Corte interamericana de derechos humanos caso ortiz hernández y otros vs. Venezuela sentencia de 22 de agosto de 2017


B.2 Debida diligencia en la investigación



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B.2 Debida diligencia en la investigación





  1. Independientemente de que este Tribunal ha concluido que el fuero militar era incompetente para investigar los hechos del presente caso, la Corte estima pertinente aludir a continuación a las falencias que se cometieron en la primera etapa investigativa debido a que dicha falta de debida diligencia generó un impacto en la investigación llevada a cabo posteriormente ante la jurisdicción ordinaria. Asimismo, en razón de que el Estado pretende justificar el retardo en la obtención de justicia en el hecho de que el único imputado se encuentra en contumacia, la Corte se referirá a las diligencias realizadas para ubicarlo.


B.2.a Las diligencias que tuvieron lugar en el marco de los procesos penales


  1. En el presente caso, la debida diligencia en la investigación debe evaluarse en relación con la necesidad de determinar la veracidad de las hipótesis fácticas existentes en el proceso sobre lo ocurrido, es decir, si la pesquisa permitió un esclarecimiento judicial de los hechos y una eventual calificación jurídica de los mismos acorde con lo sucedido. Por lo tanto, corresponde a esta Corte determinar si las falencias alegadas por las representantes y la Comisión, en relación con el conjunto de las diligencias efectuadas por el Estado, incidieron de manera determinante en el esclarecimiento de las circunstancias del caso30.




  1. En esta línea, cabe destacar que la Corte ha establecido que la eficiente determinación de la verdad, en el marco de la obligación de investigar una muerte, debe mostrarse desde las primeras diligencias con toda acuciosidad. En la investigación de la muerte violenta de una persona, es crucial la importancia que tienen las primeras etapas de la investigación y el impacto negativo que las omisiones e irregularidades en tales etapas puede tener en las perspectivas reales y efectivas de esclarecer el hecho31.




  1. En este sentido, este Tribunal ha especificado los principios rectores que es preciso observar en una investigación cuando se está frente a una muerte violenta, tal como se desprende de los hechos del presente caso. Las autoridades estatales que conducen una investigación de este tipo deben realizar como mínimo, inter alia: i) identificar a la víctima; ii) recuperar y preservar material probatorio relacionado con la muerte, con el fin de ayudar en cualquier potencial investigación de los responsables; iii) identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones en relación con la muerte que se investiga; iv) determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así como cualquier patrón o práctica que pueda haber causado la muerte, y v) distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio. Las autopsias y análisis de restos humanos deben realizarse en forma rigurosa, por profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados32.




  1. De igual manera, la Corte ha establecido que es necesario investigar exhaustivamente la escena del crimen y deben realizarse algunas diligencias mínimas para la conservación de los elementos de prueba y evidencias que puedan contribuir al éxito de la investigación. En este sentido, los estándares internacionales señalan que, en relación con la escena del crimen, los investigadores deben, como mínimo: fotografiar dicha escena, cualquier otra evidencia física y el cuerpo como se encontró y después de moverlo; recoger y conservar todas las muestras de sangre, cabello, fibras, hilos u otras pistas; examinar el área en busca de huellas de zapatos o cualquier otra que tenga naturaleza de evidencia, y hacer un informe detallando cualquier observación de la escena, las acciones de los investigadores y la disposición de toda evidencia coleccionada33.




  1. Adicionalmente a lo establecido para casos de muertes violentas, la Corte ha especificado que, en casos de muertes en custodia de agentes estatales, el Estado debe guiar su actuación considerando ciertos criterios específicos relevantes, inter alia: i) una investigación ex officio, completa, imparcial e independiente, tomando en cuenta el grado de participación de todos los agentes estatales; ii) brindar a la investigación un cierto grado de escrutinio público en razón del interés público que podría generarse en virtud de la calidad de los presuntos agentes involucrados; iii) apersonarse inmediatamente a la escena de los hechos y darle tratamiento de una escena del crimen, así como preservarla con el fin de proteger toda evidencia y realizar pruebas balísticas cuando hayan sido utilizadas armas de fuego, especialmente por agentes del Estado; iv) identificar si el cuerpo ha sido tocado o movido y establecer la secuencia de eventos que podrían haber llevado a la muerte, así como llevar a cabo un examen preliminar del cuerpo para asegurar cualquier evidencia que podría perderse al manipularlo y transportarlo, y v) realizar una autopsia por profesionales capacitados que incluyan cualquier prueba que indique presuntos actos de tortura por agentes estatales34.




