Corte interamericana de derechos humanos



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IV. EL PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA Y LA JUSTICIABILIDAD DIRECTA DEL DERECHO A LA SALUD EN EL PRESENTE CASO

88. En el caso que nos ocupa, la Corte IDH declaró la responsabilidad internacional del Estado debido a: a) las falencias, retrasos y omisiones en la investigación penal, que condujeron a la declaración de prescripción de la causa en el proceso, es decir, debido a violaciones a la tutela judicial efectiva (artículos 8.1 y 25.1, en relación con el 1.1 de la Convención Americana); y b) la falta de garantía y prevención del derecho a la integridad personal (artículo 5, en relación con el artículo 1.1 del Pacto de San José), debido a la falta de fiscalización y supervisión estatal de las clínicas (pública y privada) donde se atendió una de las víctimas. En ambos análisis, especialmente en el segundo, se abordó el derecho a la salud, sin que se llegara a considerar a este derecho como un aspecto esencial en el presente caso y sin atender a su plena justiciabilidad, a pesar de invocar numerosos instrumentos y fuentes internacionales sobre este derecho social.

89. En la Sentencia se realizó el análisis de diversos aspectos de la protección del derecho a la salud en conexidad con los derechos civiles declarados violados:

A) respecto de la violación de los derechos previstos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1. de la misma, debido a las “falencias, retrasos y omisiones en la investigación penal” que “demuestran que las autoridades estatales no actuaron con la debida diligencia ni con arreglo a las obligaciones de investigar y de cumplir con una tutela judicial efectiva dentro de un plazo razonable, en función de garantizar a la señora Melba Suárez Peralta, de una reparación que podría, además, beneficiar su acceso a tratamiento médico necesario para su problema de salud158 (subrayado añadido); y

B) respecto a la falta de garantía y prevención del derecho a la integridad personal (Artículo 5.1 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana) de una de las víctimas, por la falta de supervisión y fiscalización “tanto en lo que se refiere al control de las prestaciones brindadas en la entidad estatal, “Policlínico de la Comisión de Tránsito del Guayas”, como en lo que respecta a la institución privada, Clínica Minchala”, por lo que el Tribunal Interamericano “estima que ello generó una situación de riesgo, conocida por el Estado, que se materializó en afectaciones en la salud de Melba Suárez Peralta”159 (subrayado añadido).

90. Resulta particularmente relevante en la Sentencia el análisis de la afectación del derecho a la salud de Melba del Carmen Suárez Peralta de acuerdo a ciertos precedentes de la Corte IDH vía conexidad de derechos. El estudio del derecho a la salud se vio inmerso, especialmente, en la afectación del derecho a la integridad personal previsto en el art. 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1. del propio Pacto de San José. Así, en la Sentencia se afirmó que “el derecho a la integridad personal se halla directa e inmediatamente vinculado con la atención de la salud humana”160. Seguidamente se señaló que “la falta de atención médica adecuada puede conllevar a la vulneración del art. 5.1 de la Convención”161. A continuación se precisó que “la protección del derecho a la integridad personal supone la regulación de los servicios de salud en el ámbito interno, así como la implementación de una serie de mecanismos tendientes a tutelar la efectividad de dicha regulación”162.

91. Sin embargo, estimo que el derecho a la salud debió abordarse de manera autónoma debido a los hechos probados y a la afectación sufrida por una de las víctimas por la mala praxis médica con responsabilidad estatal. En ese sentido, al estar implicado desde mi perspectiva directamente el derecho a la salud de una las víctimas, se pudieron haber abordado las implicaciones relativas con esta afectación, lo cual podría derivar en declarar, incluso, una violación al deber de garantizar el derecho a la salud vía el artículo 26 de la Convención Americana.

92. El hecho de que no se hubiese reclamado la violación directa de este derecho social por la Comisión Interamericana ni por los representantes de las víctimas, no es obstáculo para analizar si existió violación a la obligación de la garantía del derecho a la salud derivada del artículo 26 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del propio Pacto de San José163. La ausencia de invocación expresa de la violación de un derecho o libertad, no impide que pueda ser analizado por el Tribunal Interamericano en virtud del principio general de derecho iura novit curia “del cual se ha valido reiteradamente la jurisprudencia internacional entendiéndolo en el sentido de que el juzgador posee la facultad e inclusive el deber de aplicar las disposiciones jurídica pertinentes en una causa, aun cuando las partes no las invoquen expresamente”164.

93. En efecto, la invocación de este principio ha sido una práctica de los tribunales internacionales165, como en efecto ha representado la práctica de la Corte IDH desde su primera sentencia de fondo166, para conocer de violaciones de derechos no invocados expresamente por las partes. Así lo ha realizado el Tribunal Interamericano en muchas ocasiones respecto de distintos derechos civiles; por ejemplo, respecto a las obligaciones generales y derechos contenido en los artículos 1.1 (respeto y garantía)167, 2 (adoptar disposiciones de derecho interno)168, 3 (reconocimiento de la personalidad jurídica)169, 4 (derecho a la vida)170, 5 (integridad personal)171, 7 (libertad personal)172, 9 (principio de legalidad)173, 8 (garantías judiciales)174, 11 (protección de la honra y de la dignidad)175 y 22 (circulación y residencia)176, entre otros.

