Corte interamericana de derechos humanos


Medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición



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Medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición





  1. La jurisprudencia internacional, y en particular de la Corte, ha establecido reiteradamente que la Sentencia puede constituir per se una forma de reparación12. No obstante, considerando las circunstancias del caso y las afectaciones a las víctimas derivadas de las violaciones de la Convención Americana declaradas en su perjuicio, la Corte estima pertinente determinar las siguientes medidas de reparación.



  1. Rehabilitación




  1. Solicitud de asistencia médica





  1. Tanto la Comisión como el representante solicitaron a la Corte que ordene al Estado “[a]doptar las medidas necesarias para brindar de manera inmediata y gratuita, a través de sus instituciones de salud especializadas y en el lugar de residencia de la señora Suárez Peralta, el tratamiento médico requerido, incluyendo los medicamentos que ella requiera y en consideración con sus padecimientos”.




  1. Adicionalmente, el representante indicó que “[l]a obligación del Estado de otorgar prestación de servicios médicos, supone que debe hacerse cargo del costo de los médicos que la víctima escoja o de aquellos médicos que usualmente estaban atendiendo a la víctima”. Asimismo, indicó que dicha reparación debe incluir “costo de los exámenes clínicos y los tratamientos oportunos que los médicos especializados indi[quen]”.




  1. Por su parte, el Estado indicó que “cuenta con los servicios necesarios a fin de atender no sólo a la señora Melba Suárez sino a cualquier persona que necesite la prestación de los servicios de salud, el problema que observa el Estado es la falta de voluntad por parte de la demandante quien […] no desea ser atendida por personal capacitado del Ministerio de Salud”.




  1. La Corte observa que en el Acuerdo de Cumplimiento suscrito por el Estado y la señora Suárez Peralta, se indicó que “[t]eniendo en cuenta que en reuniones previas, el señor Cerezo y la [b]eneficiaria manifestaron que no aceptar[ían] la atención médica de salud en hospitales, centros de salud y clínicas públicas, se acordó que el Estado pagará el monto de USD $20,000 por concepto de atención médica”.




  1. En el capítulo IX de la presente Sentencia, la Corte declaró la violación al deber de garantía del derecho a la integridad personal de Melba Suárez Peralta debido a la falta de supervisión y fiscalización efectiva de la atención médica brindada (supra párr. 155).




  1. La Corte estima que, en el presente caso, la entrega de una reparación pecuniaria por concepto de atención médica en los términos convenidos por las partes en el Acuerdo de Cumplimiento, representa una medida adecuada para garantizar sus obligaciones convencionales a favor de la víctima.




  1. En virtud de lo anterior, la Corte dispone la obligación a cargo del Estado de entregar a la señora Melba del Carmen Suárez Peralta el referido monto de US$ 20,000 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América) por concepto de la atención y el tratamiento médico futuro que requiera.



  1. Satisfacción



  1. Solicitud de publicación y difusión de la Sentencia, reconocimiento de responsabilidad internacional y disculpas públicas





  1. El representante solicitó a la Corte que ordene al Estado “la publicación de la sentencia en dos diarios de amplia circulación nacional, además de que se ordene al Estado la publicación de la sentencia en el Registro Oficial del Ecuador y la elaboración y publicación de un folleto que resuma lo decidido por la Corte”.




  1. La Comisión solicitó a la Corte que ordene al Estado realizar un reconocimiento de responsabilidad internacional y disculpas públicas como parte de las medidas necesarias con el fin de reparar adecuadamente a Melba del Carmen Suárez Peralta y a su madre, Melba Peralta Mendoza, por las violaciones de derechos humanos determinadas en el Informe No. 75/11.




  1. El Estado solicitó a la Corte “no [acoger] las medidas solicitadas por el representante de la presunta víctima puesto que las medidas de satisfacción se encuentran cumplidas de manera cabal”. Lo anterior se fundamenta en que, en virtud del Acuerdo de Cumplimiento firmado entre el Estado y la señora Suárez Peralta, el Estado realizó el 25 de enero del 2012 una publicación de “Disculpas Públicas” en el Diario El Universo del Ecuador y el 3 de agosto de 2012 colocó una “Placa de Disculpas Públicas” en la Corte Provincial de Justicia de Guayas.




  1. La Corte observa que con motivo del Acuerdo de Cumplimiento suscrito por el Estado y la señora Suárez Peralta, el Estado realizó una publicación de “Disculpas Públicas” en el Diario El Universo del Ecuador, la cual se refirió a las recomendaciones del Informe 75/11 por la violación de los artículo 8.1 y 25.1 de la Convención. Asimismo, el Estado colocó una “Placa de Disculpas Públicas” en la Corte Provincial de Justicia de Guayas.