  1. Sobre este punto, el Manual de Naciones Unidas sobre la Prevención e Investigación eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias (“Protocolo de Minnesota”)35, aplicable en toda investigación de muertes violentas, súbitas, inesperadas y sospechosas, incluidos los casos en que se sospeche que ha habido una ejecución extralegal, arbitraria o sumaria, indica que la debida diligencia en una investigación médico-legal de una muerte exige el mantenimiento de la cadena de custodia de todo elemento de prueba forense, inclusive más allá del juicio y la condena del autor, dado que las pruebas antiguas, debidamente preservadas, podrían servir para el sobreseimiento de una persona condenada erróneamente36.




  1. En el presente caso, la Corte nota que, si bien durante el transcurso de la investigación se llevaron a cabo una multiplicidad de diligencias, entre las que destaca experticias técnicas, declaraciones testimoniales, reconstrucción del hecho, el Estado omitió realizar debidamente algunas diligencias indispensables para la determinación de las circunstancias en que se produjo el hecho que concluyera luego con la muerte del señor Ortiz Hernández. Particularmente, este Tribunal se refiere a la preservación de la escena del crimen y a la inviolabilidad de la cadena de custodia del uniforme que portaba Johan Alexis el día del hecho y de los fragmentos hallados al momento de practicarle la autopsia, esto es, de un fragmento de núcleo encontrado en la cara posterior del hombro y un fragmento de blindaje en el sexto arco costal medial posterior.




  1. En primer lugar, esta Corte entiende que no se tomaron las medidas adecuadas para preservar la escena del crimen y asegurar la cadena de custodia de la evidencia recolectada en dicho lugar. De las diligencias realizadas por la Policía Técnica Judicial se desprende que el día del hecho sólo se llevó a cabo una inspección ocular en la cancha del Destacamento N° 19, en la que se tomaron fotografías del lugar37. La prueba de luminol, por ejemplo, fue realizada mucho tiempo después, impidiendo que efectivamente pudieran recogerse muestras pertinentes para la investigación. Todo ello impidió la recolección de elementos de prueba relevantes para la pesquisa, como, por ejemplo, rastros de sangre que permitieran identificar con exactitud el lugar en que se produjeron las heridas a Johan Alexis -esto es, fuera o dentro del obstáculo-, objetos que pudiera haber portado el señor Ortiz Hernández, casquillos o camisas de proyectiles que pudieron haber sido disparados, entre otros.




  1. Por otra parte, en relación con el uniforme del señor Ortiz Hernández, cabe señalar que no existe certeza respecto de si las prendas peritadas se corresponden con las que efectivamente portaba el fallecido al recibir los impactos de bala que lo condujeron a su muerte. Dicha circunstancia no sólo hecha un manto de duda respecto de las prendas peritadas y los consecuentes hallazgos, sino que, por sobre todo, impide contar con un elemento que podría arrojar información relevante en relación con las heridas padecidas por Johan Alexis y los proyectiles que las ocasionaron, rastros de sangre del occiso o de terceras personas que podrían haber tenido algún tipo de intervención sobre su cuerpo, información sobre el terreno en que tuvo lugar el hecho, como por ejemplo rastros de tierra, arena, etc.




  1. En esta línea, no puede perderse de vista que tanto el investigador de la Policía Técnica Judicial, como la médica forense interviniente en la autopsia, coincidieron en que el cuerpo del señor Ortiz Hernández les fue entregado limpio, vestido sólo con ropa interior38, debido a que la que portaba durante el ejercicio le habría sido quitada para el momento en que le prestaron los primeros auxilios39. Esto implica, por un lado, que el uniforme en cuestión permaneció en poder de las autoridades de la Guardia Nacional, cuyos integrantes fueron señalados por los padres de Johan Alexis como partícipes y responsables de su muerte. Por otro lado, constituye un indicio de que el cuerpo de Ortiz Hernández fue lavado tras recibir atención médica en el Hospital San Rafael de El Piñal, circunstancia que, a su vez, pudo impedir el relevamiento de elementos de prueba importantes para la investigación.