94. No existe razón para no conocer de la posible violación de la garantía de un derecho social, derivado del artículo 26 en relación con el artículo 1.1 del Pacto de San José, a pesar de no invocarse expresamente por una de las partes. Es deber del Tribunal Interamericano aplicar el principio iura novit curia —como se evidencia del párrafo anterior que constituye una práctica del Tribunal Interamericano respecto de los derechos civiles—, si atendiendo al marco fáctico del caso y de los hechos probados, se advierten implicaciones claras al derecho a la salud, como sucede en el presente caso, que se origina por la afectación a la salud de una de las víctimas por una mala praxis médica con responsabilidad estatal. Además, del Informe de Fondo de la Comisión Interamericana se advierte invocado este derecho social177, al igual que en el Escrito de Argumentaciones, Solicitudes y Pruebas a cargo de los representantes de las víctimas178, y existen también referencias precisas al derecho a la salud en el escrito de contestación del Estado179, habiendo las partes tenido plena oportunidad de referirse a los hechos en el presente caso.

95. En todo caso, las implicaciones al derecho a la salud se evidencian, además, al invocarse y utilizarse múltiples instrumentos y fuentes internacionales en la Sentencia sobre este derecho social, como son los artículos XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 10 del Protocolo de San Salvador, 12 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; incluso se invoca la Carta Social de las Américas de junio de 2012 y las Observaciones Generales 3, 9 y 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, además de la Carta de la OEA y expresamente la derivación del “derecho a la salud” respecto del artículo 26 de la Convención Americana (véase supra párrs. 28 a 32)180.

96. De ahí que resulta válido que este Tribunal Interamericano, en aplicación del principio iura novit curia y atendiendo al marco fáctico del caso, pudiera entrar al análisis autónomo y directo de la garantía del derecho a la salud —y no sólo en conexidad con los derechos civiles que declaró violados—, en el entendido de que el derecho a la salud se encuentra entre los derechos económicos, sociales y culturales justiciables que se derivan del artículo 26 de la Convención Americana, en relación con las obligaciones generales del artículo 1.1 del propio Pacto de San José, como quedó analizado con anterioridad.



V. A MANERA DE CONCLUSIÓN: HACIA LA JUSTICIABILIDAD PLENA DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES EN EL SISTEMA INTERAMERICANO

97. A más de tres décadas de entrar en vigor la Convención Americana se sigue debatiendo sobre la naturaleza y los alcances de los derechos económicos, sociales y culturales a que se refiere el único precepto que contiene su Capítulo III: el artículo 26. A mi entender, este precepto convencional exige ser interpretado a la luz de los tiempos actuales y conforme a los evidentes avances del derecho internacional de los derechos humanos, así como del derecho constitucional en la materia. En efecto, sobre el primero, basta señalar que unos días antes de dictarse la Sentencia a que se refiere el presente voto razonado, entró en vigor el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales181, que representa una real y potencial ventana hacia la justiciabilidad de estos derechos en el ámbito del Sistema Universal.

98. Por otra parte, resultan innegables los avances de los derechos sociales en el ámbito interno de los Estados parte del Pacto de San José. La necesaria interpretación evolutiva del artículo 26 de la Convención Americana debe también derivarse del pleno reconocimiento constitucional de la protección del derecho a la salud, como derecho social, en muchas de las constituciones a manera de tendencia regional; tendencia que también se aprecia en la evolución jurisprudencial que han realizado las altas jurisdicciones nacionales, al otorgar efectividad a este derecho social, en algunas ocasiones incluso de manera directa y no sólo en conexión con los derechos civiles y políticos.

99. En el presente voto individual he tratado de defender una interpretación que intenta otorgar primacía al valor normativo del artículo 26 de la Convención Americana. Se ha dicho —con cierta razón— que no es buena idea que el Tribunal Interamericano ignore el Protocolo de San Salvador182, tampoco lo es menoscabar el artículo 26 del Pacto de San José. Debe asumirse la interpretación a la luz de ambos instrumentos. Bajo ese entendido el Protocolo Adicional no puede restar valor normativo a la Convención Americana si expresamente no se planteó tal objetivo en aquel instrumento respecto de las obligaciones erga omnes que prevén los artículos 1 y 2 de la Convención Americana, obligaciones generales que aplican para todos los derechos, incluso para los derechos económicos, sociales y culturales, como expresamente lo ha reconocido el Tribunal Interamericano183.



