Corte interamericana de derechos humanos caso ortiz hernández y otros vs. Venezuela sentencia de 22 de agosto de 2017


B.1 Incompatibilidad del fuero militar para juzgar violaciones de derechos humanos



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B.1 Incompatibilidad del fuero militar para juzgar violaciones de derechos humanos





  1. La jurisprudencia de esta Corte relativa a los límites de la competencia de la jurisdicción militar para conocer hechos que constituyen violaciones a derechos humanos ha sido constante, en el sentido de afirmar que en un Estado democrático de derecho, la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados a las funciones propias de las fuerzas militares11. Por ello, la Corte ha señalado que en el fuero militar sólo se debe juzgar a militares activos por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar12 y la esfera castrense13. La jurisdicción militar se establece para mantener el orden en las fuerzas armadas. Por ello, su aplicación se reserva a los militares que hayan incurrido en un delito o falta en ejercicio de sus funciones y bajo ciertas circunstancias14. Por consiguiente, tomando en cuenta la naturaleza del crimen y el bien jurídico lesionado, la jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinaria o común15.




  1. El hecho que los sujetos involucrados pertenezcan a las fuerzas armadas o que los sucesos hayan ocurrido durante una práctica militar en un establecimiento militar no significa per se que deba intervenir la justicia castrense16. Lo anterior se aplica aún en el caso de delitos en que el imputado sea miembro de las fuerzas armadas y no sea un civil el sujeto pasivo del delito o titular del bien jurídico protegido17, ya que todas las vulneraciones de derechos humanos deben ser conocidas en la jurisdicción ordinaria18, lo cual incluye las cometidas por militares contra militares19.




  1. En el presente caso, la Corte entiende que fue la versión oficial, relativa a que la muerte del joven se debió a un hecho accidental derivado de la ejecución deficiente del ejercicio en el marco de la instrucción militar, la que activó la jurisdicción militar el 5 de marzo de 1998, fecha en que se inició una averiguación militar sumarial. Sin embargo, la Corte nota que los progenitores de Johan Alexis presentaron el 10 de marzo del mismo año una solicitud a la Fiscalía General de la República a fin de que se ordenara la apertura de una investigación por la muerte de su hijo, la cual conforme a indicios existentes no se habría tratado de un accidente20.




  1. Ante dicha situación que denota la alegada existencia de un acto atentatorio contra la vida e integridad de Johan Alexis Ortiz Hernández, que no guarda relación con hechos y tipos penales conexos con la disciplina o la misión castrense, y la existencia de elementos probatorios que corroboraban esta versión, la investigación debió haberse derivado al fuero ordinario y no haberse continuado en el militar. La continuidad de la jurisdicción militar en dichas circunstancias contrarió los parámetros de excepcionalidad y restricción que caracterizan a dicha jurisdicción y operó sin tomar en cuenta la naturaleza de los actos involucrados. En esta línea, la Corte ha indicado que “[c]uando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, a fortiori, el debido proceso”21, el cual, a su vez, se encuentra íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia. En esta línea, la Corte ha establecido que la violación al principio del juez natural se configura durante el tiempo en que las autoridades militares participaron en la investigación o procesos que involucran violaciones a derechos humanos22.




  1. De la jurisprudencia de la Corte se deduce que la responsabilidad internacional del Estado en virtud del artículo 2 de la Convención Americana, se genera no sólo por una norma interna violatoria de la Convención23, sino también cuando funcionarios estatales, al aplicar una norma interna, la interpretan de una forma violatoria de los derechos protegidos en la Convención24. Al respecto, el mismo Estado reconoció que, en virtud de la normativa de la época “el procedimiento se inició como si se tratara de un delito de naturaleza militar, determinándose prima facie competente esta jurisdicción”. En efecto, la Corte constata que la adjudicación de competencia a la jurisdicción militar desde el año 1998 se derivó de la existencia de dicha legislación. Sin embargo, normativa posterior, en particular los artículos 2925 y 26126 de la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela adoptada en 1999 establecieron que los delitos comunes y las violaciones de derechos humanos eran competencia de la jurisdicción ordinaria, limitando la jurisdicción militar a delitos de naturaleza militar. Por tal motivo, resulta contrario no sólo a la Convención sino a la propia Constitución nacional, que el 22 de agosto de 2001 la Corte Marcial de la República confirmara su competencia27 con base en normativa infra constitucional, esto es el artículo 123, inciso 3 del Código Orgánico de Justicia Militar28, el cual le atribuía competencia a los tribunales militares para el conocimiento de delitos comunes cometidos por funcionarios de las Fuerzas Armadas en establecimientos militares, y desestimara la solicitud de los progenitores de Johan Alexis de que el caso fuera derivado a la justicia ordinaria.




  1. En este sentido, se pronunció la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia al decidir el 11 de junio de 2002 respecto de un recurso de amparo interpuesto por el señor Edgar Humberto Ortiz Ruiz en el que ordenó remitir el caso a la justicia ordinaria (supra párr. 82). La Sala Constitucional resolvió que “conforme al dispositivo expreso del artículo 261 de la Constitución, los delitos comunes cometidos por militares, a[ú]n cuando sea en ejercicio de funciones militares, en actos de servicio, en comisiones o con ocasión de ellas o encontrándose dentro o fuera de las instalaciones militares, deben ser juzgados por los tribunales ordinarios, sin que pueda establecerse ninguna excepción en este sentido, y la jurisdicción militar se limita al juzgamiento de los delitos militares tipificados en leyes especiales que regulan esta materia, de forma tal que es la naturaleza del delito lo que determina en todos los casos la jurisdicción que debe juzgarlo. […] De lo anterior, se desprende que debe desaplicarse [...], por contradecir la norma señalada constitucional, el artículo 123 numeral 3 del Código Orgánico de Justicia Militar [...]”29. Si bien la Corte considera positiva la decisión adoptada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual cesó la violación a la garantía del juez natural y competente en el presente caso, es necesario advertir que de persistir estas contradicciones a nivel normativo, es deber del Estado armonizar su legislación interna conforme a lo señalado por su Constitución, lo cual es acorde a la criterios jurídicos desarrollados en la jurisprudencia de este Tribunal.




  1. En conclusión, la decisión de la Corte Marcial que sostuvo la competencia de la jurisdicción militar, sumado al período durante el cual el caso se mantuvo en esa jurisdicción entre los años 1998 y 2002, constituyeron una violación de la garantía de juez natural. Por lo tanto, se configuró la responsabilidad internacional del Estado por la violación del artículo 8.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de dicho instrumento, en perjuicio de Zaida Hernández de Arellano y Edgar Humberto Ortiz Ruiz.






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