  1. En este sentido, cabe destacar también que, tal como se señaló supra (párr. 73), las heridas que sufrió Ortiz Hernández fueron suturadas. No obstante, la médica tratante sólo reconoció haber hecho una sola sutura. La investigación llevada a cabo en el ámbito interno no pudo determinar quién ni cuándo se realizó la otra. Ello, tal como indicó la perito Rincón Bracho en la audiencia ante esta Corte, pudo ocultar información pues la sutura tiene la virtualidad de modificar el orificio de entrada del proyectil.




  1. Similar circunstancia se verifica respecto de los fragmentos de proyectil presuntamente hallados en el cuerpo de Ortiz Hernández, puesto que la Dra. Rincón Bracho manifestó que los que le fueron exhibidos en la sede fiscal no se correspondían con los que efectivamente extrajo del cadáver del occiso40. En igual sentido, se expidió la Secretaria VII adscripta a la Medicatura Forense del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas al prestar declaración testimonial en la sede fiscal41. Ello pone de manifiesto que no se respetó la cadena de custodia de la evidencia y, en consecuencia, torna dificultoso corroborar el arma con el que se efectuaron los disparos que impactaron en el cuerpo de Johan Alexis.




  1. Finalmente, cabe indicar también que, aunque fue practicada la autopsia del cuerpo de Ortiz Hernández en la misma fecha en que se produjo su deceso, en las instalaciones del Hospital Central de San Cristóbal no contaban con un equipo de rayos. Según la propia médico forense, esto les imposibilitó encontrar otros proyectiles, o restos de éstos, en el cadáver inspeccionado y, de esta forma, certificar con un mayor grado de certeza, qué tipo de munición fue empleada, y si se trataba de proyectiles del mismo o diferente calibre.




  1. A todo lo expuesto, corresponde agregar que, a poco de producido el deceso de Johan Alexis Ortiz Hernández, sus progenitores, a través de diversas presentaciones a diferentes autoridades públicas y judiciales, introdujeron la hipótesis de que, en realidad, se habría tratado de un homicidio y no de un mero accidente. Sin embargo, los órganos fiscales, tanto en la jurisdicción militar como luego en el fuero ordinario, orientaron sus investigaciones bajo la tesis del accidente, sin siquiera evacuar los elementos probatorios que se contradecían con ella o que permitirían sustentar una versión de los hechos diferente.




  1. Lo expuesto precedentemente implica que, más allá del análisis que corresponda realizar a las autoridades internas sobre las hipótesis de autoría manejadas durante la investigación de los hechos para la determinación de las responsabilidades individuales, al evaluar las acciones u omisiones de agentes estatales según la prueba presentada por las partes42, esta Corte ha llegado a la conclusión de que, al no evacuar determinadas líneas investigativas, el Estado, a través de los órganos responsables de la conducción de las pesquisas, no brindó una explicación fiable en relación con lo ocurrido con Johan Alexis Ortiz Hernández el 15 de febrero de 1998, de modo tal que no procuró genuinamente el esclarecimiento de toda la verdad de lo ocurrido. Por último, cabe destacar que tampoco se ha garantizado un mínimo escrutinio público. Un claro ejemplo de ello es que los propios padres recién pudieron tener acceso a las actuaciones un año después de iniciada la investigación.




  1. De esta forma, cabe concluir que el Estado no ha dado cumplimiento a su deber de garantizar una investigación que permita dilucidar la verdad de lo acontecido. Por el contrario, es factible afirmar que los órganos encargados de la investigación en el ámbito interno se han apartado de los estándares exigidos para este tipo de supuestos lo que, en su conjunto, ha imposibilitado que se brinde una explicación satisfactoria y convincente de lo ocurrido en relación con la muerte del señor Ortiz Hernández. Si bien no existen elementos suficientes para certificar que dicho apartamiento se produjo de manera deliberada, esta Corte concluye que la tarea de investigación desarrollada resulta insuficiente, lo que conlleva la vulneración del principio de debida diligencia exigido por el Tribunal en casos de muertes violentas y en custodia de agentes estatales y, por consiguiente, la violación del derecho de acceso a la justicia reconocido en la Convención Americana, en perjuicio de los progenitores de Johan Alexis Ortiz Hernández.