100. La interpretación evolutiva a la que se ha hecho referencia busca otorgar eficacia real a la protección interamericana en la materia, que luego de veinticinco años de adopción del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y a casi tres lustros de su entrada en vigor, resulta mínima su efectividad, requiriendo una interpretación más dirigida a establecer el mayor efecto útil posible a las normas interamericanas en su conjunto, como lo ha venido realizando el Tribunal Interamericano respecto de los derechos civiles y políticos.
101. Resulta de la esencia del derecho a la salud su interdependencia con el derecho a la vida y el derecho a la integridad personal; ello no justifica, sin embargo, negar la autonomía sobre el alcance de aquel derecho social, a partir del artículo 26 de la Convención Americana en relación con las obligaciones de respeto y garantía contenidos en el artículo 1.1 del propio Pacto, que exige interpretar el Pacto de San José a la luz del corpus iuris en materia de derecho a la salud —como en efecto se hace en el Caso Suárez Peralta que motiva el presente voto razonado, aunque se le denomina integridad personal, limitando significativamente por la vía de la conexidad los alcances reales del derecho a la salud—.
102. Lo que involucra esta visión de justiciabilidad directa es que la metodología para imputar responsabilidad internacional se circunscribe a las obligaciones respecto al derecho a la salud. Ello implica la necesidad de una argumentación más específica en torno a la razonabilidad y proporcionalidad de cierto tipo de medidas de política pública. Dado lo delicado de una valoración en tal sentido, las decisiones de la Corte IDH adquieren más transparencia y fortaleza si el análisis se hace directamente desde esta vía respecto a obligaciones en torno al derecho a la salud en lugar de respecto al ámbito más relacionado con las consecuencias de ciertas afectaciones respecto a la integridad personal, esto es, por la vía indirecta o por conexidad con los derechos civiles. En este mismo sentido, las reparaciones que tradicionalmente otorga la Corte, y que en muchos casos impactan en prestaciones relacionadas con el derecho a la salud, como las medidas de rehabilitación o satisfacción, pueden adquirir un verdadero nexo de causalidad entre el derecho violado y la medida dispuesta con todos sus alcances184. A su vez, hablar de justiciabilidad directa implica transformar la metodología a partir de la cual se valora el cumplimiento de las obligaciones de respeto y garantía (artículo 1.1 del Pacto de San José), que ciertamente es distinto respecto al derecho a la vida y el derecho a la integridad personal, que respecto al derecho a la salud y otros derechos sociales, económicos y culturales.
103. La ciudadanía social ha avanzado significativamente en el mundo entero y, por supuesto, en los países del continente americano. La justiciabilidad “directa” de los derechos económicos, sociales y culturales constituye no sólo una opción interpretativa y argumentativa viable a la luz del actual corpus juris interamericano; representa también una obligación de la Corte IDH, como órgano jurisdiccional del Sistema Interamericano, avanzar hacia esa dirección sobre la justicia social, al tener competencia sobre todas las disposiciones del Pacto de San José. La garantía efectiva de los derechos económicos, sociales y culturales es una alternativa que abriría nuevos derroteros en aras de la transparencia y realización plena de los derechos, sin artilugios y de manera frontal, y así reconocer lo que desde hace tiempo viene realizando la Corte IDH de manera indirecta o en conexión con los derechos civiles y políticos.
104. En definitiva, se trata de reconocer lo que de facto realiza el Tribunal Interamericano y las altas jurisdicciones nacionales de los países de la región, teniendo en cuenta el corpus juris en derechos sociales nacional, interamericano y universal, lo que además constituiría una mayor y efectiva protección de los derechos sociales fundamentales, con obligaciones más claras hacia los Estados parte. Todo ello va en sintonía con los signos actuales de eficacia plena de los derechos humanos (en los ámbitos nacional e internacional), sin distingo o categorización entre ellos, particularmente importante en la región latinoamericana donde lamentablemente persisten altos índices de desigualdad, permanecen porcentajes significativos de la población en la pobreza e incluso en la indigencia, y existen múltiples formas de discriminación hacia los más vulnerables.
105. El Tribunal Interamericano no puede quedar al margen del debate contemporáneo sobre los derechos sociales fundamentales185 —que tienen un largo camino andado en la historia de los derechos humanos—, y que son motivo de continua transformación para su plena realización y efectividad en las democracias constitucionales de nuestros días.
106. Ante este escenario de dinamismo en la materia en el ámbito nacional y el Sistema Universal, es previsible que la Comisión Interamericana o las presuntas víctimas o sus representantes, invoquen en el futuro con mayor intensidad eventuales vulneraciones a las garantías de los derechos económicos, sociales y culturales derivados del artículo 26 de la Convención Americana, en relación con las obligaciones generales previstas en los artículos 1 y 2 del propio Pacto de San José. Especialmente, las presuntas víctimas pueden invocar dichas vulneraciones por sus nuevas facultades en el acceso directo que ahora tienen ante la Corte IDH, a partir del nuevo Reglamento de este órgano jurisdiccional, vigente desde 2010.
107. Como nuevo integrante del Tribunal Interamericano no es mi deseo introducir debates estériles en el seno del Sistema Interamericano y, particularmente, en su órgano de protección de naturaleza jurisdiccional; simplemente pretendo llamar a la reflexión —por ser mi profunda convicción— sobre la legítima posibilidad interpretativa y argumentativa para otorgar vía el artículo 26 del Pacto de San José efectividad directa a los derechos económicos, sociales y culturales, especialmente en el caso concreto sobre el derecho a la salud. La posibilidad está latente para avanzar hacia una nueva etapa en la jurisprudencia interamericana, lo cual no representa ninguna novedad si atendemos a que, por un lado, la Comisión Interamericana así lo ha entendido en varias oportunidades y, por otro, la propia Corte IDH ha reconocido explícitamente la justiciabilidad del artículo 26 de la Convención Americana en 2009186.
108. En conclusión, a más de veinticinco años de continua evolución de la jurisprudencia interamericana resulta legítimo —y razonable por el camino de la hermenéutica y la argumentación convencional— otorgar pleno contenido normativo al artículo 26 del Pacto de San José, en consonancia y congruencia con el corpus juris interamericano en su integralidad. Este sendero permitiría interpretaciones dinámicas a la altura de nuestro tiempo, que podrían conducir hacia una efectividad plena, real, directa y transparente de todos los derechos, sean civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, sin jerarquía y categorizaciones que menoscaben su realización, como se desprende del Preámbulo de la Convención Americana, cuyo espíritu e ideal permea al Sistema Interamericano en su conjunto.
Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Juez


Pablo Saavedra Alessandri

Secretario




1 Reglamento de la Corte aprobado en su LXXXV Período Ordinario de Sesiones celebrado del 16 al 28 de noviembre de 2009.



1 En dicho informe, la Comisión declaró admisible la petición en relación con la presunta violación de los artículos 5.1, 8.1 y 25.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado. Cfr. Informe de Admisibilidad No. 85/08, Caso 12.683, Melba del Carmen Suárez Peralta, Ecuador, 30 de octubre de 2008 (expediente de trámite ante la Comisión, folios 432 a 444). De igual forma, el 26 de febrero de 2009 la Comisión remitió a las partes una fe de errata respecto del Informe No. 85/08, la cual excluyó mención a la admisibilidad del artículo 5.1 de la Convención.