  1. Al respecto, la Corte estima que dichos actos de disculpas públicas resultan medidas de reparación suficientes y adecuadas para remediar, en parte, las violaciones ocasionadas a las víctimas y cumplir con la finalidad indicada por los representantes13. No obstante, estas no contemplan las consideraciones expuestas en el presente Fallo. Por lo tanto, como lo ha hecho en otros casos14, la Corte estima necesario que en un plazo de seis meses a partir de la notificación de la presente Sentencia, el Estado publique en el Diario Oficial de Ecuador, por una única vez, el resumen oficial de la misma, elaborado por la Corte y que, asimismo, la presente Sentencia, en su integridad, permanezca disponible, por un período de un año, en un sitio web oficial adecuado de Ecuador.



  1. Solicitud de reparación por daño al proyecto de vida





  1. El representante solicitó a la Corte que ordene al Estado “cubrir el costo de los años que faltan para que la [señora] Melba del Carmen Suárez Peralta termine su carrera de abogada en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte”. Por otra parte, solicitó a la Corte que ordene al Estado “garantizar mediante el otorgamiento de becas el estudio intermedio y superior de los niños Gandy Alberto Cerezo Suárez, Katherine Madeline Cerezo Suárez y Marilyn Melba Cerezo Suárez. El reconocimiento de becas para estudios constituiría una forma de reparación, pues obrando como restitución de lo que no se pudo tener, significaría para los hijos e hijas una oportunidad para realizar el proyecto de vida que se vio al decaer [su] situación económica”.




  1. El Estado manifestó a la Corte que “en ningún momento el proyecto de vida de la señora Suárez fue limitado, [ya que ella] se retiró y perdió el año, [mientras que] en los primeros años de estudio, […] aprobó los cursos sin ningún inconveniente”. A su vez, indicó que “la educación en el Ecuador es gratuita hasta el tercer nivel, es decir que la peticionaria y sus hijos tienen el derecho a la educación gratuita garantizado por el Estado, esto se encuentra reconocido en el artículo 28 de la Constitución”.




  1. La Corte recuerda que para efectos del presente Fallo, únicamente considera como “parte lesionada” a las señoras Melba del Carmen Suárez Peralta y Melba Peralta Mendoza, quienes en su carácter de víctimas de las violaciones declaradas en esta Sentencia, serán consideradas beneficiarias de las reparaciones que la Corte ordene (supra párr. 28). En este sentido, considera improcedente la solicitud del representante en relación con el otorgamiento de becas a los niños Gandy Alberto, Katherine Madeline y Marilyn Melba, todos de apellidos Cerezo Suárez.




  1. Por su parte, como lo ha establecido en otros casos15, la Corte considera que el “daño al proyecto de vida” implica la pérdida o el grave menoscabo de oportunidades de desarrollo personal, en forma irreparable o muy difícilmente reparable. Dicho daño se deriva de las limitaciones sufridas por una persona para relacionarse y gozar de su entorno personal, familiar o social, por lesiones graves de tipo físico, mental, psicológico o emocional16.




  1. Al respecto, la Corte ha señalado que para pronunciarse debidamente y conforme a derecho, las reparaciones deben tener un nexo causal con los hechos del caso, las violaciones declaradas, los daños acreditados, así como con las medidas solicitadas para reparar los daños respectivos17. En este sentido, resalta, con respecto al pago de la carrera universitaria de la señora Suárez Peralta, que ni del marco fáctico ni del análisis de los derechos que se declararon violados, se desprende alguna situación que permita establecer un nexo causal acreditado entre la pérdida de los estudios realizados por la señora Suárez Peralta y las violaciones declaradas en la presente Sentencia. Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte considera improcedente disponer una medida de reparación en este sentido.



  1. Garantías de no repetición





  1. La Corte recuerda que el Estado debe prevenir la recurrencia de violaciones a los derechos humanos como las descritas en este caso y, por ello, adoptar todas las medidas legales, administrativas y de otra índole que sean necesarias para hacer efectivo el ejercicio de los derechos18, de conformidad con las obligaciones de evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir en el futuro, en cumplimiento de los deberes de prevención y garantía de los derechos humanos reconocidos por la Convención Americana19.



  1. Solicitud de adopción de medidas en derecho interno





  1. La Comisión solicitó a la Corte que ordene al Estado “[a]doptar las medidas necesarias para asegurar que se regule e implementen efectivamente normas relacionadas con el ejercicio de los profesionales de la salud, conforme a los estándares nacionales e internacionales en la materia”.