B.2.b Las diligencias realizadas para ubicar al imputado contumaz


  1. La Corte entiende que, en concordancia con lo expuesto precedentemente, el Estado tampoco desarrolló las acciones debidas para dar con el paradero del imputado contumaz. Recuérdese que el 19 de agosto de 2013 se dictó la orden de captura del único imputado43 y, desde entonces, se desconoce su paradero.




  1. Según las pruebas aportadas por las partes y la declaración de la testigo Marelvis Mejía Molina en la audiencia ante esta Corte, las autoridades encargadas de la investigación llevaron a cabo una serie de diligencias tendientes a ubicar al imputado. Ellas consistieron, básicamente, en: ratificar la orden de captura; oficiar en cuatro oportunidades al Jefe del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas Sub Delegación San Cristóbal, pidiendo hacer efectiva la orden de aprehensión; realizar una llamada telefónica a un abonado aportado por la víctima, Edgar Humberto Ortiz Ruiz, donde presuntamente podía contactarse a la progenitora del imputado; conversar con el abogado defensor, quien manifestó que no tenía comunicación con su asistido y desconocía su paradero44; requerir a la Guardia Nacional que certificara si en sus registros, luego de que el imputado ya no perteneciera a dicha institución, había quedado alguna dirección o número telefónico donde pudiera ser ubicado; solicitar a los registros migratorios información sobre posibles desplazamiento del imputado; y, finalmente, solicitar a INTERPOL que se dictara una notificación roja, la que al día de la fecha se encontraría vigente45.




  1. Sin embargo, no consta que se haya oficiado a otros registros oficiales con el objetivo de identificar el domicilio o residencia del imputado, ni que se hayan llevado a cabo otras diligencias para detectar posibles informantes, contactos que el imputado pudo haber realizado o cuál fue su desplazamiento desde la última presentación ante el órgano jurisdiccional, que permitieran esclarecer su actual paradero. En consecuencia, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, esta Corte considera que las diligencias realizadas son insuficientes a la luz de los estándares que exigen la articulación de los mayores esfuerzos posibles para dilucidar la verdad de lo acontecido.


B.2.c Conclusión


  1. Con base en las consideraciones precedentes y en el reconocimiento parcial de responsabilidad efectuado, la Corte concluye que, en tanto no se ha desarrollado una investigación seria, completa y dirigida a la determinación de la verdad de lo acontecido, tal como lo exige la Convención, el Estado es responsable por la violación de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, en perjuicio de Zaida Hernández de Arellano y Edgar Humberto Ortiz Ruiz.


VII-3
derecho A LA INTEGRIDAD personal1 DE LOS FAMILIARES en relación con la obligación de respetar los derechos

A. Argumentos de las partes y de la Comisión


  1. La Comisión y las representantes alegaron que el Estado incurrió en violaciones del artículo 5.1 de la Convención en perjuicio de los familiares de Johan Alexis Ortiz Hernández, por la angustia y el dolor que debieron soportar durante el tiempo que debieron esperar la entrega del cuerpo de su hijo sin ninguna explicación, así como por la profunda frustración, tristeza e impotencia debido a la denegación de justicia que sufrieron por parte del Estado y la falta de esclarecimiento de la verdad respecto de lo acontecido. Asimismo, indicaron que la muerte de Johan Alexis ha impactado el núcleo familiar, ha conllevado un esfuerzo económico de la familia para realizar las gestiones e investigaciones independientes y también asistencia judicial, lo que incluso ha derivado en hostigamientos, amenazas de muerte e intimidaciones a sus miembros.




  1. En su contestación, el Estado no se refirió a las alegadas violaciones a la integridad personal. Sin embargo, en el transcurso de la audiencia pública, reconoció su responsabilidad por las afectaciones a la integridad personal de los familiares alegadas por la Comisión y las representantes.


B. Consideraciones de la Corte


  1. En atención al reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado, la Corte constata que la incertidumbre que representó para los progenitores de Johan Alexis Ortiz Hernández el desconocimiento de las circunstancias de su muerte, al haber versiones diferentes sobre lo ocurrido, ocasionó angustia, tristeza, incertidumbre y frustración a ellos y al resto de la familia. Además, la Corte considera que la falta de esclarecimiento de las circunstancias en que se produjo el deceso de la víctima y de llevar a cabo una investigación eficaz para lograr el esclarecimiento de lo sucedido es una causa de acrecentamiento del sufrimiento de los familiares. Todo ello, aunado al dolor que implica la muerte de un ser querido en cualquier circunstancia, razón por la cual la señora Zaida Hernández de Arellano y el señor Edgar Humberto Ortiz Ruiz destinaron su vida y esfuerzos a realizar diligencias orientadas a esclarecer lo ocurrido a Johan Alexis aquél 15 de febrero de 1998.