2 Informe de Fondo No 75/11, Caso 12.683, Melba del Carmen Suárez Peralta, Ecuador, 20 de julio de 2011 (expediente de fondo, folios 8 a 38).



1 Cfr. Caso Suárez Peralta Vs. Ecuador. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 14 de septiembre de 2012. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/suarez_fv_12.pdf.



2 Cfr. Caso Suárez Peralta Vs. Ecuador. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de 20 de diciembre de 2012, supra.



3 Cfr. Caso Suárez Peralta Vs. Ecuador. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de enero de 2013. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/suarez_24_01_13.pdf.



4 A esta audiencia comparecieron: a) por la Comisión Interamericana: Elizabeth Abi-Mershed, Jorge H. Meza Flores, y Silvia Serrano Guzmán; b) por los representantes de las presuntas víctimas: Jorge Sosa Meza y José Peralta, y c) por el Estado de Ecuador: Carlos Espín y Daniela Ulloa.



1 Cfr. Caso Las Palmeras Vs. Colombia. Excepciones Preliminares. Sentencia de 4 de febrero de 2000. Serie C No. 67, párr. 34, y Caso Artavia Murillo y otros ("Fecundación in vitro") Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 noviembre de 2012. Serie C No. 257, párr. 40.



2 Cfr. Caso Suárez Peralta Vs. Ecuador. Resolución del Presidente de la Corte de 20 de diciembre de 2012, supra.



3 Cfr. Caso “Cinco Pensionistas” Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de febrero de 2003. Serie C No. 98, párr. 155, y Caso Artavia Murillo y otros ("Fecundación in vitro"), supra, párr. 42.



4 Cfr. Caso “Cinco Pensionistas”, supra, párr. 153 y, Caso Fornerón e Hija Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de abril de 2012. Serie C No. 242, párr. 17.



5 Cfr. Caso Mohamed Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 noviembre de 2012. Serie C No. 255, párr. 25.



6 Cfr. Informe de Fondo No 75/11, Caso 12.683, Melba del Carmen Suárez Peralta, Ecuador, 20 de julio de 2011 (expediente de fondo, folios 16, 17 y 23).



7 Cfr. Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C No. 148, párr. 98, y Caso Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de octubre de 2012. Serie C No. 251, párr. 29..



8 Cfr. Caso de las Masacres de Ituango, supra, párr. 98, y Caso García y Familiares Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2012. Serie C No. 258, párr. 34.



9 Caso Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana, supra, párr. 29, y Caso García y Familiares, supra, párr. 34.



1 Cfr. Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 8 de marzo de 1998. Serie C No. 37, párrs. 69 al 76, y Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, párr. 41.



2 Cfr. Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros), supra, párr. 76, y Caso Masacre de Santo Domingo, supra, párr. 41.



3 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 140, y Caso Masacre de Santo Domingo, supra, párr. 43.



4 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez, Fondo, supra, párr. 146, y Caso Masacre de Santo Domingo, supra, párr. 44.



5 Cfr. Caso Suárez Peralta Vs. Ecuador. Resolución del Presidente de la Corte de 20 de diciembre de 2012, supra.



6 Caso Suárez Peralta Vs. Ecuador. Resolución del Presidente de la Corte de 20 de diciembre de 2012, supra, Considerandos 10 y 14.



7Cfr. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie C No. 33, párr. 43, y Caso García y Familiares, supra, párr. 46.



1 Cfr. Declaración jurada rendida por Dennis Edgar Cerezo Cervantes de 8 de febrero de 2013 (expediente de fondo, folio 734); declaración rendida por Melba Suárez Peralta en Audiencia Pública celebrada en este caso de 11 de febrero de 2013 y cédula de identidad de Melba del Carmen Suarez Peralta (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folio 1164).



2 Cfr. Documentación agregada en la declaración jurada de Luis Humberto Córdova Ramos (expediente de fondo, folio 592). De conformidad con la Ley de Derechos y Amparo del Paciente, en su artículo 1 señala que los “Policlínicos” son considerados Centros de Salud, que pertenecen al sistema de servicios de salud pública o privada establecidos conforme a la ley para prestar a las personas atención de salud integral de tipo ambulatorio y de internamiento. (expediente de anexos al escrito de contestación, folios 2388 a 2391). Asimismo, según el artículo 98 de la Ley de Personal del Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito de la Provincia de Guayas, “Los miembros del Cuerpo de Vigilancia en servicio activo, así como los familiares, gozarán de la asistencia médica, de laboratorio y rayos x, de los establecimientos de la Comisión de Tránsito de Guayas, de acuerdo al reglamento pertinente”.



3 Cfr. Historia Clínica de Melba Suárez Peralta emitida por el Policlínico de la Comisión de Tránsito de Guayas número 11794 (expediente de anexos a los alegatos finales, folios 2995); Historia Clínica de Melba del Carmen Suárez Peralta emitida por la Clínica Minchala, número 975 (expediente de anexos al informe de fondo, folio 112), declaración testimonial rendida por Wilson Benjamín Minchala Pichu el 19 de octubre de 2001 (expediente de anexos al informe de fondo, folios 105 y 106), y declaración testimonial rendida por Jenny Bohórquez de 13 de noviembre de 2001 (expediente de anexos al informe de fondo, folios 130 a 134).