  1. El representante coincidió con lo solicitado por la Comisión y añadió que el Estado ecuatoriano debe “adopt[ar] medidas legislativas y de cualquier otra índole destina[das] a robustecer la responsabilidad civil y penal de los [m]édicos y [s]ervidores de la [s]alud en el Ecuador”.




  1. Por su parte, el Estado sostuvo que la Ley Orgánica de Salud de Ecuador, reformada el 24 de enero de 2012, regula, entre otras cosas, el ejercicio de los profesionales de la salud y la responsabilidad civil de los profesionales de la salud y los servicios de salud20. En virtud de lo anterior, solicitó a la Corte que “no se pronuncie respecto a estas solicitudes ya que como se ha comprobado actualmente se está viviendo un cambio de estructuras que generan beneficios no solamente a la familia de la demandante sino a toda la sociedad, es decir que lo que el Estado pretende es lograr progresivamente cambios positivos que concluyan en lo que se conoce como el buen vivir o sumak kawsay”.




  1. La Corte observa que en el Acuerdo de Cumplimiento, el Estado se comprometió a “dictar y reformar normas dirigidas a los profesionales de la salud [y] presentar un proyecto normativo en el que se incluyan las reformas pertinentes sobre mala práctica médica y sobre derechos de los y las pacientes”.




  1. En el capítulo IX de la presente Sentencia, se declaró la violación al deber de garantía del derecho a la integridad personal de Melba Suárez Peralta a través de la supervisión y fiscalización efectiva de la atención médica brindada, en su relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana. No obstante, también se indicó que la normativa del Estado de Ecuador al momento de los hechos otorgaba a las autoridades estatales correspondientes las competencias necesarias para realizar el control de las mismas, sea en lo que refiere a la supervisión del funcionamiento de los establecimientos públicos o privados, como en la fiscalización del ejercicio de la profesión del médico (supra párr. 139). Con base en lo anterior, la Corte no estima necesario ordenar una medida de reparación al respecto.



  1. Solicitud de capacitación a los profesionales de la salud sobre la responsabilidad del ejercicio profesional





  1. El representante solicitó a la Corte ordenar al Estado “adoptar medidas urgentes para capacitar a los médicos y personal de salud de hospitales públicos y clínicas privadas, en derechos humanos, derecho penal, derechos de los pacientes y la jurisprudencia de la Corte [I]nteramericana, para que las actuaciones de dichos profesionales de la salud se ciñan a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos a que el Estado ecuatoriano está sujeto”.




  1. La Comisión solicitó a la Corte ordenar al Estado “[a]doptar todas las medidas necesarias para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir en el futuro, en cumplimiento de los deberes de prevención y garantía de los derechos reconocidos por la Convención Americana”.




  1. Por su parte, el Estado no se refirió de forma específica a esta medida de reparación.




  1. La Corte observa que en el Acuerdo de Cumplimiento, el Estado se comprometió a “realizar capacitaciones a profesionales de la salud sobre derechos de los y las pacientes tanto en el ámbito público como privado de manera planificada y sostenible”.




  1. En el capítulo IX de la presente Sentencia, la Corte declaró la violación al deber de garantía del derecho a la integridad personal de Melba Suárez Peralta respecto de la atención médica brindada y consideró que la fiscalización y supervisión no fue efectuada en el presente caso, tanto en lo que refiere al control de las prestaciones brindadas en la entidad estatal como en lo que respecta a la institución privada (supra párr. 155).




  1. La Corte recuerda que mediante Sentencia en el caso Albán Cornejo Vs. Ecuador21, ya había dispuesto como medida de reparación que “[e]l Estado deb[ía] realizar, en un plazo razonable, un programa para la formación y capacitación a los operadores de justicia y profesionales de la salud sobre la normativa que el Ecuador ha implementado relativa a los derechos de los pacientes, y a la sanción por su incumplimiento”.




  1. No obstante, la Corte observa que, como consta en el correspondiente procedimiento de supervisión de cumplimiento de sentencia, a más de cinco años de decretada dicha medida no ha sido todavía ejecutada en forma completa, en virtud de lo cual, mediante Resolución esta Corte de 5 de febrero de 2013, se consideró necesario reiterar el deber del Estado de dar cumplimiento a los programas de formación y capacitación ordenados en dicha Sentencia22. En virtud de lo cual, esta Corte reitera dicha obligación al Estado y no estima procedente ordenar una medida adicional a la ya dispuesta en dicho caso, sumado a la carencia de nexo de causalidad respectivo.






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