  1. A raíz de la incertidumbre en torno las circunstancias en que se produjeron los hechos y de la búsqueda de justicia que la familia inició desde la muerte de Johan Alexis2, sufrieron diversas afectaciones de índole física, psíquica y moral. La familia de Zaida Hernández de Arellano debió soportar dificultades socioeconómicas al perder sus fuentes laborales, tras recibir comunicaciones amenazantes, por lo que debieron trasladarse varias veces a otros lugares e intentar establecerse sin estas dificultades, situación que no fue posible, lo que impactó también en la vida de sus hijos3. Asimismo, cambió la dinámica familiar en tanto todos los esfuerzos de la señora Hernández de Arellano se orientaban a la consecución de información relativa a la muerte de Johan Alexis, dejando de lado a su esposo y sus hijos, quienes debieron continuar su vida en medio de conflictos y circunstancias difíciles por las que pasaban constantemente4.




  1. Por otra parte, la familia paterna de Johan Alexis fue afectada en lo referido a su seguridad, puesto que por distintas situaciones padecidas por el señor Edgar Humberto Ortiz Ruiz y los demás miembros de la familia, se sentían en constante riesgo y bajo amenaza de quienes querían evitar que continuaran con las averiguaciones sobre lo ocurrido5. La familia temía estar en la calle y los padres se volvieron sobreprotectores por miedo al riesgo que corrían sus hijos al salir del hogar. Además, sin poder denunciar los hechos, pues no eran tomados en cuenta por las autoridades ya que les decían que “[…] estaban dañando al Estado […]”6 y, por tanto, se encontraban en un estado de total indefensión.




  1. Los familiares maternos y paternos de Johan Alexis Ortiz Hernández sufrieron, además, diversos atentados físicos en la vía pública y en sus domicilios. La casa de la madre fue atacada en diversas oportunidades con piedras y mensajes amenazantes por sus actuaciones orientadas a esclarecer lo ocurrido a su hijo, además de llamadas telefónicas reiterando las amenazas7. Por su parte, la casa del padre de la víctima y su familia fue atacada con impactos de bala, cuando se encontraban todos sus miembros en el interior de la misma8. Estos atentados incrementaron la sensación de inseguridad de ambos núcleos familiares.




  1. Por lo anterior y en atención al reconocimiento de responsabilidad estatal, la Corte concluye que el Estado de Venezuela incurrió en actuaciones y omisiones relativas a la muerte de Johan Alexis Ortiz Hernández, que configuran violaciones al derecho a la integridad personal en perjuicio de sus familiares, identificados como Zaida Hernández de Arellano, Edgar Humberto Ortiz Ruiz, Saúl Arellano Mora, Maritza González Cordero, Jeckson Edgardo Ortiz González, Greyssi Maried Ortiz González, Gregory Leonardo Ortiz González, Zaida Dariana Arellano Hernández y Saúl Johan Arellano Hernández.


VIII
REPARACIONES
(
Aplicación del artículo 63.1 de la Convención Americana)


  1. Sobre la base de lo dispuesto en el artículo 63.1 de la Convención Americana1, la Corte ha indicado que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente y que esa disposición recoge una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre responsabilidad de un Estado2.




  1. La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum), que consiste en el restablecimiento de la situación anterior. De no ser esto factible, como ocurre en la mayoría de los casos de violaciones a derechos humanos, el Tribunal determinará medidas para garantizar los derechos conculcados y reparar las consecuencias que las infracciones produjeron3. Por tanto, la Corte ha considerado la necesidad de otorgar diversas medidas de reparación, a fin de resarcir los daños de manera integral por lo que, además de las compensaciones pecuniarias, las medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición tienen especial relevancia por los daños ocasionados4.




  1. La Corte ha establecido que las reparaciones deben tener un nexo causal con los hechos del caso, las violaciones declaradas, los daños acreditados, así como las medidas solicitadas para reparar los daños respectivos. Por lo tanto, la Corte deberá observar dicha concurrencia para pronunciarse debidamente y conforme a derecho5.