4 Cfr. Historia Clínica de Melba Suárez Peralta emitida por el Policlínico de la Comisión de Tránsito de Guayas número 11794 (expediente de anexos a los alegatos finales, folio 2995).



5 Cfr. Declaración testimonial rendida por la señora Jenny Bohórquez de 13 de noviembre de 2001 (expediente de anexos al informe de fondo, folio 130).



6 Cfr. Declaración testimonial rendida por Melba Suárez Peralta de 6 de septiembre de 2000 (expediente de anexos al informe de fondo, folio 16).



7 Cfr. Historia Clínica de María del Carmen Suárez Peralta emitida por la Clínica Minchala (expediente de anexos al informe de fondo, folios 109 a 120)



8 El motivo de la intervención fue “dolor en fosa ilíaca derecha acompañado de hipertermia, vómitos y dificultad para la marcha”, habiéndosele descripto como “paciente que refiere que en el día de ayer consultó con dolor en epigastrio y que en horas de la tarde se le irradió a la fosa ilíaca derecha, acompañado de hipertermia, vómitos y dificultad para la marcha, […] se hizo intenso en el día de hoy por lo que se decide su ingreso para intervenirla quirúrgicamente”. Cfr. Historia Clínica de María del Carmen Suárez Peralta emitida por Clínica Minchala número 975 (expediente de anexos al informe de fondo, folio 112); declaración testimonial rendida por la señora Jenny Bohórquez de 13 de noviembre de 2001 (expediente de anexos al informe de fondo, folio 130), y declaración rendida por Melba Suárez Peralta en Audiencia Pública celebrada en este caso el 11 de febrero de 2013.



9 Cfr. Declaración rendida por Melba Suárez Peralta en Audiencia Pública celebrada en este caso el 11 de febrero de 2013.



10 Cfr. Declaración testimonial de Héctor Luis Taranto de 12 de noviembre de 2001 (expediente de anexos al informe de fondo, folio 21).



11 Cfr. Protocolo de Operación del Hospital Luis Vernaza (expediente de anexos al informe de fondo, folio 19), y declaración testimonial de Héctor Luis Taranto de 12 de noviembre de 2001 (expediente de anexos al informe de fondo, folio 21).



12 Cfr. Certificado del Houston Memorial Clinic Medihouston de 5 de febrero de 2009, (expediente de anexos al informe de fondo, folio 214), y declaración jurada de Melba del Carmen Suárez Peralta de 5 de abril de 2012 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folio 1723).



13 Certificados de la Clínica de Especialidades Moreno (expediente de anexos al informe de fondo, folios 225 y 226).



14 Cfr. Certificados Médicos del Centro Médico Familiar (CE.ME.FA) (expediente de anexos al informe de fondo, folios 216 a 219).



15 Cfr. Recetas Médicas de la Clínica Kennedy (expediente de anexos al informe de fondo, folios 221 y 222).



16 Cfr. Certificados de la Clínica de Especialidades Moreno (expediente de anexos al informe de fondo, folios 225 y 226).



17 Cfr. Certificados Médicos del Centro Médico Familiar (CE.ME.FA) (expediente de anexos al informe de fondo, folios 216 a 219).



18 Cfr. Certificado Médico de Clínica Punto Médico Familiar (expediente de anexos al informe de fondo, folio 241).



19 Cfr. Documentación de Clínica Punto Médico Familiar (expediente de anexos al informe de fondo, folio 231).



20 Documentación de Clínica Punto Médico Familiar (expediente de anexos al informe de fondo, folio 230).



21 Cfr. Documentación Hospital San Francisco (expediente de anexos al informe de fondo, folio 250).



22 Cfr. Documentación Hospital San Francisco (expediente de anexos al informe de fondo, folio 249).



23 Cfr. Documentación que agregada a la declaración jurada de Melba del Carmen Suárez Peralta de 5 de abril de 2012 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folios 1794 y 1802).



24 Cfr. Hoja de Epicrisis. Clínica Alcívar, (expediente de anexos al informe de fondo, folio 276).



25 Documentación que agregada a la declaración jurada de Melba del Carmen Suárez Peralta de 5 de abril de 2012 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folio 1763).



26 Cfr. Declaración jurada de Melba del Carmen Suárez Peralta rendida el 5 de abril de 2012 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folio 1811).



27 Cfr. Certificado médico de 22 de abril de 2012 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folio 1653), y respuesta al Oficio por parte del Ministerio de Salud de Guayas (expediente de anexos al escrito de contestación, folio 2258).



28 Cfr. Declaración jurada rendida por Melba del Carmen Suárez Peralta el 20 de abril de 2012 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folios 1711 a 1720); declaración jurada rendida por Luis Azanza Azanza el 5 de abril de 2012 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folios 1813 a 1820); declaración jurada rendida por Stalin Xavier Intriago Burgos el 5 de abril de 2012 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folios 1821 a 1826), y declaración jurada rendida por Melba del Carmen Suárez Peralta el 5 de abril de 2012 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folios 1865 a 1874).



29 Cfr. Declaración jurada rendida por Melba del Carmen Suárez Peralta de 5 de abril de 2012 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folios 1833 a 1849).



30 Cfr. Declaración jurada rendida por Melba del Carmen Suárez Peralta de 30 de marzo de 2012 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folio 1892).



31 Cfr. Declaración rendida por Melba del Carmen Suárez Peralta en Audiencia Pública celebrada en este caso de 11 de febrero de 2013.



32 Acusación particular presentada por Melba Peralta Mendoza el 2 de agosto de 2000 (expediente de anexos al informe de fondo, folios 6 y 7).



