfr. Caso Ticona Estrada y otros, supra, y Caso Fontevecchia y D’Amico, supra, párr. 99.



18 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez, Reparaciones y Costas, supra, párr. 166, y Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012. Serie C No. 245, párr. 221.



19 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez, Reparaciones y Costas, supra, párr. 166, y Caso Artavia Murillo y otros (Fertilización in vitro), párr. 334.



20 El Estado señaló las siguientes normas: Art. 191.- La autoridad sanitaria nacional implementará procesos de regulación y control, para evitar que las prácticas de las medicinas tradicionales atenten a la salud de las personas; Art. 192.- Los integrantes del Sistema Nacional de Salud respetarán y promoverán el desarrollo de las medicinas alternativas en el marco de la atención integral de salud. Las medicinas alternativas deben ser ejercidas por profesionales de la salud con títulos reconocidos y certificados por el CONESUP y registrados ante la autoridad sanitaria nacional. Las terapias alternativas requieren para su ejercicio, el permiso emitido por la autoridad sanitaria nacional; Art. 196.- La autoridad sanitaria nacional analizará los distintos aspectos relacionados con la formación de recursos humanos en salud, teniendo en cuenta las necesidades nacionales y locales, con la finalidad de promover entre las instituciones formadoras de recursos humanos en salud, reformas en los planes y programas de formación y capacitación; Art. 20 l.- Es responsabilidad de los profesionales de salud, brindar atención de calidad, con calidez y eficacia, en el ámbito de sus competencias, buscando el mayor beneficio para la salud de sus pacientes y de la población, respetando los derechos humanos y los principios bioéticos. Es su deber exigir condiciones básicas para el cumplimiento de lo señalado en el inciso precedente. Art. 202.- Constituye infracción en el ejercicio de las profesiones de salud, todo acto individual e intransferible, no justificado, que genere daño en el paciente y sea resultado de: a) Inobservancia en el cumplimiento de las normas; b) Impericia en la actuación del profesional de la salud con falta total o parcial de conocimientos técnicos o experiencia; c) Imprudencia en la actuación del profesional de la salud con omisión del cuidado o diligencia exigible; y, d) Negligencia, en la actuación del profesional de la salud con omisión o demora injustificada en su obligación profesional; Art. 203.- Los servicios de salud serán corresponsables civilmente de las actuaciones de los profesionales de la salud que laboran en ellos.



21 Caso Albán Cornejo y otros, supra, párr. 7.



22 Caso Albán Cornejo y otros Vs. Ecuador. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 5 de febrero de 2013, párr. 19.



23 El representante desglosó los gastos por daño material de la siguiente forma: “1) Hospitalización por apendicitis- Clínica Minchala $2.000,00; 2) Hospitalización por mala práctica médica- Hospital Luis Vernaza $50.000,00; 3) Operación de corrección de heridas-Medi Houston Medica l Center $20.000,00; 4) Tratamiento-CEMEFA $300,00; 5) Tratamiento continuo-CEMEFA $80,00; 6) Internada de emergencia-Clínica KENNEDY $150,00; 7) Atendida de emergencia-Clínica MORENO $120,00; 8) Internada de emergencia – PUNTO MÉDICO FAMILIAR $586,19; 9) Atendida de emergencia – PUNTO MÉDICO FAMILIAR $118,48; 10) Hospitalización – Clínica SAN FRANCISCO $630,89; 11) Hospitalizada en la clínica SAN FRANCISCO $527,27; 12) Ingresada de emergencia en la clínica san francisco noviembre /2008 $180,00; 13) Hospitalizada de emergencia 2 ocasiones clínica Alcívar $8.045,08; 14) Operación realizada de adherencia en clínica Alcívar $7.345,50; 15) Limpieza de adherencias en clínica Alcívar $1.500,00; 16) Préstamo al Sr. Luis Azanza Azanza $11.800,00; 17) Préstamo al Sr. Stalin Intriago burgos $8.000,00; 18) Préstamo al Luis Humberto Córdova Ramos $8.500,00; 19) Venta de casa Melba Suárez Peralta $28.000,00; 20) Venta de Jeep Hyundai Tucson 2005 $20.990,00; 21) Venta de vehículo placa GNX-577 $12.810,00; 22) Venta de vehículo placa GPB-969 $12.810,00; 23) Prestamos a la Caja de cesantía de Cuerpos Vigilantes de la CTE $20.902,04; 24) Prestamos a Banco Cooperativa Nacional $18.340,00; 25) Prestamos a COOPCCP Cooperativa Financiera $14.000,00; 26) Prestamos a Banco Solidario $4.005,61; 27) Prestamos a Cooperativa de Ahorro y crédito de la CTE $6.540,00; 28) Alquiler de inmueble del año 2009/2010/2011 $12.040,00; 29) Deuda de Instituciones Financieras Master Card $1.413,14; 30) Deuda de Instituciones Financieras Dinners Club del Ecuador $6.086,09; 31) Deuda de Instituciones Financieras Banco de Pichincha $923,12; 32) Deuda de Instituciones Financieras Banco de Guayaquil $2.410,16; 33) Deuda de Instituciones Financieras Hospital Clínica Alcívar $273,00, y 34) Gastos generales de tratamiento de queratocono del niño Gandy Cerezo $20.000,00”.



24 El representante señaló que, en el presente caso, el daño inmaterial debe ser analizado en función de las siguientes circunstancias: a) la operación realizada a la señora Suárez Peralta en julio del año 2000; b) las secuelas postoperatorias permanentes debido a las adherencias que continuamente se forman en el intestino de la señora Suárez Peralta; c) el dolor físico y la aflicción producto de las operaciones subsiguientes y la rehabilitación; d) la angustia y ansiedad producto de la cesación de las actividades laborales de la señora Suárez Peralta, y e) las afectaciones sufridas por sus familiares.



25 Al respecto, el Estado manifestó que “la empresa que supuestamente poseía la señora Melba Suárez dedicada al alquiler de vehículos denominada "Melba Suárez” […] no se encuentra registrada como compañía en el Registro Mercantil del Cantón Duran ni en la ciudad de Guayaquil, y tampoco existe como compañía registrada en la Superintendencia de Compañías, es decir esta compañía nunca existió ni existe”. Adicionalmente, indicó que “los contribuyentes Melba del Carmen Suárez Peralta y el señor Dennis Edgar Cerezo Cervantes no han presentado declaración alguna del impuesto a la renta, es decir que los supuestos ingresos de la señora Suárez nunca fueron registrados por las autoridades tributarias ecuatorianas [y] en consecuencia carecen de sustento alguno”. Por consiguiente, el Estado “impugn[ó] todo lo solicitado por lucro cesante”


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