  1. Tomando en cuenta el reconocimiento parcial de responsabilidad efectuado por el Estado y las consideraciones relativas a dicho reconocimiento (supra Capítulo IV), así como las violaciones a la Convención Americana declaradas en los capítulos anteriores, a la luz de los criterios fijados en la jurisprudencia del Tribunal en relación con la naturaleza y alcances de la obligación de reparar6, la Corte analizará las pretensiones presentadas por la Comisión y las representantes, así como los argumentos del Estado al respecto, con el objeto de disponer a continuación las medidas tendientes a reparar dichas violaciones.




  1. Parte Lesionada




  1. Se considera parte lesionada, en los términos del artículo 63.1 de la Convención, a quienes han sido declaradas víctimas de la violación de algún derecho consagrado en la misma. Por lo tanto, esta Corte considera como “parte lesionada” a Johan Alexis Ortiz Hernández, Zaida Hernández de Arellano, Edgar Humberto Ortiz Ruiz, Maritza González Cordero, Saúl Arellano Mora, Jeckson Edgardo Ortiz González, Greyssi Maried Ortiz González, Gregory Leonardo Ortiz González, Zaida Dariana Arellano Hernández y Saúl Johan Arellano Hernández, quienes en su carácter de víctimas de las violaciones declaradas en esta Sentencia, serán consideradas beneficiarias y beneficiarios de las reparaciones que la Corte ordene.




  1. Obligación de investigar los hechos e identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables




  1. La Comisión solicitó a la Corte que ordenara al Estado realizar una investigación completa, imparcial y efectiva de las violaciones de derechos humanos declaradas en el informe de fondo, con el objeto de establecer y sancionar la responsabilidad intelectual y material de los hechos descritos. Asimismo, requirió que se ordenara disponer las medidas administrativas, disciplinarias o penales correspondientes frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que contribuyeron a la demora injustificada, denegación de justicia e impunidad en la que se encuentran los hechos del caso. De igual forma, la Comisión solicitó a la Corte que ordenara al Estado desplegar la debida diligencia requerida para el esclarecimiento de las distintas versiones sobre lo ocurrido a la víctima, así como los distintos niveles de responsabilidad que sean atribuibles a las autoridades militares que estuvieron a cargo de la práctica y que por acción u omisión, derivaron en el incumplimiento del instructivo de operaciones tal y como fue reconocido por el Estado.




  1. Las representantes solicitaron a la Corte que ordenara al Estado cumplir con su obligación de investigar los hechos de forma diligente, imparcial y efectiva e identificar, juzgar y sancionar a los responsables, debiendo el Estado realizar inmediatamente las diligencias para activar y completar eficazmente la investigación dentro de un plazo razonable y determinar las responsabilidades removiendo todos los obstáculos para ello, con el fin de evitar la repetición de los hechos graves ocurridos, y que las víctimas puedan conocer la verdad de lo acontecido. Consideraron, además, que el Estado debe asegur que todos los órganos del sistema de justicia involucrados en el caso cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios para desempeñar sus tareas de manera adecuada, independiente e imparcial, así como que el Estado asegure que las personas que participen en el proceso cuenten con las debidas garantías de seguridad. Asimismo, las representantes solicitaron que el Estado asegurara el pleno acceso y capacidad de actuar de los familiares en todas las etapas de investigación. Las representantes resaltaron el compromiso del Estado, declarado en la audiencia del caso, de no cesar hasta que los responsables sean juzgados y sancionados, lo cual señalan fue ratificado en la reunión realizada con posterioridad a la audiencia, entre los progenitores de Johan Alexis Ortiz Hernández y el Sub-Director con competencia en materia de Protección de Derechos Humanos Fundamentales, en representación del Estado. En dicha reunión el Estado se habría comprometido a “[revisar] el expediente con el propósito de verificar los elementos que pudieran existir con respecto a otras personas que t[uvieran] responsabilidad en el hecho”. Las representantes solicitaron que el Estado realice las investigaciones necesarias para capturar al imputado, así como las demás personas que podrían estar involucrados en la muerte de Ortiz Hernández.