33 Cfr. Auto Cabeza del Proceso de 16 de agosto de 2000 (expediente de anexos al informe de fondo, folios 26 a 28). En dicha providencia se ordenaron las siguientes diligencias: “PRIMERO.- Recéptese el testimonio instructivo de la agraviada […], SEGUNDO.- Recéptese el testimonio indagatorio del sindicado […], TERCERO.- Practíquese el reconocimiento del lugar de los hechos […] que se realizará el día 23 de agosto de 2000 a partir de las 11H00, CUARTO.- [Pídanse] copias […] de la Historia clínica No 891938 de la paciente Melba Suárez Peralta, QUINTO.- [Pídase] el movimiento migratorio con la que llegó al País el Dr. Emilio Guerrero Gutiérrez, SEXTO.- [Pídase a la] Clínica Minchala […] la historia clínica de la paciente Melba del Carmen Peralta (sic), SEPTIMO.- [Comuníquese a] Migración de la Policía Nacional haciéndole conocer del particular, OCTAVO.- [Pídase] al Sub-Director del Trabajo […] copia de la Autorización Laboral y del carné ocupacional que lo faculta para que pueda trabajar legalmente en el País, NOVENO.- [Comuníquese a] la Policía Judicial de Guayas, para que […] realicen las investigaciones pertinentes [y al] Director de Saud y Comisario de salud en el sentido de que si la clínica cuenta con los respectivos permisos para funcionar y si reúne las garantías necesarias como tal, DECIMO.- Recéptense los testimonios propios de todas las personas que tengan conocimiento del presente ilícito que se investiga”.



34 Cfr. Escritos presentados por Melba Peralta Mendoza los días 7, 14 y 28 de agosto de 2000 (expediente de anexos al informe de fondo, folios 30 a 34). El 28 de agosto de 2000 Melba Peralta Mendoza solicitó se practique: a) examen médico legal a Melba Suárez Peralta; b) que la Comisión del Tránsito de Guayas informe si Emilio Guerrero “tiene contrato con la Institución”, y c) se fije nueva fecha para el reconocimiento del lugar de los hechos.



35 Cfr. Oficios emitidos por el Juez Primero de lo Penal de Guayas (expediente de anexos al informe de fondo, folios 36 a 41).



36 Cfr. Respuesta al Oficio No. 075-SERH-MIG-2000 de 1º de septiembre de 2000 (expediente de anexos al informe de fondo, folio 51).



37 Cfr. Declaración testimonial rendida por Jenny Bohórquez de 13 de noviembre de 2001 (expediente de anexos al informe de fondo, folio 130).



38 Certificado emitido el 9 de agosto de 2012 por el Coordinador del Proceso de Control y Vigilancia Sanitaria Provincial (expediente de anexos a los alegatos finales, folios 2967 y 2968). Por su parte, en relación a este hecho, el Estado en audiencia ante la Corte aportó un certificado emitido por la Subsecretaría Nacional de Vigilancia de la Salud Pública el 8 de febrero de 2013 que refiere a que, a esta fecha, Emilio Guerrero se encontraba registrado en la ex Subsecretaría de Salud Costa Insular. Cfr. Respuesta emitida por el Ministerio de Salud Pública el 8 de febrero de 2013 (expediente de fondo, folio 759).



39 Cfr. Declaración testimonial rendida por Melba del Carmen Suárez Peralta de 6 de septiembre de 2000 (expediente de anexos al informe de fondo, folios 16 y 17).



40 Cfr. Informe No. 5783 de la Jefatura Provincial de la Policía Judicial de Guayas, Servicio Médico Legal, de 7 de septiembre de 2000 (expediente de anexos al informe de fondo, folio 24).



41 Cfr. Escritos presentados por Melba Peralta los días 18 y 20 de septiembre, 16 de octubre y 14 de noviembre de 2000 (expediente de anexos al informe de fondo, folios 53 a 59).



42 Providencia del Juzgado Segundo de lo Penal de Guayas de 22 de marzo de 2001 (expediente de anexos al informe de fondo, folio 61).



43 Cfr. Acusación formal presentada por Melba Peralta el 29 de mayo de 2001 (expediente de anexos al informe de fondo, folios 65 y 66), y Dictamen Acusatorio presentado por el Fiscal Primero en lo Penal de Guayas el 29 de mayo de 2001 (expediente de anexos al informe de fondo, folios 68 y 69).



44 Acusación formal presentada por Melba Peralta el 29 de mayo de 2001 (expediente de anexos al informe de fondo, folio 66).



45 Escrito presentado por Melba Peralta el 7 de junio de 2001 (expediente de anexos al informe de fondo, folio 71).



46 Escrito presentado por Melba Peralta el 7 de junio de 2001 (expediente de anexos al informe de fondo, folio 71).



47 Cfr. Providencia del Juez Primero en lo Penal de Guayas del 14 de agosto de 2001 (expediente de anexos al informe de fondo, folio 73).



48 Cfr. Escritos presentados por Wilson Minchala el 23 y 29 de agosto de 2001 (expediente de anexos al informe de fondo, folios 76 a 81).



49 Cfr. Escrito presentado por Emilio Guerrero el 29 de agosto de 2001 (expediente de anexos al informe de fondo, folios 85 y 86).



50 Cfr. Escrito presentado por Wilson Minchala el 19 de septiembre de 2001 (expediente de anexos al informe de fondo, folio 99).



51 Escrito presentado por Melba Peralta el 13 de septiembre de 2001 (expediente de anexos al informe de fondo, folio 90).



52 Cfr. Providencia del Juez en lo Penal de Primer Turno del 19 de septiembre de 2001 (expediente de anexos al informe de fondo, folio 92).



53 Cfr. Acusación Particular de Melba Peralta presentada el 25 de septiembre de 2001 (expediente de anexos al informe de fondo, folios 94 y 95).



54 Cfr. Solicitud del Fiscal Primero de lo Penal de Guayas presentada en octubre de 2001 (expediente de anexos al informe de fondo, folio 101).



55 Cfr. Providencia del Juez Primero en lo Penal de Guayas dictada el 11 de octubre de 2001 (expediente de anexos al informe de fondo, folio 97).



56 Declaración testimonial de Wilson Benjamín Minchala Pichu de 19 de octubre de 2001 (expediente de anexos al informe de fondo, folio 106).



57 Cfr. Escrito presentado por Melba Peralta el 18 de octubre de 2001 (expediente de anexos al informe de fondo, folio 103).



58 Cfr. Escrito presentado por Emilio Guerrero el 24 de octubre de 2001 (expediente de anexos al informe de fondo, folio 122).



59 Cfr. Citación dictada por el Juez Primero en lo Penal de Guayas el 31 de octubre de 2001 (expediente de anexos al informe de fondo, folio 126).



60 Cfr. Escrito presentado por Emilio Guerrero el 12 de noviembre de 2001 (expediente de anexos al informe de fondo, folio 128).



61 Cfr. Declaración testimonial rendida por Héctor Luis Tarando de 12 de noviembre de 2001 (expediente de anexos al informe de fondo, folio 21).



62 Declaración testimonial rendida por Bohórquez de 13 de noviembre de 2001 (expediente de anexos al informe de fondo, folio 130).



63 Cfr. Escrito presentado por Melba Peralta el 13 de noviembre de 2001 (expediente de anexos al informe de fondo, folios 136 a 138).



64 Providencia del Juez Primero en lo Penal de Guayas del 27 de noviembre de 2001 (expediente de anexos al informe de fondo, folio 142).



65 Cfr. Escritos presentados por Emilio Guerrero el 28 y 30 de noviembre de 2001 (expediente de anexos al informe de fondo, folios 148 y 154).



66 Cfr. Acusación Particular presentada por Melba Peralta Mendoza el 29 de noviembre de 2001 (expediente de anexos al informe de fondo, folio 150).



67 Escrito del Agente Fiscal Primero de lo Penal de Guayas el 13 de mayo de 2002 (expediente de anexos al informe de fondo, folios 156 y 157).



68 Escrito presentado por Melba Peralta el 3 de junio de 2002 (expediente de anexos al informe de fondo, folios 159 y 160).



69 Escrito presentado por Emilio Guerrero el 6 de junio de 2002 (expediente de anexos al informe de fondo, folio 162).



70 Providencia del Juez Primero en lo Penal de Guayas del 17 de febrero de 2003 (expediente de anexos al informe de fondo, folios 164 a 166).



71 El artículo 466 del Código Penal, de 22 de enero de 1971, vigente al momento de los hechos, establecía que: “Si los golpes o heridas han causado una enfermedad o incapacidad para el trabajo personal, que pase de noventa días, o una incapacidad permanente para los trabajos a que hasta entonces se había dedicado habitualmente el ofendido, o una enfermedad grave, o la pérdida de un órgano no principal, las penas serán de prisión de uno a tres años y multa de dieciséis a setenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América. En caso de concurrir alguna de las circunstancias del Art. 450, las penas serán de prisión de dos a cinco años y multa de treinta y un a ciento veinte y cinco dólares de los Estados Unidos de Norte América”.



72 Código de Procedimiento Penal de 1983 (expediente de anexos a la contestación, folio 2722). Este artículo establecía que: “Si al tiempo de dictar el auto de apertura del plenario el sindicado estuviere prófugo, el Juez, después de dictado dicho auto, ordenará la suspensión de la etapa de plenario hasta que el encausado sea aprehendido o se presente voluntariamente. Mientras el sindicado estuviera prófugo no se ejecutoriará el auto de apertura del plenario, auto que se le notificará personalmente en cuanto se presentare o fuere aprehendido”.



73 Código de Procedimiento Penal de 1983, (expediente de anexos al escrito de contestacion, folio 2720). Este artículo establecía que: “Si el Juez considera que no se ha comprobado suficientemente la existencia del delito, o habiéndose probado su existencia no se hubiera identificado a los culpables, o no hubiese prueba suficiente de la participación del indicado, dictará auto de sobreseimiento provisional del proceso y del sindicado, declarando que, por el momento, no puede perseguirse la sustanciación de la causa”.



74 Cfr. Escrito presentado por Emilio Guerrero el 24 de febrero de 2003 (expediente de anexos al informe de fondo, folio 168).



75 Cfr. Providencia del Juez Primero en lo Penal de Guayas del 26 de febrero de 2003 (expediente de anexos al informe de fondo, folio 170).



76 Cfr. Providencia de la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia (expediente de anexos al informe de fondo, folios 172 a 174).



77 Cfr. Escritos presentados por Emilio Guerrero el día 17 de septiembre de 2004 (expediente de anexos al informe de fondo, folios 176 y 177).



78 Cfr. Providencia del Juez Primero en lo Penal de Guayas (expediente de anexos al informe de fondo, folio 179).



79 Cfr. Escrito presentado por Emilio Guerrero el 22 de septiembre de 2004 (expediente de anexos al informe de fondo, folio 181).



80 Escrito presentado por Melba Peralta el 23 de septiembre de 2004 (expediente de anexos al informe de fondo, folio 186).