  1. El Estado manifestó que, a la fecha, existía un proceso penal abierto en la jurisdicción ordinaria, el cual se encuentra en etapa intermedia y a la espera de la realización de una audiencia preliminar, la que no ha podido realizarse en virtud de la reticencia y contumacia del acusado. El Estado indicó que se libró una orden de aprehensión del acusado y se difundió una alerta roja ante la Dirección de la Policía Internacional (INTERPOL) para su arresto, el cual no ha podido ejecutarse hasta la fecha. Asimismo, el Estado señaló expresamente que “no cesará hasta que los responsables de la muerte de Johan Alexis Ortiz sean debidamente sancionados, de conformidad con el marco jurídico vigente en nuestro país”.




  1. Esta Corte destacó el reconocimiento de responsabilidad del Estado por la vulneración del plazo razonable debido a que, luego de transcurridos 19 años de ocurridos los hechos, no existe un pronunciamiento final sobre lo acontecido en relación con la muerte de Johan Alexis Ortiz Hernández y no se ha brindado una explicación satisfactoria y convincente de lo ocurrido, a pesar de que la muerte del joven sucedió mientras se encontraba en dependencias del Estado bajo una especial situación de sujeción. Asimismo, la Corte declaró en la presente Sentencia que las investigaciones llevadas a cabo ante el fuero militar y ordinario no fueron diligentes ni efectivas para establecer la verdad de los hechos, identificar y sancionar a todos los responsables, y que existieron una serie de deficiencias y omisiones en el recabo de la prueba (supra Capítulo VII-2). Además, sostuvo que a pesar de que se introdujeron diversas hipótesis sobre la muerte de Johan Alexis Ortiz Hernández y de lo que podría haber ocurrido, los órganos de justicia sólo orientaron sus investigaciones bajo la tesis de que la muerte fue producto de esquirlas o fragmentos de proyectil de la ametralladora AFAG. Ello conllevó a que las investigaciones realizadas se centraran sobre todo en la responsabilidad de un individuo, sin indagar sobre la posible participación de otras personas en los hechos, teniendo en cuenta la cadena de mando y los distintos niveles de responsabilidad en el diseño y la ejecución de la práctica. Asimismo, la Corte concluyó que el Estado no tomó acciones suficientes para dar con el paradero del imputado contumaz y lograr su aprehensión.




  1. Teniendo en cuenta que actualmente se encuentra abierto un proceso penal por la muerte de Johan Alexis Ortiz Hernández y, con base en la jurisprudencia de este Tribunal7, la Corte dispone que el Estado debe continuar eficazmente y con la mayor diligencia las investigaciones y el proceso penal en curso, así como abrir las investigaciones que sean necesarias con el fin de identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los responsables de la muerte de Johan Alexis Ortiz Hernández en un plazo razonable, a los efectos de establecer toda la verdad de los hechos y removiendo todos los obstáculos que mantienen la impunidad8 en este caso.




  1. Adicionalmente, la Corte ordena al Estado que adopte todas las medidas necesarias y maximice sus esfuerzos para lograr ubicar al imputado en el proceso penal abierto, con el objeto de que se logre su aprehensión y puesta a disposición de la justicia. De igual manera, conforme a su jurisprudencia constante, la Corte reitera que el Estado debe asegurar el pleno acceso y capacidad de actuar de las víctimas o sus familiares en todas las etapas de la investigación y el juzgamiento de los responsables, lo cual incluye el acceso a la información del expediente del caso. Dicha participación deberá tener como finalidad el acceso a la justicia y el conocimiento de la verdad de lo ocurrido9.




  1. Asimismo, esta Corte considera que el Estado debe, dentro de un plazo razonable, determinar, por intermedio de las instituciones públicas competentes, las eventuales responsabilidades de los funcionarios que contribuyeron con su actuación a la demora del proceso y a la denegación de justicia y, en la medida que corresponda, aplicar las consecuencias que la ley prevea.




  1. Finalmente, toda vez que un componente de la violación a la integridad de los familiares de Johan Alexis Ortiz Hernández se debió al sentimiento de constante riesgo, hostigamientos, ataques y amenazas de las que fueron víctimas como consecuencia de la muerte del joven y de la lucha incansable por alcanzar justicia (supra párrs. 180 y 181), la Corte dispone que el Estado adopte todas las medidas necesarias para que las víctimas o sus representantes, en particular el señor Edgar Humberto Ortiz Ruiz y la señora Zaida Hernández de Arellano, cuenten con las debidas garantías de seguridad para continuar con su búsqueda de justicia10, en acuerdo y coordinación con las mismas.




  1. Medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición






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