81 Cfr. Escrito presentado por Emilio Guerrero el 24 de septiembre de 2004 (expediente de anexos al informe de fondo, folio 188).



82 Escrito Presentado por Melba Peralta el 28 de junio de 2005 (expediente de anexos al informe de fondo, folio 190).



83 Cfr. Oficio emitido por el Juez Primero en lo Penal de Guayas el 30 de junio de 2005 (expediente de anexos al informe de fondo, folio 192).



84 Cfr. Providencia del Primer Tribunal Penal de Guayas del 5 de julio de 2005 (expediente de anexos al informe de fondo, folio 194).



85 Cfr. Providencia del Juez Primero en lo Penal de Guayas del 28 de julio de 2005 (expediente de anexos al informe de fondo, folio 196).



86 Cfr. Escritos presentados por Melba Peralta los días 23 de agosto, 5 y 17 de septiembre de 2005 (expediente de anexos al informe de fondo, folios 198 a 202).



87 Cfr. Escrito presentado por Emilio Guerrero el 8 de septiembre de 2005 (expediente de anexos al informe de fondo, folio 204). El artículo 101 del Código Penal vigente al momento de los hechos disponía: “Toda acción penal prescribe en el tiempo y con las condiciones que la Ley señala. En el ejercicio del derecho que la prescripción establece, se observarán las reglas que siguen:

Tanto en los delitos de acción pública como en los delitos de acción privada se distinguirá ante todo si, cometido el delito, se ha iniciado o no enjuiciamiento. [los] delitos reprimidos con reclusión, cuyo ejercicio de acción es pública, de no haber enjuiciamiento, la acción para perseguirlos prescribirá en diez años; tratándose de delitos reprimidos con reclusión mayor especial, la acción para proseguirlos prescribirá en quince años. Tratándose de delitos reprimidos con prisión, la acción para perseguirlos prescribirá en cinco años. El tiempo se contará a partir de la fecha en que la infracción fue perpetrada.



En los mismos delitos de acción pública, de haber enjuiciamiento iniciado antes de que aquellos plazos se cumplan, la acción para continuar la causa prescribirá en los mismos plazos, contados desde la fecha del auto cabeza de proceso […]”.





88 Cfr. Providencia del Primer Tribunal Penal de Guayas de 20 de septiembre de 2005 (expediente de anexos al informe de fondo, folios 206 y 207).



89 Cfr. Escrito presentado por Melba Peralta el 22 de septiembre de 2005 (expediente de anexos al informe de fondo, folio 209).



90 Providencia del Primer Tribunal Penal de Guayas (Auto 136/2005) de 10 de noviembre de 2005 (expediente de anexos al informe de fondo, folio 211).



91 El 30 de abril de 2007 el Juez Penal actuante en el proceso fue suspendido en el ejercicio de sus funciones por treinta días, y el 18 de septiembre de 2007 y 29 de julio de 2008 fue sancionado con multa. El 4 de septiembre de 2011 recibió una amonestación, y el 7 de febrero de 2012 se resolvió su destitución, resolución que quedó firme el 16 de mayo del mismo año. Cfr. Resumen ejecutivo de memorando no. DNA J-2012-1761 (expediente de anexos a la contestación del Estado, folio 2243).



92 Nota de prensa aparecida en el diario “El Universo” el 8 de mayo de 2002, titulada “Dos clínicas clausuradas por el Ministerio de Salud” (expediente de anexos al informe de fondo, folio 9).



93 Nota de prensa aparecida en el diario “El Universo” el 14 de octubre de 2007, titulada “Más muertes por atención médica fallida” (expediente de anexos al informe de fondo, folio 12).



1 Acuerdo de Cumplimiento de 8 de septiembre de 2011 (expediente de anexos al escrito de contestación, folio 2946).



2 Cronograma de Ejecución. Acuerdo de Solución Amistosa (expediente de trámite ante la Comisión, folio 849).



3 Cabe señalar que en el Acuerdo no se especificó ninguna condición de comprobación para que dicho pago fuera ejecutado.



4 Escritos de los representantes (expediente de trámite ante la Comisión, folios 856 a 865, y 837 a 849) y oficio No. 06982 de la Procuraduría General del Estado de 25 de septiembre de 2011 (expediente de trámite ante la Comisión, folio 841).



5 Oficio No. 04124 de la Procuraduría General del Estado de 10 de octubre de 2011 (expediente de trámite ante la Comisión, folios 837 a 849).



6 Comunicación de la Comisión Interamericana de 24 de octubre de 2011 (expediente de trámite ante la Comisión, folios 826 a 828).



7 Nota 4-2 - 91 /12 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración de Ecuador de 25 de enero de 2012 (expediente de trámite ante la Comisión, folios 1624 a 1637).



8 Expediente de trámite ante la Comisión, supra, folio 1632.



9 Expediente de trámite ante la Comisión, supra, folio 1630, y Fotografía de la Placa de disculpas públicas (expediente de anexos al escrito de contestación, folio 2439 y 2341).



10 Fotografías de la colocación de la placa (expediente de anexos al escrito de contestación, folios 2338 – 2341).



11 “Si el demandado comunicare a la Corte su aceptación de los hechos o su allanamiento total o parcial a las pretensiones que constan en el sometimiento del caso o en el escrito de las presuntas víctimas o sus representantes, la Corte, oído el parecer de los demás intervinientes en el proceso, resolverá, en el momento procesal oportuno, sobre su procedencia y sus efectos jurídicos”.





1 Caso Bulacio Vs. Argentina



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